Barinas contra los trúhanes

Argenis Chávez y el PSUV fracasaron en la elección a gobernador en Barinas y el gobierno nacional es el responsable, así lo declaró el candidato perdedor en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia. Ser un mal dirigente y culpar a los demás de sus errores es muy propio del chavismo, lo que es injusto es que el Tribunal Supremo de Justicia le resuelva los problemas políticos a la dictadura.

Argenis Chávez perdió las elecciones de gobernador en el estado Barinas porque el TSJ, al anular el proceso electoral mediante la sentencia N° 63, del 29 de noviembre de 2021, necesariamente tuvo que reconocer que el candidato de la oposición Freddy Superlano ganó esas elecciones. Esa ficción de que se dejan sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al Cronograma Electoral a partir de la presentación de las postulaciones, inclusive, para garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de la entidad territorial, es una farsa.Las irregularidades de la sentencia se pueden resumir de la siguiente manera:

Primero, la acción de amparo se interpuso contra Freddy Superlano, aunque el Consejo Nacional Electoral fue quien convocó a la elección y permitió la participación del candidato postulado por la Mesa de la Unidad Democrática. Es imposible que Superlano, por el hecho de postularse, violara los derechos colectivos de los ciudadanos con derecho a voto.

Segundo, por ser el destinatario de la acción de amparo, Freddy Superlano debió ser notificado para que expusiera lo que considerase conducente en su defensa. Esta mala costumbre del tribunal de la dictadura de anular los derechos de los ciudadanos sin respetar el derecho a la defensa es violatoria del artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela, que enuncia entre las garantías el derecho de toda persona a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías; la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario; o el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. El TSJ, siendo consistente en la violación de los derechos humanos, se inhibió de notificar a Freddy Superlano para que se defendiera.

Tercero, el decidir una controversia como de mero derecho no enerva la obligación del tribunal de oír a la parte afectada, a esa misma que le conculcan sus derechos. El que se decida un conflicto como de mero derecho lo que significa es que se hace sin pruebas o sin la oportunidad de revisar e impugnar las que presente cada parte, por así considerarlo el tribunal.

Cuarto, Superlano declaró que la Contraloría General de la República nunca le notificó de ningún procedimiento en el que se tuviera que defender, tampoco lo notificaron que se dictó un Auto de Responsabilidad Administrativa en su contra, desconoce los hechos por los que presuntamente se le considera responsable, y le fue imposible interponer los recursos administrativos y judiciales que proceden. En todo caso, la inhabilitación es una pena accesoria a la declaración de responsabilidad administrativa, una es necesaria para la otra; y, lo que es peor, solo se puede inhabilitar cuando se agotan los recursos en contra del contralor. Le aplicaron la vía rápida.

Quinta, la inhabilitación a Freddy Superlano es un acto administrativo y, como expresa la Constitución en el artículo 65, la inhabilitación para ejercer el derecho político de optar a un cargo de elección popular es consecuencia de una sentencia penal con pena restrictiva de la libertad, por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público. Solo una sentencia puede restringir el acceso a cargos de elección popular; y cualquier otra vía que limite los derechos políticos es inconstitucional. Los actos administrativos no generan inhabilitación política porque la Constitución establece un solo supuesto, la decisión del Poder Judicial.

En la sentencia N° 1.547, de fecha 17-10-2011, mediante la cual la Sala Constitucional declaró que era inejecutable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Leopoldo López, se expuso: “…esta Sala advierte que la inhabilitación administrativa impuesta al ciudadano Leopoldo López Mendoza no le ha impedido, ni le impide ejercer los derechos políticos consagrados en la Constitución… La Sala declara que el ciudadano Leopoldo López Mendoza goza de los derechos políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tratarse solo de una inhabilitación administrativa y no política”.A Leopoldo López le impidieron postularse –aunque el TSJ aseveró que no le habían afectado sus derechos políticos–.Este tipo de fraude es normal en toda dictadura que se respete, tener políticos con derechos sin poder ejercerlos.

Sexta, la Contraloría General de la República alega su propia torpeza al anunciar que se le olvidó informar al CNE que entre los supuestamente inhabilitados se encontraba Freddy Superlano. Si tomamos como cierto lo que recoge el resumen de la sentencia que publica el TSJ, la Contraloría inhabilitó a Superlano en su carácter de candidato, lo cual era imposible saberlo el 17 de agosto de 2021, fecha en la que supuestamente se dictó el acto.

El comportamiento del CNE y del TSJ es un exabrupto, desconocen la voluntad electoral y ratifican que con este gobierno hay que considerar un alto porcentaje de corrupción en su accionar. Es posible ganarle, solo que tenemos que salir a votar masivamente para derrotar al fraude pasado, presente y futuro.

@rangelrachadell

Algo está pasando

Dicen que en la política todo se mueve, que nada es estático, las campañas son eternas, nunca se detienen y la alternabilidad o permanencia en el poder es el objetivo de los políticos que se respetan. En el entendido que usted sea un dictador, el pretender que será eternamente la solución a los problemas del país o que logrará el control sobre toda la población es una vana ilusión. Sabemos que lograron la destrucción de Venezuela, la expulsión de millones de venezolanos y que muchos de los que se quedaron comen de la basura. Pero algo está pasando.

Después de más de dos décadas en el poder de la desgracia chavista debería producirse un proceso de sustitución de la dirigencia política. En nuestro país ese no ha sido el caso, por lo que presumo que es una de las tantas causas del agotamiento de la democracia. Caldera no apoyó el relevo generacional en Copei (nunca dio razones), fue candidato a la presidencia a los 77 años; y en Acción Democrática la lucha entre Luis Alfaro Ucero, quien aspiró a los 76 años, y Carlos Andrés Pérez por el control del partido y la candidatura (a los 66 años en 088), llevó al colapso del modelo político. Si le pasó a los demócratas, le puede ocurrir a esta satrapía.

Los dinosaurios de la política chavista deberían pasar a la reserva y dejar que nuevos dirigentes asuman el protagonismo, pocos podrían dirigir al país de una manera más nefasta que Chávez o el sucesor impuesto, aunque con esa gente nunca se sabe. Otros dirán de Nicolás que con sus casi 59 años es un muchacho para la política, que ahora es cuando le queda; y que el ministro de la Defensa que los mantiene en el poder es un año menor, y ni hablar de Diosdado de su misma edad.

Otros argumentarán que, en la política, como en cualquier organización, llega al poder quien puede y no quien quiere, el problema es el empuje de cada parte, los que pugnan por entrar y los que quieren quedarse en el ejercicio del poder. Así ha sido siempre, la eterna batalla. Por cierto, me refiero a lo interno de los chavistas nicolasistas padrinistas, quienes esperan su turno, algunos desde la Academia Militar, las gobernaciones y las alcaldías. Todos demostrando sus méritos y acumulando ingentes ahorros para el momento decisivo.

Tenemos, porque otros los escogieron y todos los sufrimos, una dirigencia chavista que se solaza en los errores cometidos y los celebran, se diría que están orgullosos de tanta impericia. Esos mismos desafueros que les reclama la oposición los observan las nuevas generaciones.

Veinte años después se ha desarrollado otra manera de pensar, hablar, entenderse, imaginar la política o querer al país. Se han sustituido a los dirigentes de los partidos de oposición de los años noventa, y casi la de principios de este milenio, algunos por el simple paso del tiempo, por las elecciones internas, la persecución, la expulsión o la imposición desde el Tribunal Supremo de Justicia de falsas autoridades que utilizan en favor del régimen los símbolos de las organizaciones con fines políticos opositores. En el chavismo solo han desaparecido los que se fueron a cantar al norte, los perseguidos por sus propios compañeros y quienes pidieron democracia interna. Esto último provoca risa, pero es cierto, excluyen a los que quieren mantenerse en la política de la tolda roja por la vía electoral. Hasta se dieron el lujo de desestimar a los que ganaron en sus primarias.

Suele pasar, aunque no es una ley natural, que los momentos insurreccionales los lideran grupos que se identifican como una generación. Anuncian nuevos hombres, nuevos procedimientos, nuevos ideales; igual que proclamó Cipriano Castro. Los que están en ejercicio del poder piden calma y cordura, dijo López Contreras. Si bien es cierto que “los venezolanos nos necesitamos todos” (Medina Angarita), Rómulo Betancourt aseveró: no somos comunistas, somos la izquierda revolucionaria. Los chavistas parece que dijeron: nos cogeremos todo el dinero y el que se disguste va preso.

