Analytics

26 noviembre 2019

Los impresentables

La política venezolana tiene de todo, encontramos un gobierno que habla de paz y no protege a los ciudadanos, los expulsa del país con sus desastrosas políticas. Los militares no protegen a la Patria de las malas influencias extranjeras, no combaten la expoliación de sus recursos por Cuba y están en todos los negocios. Hay sindicatos que no pelean por reivindicaciones. Por otra parte, una oposición que se aferra a la esperanza de convencer a las fuerzas armadas que cambien de bando, ya que la solución electoral se ve remota en esta autocracia. También, existen dos tipos de rebeldía dentro de la oposición, una que pide ser más radical sin emprender nada ella misma y la que se hace llamar oposición y se reúne con Maduro para lavarle la cara; ambas representan el pensamiento de pequeñas minorías.
Los disparatados seudo opositores son Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Felipe Mujica que constituyeron junto a Maduro la Mesa Nacional por Venezuela, y se dice que los acompaña Eduardo Fernández por medio de su hijo Perucho, para ofrecer una alternativa de salida a la crisis que nos agobia. Hablan de libertad de los presos políticos, promesa que se desinfló al no poder lograr la excarcelación de diputados con inmunidad parlamentaria, aunque hay secuestrados con más tiempo y mayores sufrimientos quienes nunca debieron ser detenidos si esto que vivimos fuera una democracia. El regreso del PSUV a la Asamblea Nacional no es un logro de ellos, es la estrategia de Maduro para dar una apariencia de funcionamiento institucional. El nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, acordado con el gobierno, es otro de los supuestos logros-promesas de la mediación de estos impresentables, camino que está lejos de ser transitado sin trapisondas.
Los dirigentes que se reúnen con el gobierno plantean una representación proporcional en el CNE, cuando la Constitución expresa en el artículo 296 que ese Poder estará integrado por cinco rectores no vinculados a organizaciones con fines políticos. Es decir, el CNE debe conformarse con ciudadanos fuera de la estructura de los partidos o cuotas de estos, y mucho menos que se mantenga ninguno de los actuales miembros. No me imagino a Tibisay promoviendo la confianza en el voto como instrumento para manifestar y respetar la voluntad de los electores. Lo que se necesita en esos cargos son personas que se comprometan a cumplir la Constitución y las leyes, limiten la discrecionalidad del órgano electoral, sin cambios de reglas a medida que favorezca a los salteadores del presupuesto nacional, con acceso total a la información que se procesa y que protejan el derecho a la participación de los venezolanos.
Este grupo de colaboracionistas no habla de elecciones presidenciales, ya que consideran justas, válidas y legales aquellas en las que se eliminaron los partidos políticos que tenían derecho a participar y se inhabilitaron a eventuales candidatos. No quieren revisar los desafueros del pasado, se concentran en el futuro electoral que les permita convertirse en la nueva oposición.
Un ministro habló de la Mesa Complementaria Electoral conformada por partidos minoritarios. Me imagino que quiere decir complementaria al PSUV. El funcionario informa que se está discutiendo la representación proporcional de diputados en el Parlamento. Esa misma que eliminó el gobierno gracias a la mayoría que tenía en la Asamblea Nacional al aprobar la Ley Orgánica de Procesos Electorales en 2009, por la que se estableció un sistema electoral que lleva a la existencia de solo dos partidos e impide la presencia de distintas manifestaciones de la sociedad.
Ha sido política del gobierno, desde sus inicios, eliminar la proporcionalidad. Lo dijo la Sala Electoral, cuando decidió el recurso de interpretación interpuesto por Luis Manuel Esculpi y José Gómez Febres, directivos de la organización política Izquierda Democrática. En ese pronunciamiento expuso que en la Asamblea Nacional solo puede existir “la representación de cada entidad federal y la representación de las minorías, este último elemento referido exclusivamente a la participación protagónica de los pueblos indígenas”. Según el TSJ, la única minoría son los indígenas. Sentencia de la Sala Electoral Nº 17, 14-03-2000.
El gobierno ha insistido, a través de su órgano judicial el TSJ, en un concepto que va en contra vía de la representación proporcional y no existe en la Constitución, lo llaman democracia directa, una especie de asambleísmo tumultuario que decide todo lo concerniente a la vida en sociedad. Inventaron que hay dos maneras de ejercer la soberanía que reside en el pueblo, una es la democracia indirecta ejercida por medio del sufragio y la otra la democracia directa que supone “la organización de grupos humanos según su especialidad laboral, profesional, su condición social, la necesidad de su especifidad étnica o cultural o la especial protección que requiere una discapacidad física, motora o etaria”, para evitar que los derechos se “pierdan” en la masa. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 470, 27-06-2017.
Este criterio de los sectores fue el aplicado en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y fue ratificado en la orden de realizar elecciones en la Universidad Central de Venezuela de agosto de 2019. Olvídense de la representación proporcional y menos de las minorías. Lo que quiere el gobierno es todo el poder para las comunas, divididas en parcelas y controlar cualquier participación.
Los impresentables le están haciendo el juego al gobierno, y son grandecitos para que los tomen por inocentes.
@rangelrachadell

12 noviembre 2019

Informe de la OEA y las computadoras

El Informe de Hallazgos Preliminares del Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia por los comicios del 20 de octubre de 2019, efectuado por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, revela las irregularidades encontradas.


