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25 noviembre 2014

Paciencia política

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional

Hay en nuestro inconsciente colectivo un rasgo que se presenta de muy variadas maneras, y es la impaciencia.

He presenciado y vivido esa impaciencia; recuerdo un viaje a Tucacas en el estado Falcón, un primero de enero de 2002, en esa época la vía de Morón a Tucacas tenía un canal de ida y uno de vuelta, y hay que atravesar el pueblo de Boca de Aroa, un pequeño pueblo sin grandes pretensiones, pero ese día decidió protestar por la falta de luz cerrando la vía de acceso al pueblo, lo cual provocó largas colas; esas largas colas generaron que los conductores fueran en contra vía, buscando adelantar; otros se lanzaron a la verde grama creando cuatro canales que no existían, todos en el mismo sentido; la consecuencia fue una tranca por muchas horas. Todo se resolvió cuando un vehículo oficial fue abriéndose camino y permitió que lo vehículos que venían en sentido contrario pudieran pasar y destrancar el acceso a Boca de Aroa; esto fue una locura colectiva en la que caímos todos; nos faltó paciencia.

Esta manera de comportarse parece que está en nuestro genes conductuales; haga un experimento, visite la cantina de cualquier colegio a la hora del recreo, verá cómo se atropellan los estudiantes para comprar todos al mismo tiempo (suele ser más común con los estudiantes de los grados superiores); hacer una fila, una cola, es algo que vemos muy a menudo, pero si alguien hace presión, se colea, se genera un bululú, se rompe la fila y con un gran desespero todos tratan de llegar a la entrada. No tenemos paciencia.

En política nos pasa algo parecido; recuerdo la huelga general convocada el 2 de diciembre de 2002, la cual tuvo entre otros antecedentes el paquete de 49 decretos-leyes dictado en noviembre de ese mismo año; esa huelga no era indefinida; el 6 de diciembre de ese año, cuando el señor Gouveia mató a varias personas en la plaza Altamira, lo cambió todo; el deseo de acelerar los procesos políticos llevó a la dirigencia opositora –presionada por los radicales- a extender la huelga, lo cual fue un cambio de estrategia, y los resultados fueron desastrosos; lo que aprendimos fue que si tienes una estrategia debes atenerte a ella.

En el año 2005 la oposición, ante el temor de la verificación del voto –el miedo es un factor político, y nos dejamos llevar por nuestras emociones-, intentó crear una crisis institucional al retirarse de las elecciones a la Asamblea Nacional, se especuló que una Asamblea Nacional sin representación de la mitad del país no sería legítima, y que el gobierno tampoco sería legítimo; pero lo que se logró fue una Asamblea con la representación que le dieron los que votaron; le entregamos al gobierno una institución tan importante para nuestro país a cambio de una expectativa de crisis. Luego vimos cómo nos arrasaron con el poder que ejercieron en la Asamblea Nacional, nos jugamos un todo o nada y nos quedamos sin nada.

Lo que hemos buscado es que el gobierno cambie, mientras llega la oportunidad de cambiar al gobierno; siendo esos nuestros objetivos debemos definir una estrategia, no lo que se está haciendo ahora que es lanzarle ataques al gobierno como si fueran piedras, o efectuando un ataque con piedras como si con ello fuéramos a tumbar a un gobierno. Necesitamos un nuevo tipo de esfuerzo, algo tan contundente que derribe el muro ideológico, lástima que los referentes históricos se refieran a cambios materiales, no al mundo de las ideas. Constantinopla cayó cuando sus muros fueron derribados, y ese momento llegó cuando los atacantes turcos se presentaron con una nueva arma, el cañón; necesitamos novedad en las ideas, y tal vez en las caras; para presentarnos con fuerza en la mente de los ciudadanos que es donde se ganan las elecciones.

Pareciera que exigir libertades o libre empresa no fuera suficiente, que la lucha contra la corrupción sea una idea arrojadiza, que el irrespeto al otro encuentra indiferencia; ¿la mayoría de los ciudadanos es indolente por no interesarle esos temas? Me niego a pensar que los venezolanos seamos unas personas cómodas a las que no les interesa un país digno, un país en el que sus hijos puedan salir de noche, divertirse, estudiar, tener un empleo decente; sabemos que con el socialismo del siglo XXI eso no será posible, pero ¿dónde está esa gente que quiere ese futuro que no sale  a las calles? ¿Qué están esperando, un Mesías?

Esos mismos ciudadanos que querían salir de este gobierno a como diera lugar; que a solicitud de sus dirigentes se encerraron en sus casas durante casi dos meses durante la huelga de 2002, ahora son escépticos, pasaron de una impaciencia política a una dejadez política; los ciudadanos, el pueblo, tienen que ser actores de su destino, tienen que tener fe, tenemos que seguir insistiendo, ya despertaran, hay que tener paciencia.

