Medidas extraordinarias

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional

http://www.elnacional.com/jesus_rangel_rachadell/Medidas-extraordinarias_0_542345914.html

Muchas personas hablan de que algo va a pasar, no saben qué, no saben cómo, no saben cuándo; pero están convencidas de que algo va a pasar.

El gobierno puede tomar medidas extraordinarias aplicando un régimen jurídico especial o excepcional, y dependiendo de lo extraordinario del suceso o situación podrá tomar medidas proporcionales al hecho.

Tengo la idea que no se alude a un desastre natural, en cuyo caso se podría declarar el estado de alarma o de emergencia, facultad que pueden ejercer el presidente de la República, el gobernador o el alcalde en sus respectivas jurisdicciones. Esta situación ya se ha dado en nuestro país, el 18 de mayo de 2011, como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas en el estado Táchira, el presidente de la República declaró el estado de emergencia por un lapso 90 días, mediante el Decreto N° 8.229 (G.O. N° 39.677, 19/05/2011); en este Decreto se ordenó dictar un plan de acción, y para la ejecución se ordenó designar a un representante de todos y cada uno de los ministerios existentes a la época, un representante del gobernador y un representante de cada uno de los municipios afectados. A las autoridades se les facultó para tomar todas las medidas “especiales” necesarias en materia de seguridad ciudadana para “reestablecer y mantener el orden público, proteger a las ciudadanas y los ciudadanos, sus hogares, familias y bienes, así como apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales”.

Podría ser que la gente esté pensando en algo social, en un supuesto de conmoción interna, como un levantamiento, crispación o alteración del orden público; para ese supuesto la Constitución y el ordenamiento legal prevén la posibilidad de instaurar un estado de excepción.

El antecedente que tenemos es el Caracazo, en aquella oportunidad mucha gente salió a las calles a robar, desde una pieza de carne en canal hasta neveras, simplemente las cargaron y se las llevaron; la justificación que ofrecen algunos opinadores es que hubo una gran escasez de productos, los altos precios, la molestia de tener dinero en los bolsillos y no poder comprar nada, y la implementación de medidas económicas –cualquier parecido con la actual situación es pura coincidencia-; en esa oportunidad la ira se desató contra los locales comerciales, como si estos fueran los culpables de la devaluación o las malas medidas económicas implementadas por el gobierno de turno; si algo así ocurriera ¿contra quién se desataría el odio?

Esta pregunta no es ociosa, no sabemos a quién –el pueblo- está identificando como responsable de la situación actual, y no tengo nominados a ese premio; sin embargo, cualquier encuesta nos puede dar una pista.

En un supuesto de conflicto interno, social, económico o político, que afecte gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos, o de sus instituciones (o sus representantes), pueden restringir las garantías constitucionales por 90 días, lapso que se puede prorrogar por 90 días más. Esta facultad solo la puede ejercer el Presidente de la República –o quien ejerza en su ausencia, ejemplo: por no estar presente en el país o por estar indispuesto de salud-, mediante un Decreto, que es un acto de gobierno que tiene las mismas características de los decretos leyes, porque rompe con el procedimiento constitucional para la elaboración de las leyes.

Lo que decida hacer el gobierno en ese decreto dependerá de la gravedad de la situación, por cuanto el decreto debe contener medidas proporcionales al grado de conmoción que se esté viviendo, para solventar la situación de anormalidad. Hagamos un ejercicio sobre lo que se podría regular con ese decreto: a) la restricción al derecho a libre tránsito, lo esperado es que sea de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, conocido como toque de queda; b) la ampliación del lapso que tiene el Ministerio Público para presentar a quienes estén incursos en delitos; la libertad personal estaría limitada por un lapso mayor a las 48 horas que tiene el detenido para ser presentado al juez de control penal, podrían establecer un lapso de presentación de una semana hasta 90 días; la tortura está prohibida, aunque algunos estudiantes detenidos tienen otra versión sobre el comportamiento de las autoridades; c) la restricción a la libre circulación de los alimentos de primera necesidad y el racionamiento de su consumo (en la práctica ya está restringida por la obligatoria tramitación de las guías de transporte de alimentos); d) pueden imponer la obligación de cooperar con las autoridades, e imponer servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza; e) la autorización a las autoridades para requisar los bienes muebles e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizados para restablecer la normalidad; f) la exigencia de un permiso para poder efectuar reuniones; g) la suspensión de manifestaciones públicas (alguna limitación excesiva); y lo demás queda a la libérrima imaginación del presidente.