Lo primero que hay que aclarar es que en Venezuela no hay observación electoral por parte de ningún órgano internacional desde 2006, cuando el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, firmó en Caracas el acuerdo de observación electoral con la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Lo segundo es que en Bolivia ha actuado la OEA dirigida por el secretario general, Luis Almagro Lemes, lo cual demuestra el compromiso por la democracia del continente. No hay que dejar de lado que el doctor Gustavo Tarre Briceño es el embajador designado por la Asamblea Nacional como representante permanente de Venezuela.


Al día siguiente de las elecciones en Bolivia, la Misión de Observación Electoral de la OEA llamó a que se respetara la voluntad de la ciudadanía; testificó la inequidad evidente entre las candidaturas; manifestó su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas; señaló que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (órgano que hace las elecciones) generó pérdida de confianza en el proceso electoral; instó a la autoridad electoral a que defendiera decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias de manera ágil y transparente; y pidió que se mantuviera la calma y se evitara cualquier forma de violencia en esa delicada situación, para que los cómputos departamentales se desarrollaran con normalidad y sin interrupciones y con garantías para los observadores y el personal electoral. Como punto final, expresaron que mantenían la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegara a la voluntad de los electores manifestada en las urnas.


La Misión Electoral, el día 6 de noviembre, condenó los actos de violencia; mostró preocupación por la abundante información falsa que circula en las redes sociales, incluida aquella que busca dañar la reputación de la auditoría y sus técnicos; y aseveró que se mantendría en Bolivia hasta que concluya el análisis de integridad electoral sobre los comicios del pasado 20 de octubre que efectúa el equipo técnico de la Secretaría General de la OEA.


Me voy a concentrar en una sola de las irregularidades a las que se refiere el Informe de Hallazgos Preliminares de las Elecciones de Bolivia, de fecha 10 de noviembre, una como la que declaró la empresa Smartmatic el 6 de marzo de 2018, cuando dijo que el CNE había anunciado resultados diferentes a los reflejados por el sistema de votación durante las elecciones a la asamblea nacional constituyente, que se había agregado de forma irregular más de 1 millón de votos y que no podía garantizar la integridad del sistema, ni podía certificar la exactitud de los resultados. En Bolivia, la Misión de Observación dice que hay un servidor (equipo de computación) que no se utilizó para el fin para el cual fue notificado. La auditoría de la OEA detectó que el flujo de la información de transcripción, tras la interrupción, fue redirigido a un servidor que no pertenecía a los previstos para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares en la nube, ni a los equipos físicos de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información. Sumado a esto, no era controlado por la empresa auditora, ni por funcionarios del Servicio de Registro Cívico ni técnicos de la DNTIC, sino por alguien externo. El mencionado equipo no figura en los informes que les entregó el tribunal y todos los actores omitieron su existencia hasta ser detectado por los auditores de la OEA. Relatan que el flujo de actas llegó al servidor principal del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares por dos vías diferentes que no estaban controladas por la empresa auditora y que se modificó el Protocolo de Internet (IP) a 350 equipos, en lugar de utilizar los servidores previstos, lo cual consideraron muy grave. El servidor de respaldo no tenía la misma cantidad de registros y no contaba con la misma información en sus bases de datos. Desde un servidor en una red vulnerada se estableció comunicación con la red del cómputo oficial para transferir datos. La conclusión fue: no es posible dar certeza de los resultados.


Recuerdo que la Misión de Estudio del Centro Carter recogió en su informe sobre las elecciones presidenciales de Venezuela del 14 de abril de 2013 que hubo denuncias acerca de una interrupción por más de 20 minutos del servicio de Internet de banda ancha de Cantv en el momento en que los centros de votación comenzaban a cerrar y el sistema empezaba a procesar los datos de votación. El CNE se defendió aseverando que las máquinas de votación encriptan la transmisión de los votos a través de una red segura y que, si bien la misma es operada por Cantv, funciona de forma independiente del servicio de Internet.


Cualquier parecido con la realidad es muy similar.


@rangelrachadell