Desde las entrañas de la revolución piden correcciones, afuera exigen cambios, los organismos internacionales abren procedimientos penales y aquí responden con unas leyes a las que antes desconocieron y luego tampoco respetarán. Pero, algo se oye, hay incomodidad, desazón, desencanto. El régimen está desvariando, las ideas suenan repetidas: elecciones, negociación, y el covid-19 dejó de ser excusa para la inoperancia.

Un día de estos al capitán envidioso se le ocurre que él es tan bueno como sus superiores, que para meter la pata y ganar dinero no se necesita tener ninguna credencial, estudios o mente superior. En la Venezuela en la que todo es posible hay una fuerza al acecho, esperando su momento, porque la coyuntura es propicia y a los viejos que gobiernan les cuesta entender el idioma que se está hablando.

@rangelrachadell

La justicia y su espada

Salomón amenazó con dividir al niño que se le presentaba para ser entregado a una de las dos supuestas madres que lo reclamaban, partirlo por la mitad fue la orden, lo salvó el ruego de una de ellas. La espada es un instrumento y un símbolo de la justicia, con ella se hace valer las decisiones; aunque en Venezuela todo es espada y violencia, es necesario algo de equilibrio y equidad. Justo lo que le falta al Estado venezolano.

Por esa falta de independencia, en la próxima ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, a efectuarse el 24 de septiembre de 2021 en México, las partes acordaron tratar el punto del “Respeto del Estado Constitucional de Derecho”. Tan grave está el Poder Judicial que es necesario hablar de él, del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que lo representa, y los demás tribunales del país.

La concepción que tiene el chavismo sobre ese poder es que es fundamental para el control del Estado y sus instituciones, por el que se definen las democracias, es imposible que el árbitro de los conflictos se alinee con el gobierno para asegurar que las decisiones de los jueces sean las del dictador. Los culpables de lo que sea son los enemigos políticos y económicos, y así lo declaran sin procedimiento previo o derecho a la defensa, por ejemplo, la jueza Afiuni.

Los regímenes autoritarios son indiferentes ante la justicia, resolver los conflictos o que haya confianza en las instituciones. Mantenerse en el poder es su objetivo, así tengan que sacrificar su imagen internacional por garantizar la impunidad a sus acólitos, y la inmunidad absoluta a los militares por cualquier delito cometido en defensa de la revolución.

En El Salvador, Bukele, en mayo de este año se graduó de aprendiz de dictador. Destituyó a los jueces de la Sala Constitucional de ese país y luego al fiscal general. Esto lo logró gracias a la mayoría que tiene en la Asamblea de ese país. Ahora, los magistrados le devuelven el favor declarando que, aunque la Constitución lo prohíbe, puede presentarse a la reelección. Esta es la misma estrategia de Evo Morales en Bolivia en 2017, cuando lo habilitaron para postularse en contra de lo establecido en la Constitución. La trampa es transparente, primero toman el Poder Legislativo, a continuación, el Judicial y eso allana el control de toda la sociedad.

A los anteriores casos le pueden sumar las actuaciones de los presidentes de Nicaragua, México o Venezuela, quienes dictan leyes o alteran las existentes para manipular al poder judicial de sus respectivos países. Al igual que en Polonia, Hungría o España, todos estos movimientos buscan socavar la independencia de los jueces. Estas políticas han servido en Latinoamérica para reprimir y castigar a los opositores y a todo el que proteste. Aquí aplican la denominada ley del odio como comodín, sirve para cualquier situación. Por cierto, falta sancionar a los responsables por las matanzas de jóvenes en nuestro país en 2017. Los presos políticos entran y salen de las cárceles y centros de reclusión de los cuerpos de seguridad sin decisiones previas o posteriores, una simple orden es suficiente para que acaben con sus huesos en un lugar deprimente o, en el peor de los casos, los asesinan y luego alegan suicidio.

La excusa que recientemente les permitió controlar el Poder Judicial en Polonia y en El Salvador fue la pandemia. Extraña coincidencia, porque tienen presidentes autoritarios. En Venezuela, Chávez controló el TSJ desde la constituyente de 1999, cuando cambiaron a los magistrados en las vacaciones de ese diciembre; y Nicolás aseguró la sumisión absoluta en 2015, después de perder las elecciones de la Asamblea Nacional. Con este control declararon que los diputados, quienes adquieren inmunidad con su proclamación, podían ser suspendidos del mandato otorgado por los electores mediante una medida cautelar, sin procedimiento previo que garantizara su derecho a la defensa. Realismo mágico revolucionario del socialismo del siglo XXI.

Aunque a la Sala Electoral del TSJ le corresponde conocer las acciones que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral, excluyendo a cualquier otro tribunal, el Consejo Nacional Electoral suspendió la recolección de firmas del referéndum revocatorio a Nicolás en 2016. La excusa fue que unos tribunales penales, sin competencia en materia electoral, suspendieron el proceso en algunos estados. La Sala Electoral siempre dicta decisiones favorables al gobierno y al PSUV; nunca decidió el caso de los diputados electos en 2015, y tengan por seguro que el anunciado revocatorio también será anulado en el supuesto que el régimen le permita al CNE que lo admita.

Poco podrá avanzar la confianza en la resolución de los conflictos en nuestro país mientras no se resuelva la independencia del Poder Judicial. Los negociadores podrían alcanzar unos buenos acuerdos en la negociación en México, pero los mejores propósitos se estrellarán contra el brazo ejecutor del gobierno, el cual está armado con una espada para cortar las intenciones de institucionalizar a Venezuela.

Airear las impresentables sentencias dictadas para favorecer al chavismo, los mecanismos de dominación implementados con sus decisiones y la persecución de inocentes que se han exiliado antes de someterse a las humillaciones de esta dictadura, será un triunfo del diálogo. Sin embargo, con todo lo doloroso que pueda ser, el hecho de que el gobierno acepte conversar sobre la podredumbre del Poder Judicial venezolano es un gran avance.

@rangelrachadell

Edipo rojo

Edipo, el de los pies hinchados, según Sófocles, llegó al poder por una carambola. Este personaje logró resolver una adivinanza, el monstruo se suicidó, pudo reinar en Tebas y casarse con una reina. A diferencia del otro, al que le regalaron el cargo, el dios tronante calló y aceptó la elección de los tebanos, aunque lo consideraban un tirano por su falta de legitimidad. En esa época no existía el Consejo Nacional Electoral.

En Venezuela, al igual que en la Tebas del relato, vivimos una peste desde hace varios años. Si la población tuvo que registrar la basura en busca de comida o pasar varios días en colas por forraje para sus animales de carga, y así poder trasladarse, lo desconozco. En todo caso, una peste o plaga se refiere a males generalizados como los que vive nuestra sociedad.

Resulta que la peste de Tebas, según el oráculo de Delfos, fue consecuencia de la contaminación religiosa, algo como el chavismo-madurismo, socialismo del siglo XXI. La solución pasaba por encontrar al culpable de la muerte del anterior rey o morirían todos los habitantes por falta de alimentos, controles innecesarios, colas por la gasolina, ausencia de electricidad y de agua. La plaga roja rojita se adueñaría de todo.

El mandatario prometió acabar con la inflación y con la devaluación del bolívar; además, pagarles a los trabajadores con una moneda que no perdería su valor y tan dura como una piedra. También, ofreció aumentar la producción de combustible y, en general, mejorar la economía nacional en todos los rubros. En particular, ofreció eliminar las alcabalas que extorsionan a los transportistas de productos básicos, prescindir de los ilegales protectores de los estados; iniciar el mantenimiento de las obras públicas con algo más que pintura; vacunar a la población contra el covid-19; modernizar los hospitales, pagar salarios al personal de salud que le permitan una subsistencia digna y se olviden de emigrar del país; combatir la corrupción y al narcotráfico, los cuales son una manifestación de la pérdida de valores de la élite gobernante; sin embargo, su único logro fue convertir al país en un bodegón gigante. Edipo se comprometió a encontrar al asesino y enviarlo al exilio, como a los políticos venezolanos de oposición.

Resulta que el causante de todos los males es quien debía resolverlos y quien él pensaba que era su progenitor tampoco resultó ser. Polibio fue un padre putativo, y a Chávez quieren hacerlo pasar por tal del tirano que no tiene legitimidad. Sófocles nunca tuvo en mente su tragedia para el pueblo venezolano, y menos que calzaría como anillo al dedo en nuestra historia.