Este decreto deberá ser presentado dentro de los ocho días continuos siguientes ante la Asamblea Nacional o su Comisión Delegada, y al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional para que analice su constitucionalidad. El decreto debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados (en un artículo se refieren a los diputados presentes y en otro a los mayoría absoluta de los diputados de la asamblea Nacional) en una sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto. Se podría entender que el decreto puede ser aprobado por 3 de 5 diputados que asistan, pero el artículo 29 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción exige la mayoría absoluta de los diputados en esa sesión, por lo que la concurrencia debe ser de la mayoría absoluta de los diputados. En caso de no poder reunirse la Asamblea Nacional, o de no pronunciarse dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto, este se entenderá aprobado –curioso silencio positivo-.Cualquier reforma que haga la Asamblea Nacional al decreto que envía el Presidente deberá contar con el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados electos a la Asamblea Nacional; lo que me recuerda que esas exigencias de mayoría no pueden cambiarse a mayoría simple, como dicen que harán con la elección del Poder Electoral y del Poder Ciudadano.

Si yo fuera del gobierno ya tendría redactado el proyecto de decreto de restricción de garantías, porque parece que va a pasar algo.

@rangelrachadell

La vida es trámite

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional

http://www.el-nacional.com/autores/jesus_rangel_rachadell/

 

Todos los días nos levantamos con un trámite que debemos hacer, alguna diligencia, un procedimiento. Si usted puede pedir dólares a su banco deberá llevar más requisitos que si se fuera a casar; ni le cuento si quiere constituir una empresa o una sociedad civil, o si necesita unas copias certificadas para solicitar el anhelado pasaporte que le permitirá irse de este país y llegar a otro para trabajar sin que lo expulsen por indocumentado o ilegal.

 

El reciente decreto con rango valor y fuerza de ley de Simplificación de Trámites Administrativos (Gaceta Oficial N° 6149 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014) es el reconocimiento de lo intrincado, difícil, engorroso y descorazonador que es hacer cualquier trámite ante la administración pública.

 

Reconozco que tengo muchas esperanzas en este decreto ley, aunque Dante Rivas no se haya leído el decreto ley –que crea la autoridad única para la cual lo designan– antes de su publicación; lo digo por cuanto hay dos artículos con el mismo número, el 70 se repite; quien tuvo a su cargo la responsabilidad de la redacción de este decreto ley fue negligente, pero no es lo único criticable. Pronostico que dentro de poco saldrá una corrección por error material, y deberían de aprovechar para corregir otros dislates.

 

Este decreto ley establece que no se podrá exigir requisitos adicionales a los contemplados en la “normativa vigente”, cuando en verdad la mayoría de los trámites exigen requisitos que no están contemplados en leyes; el problema es que la “normativa vigente” puede ser cualquier cosa. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dispone que los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas (artículo 14); cualquier regulación que establezcan esas figuras es la “normativa vigente” a la que se refiere este decreto ley, por lo que no se ha avanzado nada con esta exigencia. Debieron establecer que no se podrá exigir requisitos adicionales a los establecidos en las leyes, y punto; eso detendrá a los funcionarios que se ponen creativos a la hora de crear obstáculos.

 

El decreto ley le otorga a una comisión presidencial presidida por el vicepresidente ejecutivo, a una Autoridad Nacional de Simplificación de Trámites y Permisos, así como al Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos (Ingetyp), la definición de políticas y la ejecución de las medidas necesarias para racionalizar los trámites y procedimientos administrativos. Si es necesario –para domar a la administración pública– crear estos organismos y darle esa importancia, es la mejor demostración de lo mal que estamos; lo que faltó fue que naciera el Ministerio del Poder Popular para la Simplificación de Trámites.

 

Algo novedoso, y no tienen idea de cuánto, es la sanción prevista en el primero de los artículos 70, en este se sanciona a toda persona que suministre información o datos falsos en el curso de las tramitaciones administrativas, falsedad que será sancionada con multa de entre 7 y 25 unidades tributarias, según la gravedad de la infracción, y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar. Esto es una sanción objetiva, el solo hecho de mentir en un procedimiento genera la imposición de la multa, y estoy de acuerdo con sancionar a los mentirosos. En el Código Penal está prevista la falsa atestación ante funcionario público, pero solo sanciona al que, haciendo esto, genere algún perjuicio al público o a los particulares (artículo 320); en ese caso, si no hay perjuicio no hay delito.

