Inventario de fuerzas

Dicen que la oposición política no tiene energías para enfrentarse a este gobierno corrupto; sin embargo, desde distintos sectores se sigue reivindicando un cambio. La política es como el mar, si observa la superficie, en la que todo se ve tranquilo, no se dan cuenta de que en las profundidades algo se mueve, hay una corriente marina opuesta, una resaca, un animal al acecho. En la vida suele haber movimientos de compensación.

Chávez se dedicó a destruir las fuerzas de la sociedad que podían dificultarle el control total que buscó para gobernar a su antojo; no lo logró, pero hizo importantes avances. Además, Maduro ha seguido su paso destructor. Hay formas de organización social que se pueden oponer al socialismo del siglo XXI:

Los partidos políticos han sido atacados de diferentes maneras. Los principales dirigentes están siendo perseguidos, presos o en el exilio para evitar detenciones arbitrarias. Enfrentan ataques a sus familiares, secuestro o cárcel de sus seguidores por los organismos de represión del Estado. Otra vía es la intervención de organizaciones con fines políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo a sus directivas electas e imponiendo a afectos al régimen, como fue el caso de Copei, en el que desconocieron a sus autoridades elegidas y favorecieron a afectos al gobierno. Igual pasó con el partido MIN Unidad.

Impusieron a los partidos condiciones inmorales no previstas en la Constitución ni las leyes, buscando convalidar las fraudulentas elecciones de Maduro en 2018, después de robarse el referéndum revocatorio de su mandato. Ilegalizar a la oposición para que no puedan postular, escogiendo una complaciente y a su medida. Las agrupaciones democráticas demuestran una falta de lealtad con el resto de los intervenidos o desconocidos, quieren surgir a expensas de los electores que apoyaban a otras organizaciones. Esta ausencia de nobleza les pasará factura, y serán ilegalizados en su oportunidad, cuando no puedan alquilarse a los intereses de la dictadura.

La Iglesia es atacada con insultos a sus representantes, se limita el visado para que ingresen seminaristas o sacerdotes católicos de otras nacionalidades y no se otorga el pasaporte al clérigo venezolano que quiera ir a estudiar, predicar o evangelizar. Los robos a las iglesias, ataques personales a obispos y a su familia, supuesta hampa común actuando en las parroquias. Sospecho que son grupos afectos al gobierno. Hasta la falta de dinero en efectivo conspira contra el buen accionar de la congregación y la economía de su feligresía.

Los sindicatos fueron debilitados desde el año 2000, por el control o el proceso de legitimación de los mismos que provocó que la cantidad de obreros sindicados sea exigua. El desconocimiento de la CTV, las trabas a los afiliados a esa central obrera, la creación de sindicatos afectos al gobierno, la existencia de cooperativas o de empresas de producción social (EPS) –que burlan el contrato de trabajo bajo la supuesta figura de socios–, la toma de compañías donde funcionaban gremios fuertes como el de Sidor, o la suspensión de la discusión de los contratos colectivos. El último acto de represión a los trabajadores fue la reconversión monetaria y el aumento del salario mínimo e igualitario, con lo que se desconoce la especialización, el mérito y los años de servicio. Todos cobran igual o serán despedidos. No debemos olvidar que hay dirigentes sindicales presos por oponerse a Maduro.

Los maestros y profesores se están yendo del país por las malas condiciones que ha impuesto Maduro a la sociedad venezolana, antes de eso ya Chávez había intentado en el año 2000 tomar control de la educación con el Decreto 1011, calcado del control cubano y de ideología comunista, muestra del sectarismo gubernamental del ex ministro Héctor Navarro. La consigna ¡Con mis hijos no te metas! nació de la oposición de esas medidas. Luego, fue la Ley Orgánica de Educación, dictada sin cumplir el procedimiento constitucional para ese tipo de leyes, o la Ley de Universidades, que tuvo que dejar sin efecto por las protestas estudiantiles.

Las alcaldías son tomadas mediante elecciones sin partidos políticos con verdadera vocación democrática, y con el Consejo Nacional Electoral cambiando votantes de centros de votación, sin participar que cierra esos sitios para que no puedan ejercer su voto los electores. Una de las competencias más importantes de los municipios es la seguridad ciudadana a cargo de sus policías municipales, sujetas a intervenciones temporales del gobierno nacional que se extienden en el tiempo, no controlan al hampa. Sin policías de punto, con poco patrullaje, da la impresión de que desaparecieron o están ausentes, muchas mafias, ladrones y pranes que hacen desmanes por el descuido del respectivo ministerio.

Hay muchas otras manifestaciones de la sociedad que están afectadas por esta manera loca de gobernar de los socialistas. Todavía, con toda la represión, tenemos focos de contención, empezando con los miles de ciudadanos penando por comida, potenciales electores en contra del gobierno si tuviéramos elecciones limpias en nuestro país, los cientos de enfermos y sus familiares que conocen la realidad de los hospitales, las farmacias, y la imposibilidad de conseguir las medicinas, con los cientos de aquejados de la tensión que les da un infarto por no poder consumir sus medicamentos como se les ha prescrito. Los gremios reclamando sus condiciones de trabajo, los míseros sueldos y la inflación generada por las políticas de Maduro.