Los habitantes de Tebas, por medio del sacerdote, ante la peste que sufren, piden: ¡Oh Edipo, el más sabio entre todos!, te imploramos todos los que estamos aquí como suplicantes que nos consigas alguna ayuda; y contesta: … Sé bien que todos están sufriendo y, al sufrir, no hay ninguno de ustedes que padezca tanto como yo. ¿Usted creería que el mandatario padece por nuestras vicisitudes, o que buscará un modo de cuidar de esta nación? Me refiero a este mismo que ve conspiraciones por todas partes, en particular del amigo leal que desea expulsarlo del poder; y que le dice a su mujer que todo sucedió en la encrucijada de tres caminos, casi que alude a la tercera vía.

Edipo perdió todo el poder por su mal comportamiento, defraudó a la ciudad y a sus habitantes. Termina la obra quejándose de su suerte y de la que aguarda a su familia en el destierro, sus hijas marcadas por la ignominia y sin patrimonio con qué sobrevivir. Estas son las consecuencias que le esperan al que incumple sus promesas, al que ofrece y engaña a sus súbditos para distraerlos mientras deja que la burocracia que se cree dueña del país dilapide los recursos del Estado y de todos.

Esta manera absurda y fútil de gobernar nos ha traído a esta crisis, en la que la dirección es inexistente o las decisiones se toman en perjuicio de los habitantes de nuestro país. La ignorancia y el abuso queda en evidencia día tras día, por ejemplo, cuando impiden que llegue la ayuda a los pueblos andinos o dictan normas que solo favorecen a su pequeño grupo de militares.

Venezuela tolera una circunstancia parecida a la maldición sufrida por Tebas, tan disparatada que logra lo imposible, y es que lo irracional se convierta en realidad y la realidad sea percibida como irracional. Comprendemos la incoherencia de la situación y sabemos quién es el responsable. Con el permiso de Hegel, el régimen carece de coincidencia entre el ser, el pensar y la verdad. Maravillas del socialismo del siglo XXI.

Yo confío en que el carácter autodestructivo de este gobierno lo lleve a la implosión y en un proceso dialéctico se presente la solución a esta plaga chavista. Esto es fe.

@rangelrachadell

Un chavista rector de la USB

En un artículo de opinión publicado en noviembre de 2014, expuse: La crisis institucional explotará cuando las últimas autoridades universitarias electas se agoten, quieran renunciar o fallezcan, y entonces será cuando el gobierno procederá a designar a quien considere, sin democracia… Ese día llegó, el chavismo se empeña en sustituir a los directivos electos sin convocar a elecciones, el último zarpazo lo están dando en la Universidad Simón Bolívar.

La inconstitucional, por incumplir con el procedimiento de creación de las leyes, Ley Orgánica de Educación estableció un régimen de elección de las autoridades distinto al previsto en la Constitución. Desde 2011, todo el proceso de legitimación universitaria está paralizado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, órgano de represión ideológica por excelencia.

Ha sido una gran pérdida para la Universidad Simón Bolívar y para el país el fallecimiento del rector Enrique Planchart Rotundo. Lo sustituye un chavista que fue ilegalmente designado vicerrector académico por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), y cuya relación con esa universidad fue el haber trabajado contratado por tres meses.

Las universidades autónomas disponen de autonomía administrativa para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo (artículo 9 de la Ley de Universidades); sin embargo, el vicerrector académico fue impuesto por el gobierno. Al CNU se le olvidó fijar la fecha de las elecciones del vicerrector interino, que debía efectuarse dentro de los seis meses siguientes al nombramiento de las autoridades interinas como lo establece el artículo 20 de la mencionada ley. Tampoco es profesor titular de esa universidad, y el doctorado es en ciencia y artes militares, en el área de seguridad de la nación. Las credenciales ideológicas que ostenta podrían ser suficientes para dirigir otra casa de estudios, pero son un insulto para la comunidad de excelencia de la USB. Ya sabemos a lo que lleva esa manera de actuar, lo lamento por los estudiantes y los profesores que quedan, serán sometidos a persecución por la ideología del socialismo del siglo XXI. La ciencia exige libertad, empezaron mal y mal continúan.

El CNU, con su política de designaciones antes que elecciones, viene afectando a la autonomía universitaria y a la libertad en la búsqueda del conocimiento. El odio del chavismo a la diversidad de pensamiento y a la divergencia intelectual y política es evidente por la ingente cantidad de perseguidos políticos que se encuentran en las modernas mazmorras de los distintos cuerpos de seguridad. Estos comunistas que han destruido al país, expulsado a millones y sometido a muchos a una dieta de basura quieren vestirse de angelitos sin credenciales académicas suficientes, por eso le niego el beneficio de la duda a estas imposiciones. Pitágoras hablaba con los pájaros, sin embargo, por lo menos este hizo ciencia de la buena.

Mientras la humanidad está disfrutando de la mejor época de la civilización, democracia, libertad, prosperidad, conocimiento, seguridad y un extenso etcétera, aquí vivimos en un populismo autoritario que produce pobres y hambrientos en grandes cantidades. La sombra del oscurantismo se cierne sobre la educación venezolana.

Estos chavistas que se apoyan en Nietzsche con su idea de que no existen hechos, solo interpretaciones, pretenden hacernos creer que el totalitarismo es bueno y la vía al mar de la felicidad cubano en la que todos seremos felices a la manera comunista. Sus acciones han desvirtuado al discurso, este gobierno es hambre y destrucción.

Se supone que la universidad existe para promover la búsqueda de la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre, deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia, en un espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal (Ley de Universidades). El régimen desvirtúa la ley, ignora los hechos y se aparta de la razón con su comportamiento contra las autoridades universitarias, y en otros muchos ámbitos, por una presunta lealtad al ideario chavista que desconoce la democracia con su proceder deshonesto y sus valores éticos incorrectos.

La persecución del chavismo contra las universidades ha llegado al linchamiento jurídico de los representantes designados ante el CNU por la Asamblea Nacional legítima el 3 de diciembre de 2019, cuando la Sala Constitucional del TSJ dictó, sin derecho a la defensa, las sanciones de “prohibición de salida del país de los ciudadanos Miguel Eduardo Albujas y Manuel Leopoldo Rachadell, la prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes propiedad de los referidos ciudadanos y el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y cualquier otro instrumento en el sistema financiero, de los prenombrados ciudadanos”, todo por un supuesto desacato que no provocaron estos profesores, mediante una ponencia conjunta (sentencia N° 500 del 9 de diciembre de 2019).

Espero que se cumpla la Ley de Stein: si algo no puede continuar indefinidamente, acabará por detenerse.

@rangelrachadell

Hotel Sebin

El gobierno ofrece hospedaje gratis en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tiene habitaciones para todos los gustos, desde tigritos para castigos hasta placenteros aposentos con televisión. Claro, algunas comodidades tienen su costo en divisas como en cualquier otra cárcel del país. El capitalismo revolucionario es incapaz de perder la oportunidad de explotar esas cuotas de poder que le parecen minucias a los ministros.

En una de las zonas más transitadas de Caracas se encuentra un enorme edificio con varios sótanos en los que solo se escucha el pasar del Metro, lo cual permite saber cuando es de día o de noche, ya que no tienen acceso a la luz del sol. Cruzando la calle de una de las salidas del subterráneo de Plaza Venezuela puede llegar con facilidad, sin trasladarse en los peligrosos carritos por puesto que exigen billete para subirse a la ruta, esos que dejaron de imprimir por la supuesta futura reconversión que le quitará ceros a la moneda. Los ciudadanos deben tener paciencia y viajar en transporte público, la revolución se los agradece.

Otras locaciones, como El Helicoide en Caracas, son para los invitados de alto perfil. Para alojarse allí se exige nivel equivalente a petrolero gold, narcotraficante o amante equivocado. Los políticos pueden ingresar a las horas menos esperadas, por motivos fútiles, a pie, en moto, hasta en carro -así sea montado en grúa-. Me dicen que hay cuartos con el nombre de alacranes en ejercicio, por si se portan mal (se denomina alacrán a los diputados y demás dirigentes de partidos que pasaron a la nómina del gobierno a cuenta de su voto y organización con fines políticos, de lo cual están muy agradecidos). Las sedes se encuentran en urbanizaciones, en otros países son los barrios opulentos, por ejemplo, Prados del Este en la que hay bellas casas dispuestas para tal fin. En Maracaibo, cerquita del Country tenéis una. Toda ciudad que se respete posee su propio hotel de permanencia extendida, y algunos estados tienen más de una. Los tramites se inician cuando al respectivo juez le dan la orden de proceder y se haga oficial su derecho a candado sin llave.