 

Esta sanción está dirigida, entre otros, a los solteros. En nuestro país la cantidad de personas que tienen cédula de identidad de soltero, estando casadas, es enorme; haga la prueba, pregúntele a su vecino si es casado y si su cédula reconoce ese estado civil; la excusa que dan es que así no molestan a su cónyuge y le ahorran el mal rato de ir a una notaría o registro a firmar la venta del carro o del inmueble –independientemente de que estén defraudando la comunidad conyugal–. Las autorizaciones de viaje de los menores están plagadas de partidas de nacimiento que declaran que estaban casados cuando nacieron sus hijos y la cédula informa que son solteros, cuando en el peor de los casos podrían estar divorciados o viudos. Así que a cambiarse la cédula o lo multarán por cada firma de documentos.

 

Tampoco está definido quién impone la multa, ya que en el artículo 72 de este decreto ley se delega a un futuro reglamento de funcionamiento del Ingetyp la determinación de las unidades administrativas y funcionarios que tendrán a cargo la apertura, sustanciación, conocimiento, decisión e imposición de las sanciones. Esto viola el principio de legalidad, por cuanto la competencia del funcionario debe estar establecida por la ley, y un reglamento es un acto sublegal.

 

El procedimiento para imponer las sanciones es intrincado, altera los lapsos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, rompe con el sistema de recursos administrativos contra los actos, y en un procedimiento de primer grado (que es el procedimiento que determina la primera decisión que toma la administración), establecen un extraño silencio administrativo negativo cuando expresa: “Vencido el lapso probatorio, el funcionario o funcionaría competente dispondrá de un plazo de diez (10) días continuos para deliberar y emitir la decisión. Vencido dicho plazo, sin que se hubiere decidido el asunto, se considerará que ha sido resuelto negativamente” (artículo 76); siendo esto un disparate de marca mayor, ya que establece una decisión negativa de algo que no existe (la multa) hasta que se imponga. En todo caso, y para evitar desmanes, se debe interpretar que la decisión negativa es la negativa a imponer la multa.

 

Le recomendamos a la nueva autoridad única que, de manera urgente, ponga a trabajar a unos abogados que sepan de derecho administrativo y corrijan los galimatías en que incurre este decreto ley.

@rangelrachadell



Paciencia política

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional

http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/Paciencia-politica_0_525547602.html

Hay en nuestro inconsciente colectivo un rasgo que se presenta de muy variadas maneras, y es la impaciencia.

He presenciado y vivido esa impaciencia; recuerdo un viaje a Tucacas en el estado Falcón, un primero de enero de 2002, en esa época la vía de Morón a Tucacas tenía un canal de ida y uno de vuelta, y hay que atravesar el pueblo de Boca de Aroa, un pequeño pueblo sin grandes pretensiones, pero ese día decidió protestar por la falta de luz cerrando la vía de acceso al pueblo, lo cual provocó largas colas; esas largas colas generaron que los conductores fueran en contra vía, buscando adelantar; otros se lanzaron a la verde grama creando cuatro canales que no existían, todos en el mismo sentido; la consecuencia fue una tranca por muchas horas. Todo se resolvió cuando un vehículo oficial fue abriéndose camino y permitió que lo vehículos que venían en sentido contrario pudieran pasar y destrancar el acceso a Boca de Aroa; esto fue una locura colectiva en la que caímos todos; nos faltó paciencia.

Esta manera de comportarse parece que está en nuestro genes conductuales; haga un experimento, visite la cantina de cualquier colegio a la hora del recreo, verá cómo se atropellan los estudiantes para comprar todos al mismo tiempo (suele ser más común con los estudiantes de los grados superiores); hacer una fila, una cola, es algo que vemos muy a menudo, pero si alguien hace presión, se colea, se genera un bululú, se rompe la fila y con un gran desespero todos tratan de llegar a la entrada. No tenemos paciencia.