Yo les aseguro que el tiempo del cambio está cerca, no sé si a vuelta de un mes o un año, pero esta gente que gobierna es tan torpe y tan deshonesta, que falta poco para que nos pongan a pasar hambre, y con hambre la gente no piensa ni agradece.


@rangelrachadell

11 noviembre 2014

Crisis institucional universitaria

Hoy no hablaré de la crisis económica. Esa es responsabilidad del gobierno por su política cambiaria y monetaria; la guerra económica no existe; la solución a la inflación y a la escasez la tienen ellos, pero no hacen nada.

Es inconcebible que el gobierno nos lleve a muchos tipos de crisis, pareciera que le interesa el caos, que la tranquilidad sea imposible, ya que provocan las crisis, las generan, las alimentan, por eso la pregunta que se hacen los venezolanos es ¿a qué juega el gobierno?

Les voy a poner un ejemplo: la crisis universitaria.

La Asamblea Nacional, ejerciendo la mayoría oficialista que tenía en ese momento, aprobó la Ley Orgánica de Educación el 13 de agosto de 2009, y dos días después, el 15 de agosto de 2009, fue promulgada por el Presidente y publicada en la Gaceta Oficial N° 5929 Extraordinaria de ese mismo día.

El artículo 203 de la Constitución establece que son leyes orgánicas las que así denomina la Constitución y las que reciban esta calificación por la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Educación no fue calificada como ley orgánica por la Constitución sino por la Asamblea Nacional, por lo que era necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 203, segundo aparte, de la Ley Fundamental: “Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá este carácter”.

El gobierno no cumplió con el procedimiento constitucional al aprobar la Ley Orgánica de Educación, no fue a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y, si eso no fuera suficiente, creó el escenario para la crisis institucional universitaria. Conforme al artículo 109 constitucional: “…Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno y funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”, y de un plumazo la Ley Orgánica de Educación les quitó a las universidades su autonomía, y la Sala Electoral les obliga a dictar un reglamento electoral, conforme a las pautas inconstitucionales de la Ley Orgánica de Educación, que establezca un régimen de elección distinto al previsto en la Constitución.

El 23 de diciembre de 2010, cuando todo el país estaba pendiente de las fiestas navideñas, la Asamblea Nacional que le tocaba entregar, aprobó la Ley de Educación Universitaria, la cual otorgó al gobierno la facultad de reglamentar la vida universitaria, pero esa ley nunca fue publicada en Gaceta Oficial, el Presidente decidió vetarla, no se atrevió a encender al país con una normativa inconstitucional, aunque decidieron aplicar la Ley Orgánica de Educación por otras vías, la judicial.

La Sala Electoral dictó la sentencia N° 104, el 10 de agosto de 2011, e impuso a la Universidad Central de Venezuela que “reforme y publique el Reglamento de Elecciones Universitarias de la Universidad, a fin de ajustar su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación y a las consideraciones emitidas por esta Sala”; la UCV no se sometió y, por ende, no dictó el reglamento al que se le estaba obligando; luego, la Sala Electoral mediante la sentencia N° 83, del 17 de mayo de 2012, impuso a la UCV (a la Rectora, los decanos, los representantes profesorales y a los representantes estudiantiles) una multa equivalente a doscientas unidades tributarias; menos mal que la Sala Constitucional, el 21 de mayo de 2012, en un acto de sindéresis ordenó “la suspensión de los efectos de la sentencia N° 83 dictada el 17 de mayo de 2012, por la Sala Electoral”; es decir, suspendió la multa, situación que no ha sido decidida hasta la fecha.

La Sala Electoral ha venido suspendiendo las elecciones de las universidades (la última fue la UNA), hasta tanto no se adecuen a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, independientemente de que la Ley de Universidades sigue vigente, que están en contradicción estas leyes, y que la Constitución establece unos derechos a favor de las universidades que la Ley Orgánica de Educación desconoce.

La crisis institucional explotará cuando las últimas autoridades universitarias electas se agoten, quieran renunciar o fallezcan, y entonces será cuando el gobierno procederá a designar a quien considere, sin democracia; y si cree que exagero recuerde que en materia gremial la Sala Constitucional intervino el Colegio de Abogados del Distrito Capital (antes Distrito Federal), designó directiva temporal y comisión electoral, que “tendrá a su cargo la organización del proceso electoral conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral” (sentencia del 14 de febrero de 2008); solo que la directiva temporal designada nunca pudo tomar posesión, y se ha mantenido la anterior. El CNE no ha autorizado las elecciones del Colegio de Abogados, tal vez esperando que a las actuales autoridades se las coma la tierra.

La solución es derogar la Ley Orgánica de Educación, o que la Sala Constitucional, como se le ha solicitado, declarare que esa ley es inconstitucional, para poder liberar a las universidades de la camisa de fuerza impuesta por la Sala Electoral; y para ello habrá que salir a la calle, de no hacerlo nos van a imponer a ideólogos que trabajarán por el comunismo del siglo XXI.

@rangelrachadell