Los sitios de reclusión dependen del hacinamiento, por ejemplo, estamos en temporada alta de persecución. Bueno, casi siempre nos encontramos en esa etapa, típico de las dictaduras. Suele bajar la ocupación cuando la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pasea por Venezuela o su personal empieza con sus preguntas indiscretas. En ese momento, las ofertas de dar libertad a los políticos de oposición acusados de los más estrambóticos delitos relacionados con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, bajaron por cuanto el supuesto diálogo patinó en el asfalto de la chapucería. Al régimen le es indiferente que venga una Misión técnica de la Unión Europea, ya que tiene mucho menos jerarquía que la ONU, se pueden ir, haber hablado con los candidatos a huéspedes de sus mazmorras o preocuparse por la suerte de la democracia. Ese es su problema.

El Sebin es tan envidioso que a los verdaderos hoteles que hospedan a políticos de la oposición los cierra hasta nuevo aviso, un eufemismo para recomendar que se abstengan de prestar sus servicios a esos individuos parlanchines cuyo verbo y evidencias recuerdan las injusticias que comete Nicolás y sus secuaces.

La mejor competencia que tiene el Sebin es la casa del embajador de la República de Chile, por allí han desfilado ilustres venezolanos, alguno en el vacío de poder de 2002, otros desde 2017, cuando Roberto Enríquez, presidente del partido Copei tuvo que pedirle al representante diplomático que lo recibiera porque el Tribunal 1º de Control Militar, Expediente CJPM-TM1C025-17, le dictó orden de detención N° 037-17, y mediante oficios dirigidos a Interpol y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) (N° 154-17 y 155-17, respectivamente) ordenaba su aprehensión. Gracias a esta invitación el mencionado ciudadano decidió buscarse una alternativa más favorable para su salud. En esa oportunidad le imputaron: delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, y delitos contra el orden y seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Freddy Guevera, diputado con un privilegio procesal que llaman inmunidad parlamentaria que impide que lo puedan detener, también estuvo en la casa del embajador de Chile. Luego de su salida el 9 de septiembre de 2020, negó que la residencia tuviera un Spa para masajes, aunque si tiene una piscina pequeña, insuficiente para entrenar. Disfrutó de una estadía de tres años acompañando a Roberto Enríquez, cuando salió apoyó a la gente desde su organización política con actividades de calle. Menos de un año después el gobierno lo encierra de nuevo, siendo el indulto que le otorgó Nicolás una engañifa para poder atraparlo más tarde.

Perseguidos por su designación como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados Beatriz Ruiz Marín, Zuleima Del Valle González, Elenis Rodríguez Martínez, Luis Marcano Salazar y José Núñez Sifontes se asilaron en la residencia del embajador de Chile. Un gentío para la pequeña morada, por lo que se retiraron en la primera oportunidad.

El nuevo vecino de la casa del embajador es Emilio Graterón, quien tiene a su hermana en Chile, a donde se podría ir, visto que a Nicolás no le tiembla el pulso para otorgarle a sus opositores una tarjeta de invitación a la cárcel con los mínimos gastos pagos.

Hablando de la división de poderes, el que entrega las tarjetas es el presidente de la Asamblea Nacional, órgano parlamentario que debería guardar las apariencias y actuar de manera independiente del poder ejecutivo, pero sabemos que esos chavistas son un batiburrillo.

@rangelrachadell

Turismo de aventura en Margarita

 

De paseo por la isla de Margarita disfruté del radiante sol, de la bahía de Pampatar y de los caminé por los centros comerciales casi para mí solo. De día mucha luz y de noche la total oscuridad, el alumbrado público está dañado o sin activar, las calles abandonadas, los semáforos apagados. La gente se recoge muy temprano por temor a la inseguridad. Este cuento de terror apenas comienza.

Como en toda Venezuela, a excepción de Caracas, se disfruta de un racionamiento de la electricidad sin aviso, y en algunas zonas les da por quitar el preciado fluido eléctrico a las 7:00 de la noche y a cualquier otra hora también. Nuestro país está falto de programación, previsión y mantenimiento, es un barco a la deriva.

El agua llega cada cuarenta días, y con suerte podrá bombearla si coincide que tiene electricidad, lo cual sucede (lo viví), que llegue el vital líquido sin poder servirse de él por tener las bombas apagadas.

Todas estas penurias se viven en la isla a pesar de tener un flamante protector que se supone debe velar por los intereses de los neoespartanos mejor que el gobernador electo. Según me contaron los taxistas, los trabajadores de la playa, las cajeras, los jóvenes que embolsan en los automercados, los vigilantes y las dependientes de las tiendas, todos la están pasando muy mal. Gracias a ellos puedo referir la información adicional, que pude levantar por cuenta propia.

La gasolina escasea al igual que en el resto de nuestra patria. Las gasolineras trabajan de lunes a viernes, hasta el mediodía, sábado y domingo descansan de tanto laborar. Los conductores tienen día fijo para surtirse de combustible, se debe llegar de madrugada o desde la noche anterior. El límite es de treinta litros cada quince días, o pagar en divisas. Los taxistas más de una vez declinaron prestar el servicio por falta de carburante.

Una de las historias que me entretuvo fue la de las pre-primarias del PSUV, esas que definían los candidatos que podrán presentarse para las primarias de agosto. Por alguna razón que no comprendo varias personas me dijeron que Marisel le ganó a Dante, y que perdió la esposa de Diosdado, la cual no se postuló. Resulta que, al tal Dante Rivas, flamante protector del chavismo, lo consideran tan responsable de los males que sufren en la isla como la dictadura de Nicolás. El protector es el representante de Caracas y la capital del país es el origen de todos los problemas. Tengo el pálpito de que necesitará un gran viento de cola para ganar la nominación, y si la obtiene tendrá que vencer el sentimiento antigobierno que se respira por estos lados.

La oposición no tiene claro si va a participar en las elecciones de gobernador, sin embargo, Morel Rodríguez está preparado al bate por si acaso, sus ochenta años son un detalle menor en la memoria del pueblo. A Alfredo Díaz le critican su falta de coraje contra el gobierno central y del protector impuesto, sobrevivir es insuficiente, ya que la gente quiere verlo pelear, hasta dudan que se lance a la reelección.

Regresando a los servicios públicos, el Internet es fatal en la isla, del ABA de Cantv ni hablar, al igual que el resto del país es caro, y la mayoría del tiempo está desconectado. Las operadoras de telefonía celular dan un servicio pésimo, y eso que las transacciones monetarias son mediante pago móvil o rápido de los bancos, gracias a que los puntos de pago están sin línea o tienen un límite mínimo que obliga a pasar la tarjeta de débito varías veces. En la plaza de Pampatar, municipio Maneiro, donde se encuentra la alcaldía se puede acceder a Internet gratuito cortesía de esa institución, la velocidad es regular dependiendo de la cantidad de aparatos conectados, pero fue la única opción que pude utilizar a falta de señal de los celulares y los centros de telecomunicaciones que visité sin conexión.

Entrar o salir de la isla es complicado. Se viaja cuando puede no cuando quiere, los ferrys y aviones deben esperar la semana flexible. Es un sinsentido dejar a la gente atrapada y sin opciones por siete días. Si piensa trasladarse en ferry; primero, le hará falta gasolina, antes, durante y después; segundo, debe comprar el pasaje en el puerto de Guanta, estado Anzoátegui o en Punta de Piedras, estado Nueva Esparta, olvídese de comprarlo por Internet o en oficinas en Caracas, además, espere a que confirmen que la semana será flexible; tercero, consiga una PCR negativa (examen de covid-19) con menos de 48 horas de emitido, de ser varios pasajeros se encarece el viaje; cuarto, le exigen un inexplicable salvoconducto de la REDI Marítima, que me imagino es una alcabala de regalo para que guisen los militares, ya que si querían controlar a los viajeros es suficiente con identificarlos en el puerto de llegada. Todos estos trámites son de ida y vuelta. Si va por avión no le piden nada, aparte del tapabocas. Todo se siente muy solo por la ausencia de turismo nacional e internacional, ni los rusos dan esperanza de mejoría.

Los turcos o árabes desplazaron a los chinos. Un chistoso me dijo que en la isla llueve poco, pero hay muchos ríos, refiriéndose a una cadena de automercados que instala uno casi al lado del otro. Estas y otras grandes cadenas colaboran con los organismos públicos más que el protector. Si la gobernación la ganase Dante nada va a cambiar, los negociados ya están hechos.