En política nos pasa algo parecido; recuerdo la huelga general convocada el 2 de diciembre de 2002, la cual tuvo entre otros antecedentes el paquete de 49 decretos-leyes dictado en noviembre de ese mismo año; esa huelga no era indefinida; el 6 de diciembre de ese año, cuando el señor Gouveia mató a varias personas en la plaza Altamira, lo cambió todo; el deseo de acelerar los procesos políticos llevó a la dirigencia opositora –presionada por los radicales- a extender la huelga, lo cual fue un cambio de estrategia, y los resultados fueron desastrosos; lo que aprendimos fue que si tienes una estrategia debes atenerte a ella.

En el año 2005 la oposición, ante el temor de la verificación del voto –el miedo es un factor político, y nos dejamos llevar por nuestras emociones-, intentó crear una crisis institucional al retirarse de las elecciones a la Asamblea Nacional, se especuló que una Asamblea Nacional sin representación de la mitad del país no sería legítima, y que el gobierno tampoco sería legítimo; pero lo que se logró fue una Asamblea con la representación que le dieron los que votaron; le entregamos al gobierno una institución tan importante para nuestro país a cambio de una expectativa de crisis. Luego vimos cómo nos arrasaron con el poder que ejercieron en la Asamblea Nacional, nos jugamos un todo o nada y nos quedamos sin nada.

Lo que hemos buscado es que el gobierno cambie, mientras llega la oportunidad de cambiar al gobierno; siendo esos nuestros objetivos debemos definir una estrategia, no lo que se está haciendo ahora que es lanzarle ataques al gobierno como si fueran piedras, o efectuando un ataque con piedras como si con ello fuéramos a tumbar a un gobierno. Necesitamos un nuevo tipo de esfuerzo, algo tan contundente que derribe el muro ideológico, lástima que los referentes históricos se refieran a cambios materiales, no al mundo de las ideas. Constantinopla cayó cuando sus muros fueron derribados, y ese momento llegó cuando los atacantes turcos se presentaron con una nueva arma, el cañón; necesitamos novedad en las ideas, y tal vez en las caras; para presentarnos con fuerza en la mente de los ciudadanos que es donde se ganan las elecciones.

Pareciera que exigir libertades o libre empresa no fuera suficiente, que la lucha contra la corrupción sea una idea arrojadiza, que el irrespeto al otro encuentra indiferencia; ¿la mayoría de los ciudadanos es indolente por no interesarle esos temas? Me niego a pensar que los venezolanos seamos unas personas cómodas a las que no les interesa un país digno, un país en el que sus hijos puedan salir de noche, divertirse, estudiar, tener un empleo decente; sabemos que con el socialismo del siglo XXI eso no será posible, pero ¿dónde está esa gente que quiere ese futuro que no sale  a las calles? ¿Qué están esperando, un Mesías?

Esos mismos ciudadanos que querían salir de este gobierno a como diera lugar; que a solicitud de sus dirigentes se encerraron en sus casas durante casi dos meses durante la huelga de 2002, ahora son escépticos, pasaron de una impaciencia política a una dejadez política; los ciudadanos, el pueblo, tienen que ser actores de su destino, tienen que tener fe, tenemos que seguir insistiendo, ya despertaran, hay que tener paciencia.

Yo les aseguro que el tiempo del cambio está cerca, no sé si a vuelta de un mes o un año, pero esta gente que gobierna es tan torpe y tan deshonesta, que falta poco para que nos pongan a pasar hambre, y con hambre la gente no piensa ni agradece.

@rangelrachadell

Crisis institucional universitaria

Hoy no hablaré de la crisis económica. Esa es responsabilidad del gobierno por su política cambiaria y monetaria; la guerra económica no existe; la solución a la inflación y a la escasez la tienen ellos, pero no hacen nada.

Es inconcebible que el gobierno nos lleve a muchos tipos de crisis, pareciera que le interesa el caos, que la tranquilidad sea imposible, ya que provocan las crisis, las generan, las alimentan, por eso la pregunta que se hacen los venezolanos es ¿a qué juega el gobierno?

Les voy a poner un ejemplo: la crisis universitaria.

La Asamblea Nacional, ejerciendo la mayoría oficialista que tenía en ese momento, aprobó la Ley Orgánica de Educación el 13 de agosto de 2009, y dos días después, el 15 de agosto de 2009, fue promulgada por el Presidente y publicada en la Gaceta Oficial N° 5929 Extraordinaria de ese mismo día.