Tenemos muchas razones para reclamar un cambio, necesitamos organización y simultaneidad de las protestas.

@rangelrachadell

Burocracia fracasada

Dicen las malas lenguas que hay dignatarios incursos en delitos de drogas, o con familiares presos por tráfico de estupefacientes, lo cual evidencia falta de valores. Esto no es suficiente para que la burocracia esté tan dañada. No puede ser que quienes trabajan en el Estado, todos los funcionarios, sean ladrones, personas deshonestas, interesados en que se enferme el prójimo por su desatención a la labor que les corresponde, o que estén dedicados a la destrucción de empresas. Si fuera así, deberíamos huir de un país gobernado por delincuentes.

Los fundamentos racionales a los que se refería Max Weber al identificar la burocracia son inexistentes en la administración de Maduro. Los funcionarios son impuestos por su sumisión al proyecto ideológico, a la afinidad con el partido o a la relación familiar, no a su su capacidad técnica o profesional. No me explico cuál es la razón de mantenerse trabajando en el Ejecutivo nacional ni en cualquier otro de los poderes. No es por el sueldo, porque no alcanza; tampoco por la jubilación, que no es suficiente para mantener la subsistencia; solo la utilidad del cargo de tipo crematístico podría justificar su permanencia.

El gobierno chavista desconoció los instrumentos legales que establecieron los principios del funcionariado de la época de la democracia. En un principio, allá por 1973, se dictó la Ley de carrera administrativa, y luego, en 2003 se cambió la ley por una con deficiente redacción, llamada Ley del estatuto de la función pública que restringe el tiempo de acceso de impugnación de los actos administrativos de 6 a 3 meses, lapso en el que es difícil conseguir a un abogado que medio sepa la materia. Con esta limitación se protegió la ilegalidad, los abusos y el jefe se convirtió en un cacique que impone su voluntad, el de la típica frase: estás botado.

También se limitó la incorporación de las personas contratadas a la estabilidad que otorga el ser funcionario de carrera, que es el derecho a un procedimiento en el que se determine una causal de destitución, por lo que cualquier decisión está viciada de nulidad absoluta. Fue una manera desleal de favorecer al ministro que no efectúa los correspondientes concursos de ingreso, que son los exámenes que determinan si el aspirante es apto para ocupar el cargo, y condicionar la libertad de la máxima autoridad a escoger alguno de los tres primeros lugares en que quedan los aspirantes, por eso se dice que se escogía de entre los mejores. Todo esto se acabó, los trabajadores de la administración pública son, en su mayoría, contratados, sin estabilidad, y los funcionarios de carrera son los menos.

El diseño de burocracia abierta de la ley busca que la administración escoja a los mejores, en todos los niveles. Aunque la Constitución y la Ley del estatuto de la función pública se refieren a un derecho al ascenso, lo cual es contradictorio. La ley se refiere a un concurso de aspirantes para ascenso, que nunca se ha efectuado, pues no hay exámenes, no se escoge de entre los más capacitados, sino que se promueve por antigüedad, desdiciendo el sistema.

Hoy no hay sistemas puros, pero en otra época sí existía la burocracia cerrada. Un sistema en el que se ingresaba por la base de la organización, los jóvenes se presentaban a exámenes y se podía aspirar a trabajar toda la vida. Un ejemplo es la burocracia militar, el que el individuo permanece en la estructura mientras comparta sus valores, que en este caso son la disciplina, la obediencia, el respeto a la jerarquía. En nuestro país eso cambió con la Ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que expresa que el egresado “se regirá por el Patrón de Carrera Militar conforme al perfil profesional y especialidades de su componente, a los fines de garantizar su empleo”, y que los ascensos “en igualdad de condiciones le permite al militar ocupar un puesto de precedencia en el escalafón, y tiene como finalidad fortalecer el espíritu militar”. Algunos oficiales ya tienen el período cumplido para la responsabilidad a la que fueron designados, provocando el retraso en la asunción de los cargos de los que tienen legítimas aspiraciones, en el entendido que me refiero a ascender no a apuntalar a un régimen que mata a los que protestan, con presos políticos, que persigue a los diputados electos por el pueblo, destruye la economía y dificulta obtener comida con libertad; sometiendo a la población a innumerables registros, censos, autorizaciones, listas y colas.

Todos estos problemas e incomodidades han provocado que los venezolanos no quieran participar de la dirección del país, mucho menos apoyar a políticas que no se implementan. No es digno trabajar para este gobierno. Busque a un funcionario que en su fuero interno le reconozca lo feliz que está de colaborar con el régimen, que no exprese su inquietud y su falta de fe, a menos que esté exigiendo cuantiosos obsequios, como las alcabalas de carretera. Todo cargo es una potencial alcabala.

Ningún miembro de la élite culta y democrática de nuestro país está dispuesto a prestar sus talentos a este gobierno y coquetear con esta satrapía.

@rangelrachadell