Si quiere comprar dólares o bolívares en la calle vaya a Porlamar, en la misma plaza Bolívar verá a los cambistas con los fajos de billetes, esos que se necesitan para la recarga del teléfono o montarse en el transporte público, cuando funciona. Tuve la oportunidad de subir a unas unidades rojizas del gobierno con aire acondicionado, el conductor me comentó que cada vez hay menos en funcionamiento por la mala calidad de su ensamblaje, pero como no tienen un año las están devolviendo por garantía a la fábrica en el estado Yaracuy.

10-30, cambio y fuera.

@rangelrachadell

El Muro del Saime

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Berlín fue dividida en cuatro sectores, correspondiendo a los principales países triunfantes. La parte ocupada por la Unión Soviética pasó a llamarse República Democrática Alemana (RDA) y como buen comunismo trajo pobreza y desempleo, provocando la huida de 3 millones de personas. A Jruschov, primer secretario del Partido Comunista, no se le ocurrió mejor idea que construir un muro para impedir que los mejores recursos humanos huyeran de la utopía comunista. Una manera perversa de separar a las familias.

Con el secretismo conocido del chavismo, se implementó la política de restringir la entrega de pasaportes a jueces, fiscales, oficiales de la Fuerza Armada y una larga lista de opositores que se les antoja. A esta estrategia la denominan “bloqueo de funcionario público o alto cargo”, eufemismo para impedir que se vaya del país ese personal que es parte del sistema de represión contra el pueblo. Además, aprovechan para castigar a los que se atrevan a pronunciarse en esta Venezuela del hambre, esa que busca en los contenedores de basura su solución, esa triste alternativa que tiene el pobre para evitar morirse.

Entre las medidas de castigo están la anulación del pasaporte o del trámite de la prórroga sin que el interesado haya solicitado o suspendido el procedimiento, algo así como lo que el Consejo Nacional Electoral les aplica a los opositores al mudar votantes sin su consentimiento. Estos órganos públicos nunca contestan, mienten descaradamente cuando se reclama la inoperancia del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y su excusa es el retraso o que el programa de computadora se volvió loco y dio error. Detrás de ese comportamiento se oculta el control social.

En nuestra legislación tenemos decisiones de los jueces en el marco de un procedimiento judicial llamadas medidas cautelares que le permiten, a su criterio, limitar el libre tránsito. Estas disposiciones son dictadas sin que el afectado se entere, para evitar su fuga, la de menores o adolescentes. En todo caso, son apelables, puede reclamar que son excesivas, innecesarias o caucionar entregando una garantía económica por los resultados del juicio. Según la Constitución, se prohíben las sentencias en las que sea imposible revisar la decisión, por cuanto la doble instancia está prevista en el numeral primero del artículo 49, es decir, por lo menos dos niveles deben conocer una causa. Poco podrá exigir si desconoce que existe la restricción, sin embargo, usted padecerá el que lo hayan incluido en una de esas listas que vienen del mismo despacho del fiscal general de la República por las que le impiden que le tramiten su documento de identidad para salir del país.

El desastre del Saime se avizora muy lejos de terminar, ya que, además de anularle el trámite a su libre arbitrio, tampoco le devuelven el dinero si no reclama. Aunque le cobran a la tasa del Banco Central de Venezuela, a ese cambio nunca le regresarán lo transferido, porque el reintegro es sin reconocerle la diferencia cambiaria por un error que generó el Saime y el banco, ese que en su página web dice que garantiza sus operaciones con el Saren (Registros y Notarías), sin mencionar al Saime. El desorden es de tal magnitud que el proceso que implementaron en 2021 roba a los usuarios al desconocerle los pagos efectuados por la plataforma del Banco de Venezuela (BdV), el cual desapareció de entre los bancos por medio de los cuales se paga. Al solicitar la devolución de los bolívares, el banco, si atiende y aprueba su reclamo, lo hará a un monto devaluado por la política económica de Nicolás. Recuerde, el pago se procesa por la combinación de la web del Saime y el banco, por lo que la falta de coordinación de esas instituciones es la causante del cobro indebido o que aparezca como pendiente de pago. Usted es inocente, sin embargo, lo castigan por los errores de otros, típico del socialismo. Los correos para reclamar al BdV, si funcionan, le darán una contestación automática sin lapso de respuesta, y el 0-800-saime-00 es otra oferta engañosa, está desconectado.

Solo pueden salir de Venezuela los que tienen para derrochar en trámites inconclusos, los que tengan bajo perfil político y los que el Estado autorice por ser fieles a la robolución, pero los represores mencionados arriba deben quedarse a matraquear y extorsionar a los que continúan en esta tierra de gracia. Si tiene una prohibición oficiosa, ni que tenga una garrocha de dólares podrá saltar el muro de Berlín del Saime.

El director de ese organismo pretende ser la imagen de la eficiencia que oculta al verdugo del gobierno socialista y su sistema diseñado para humillar. Lo obligarán a largas colas y horas de espera hasta la noche para que lo atiendan, sin garantía de que le vayan a entregar ese cuadernillo de color para buscar un sueño. Le deseo suerte en la trocha, porque los cubanos del Saime le impondrán su muro.

@rangelrachadell

Las cuatro libertades

En 1941, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, definió como objetivo de ese país cuatro libertades: libertad de expresión, libertad de culto, libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo.

En Venezuela se carece de libertad de expresión. Vivimos la salida del aire de Radio Caracas Televisión, sabemos de las radios innumerables que han clausurado, los periódicos cerrados por falta de papel o perseguidos como El Nacional, los medios que han sido comprados para cambiar su línea editorial a favor del gobierno, los periodistas muertos y los que han vivido o viven la prisión. La persecución de los políticos es parte de ese ataque a las voces que expresan sus ideas. Acceder a la información es parte de las dificultades a las que nos enfrentamos por el bloqueo a las páginas web que el régimen considera peligrosas por mostrar lo que pasa en el país.

La libertad de culto es atacada, me consta que hostigan a la Iglesia Católica; dificultan la movilización de sus clérigos, y a los sacerdotes extranjeros les demoran la tramitación de sus visas, se las niegan o la renovación nunca se procesa; suspenden o sabotean los oficios religiosos; y disminuyeron los aportes económicos a la Iglesia y a instituciones como la Asociación Venezolana de Educación Católica “AVEC” o Fe y Alegría. Al cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, le impiden ser arzobispo de esa ciudad, Nicolás objetó esa designación de la Santa Sede basado en el concordato de 1964. Chávez insultó a sus máximos representantes y utilizan los medios de comunicación para atacarlos de manera personal. A los judíos también los agredieron.

De la libertad de vivir sin penurias también se podría escribir mucho, por ejemplo, el proceso de vacunación a la población, el cual ha tenido varios contratiempos. El primero es la convocatoria desordenada, invitaron a distintas horas y los números los entregaban muy temprano en los centros previstos, la gente llegaba y perdía el viaje. Segundo, el gobierno nunca explicó el criterio para vacunar, si alguna vez los estableció, por lo que el mensaje les llegó a personas de diferentes edades, sin considerar que los pacientes de tercera edad son los de alto riesgo; y tercero que al principio vacunaban a todos los que se presentaban para, luego, restringir el privilegio a los que recibieron la comunicación, dejando por fuera del beneficio a miles de angustiados venezolanos sin respuesta. Todo esto ha ocasionado un gran malestar al discriminar entre los que tienen carnet, teléfono y posibilidad de trasladarse de madrugada, o aquellos con enfermedades de base que necesitan protegerse. Tampoco hay garantía de que podrán colocarse la segunda dosis a las tres semanas, como lo ofrecieron.

Esta falta de políticas transparentes de salud es a las que se refiere el embajador James Story cuando expresa que apoya un esfuerzo sólido de vacunación. Lo que se lee entre líneas es que tal esfuerzo está ausente. Hay desorden y discriminación, sin embargo, algunos tuvieron la fortuna de vacunarse, luego de burlar las medidas injustas, ilegales y caprichosas del chavismo.

Esta libertad de vivir sin miseria está muy lejos de ser superada mientras sigamos con estos gobernantes inescrupulosos que se roban todo lo que pueden, les regalan a otros países lo que necesitamos y nos impiden tener una vida saludable.