El artículo 203 de la Constitución establece que son leyes orgánicas las que así denomina la Constitución y las que reciban esta calificación por la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Educación no fue calificada como ley orgánica por la Constitución sino por la Asamblea Nacional, por lo que era necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 203, segundo aparte, de la Ley Fundamental: “Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá este carácter”.

El gobierno no cumplió con el procedimiento constitucional al aprobar la Ley Orgánica de Educación, no fue a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y, si eso no fuera suficiente, creó el escenario para la crisis institucional universitaria. Conforme al artículo 109 constitucional: “…Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno y funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”, y de un plumazo la Ley Orgánica de Educación les quitó a las universidades su autonomía, y la Sala Electoral les obliga a dictar un reglamento electoral, conforme a las pautas inconstitucionales de la Ley Orgánica de Educación, que establezca un régimen de elección distinto al previsto en la Constitución.

El 23 de diciembre de 2010, cuando todo el país estaba pendiente de las fiestas navideñas, la Asamblea Nacional que le tocaba entregar, aprobó la Ley de Educación Universitaria, la cual otorgó al gobierno la facultad de reglamentar la vida universitaria, pero esa ley nunca fue publicada en Gaceta Oficial, el Presidente decidió vetarla, no se atrevió a encender al país con una normativa inconstitucional, aunque decidieron aplicar la Ley Orgánica de Educación por otras vías, la judicial.

La Sala Electoral dictó la sentencia N° 104, el 10 de agosto de 2011, e impuso a la Universidad Central de Venezuela que “reforme y publique el Reglamento de Elecciones Universitarias de la Universidad, a fin de ajustar su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación y a las consideraciones emitidas por esta Sala”; la UCV no se sometió y, por ende, no dictó el reglamento al que se le estaba obligando; luego, la Sala Electoral mediante la sentencia N° 83, del 17 de mayo de 2012, impuso a la UCV (a la Rectora, los decanos, los representantes profesorales y a los representantes estudiantiles) una multa equivalente a doscientas unidades tributarias; menos mal que la Sala Constitucional, el 21 de mayo de 2012, en un acto de sindéresis ordenó “la suspensión de los efectos de la sentencia N° 83 dictada el 17 de mayo de 2012, por la Sala Electoral”; es decir, suspendió la multa, situación que no ha sido decidida hasta la fecha.

La Sala Electoral ha venido suspendiendo las elecciones de las universidades (la última fue la UNA), hasta tanto no se adecuen a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, independientemente de que la Ley de Universidades sigue vigente, que están en contradicción estas leyes, y que la Constitución establece unos derechos a favor de las universidades que la Ley Orgánica de Educación desconoce.

La crisis institucional explotará cuando las últimas autoridades universitarias electas se agoten, quieran renunciar o fallezcan, y entonces será cuando el gobierno procederá a designar a quien considere, sin democracia; y si cree que exagero recuerde que en materia gremial la Sala Constitucional intervino el Colegio de Abogados del Distrito Capital (antes Distrito Federal), designó directiva temporal y comisión electoral, que “tendrá a su cargo la organización del proceso electoral conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral” (sentencia del 14 de febrero de 2008); solo que la directiva temporal designada nunca pudo tomar posesión, y se ha mantenido la anterior. El CNE no ha autorizado las elecciones del Colegio de Abogados, tal vez esperando que a las actuales autoridades se las coma la tierra.

La solución es derogar la Ley Orgánica de Educación, o que la Sala Constitucional, como se le ha solicitado, declarare que esa ley es inconstitucional, para poder liberar a las universidades de la camisa de fuerza impuesta por la Sala Electoral; y para ello habrá que salir a la calle, de no hacerlo nos van a imponer a ideólogos que trabajarán por el comunismo del siglo XXI.

@rangelrachadell

Un espejo como estrategia

Recuerdo que la oposición tomó una plaza y la bautizó “plaza de la meritocracia” y el gobierno tomó otra plaza que llamó “plaza de la revolución”; hacer lo que hace la oposición es una estrategia, como un espejo, para que no se vea diferencias entre unos y otros.

Cuando la oposición hizo grandes marchas el gobierno también hizo marchas el mismo día, ambos bandos se atribuían la mayor cantidad de seguidores; para cada parcialidad su marcha era la mejor, pero no se convencía a nadie.