La cuarta libertad en la libertad de vivir sin miedo, se manifiesta en nuestro país en el temor a salir a la calle de noche, a ciertas zonas, a tener que entenderse con policías o soldados en alcabalas, todos tan peligrosos y criminales como el Coqui, los fiscales del Ministerio Público o los funcionarios del Saime, ya que tienen el poder de llevarle preso, extorsionarlo, impedir que pueda viajar o de pegarle un tiro y que nadie averigüe. Es malo generalizar, pero es peor ser cómplice de lo que ejecutan sus compañeros, el voltear la vista a otro lado a sabiendas del perjuicio que están ocasionando. Ser honesto es insuficiente si saben el daño que provocan a los demás. En Venezuela, los pequeños empresarios pierden su inversión por la opinión desfavorable del alcalde de turno, los inmuebles son invadidos y los propietarios se resignan ante la inoperancia de las instituciones, la resolución de los conflictos escapa a la jurisdicción del Estado por la aprensión a los costos ocultos de los juicios. Hay pánico a la represión de las protestas por el incumplimiento o la ausencia de los servicios públicos o a las manifestaciones opositoras. Millones de venezolanos se han ido por el pavor a la falta de alimentos, gracias al socialismo del siglo XXI.

Para Roosevelt, estas eran las libertades por las que valía la pena luchar y lograr un mejor mundo, deseamos estas libertades para luchar por una vida digna, esa que es difícil disfrutar en Venezuela.

Hay que ser bruto, obediente, desalmado, disciplinado y corrupto para ser cómplice de esta burla diaria al pueblo venezolano. Aquellos que detentan el poder se aprovechan de las armas para imponer su voluntad malhadada. Por mi parte, le recuerdo a la humanidad que Venezuela es una porción de ese mundo que hay que arreglar.

@rangelrachadell

Dinamitando el diálogo

 

Este gobierno dice que quiere diálogo con la oposición sin dar ninguna muestra de ceder o facilitar la vida de los venezolanos. Indispuesto como siempre para manifestar su apego a la democracia se opone a devolver los partidos políticos a sus legítimas autoridades. La reciente sentencia que favorece a la facción progobierno de Acción Democrática designada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es una de las medidas que elevan el listón a superar de efectuarse algún encuentro entre las partes.

Guaidó ofreció la flexibilización gradual de las sanciones económicas si se convoca a todas las elecciones pendientes, en particular la de presidente de la República. Sin embargo, Nicolás envió al psiquiatra a decirle a la oposición que debe reconocer unos supuestos crímenes contra el pueblo venezolano, y entregar Citgo y Monómeros. Estas dos empresas las quieren recuperar sin ceder nada a cambio, y este reclamo es la mejor demostración del dolor que les ha ocasionado su pérdida.

El otro que dinamita la posibilidad de diálogo es Diosdado, cuando dijo que las sanciones del gobierno americano le eran indiferentes y que tampoco va a entregar los partidos políticos. Esto lo expresó sin considerar a los miembros del régimen que sí quieren que levanten los impedimentos para negociar con otras empresas y países.

El gobierno chavista dice que quiere dialogar enviando mensajes descalificando al opositor, un estilo vulgar que poco ayuda si tuvieran un deseo sincero de resolver las condiciones económicas que han creado. Los americanos negociaron en París mientras en Vietnam se lanzaban bombas y ataques mutuos, esa fue una guerra distinta a la que tiene el chavismo contra los venezolanos, la de aquí está por declararse. Nicolás y sus compañeros reconocen que buscan negociar porque se quedaron sin dinero, sin apoyo económico y temen una explosión social de un momento a otro, por eso es que piden que les devuelvan las mencionadas empresas.

Lo lamentable de este llamado a diálogo es que convocan a unas elecciones con fecha fija y, como dicen los abogados: el día interpela al hombre. El término de caducidad genera angustia en las bases políticas de los partidos, presiona para que se resuelva el mecanismo de participación y saber con cuál de las autoridades internas se debe negociar, con las directivas ad hoc, conocidos alacranes, o con las legítimas directivas. La estrategia chavista apremia a una solución inmediata, a que la oposición tenga que aceptar las condiciones que se les imponga, so pena de quedarse fuera del juego electoral.

El gobierno presume que podrá dividir a la oposición entre los que quieren intervenir a cualquier costo y los que saben que ese camino es equivocado en la búsqueda de mejorar nuestra sociedad; aunque hay otras consideraciones. Por ejemplo, en los comicios para elegir alcalde en 2017, Elías Sayegh, militante de Primero Justicia, cuyo partido decidió abstenerse en esa convocatoria, participó como candidato a alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, candidateado por Independientes por el Progreso (IPP) y una organización regional Por Amor a los Pueblos (PAP). IPP fue ilegalizado por decisión del Consejo Nacional Electoral, al abstenerse de presentar candidato en la fraudulenta elección presidencial de 2018. Los habitantes de El Hatillo pueden considerar que es mejor tener cualquier alcalde menos uno chavista, sin que les preocupe que lo postulen por una organización política distinta a la que militó.

En esta circunstancia, la de participar con partidos distintos a los que, en condiciones de normalidad institucional, los hubiera propuesto, también se encuentran los alcaldes Darwin González (Baruta) y Gustavo Duque (Chacao), ambos del estado Miranda. La diferencia entre 2017 y 2021 es que hoy todas las organizaciones políticas están intervenidas por el chavismo, tienen directivas afines al régimen y postularán a los que les permitan las altas autoridades del PSUV o a los que paguen el peaje respectivo de compra de tarjeta. Dicen que tienen habilitados puntos de venta para pasar las tarjetas de débito.

Estimo que en las condiciones actuales la oposición debe mantener la ilegitimad electoral del gobierno en los comicios convocados para finales de año, ello por cuanto, ninguna estrategia de poder se puede definir sin la libertad de postular a sus candidatos. Es un sinsentido sumar adeptos a favor de unos dirigentes afines al chavismo, que les deben sus cargos a una sentencia en procesos en los que sus contrapartes nunca tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.

Quienes piensan que un Consejo Nacional Electoral medianamente imparcial es suficiente garantía para una democracia competitiva se olvidan de que este órgano es una parte del proceso electoral. La libertad de postular, más otros requisitos y un mínimo de transparencia, es necesaria para considerar participar en los comicios convocados. Si el pastel está envenenado pierde trascendencia cómo el CNE lo decore.

Nadie sabe con la sed que otros beben ni con el hambre que comen.

@rangelrachadell

Órganos y funcionarios inútiles

 

Hace 15 días comentaba la penúltima pretensión de obligar a los ciudadanos, a las asociaciones civiles y a las empresas a entregar información privada sobre su funcionamiento y de las personas con quienes se relacionaban, pero fue suspendido al poco tiempo (lo llamaron Cesppa). Ahora pasó igual con la normativa para el Registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ruso-Oncdoft), se publicó el 30 de marzo de 2021 y se reimprimió el 29 de abril siguiente, casi un mes de vigencia. En ambos casos, corregir por errores materiales la impresión anterior es una excusa; solo que en el Cesppa eliminaron todas las normas de contenido inconstitucional e ilegal, mientras la última regulación quedó vigente siendo contraria a derecho.

En la reimpresión incompleta de la Ruso-Oncdoft, porque la original tuvo 18 artículos y la del 29 de abril solo 8, debieron reimprimir toda la corrección o, para variar, tuvieron que retirar el desaguisado de manera atropellada. Cambiaron la exposición de motivos agregando un numeral relacionado con las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo cual nada mejora la ilegal fundamentación. Eliminaron la obligación de entregar la identificación de los beneficiarios de las mencionadas organizaciones, y el plazo de treinta días para inscribirse. Desapareció la referencia a las sanciones por el incumplimiento por parte de los sujetos obligados previstos en la legislación, como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que contempla duras penas de prisión; así como la evaluación de los recaudos; la entrega del certificado que emitirían; y la actualización en caso de cambios en los datos entregados.

Ya comenté que esta providencia administrativa fue dictada por un funcionario incompetente y que quebranta expresas garantías constitucionales; por ejemplo, el respeto a la vida privada, la cual sabemos es inexistente en los gobiernos comunistas. La publicación incompleta de la mencionada normativa es el reconocimiento por parte del Estado de la locura que cometieron, de la insensatez y de la ignorancia de los redactores.

También, este comportamiento del Estado es evidencia de lo susceptible que se encuentra el gobierno ante la presión social, la opinión de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y la necesidad de disminuir las fuentes de conflicto. Podría estar enmarcada en los reconocimientos recientes de asesinatos de opositores que tanto negaron en el pasado, aunque falta reconocer otros muertos y desapariciones, es decir, de la política de eliminación de adversarios que viene practicando directamente o por medio de sus grupos paramilitares. Por si fuera poco, relacionada con la designación de unos rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se sospecha que las sanciones económicas impulsan estas medidas, pues les duele en el bolsillo.

A los nuevos rectores es difícil considerarlos útiles para resolver la crisis de legitimidad que tiene el chavismo, ya que son incompetentes para reintegrar en los partidos políticos intervenidos desde 2015 a sus legítimas autoridades, porque le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; tampoco tienen atribuciones para liberar a los presos políticos o revocar los juicios e investigaciones con los que obligaron a exiliarse a diputados. En el pasado hemos tenido varios CNE prochavistas, así que podemos contar con los recién designados para que cumplan con lo mismo de siempre en materia de elecciones, organizar unos procesos muy bonitos en los que impedirían tomar parte a los representantes legítimos de la oposición. Estos rectores podrían autorizar el uso de una tarjeta única opositora y permitir la observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunos pronunciamientos a favor de la democracia real serían esperanzadores.

La semana pasada escuché al exrector y vicepresidente del CNE Rafael Simón Jiménez en un programa de radio. Este renunció al poco tiempo de su designación dizque porque se sentía con una camisa de fuerza en el cargo porque desde ahí no podía opinar. De la entrevista mencionada, entendí que estaba atado de manos, el organismo capturado por personal afín al gobierno; y que le fue imposible designar a funcionarios de confianza. De no poder designar a su personal estaría sin presupuesto ni nómina; y sus órdenes serían ejecutadas por afectos al chavismo –vaya usted a saber qué harían–; todo muy lamentable para él. En estas mismas condiciones se encuentran los nuevos rectores.

La dictadura sigue sin gobernar ni ser aceptada, con políticas torpes, implementando soluciones que son laberintos sin salida; sin embargo, estos chavistas piden que confiemos en ellos, aunque no ceden en nada fundamental. Una vez que cambien las condiciones saldremos de esta caquexia política y económica; mientras tanto siguen muriendo venezolanos esperando el cese de la usurpación.

@rangelrachadell

Nos quieren vigilados

El 7 de octubre de 2013, el gobierno de Nicolás creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), y a los pocos días publicaron una corrección por error material en el que desaparecían las abusivas e inconstitucionales exigencias de información a organizaciones de la sociedad. Ahora vuelven a la carga con la providencia administrativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT). Despertaron al moderno Prometeo de Frankenstein en materia de seguridad y defensa. Esta regulación es un desesperado intento de los militares de controlar todo.

En aquella oportunidad, la información que podía obtener el CESSPA fue sobre toda materia que se considere “amenazas a los intereses nacionales” o que sea de “Interés estratégico con alto valor agregado” o “sobre la situación actual en cualquier aspecto de interés nacional”, por lo que no estaba limitada a la búsqueda de información relacionada con la seguridad y defensa de la nación, definiendo un Estado Vigilante o Estado Totalitario.

La justificación de la RUSO-ONCDOFT es la “prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia”, de los “sujetos obligados” que enumera la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (LOCDOFT), solo que la providencia administrativa parte de un falso supuesto sobre las competencias de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La enumeración de los sujetos objeto de control que trae la mencionada ley es un exabrupto, todos somos objeto de la vigilancia del Estado.

La LOCDOFT considera que son objeto de control los “sujetos obligados”, y de manera extensiva, enuncia que estos son todas las personas naturales o jurídicas reguladas por las leyes de los sectores bancario, asegurador, valores, bingos y casinos; las que se dediquen al cambio de divisas; todas las fundaciones, todas las asociaciones civiles, todas las organizaciones sin fines de lucro (sin distinción); los partidos políticos, así como cualquier grupo electoral; las oficinas subalternas de registros públicos y las notarías públicas. También incluyen a los abogados, administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de la profesión, cuando lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a la compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. Entre los tantos disparates consideran que si un abogado redacta un contrato de compra de un apartamento ya es sujeto sometido al control.

La Ley continúa con las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de bienes raíces (se refiere a todos los corredores de inmuebles); construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas -me imagino que incluyen a los constructores de ranchos-, oficinas, entre otros); comercio de metales y piedras preciosas; comercio de objetos de arte o arqueología; marina mercante; servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; servicios de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes; las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres; los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados; los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados; y cualquier otro que mediante ley o decreto que determine el órgano de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectivo. En el supuesto que se les haya olvidado alguna persona o actividad, dejaron abierta la posibilidad de agregar a quien quieran mediante ley o decreto, aunque por esta última vía es discutible, ya que los ciudadanos en una democracia deberíamos poder hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. Estos genios prohíben todo, nos someten a registro y al que ellos quieran multan, encarcelan o destruyen su actividad económica.

La reciente normativa exige que todas las personas mencionadas deben llevar sus papeles para que le otorguen un certificado de cumplimiento; y supuestamente excluye a las personas que tengan un ente de control, ya que los órganos y entes de control, a su vez, deben remitir al órgano rector la información de sus “sujetos obligados” registrados o en proceso de registro.

Esta injerencia arbitraria y abusiva a la vida privada de las personas y a la información de las empresas presume culpable a los sometidos a registro antes de la ocurrencia de un acto en contra del gobierno, los considera delincuentes y los somete a la supervigilancia del Estado. Pero cometen un error de lectura de las atribuciones previstas en la ley.

La LOCDOFT no incluye entre los órganos de control a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El artículo 7 establece que esta función la tienen el Consejo Nacional Electoral; los ministerios de relaciones interiores, petróleo y minería; energía eléctrica; planificación y finanzas; turismo, ciencia y tecnología, industrias y comercio; la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles; el Banco Central de Venezuela; las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario, de la actividad aseguradora y de Valores; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

El artículo 8 les otorga obligaciones a los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7, entre ellas las de establecer un registro actualizado de los “sujetos obligados” respectivos, con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control (numeral 12 del artículo 8). Es decir, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no es uno de los órganos de control al que la ley le otorga facultades de registro, es más, entre las competencias de la Oficina no se estableció la función de registro sobre los “sujetos obligados”, ya que se la entregó a los órganos y entes de control previstos en el artículo 8; por esta razón es que la normativa analizada es ilegal.

Para aclarar cualquier duda, la LOCDOFT establece que la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, así como de la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional en esta materia (artículo 5), y tiene las siguientes expresas atribuciones (artículo 6) que voy a simplificar por razones de espacio: Coordinar operaciones; diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control; recibir, procesar y difundir información; diseñar políticas públicas; diseñar programas de adiestramiento y capacitación; mantener intercambio de información; asesorar técnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores y coordinar, conjuntamente con ese ministerio los convenios, tratados y demás instrumentos internacionales de cooperación, y representar a la República en el exterior; elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Sin embargo, alguien podría pensar que esta última atribución faculta al director de esa Oficina para dictar la normativa de obligatorio registro, pero no es así. Los registros que debe elaborar y mantener esa oficina son para el desarrollo de sus atribuciones enumeradas en el párrafo anterior, en el que su control es sobre los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7 de la LOCDOFT.

Le corresponde a la tantas veces mencionada Oficina pedirle a los entes y órganos de control la información de los sujetos que deben controlar. En la LOCDOFT se crea la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera con la misma facultad genérica de elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones (numeral 4 del artículo 25), y no está contemplado que registre a todos los “sujetos obligados”.

Queda un punto que el redactor de la norma parece desconocer, y es que los “sujetos obligados” a registrarse son solo aquellos sometidos a un órgano o ente de control, de conformidad con esa Ley (definido así en el numeral 21 del artículo 4); sin embargo, por la LOCDOFT, entre las obligaciones previstas en esa Ley no está el registrarse ante ningún órgano, esa es una exigencia de cada ley que regula una actividad a la que el Estado le interesa crear un registro. La mencionada providencia administrativa viola la garantía constitucional sobre limitación de derechos solo por ley. En el artículo 10, se establece que deben conservar la información de sus clientes durante un período mínimo de cinco años, y los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con éstos, así como los documentos exigidos para su identificación; en otros artículos hay obligaciones de procedimientos internos, investigación, confidencialidad y legitimación de capitales.

En conclusión, a los “sujetos obligados” los constriñe la ley a lo que ella establece, no a lo que se le ocurre a un director. En ninguna parte de la ley los somete al registro de sus actividades y menos de la manera tan amplia que pretende la providencia administrativa que crea el RUSO-ONCDOFT.

Los gobiernos totalitarios buscan el control social mediante el sometimiento del ser humano a condiciones, exigencias, procedimientos y sanciones exageradas, inútiles e innecesarias. Qué mejor ejemplo que el socialismo del siglo XXI.

@rangelrachadell

Propiedad en riesgo

En nuestro país sin ley, más propiamente, en el que la ley es manipulada por el gobierno para perjudicar a los opositores y atacar a los que tienen algo de dinero y extorsionarlos, no hay manera de defenderse.