Hace poco la oposición llamó a una marcha por la inseguridad, se murió un diputado y se suspendió, al poco tiempo se volvió a convocar y el gobierno decidió marchar el mismo día y a la misma hora. La oposición tuvo consideración con el dolor de los seguidores del partido de gobierno, y el gobierno mantuvo su estrategia –un espejo de las actividades de la oposición–.

Del otro lado está la realidad

Una variante de la estrategia espejo es la proyección, esta consiste en reflejar los vicios del gobierno en la oposición, llama fascistas a los opositores cuando los que se comportan como fascistas son los del PSUV. También hay proyección cuando denuncian que la oposición robó en la cuarta república; el gobierno acusa al pasado de una gran corrupción para justificar sus acciones, es el cuento del ladrón que acusa a otro de robar, no importa que el argumento sea inmoral.

En esta estrategia el contrario no sabe si está ganando, por cuanto ninguno de sus actos se muestra como original, extraordinario o impresionante ya que son constantemente copiados, la estrategia es tan buena que no necesita de ningún esfuerzo intelectual. Como guía de acción el gobierno, o los cubanos, debieron leer el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene y Joost Elffers, en el que se analiza el efecto espejo, y allí dicen estos autores: “Cuando usted refleja a sus enemigos, haciendo exactamente lo que hacen ellos, sus rivales no lograrán deducir su estrategia”.

No solo hemos vivido separados de las ideas, sino que no podemos comparar nuestras actividades, la población no percibe que estamos ganando por cuanto la estrategia espejo funciona.

Si queremos dejar sin efecto este espejo tenemos que hacer actividades que el gobierno no pueda replicar. Las guarimbas lo lograron, el gobierno no podía replicar las guarimbas sin hacerse daño a ellos mismos, y la solución que consiguieron fue curiosa, encerraron a la oposición en el Este de Caracas, así los seguidores del gobierno no pudieron ver lo que pasaba en el otro lado de la ciudad, en el oeste de Caracas todo estaba funcionando normalmente; es como si hubieran colocado entre el este y el oeste de la ciudad un parabán, una cortina o una pared, o volteado el espejo para que no pudieran ver lo que sucedía al otro lado.

Las guarimbas se enmarcan en la estrategia de fuerza, y el problema con la estrategia de fuerza es que necesita estar al mismo nivel del contrincante. El que pensó que las guarimbas provocarían el levantamiento del pueblo, que servirían como un motor de arranque que movería al país desencantado con las malas políticas económicas del gobierno; como si las guarimbas fueran una chispa que encendería al país, identificó que la oportunidad se presentaba propicia; la intención era buena, pero no era una estrategia, era solo un deseo; y lo lamento por todos los muertos, presos, y detenidos sometidos a régimen de presentación.

El gobierno impuso toda su fuerza; la institucional: con los tribunales apresó a dirigentes nacionales, a alcaldes, a menores de edad, a los que dormían en plazas; con los militares: reprimió sobradamente, con su arsenal contra manifestaciones, sus bombas de última generación, sus uniformes de armadura nuevos y relucientes; y con sus facciosos llamados colectivos: hicieron el trabajo sucio que no era elegante para el gobierno, sus motorizados amedrentaron a los muchachos, se pasearon armados impunemente a la vista de las autoridades.

Hay que reconocer que la guarimba obligó al gobierno a sentarse con la oposición –para un diálogo de sordos–, que tuvo como consecuencia el elevar a la oposición al mismo nivel que el gobierno, se sentaron en la misma mesa, se veían como iguales negociando un tratado de paz –casi un espejo de unos frente a otros–, solo que el gobierno tiene la deseada paz en sus manos, aunque se la pide a la oposición –una evidente proyección–.

En todo caso, no estamos en un punto muerto; las condiciones para una manifestación de rechazo al gobierno siguen ahí, están latentes; lo que no sabemos es como se va a expresar, como se presentará, pero no cuenten con los militares, ellos no son la vía para salir del gobierno, ellos son parte del problema.

Esta lucha es como dijo Thomas Alva Edison, al referirse a su creación del bombillo incandescente: “No fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos”. En esta lucha vamos identificando estrategias, descartando equivocaciones, teniendo aciertos parciales; confío en que no necesitemos de mil eventos para salir de este desgobierno, por lo pronto haremos otros intentos, ya que pareciera que tienen los días contados.