La ausencia del Estado; sobre todo de sus funciones principales como es la administración de los conflictos, el monopolio de la violencia y el respeto de la propiedad, incluyendo en esta la protección de los ahorros y del valor del trabajo; genera actitudes de autodefensa, búsqueda de soluciones por caminos extraoficiales y el uso de la fuerza, ya que los gobernantes declinaron sus obligaciones en perjuicio del mismo ciudadano, sea pobre o rico.

Les hablo con conocimiento de causa, si le invaden un terreno, una casa o un apartamento no hay quien los defienda, no existe alcaldía, tribunal ni organismo público que decida y lo proteja. Nadie trabaja y la pandemia es la actual excusa. En el supuesto que su propiedad colinde con un barrio, menos lo van a ayudar porque desconfían de los invasores. Tienen miedo a perder votos y a que les den unos golpes por tratar de poner orden. Sin embargo, la autoridad, guapa y apoyada, no teme a los sacerdotes, les cierra los templos y con suerte dejan comulgar a los católicos, pero a los invasores o a las fiestas en los barrios ni con el pétalo de una rosa. Por ejemplo, el municipio Sucre del estado Miranda.

Ese mismo Estado que perjudica a los ciudadanos al prestarle de manera deficiente los servicios públicos de electricidad, recolección de basura, agua potable y valor de la moneda, persigue a quienes deben acudir a las oficinas de ingeniería municipal a tramitar los permisos obligatorios para cualquier construcción, siempre y cuando estén ubicados en una urbanización. Los barrios son tierra de nadie, tienen una organización dependiente del matón de turno o del consejo comunal que reparte las dádivas del gobierno, inútiles para poner orden en las rencillas, la música en excesivo volumen o la recogida de los deshechos. Este desgobierno nos pone en peligro a todos, sin diferencia de grupo social o condición económica, lo que procura es que peleemos y se solaza en el conflicto de las comunidades.

Las policías municipales, a veces, atienden las denuncias de construcción del piso superior de una casa o de otra cocina (esto último define si la vivienda es unifamiliar o multifamiliar). Sin embargo, en esta época de penurias causadas por el socialismo del siglo XXI, algunos dueños de apartamentos y casas dividen su residencia para que vivan sus hijos o para evitar conflictos con otros familiares, también derriban paredes para acceder a áreas comunes y extender su espacio vital, así afecte la fachada. Desconozco el criterio de las alcaldías para decidir los casos, aunque el silencio y el abstenerse de cumplir con el mandato legal suele ser la posición oficiosa. Parece que la lástima es un elemento esencial para obviar sancionar al pobrecito con problemas. Conciben la humildad como factor fundamental para proteger al infractor frente al que obtuvo con su esfuerzo la propiedad de un terreno. Otro argumento es el provecho del bien, no importa de quien sea, si no tiene utilidad o uso directo para el dueño puede ser dispuesto por el desvalido que justifique una necesidad perentoria, sin contraprestación.

La inflación desbocada y la desesperanza de una mejora mediante un cambio de gobierno ha llevado a que las viviendas pierdan valor, esa misma que durante años fue el reflejo del ahorro del pueblo. Los venezolanos dedicamos nuestro capital a mejorar la casa, arreglamos todo lo que podemos con la esperanza de venderla para adquirir una mejor, tal vez más grande, de mayor calidad o ubicada en una zona sin violencia. Esta ilusión no es solo de los pobres, la clase media que se ha ido al extranjero no quiere vender su casa o apartamento hasta conseguir mejores precios, a menos que una emergencia los obligue. Lo malo es que enfermedades como el covid-19 exigen mucho dinero para los que no están asegurados o les tienen terror a los hospitales públicos, y la liquidación de ese bien es la única opción. Lo peor, la herencia de los que fallecen ayuda muy poco a los deudos en un país en los que los bienes valen una miseria. Para colmo de males, el Seniat mantiene los lapsos para las declaraciones sucesorales y los demás actos relacionados con los tributos, sin importar que se declare semana restringida o flexible. Cuente con su multa por incumplir el procedimiento, esa es segura.

Si cobra alquileres por su propiedad también está en riesgo, pues extendieron un nefasto decreto que difiere el pago de los cánones de arrendamiento. El gobierno debería implementar unas políticas de ayuda como las de los gringos, darle dinero a la gente para que cumpla con sus deberes, no decirles que son libres de mantenerse insolventes, invadir, cogerse lo que no es de ellos e irrespetar lo ajeno.

@rangelrachadell

Venezuela sin Constitución

El revolucionario opositor

José Brito, flamante diputado seudoopositor a la Asamblea Nacional, pidió investigar a representantes de la oposición y a sus esposas. Bajo el eufemismo de llamarlas a declarar, quiere someter a interrogatorio a las cónyuges para que respondan lo que saben de los supuestos daños patrimoniales ocasionados por sus esposos.

Aunque pueda considerar al diputado un tonto útil del gobierno cuya propuesta es una miserable

desfachatez, se debe reflexionar sobre esta cobarde petición, ya que es una manifestación de la catadura moral de la revolución que nos gobierna. Se puede especular lo que usted quiera de esa declaración, pero lo que es evidente es que, en representación del régimen, fue una gentil invitación a los opositores a que se exilien con sus respectivas esposas.

Ya Guaidó calificó la convocatoria de “terror de Estado”, siendo mejor denominar a esta acción política impura como “Terror revolucionario”. Brito, al ser diputado a sueldo, está fuera del Poder Ejecutivo, pero no de la revolución. Este hecho es muy grave, ya que es la primera vez en la historia de Venezuela que se plantea hostigar a las esposas de los opositores, otra originalidad del socialismo del siglo XXI. Después perseguirán a los hijos, las abuelas, los hermanos, los tíos, los sobrinos y los primos. Póngase en la cola.

Fíjese que no se califica la declaración como terrorismo, pues esa palabra define a un delito previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y en el Código Penal, y ambas regulaciones establecen penas distintas. Es curioso que la mencionada ley sancione con hasta treinta años de prisión al “terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas”, siendo esta la pena máxima a la que puede ser sancionada cualquiera en nuestro país, límite que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Diccionario de la Real Academia Española define al terrorismo: 1. Dominación por el terror. 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 3. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. La mencionada declaración de Brito se parece pero no es exacta, porque convocar a mujeres por su condición de esposas implica que se les considera cómplices en los supuestos delitos en los que hayan podido incurrir sus cónyuges. Esto no ocasionaría miedo a la población, solo a las afectadas.

Una de las consecuencias de provocar miedo es que este paraliza o provoca reacciones erradas, limita la libertad de pensamiento y de expresión, eso lo podrán lograr; sin embargo, estoy convencido de que la amenaza de obligarlas a comparecer es una violación de los derechos humanos de las señoras en cuestión, entre otras: la presunción de inocencia y el derecho de abstenerse de deponer en causa propia o de familiares cercanos. Así lo expresa el numeral quinto del artículo 49 de la Constitución, que expresa: Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Obligar a las esposas a comparecer para que declaren ante una comisión de la Asamblea Nacional también se puede considerar un acto de violencia psicológica para provocar miedo en las féminas por su condición de consortes. Esto último podría estar previsto en alguno de los supuestos de violencia de género contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que faltó en la declaración del legislador para considerarlo un terrorista es la actuación criminal de bandas organizadas, criterio que no cumple el Poder Legislativo ni el diputado porque son unos desorganizados.

Entendería que este personaje quiera servirse de su posición de funcionario para aprovecharse del Estado, lo que es difícil de explicar es que se preste al papel de verdugo de sus excompañeros. Eso de ser más revolucionario que los revolucionarios es como “ser más papista que el papa”. En definitiva, es extraño que habiendo otros representantes que pueden amenazar con mayor credibilidad que él, lo utilicen de muchacho de los mandados. Hace poco, una diputada del gobierno se ha divertido lanzando amenazas a diestra y siniestra, por lo que sería menos desagradable que una mujer amenace a otras mujeres, pero que lo haga un hombre es una falta de estilo o un típico comportamiento chavista de mal gusto.

Esta amenaza a la dignidad y seguridad de las esposas de los opositores es un ataque directo a los partidos políticos por que busca la destrucción de la alternativa democrática y es una demostración de la falta de compromiso del gobierno con las garantías civiles y políticas de los venezolanos. Estamos en presencia de la aplicación de la teoría de Vyshinski, quien en la Unión Soviética consideró a la ley criminal como una herramienta de la lucha de clases.

@rangelrachadell