@rangelrachadell

Memoria e Identidad

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional

http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/Memoria-identidad_0_500350091.html

La naturaleza del mal es difícil de definir. Lo que sí es seguro es que coexiste con el bien, eso nos lo enseña san Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad al utilizar la parábola de la cizaña (Mt 13, 29-30), nos dice: “Esto significa que si el mal existe al lado del bien, el bien existe, no obstante, persiste al lado del mal, y por decirlo así, crece en el mismo terreno, que es la naturaleza humana”.

A veces tengo la idea de que nos gobierna el mal, que este existe y que el sistema de gobierno está corrupto por cuanto no practica las virtudes cívicas, como expuso Aristóteles. No es posible que un gobierno no luche suficientemente contra la criminalidad, no facilite el desarrollo personal y económico de la población, incumpla sus compromisos con los ciudadanos; un gobierno que trasmite que no va a cambiar y que las malas condiciones se mantendrán durante mucho tiempo y no se inmuta. Cuando los jóvenes están prefiriendo hacer sus vidas fuera de nuestro país algo malo está en su raíz.

En la mencionada obra se expone una idea sobre el mal, y es que este es una especie de penitencia, el santo padre se refería a que la historia europea tuvo su penitencia en Hitler, quien durante doce años logró encubrir ante la opinión pública los crímenes que estaba cometiendo, hasta el punto de hacer increíble la matanza de judíos, solo que todo salió a la luz pública, como esperamos que ocurra en nuestro país.

También expone que la divina providencia impone un límite a esta locura –todo mal tiene el límite que Dios le imponga–, si dura algo más debe ser por algún motivo, y que en ciertas circunstancias parece que el mal es en alguna medida útil, en cuanto propicia el bien. Haciendo referencia al atentado en su contra dice: “El primer fruto de esta sangre fue sin duda la unión de toda la Iglesia en la gran oración por la salud del papa”.

Para entender el mal hay que analizar sus propias raíces, razón por la que recomiendo el estudio de todo el proceso del socialismo del siglo XXI, hay que estudiar esta desgracia de sistema totalitario que tenemos, hay que descubrir la posibilidad de vencerlo, no nos podemos dejar vencer por el mal, antes tenemos que vencer al mal con el bien (Rm 12, 21).

La sociedad europea tuvo que vivir esa experiencia para tomar nota de esa dramática lección, en nuestra Venezuela estamos viviendo nuestra penitencia, la vivencia del mal desde las estructuras del Estado, “un mal erigido en sistema”; la vivencia de que el crimen llegó al poder y desde allí se le facilita la dominación. Pero como “no existe un mal del que Dios no pueda obtener un bien más grande” nuestra lección debe ser el compromiso por llevar a cabo un gobierno más justo, un gobierno veraz, que se comprometa con toda la sociedad, sin exclusión de pobres o ricos, que le dé la oportunidad a las ciudadanos de ser felices, de resolver sus problemas a través de la administración de justicia; estamos pagando la penitencia de un sufrimiento sin culpa, ya que nuestra generación no cometió los pecados que le imputan a gobernantes anteriores, pero estamos viviendo el sufrimiento para que hagamos un mejor país cuando esta pesadilla termine; no para repetir sus errores, no para equivocarnos, por cuanto este sufrimiento “encierra en sí una promesa de liberación, una promesa de alegría”, debemos tener esperanza por cuanto el mal de la injusticia social, del desprecio de la dignidad humana (en particular de nuestros presos políticos), el mal de la violencia, el mal de la mala economía y escasez en la que estamos inmersos existe “para despertar en nosotros el amor, que es la entrega de sí mismo al servicio generoso y desinteresado de los que se ven afectados por el sufrimiento”; esto es una invitación expresa a participar en política, a participar en la cruzada de liberación de nuestra patria del mal que nos acosa.

Lo que estamos buscando es formar una sociedad de ciudadanos libres que trabajen conjuntamente por el bien común; siguiendo las leyes básicas y naturales para la defensa de la vida y la convivencia humana, que no acepte la mentira de sus gobernantes, que rechace los falsos testimonios en contra de sus opositores, que condene el robo, entre otros muchos; ya que los delitos, al igual que en Nuremberg, serán juzgados y castigados.

“El cristiano está obligado a un amor que abarca a todos los hombres, incluidos los enemigos”, Juan Pablo II

@rangelrachadell

¿Dónde estás?

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional

http://www.elnacional.com/jesus_rangel_rachadell/donde-estas-rangel-rachadell_0_491950941.html

El derecho de hablar, de expresarse, es sagrado, Dios nos lo dio cuando convocó a Adán a su presencia e hizo la pregunta de la cual ya sabía la respuesta. Es como si Dios le hubiera dicho a Adán “habla”, exprésate, di tu verdad, ¿cuéntame que pasó? ¡Defiéndete!

Dios le preguntó a Adán algo que ya sabía. Él sabía dónde estaba Adán y qué había hecho, Dios es omnipresente (está en todas partes) y es omnisciente (lo sabe todo), por ello conoce lo que vamos a elegir. Dios sabía que Adán se iba a comer el fruto del árbol prohibido.

Hemos visto cómo a algunas personas (que sirven de ejemplo de lo que son capaces en el gobierno en materia de represión) se les restringe su derecho de expresarse bajo un falso conflicto, se plantea libertad personal o libertad de ideas; si quieren la libertad personal no podrán hablar, no podrán expresarse.

Todos nosotros somos perseguidos cuando las ideas tienen limitaciones a su difusión, cuando se restringe el libre conocimiento; y eso lo vemos como si lo tocáramos cuando se prohíbe usar las redes sociales (caso Simonovis); al prohibir que se asista a reuniones públicas –donde se expresan las ideas– (caso Sairam Rivas, quien tampoco puede ir a la playa, ya que tiene prohibido salir del área metropolitana); al acusar de “terrorismo psicológico” a los que denuncian las graves enfermedades que aquejan al venezolano por cuya supuesta falta “hay que castigar a esta gente” (caso presidente del Colegio de Médicos de Aragua, doctor Ángel Sarmiento), estos supuestos enemigos deben callarse y no incurrir en la “terrible manipulación y cobarde acción mediática emprendida por algunos sectores” al alertar de las enfermedades en nuestro país; al prohibir declarar a los medios de comunicación nacionales e internacionales (caso jueza María Lourdes Afiuni) o cuando se les impuso a los estudiantes y hermanos Manrique Fuentes (estudiantes del Táchira) como condición para su libertad la prohibición de declarar a los medios mientras se les sigue el proceso.

La prohibición de expresarse mediante declaraciones a los medios no está limitada a la investigación o condena, la prohibición es general, es una pena infamante que le impide al procesado o condenado usar la palabra, de alguna manera le imponen un castigo que ni en el infierno está previsto.

La estrategia del silencio impuesta por el Estado venezolano viola el derecho constitucional a la libertad de expresión, información, y la libertad de prensa del pueblo venezolano, previstos en los artículos 57 y 58 de la Constitución, y el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral (N° 127, 02/09/2004), ha expuesto: “La libertad de expresión y el derecho a la información forman parte de las bases fundamentales de todo Estado democrático, ya que el ejercicio de la democracia implica la existencia de un debate público de los temas sociales y políticos”.

Esta estrategia del silencio también se le aplica a los presos políticos cuando se les impide presentar los testigos que consideren para defenderse de la manera que mejor les parezca, solo pueden hacerlo con las pruebas que un juez acepte, es decir, con lo que el juez decida que pueda o quiera oír, no con las palabras y los hechos que quieran demostrar los acusados. Hay detenidos que por períodos de tiempo están incomunicados y no se les permiten las visitas en la cárcel para evitar que otros difundan su palabra (caso Leopoldo López, Scarano y Ceballos).

Lamentablemente, como una variante de la política del silencio, está la limitación impuesta a los funcionarios del BCV a quienes se les impide informar sobre las cifras de escasez y los obligan a retardar las cifras de la mayor inflación del mundo, razón por la cual el amigo que está en un pueblo de Barlovento que se llama Cumbo, donde no llega Internet y mucho menos el Twitter, no puede enterarse de que los males de su pueblo son consecuencia de la errada política económica del gobierno. A veces el silencio es una manera de mentir, ya que la verdad –su verdad– no puede ser difundida, o es para esconder horribles crímenes o una gran ineficiencia.

Cuando Dios preguntó: “¿Dónde estás?” fue para que Adán hablara, y Adán no se quedó callado, y recordemos que Adán pudo haber desobedecido, pero no mintió.