Este gobierno dice que quiere diálogo con la oposición sin dar ninguna muestra de ceder o facilitar la vida de los venezolanos. Indispuesto como siempre para manifestar su apego a la democracia se opone a devolver los partidos políticos a sus legítimas autoridades. La reciente sentencia que favorece a la facción progobierno de Acción Democrática designada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es una de las medidas que elevan el listón a superar de efectuarse algún encuentro entre las partes.
El otro que dinamita la posibilidad de diálogo es Diosdado, cuando dijo que las sanciones del gobierno americano le eran indiferentes y que tampoco va a entregar los partidos políticos. Esto lo expresó sin considerar a los miembros del régimen que sí quieren que levanten los impedimentos para negociar con otras empresas y países.
El gobierno chavista dice que quiere dialogar enviando mensajes descalificando al opositor, un estilo vulgar que poco ayuda si tuvieran un deseo sincero de resolver las condiciones económicas que han creado. Los americanos negociaron en París mientras en Vietnam se lanzaban bombas y ataques mutuos, esa fue una guerra distinta a la que tiene el chavismo contra los venezolanos, la de aquí está por declararse. Nicolás y sus compañeros reconocen que buscan negociar porque se quedaron sin dinero, sin apoyo económico y temen una explosión social de un momento a otro, por eso es que piden que les devuelvan las mencionadas empresas.
Lo lamentable de este llamado a diálogo es que convocan a unas elecciones con fecha fija y, como dicen los abogados: el día interpela al hombre. El término de caducidad genera angustia en las bases políticas de los partidos, presiona para que se resuelva el mecanismo de participación y saber con cuál de las autoridades internas se debe negociar, con las directivas ad hoc, conocidos alacranes, o con las legítimas directivas. La estrategia chavista apremia a una solución inmediata, a que la oposición tenga que aceptar las condiciones que se les imponga, so pena de quedarse fuera del juego electoral.
El gobierno presume que podrá dividir a la oposición entre los que quieren intervenir a cualquier costo y los que saben que ese camino es equivocado en la búsqueda de mejorar nuestra sociedad; aunque hay otras consideraciones. Por ejemplo, en los comicios para elegir alcalde en 2017, Elías Sayegh, militante de Primero Justicia, cuyo partido decidió abstenerse en esa convocatoria, participó como candidato a alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, candidateado por Independientes por el Progreso (IPP) y una organización regional Por Amor a los Pueblos (PAP). IPP fue ilegalizado por decisión del Consejo Nacional Electoral, al abstenerse de presentar candidato en la fraudulenta elección presidencial de 2018. Los habitantes de El Hatillo pueden considerar que es mejor tener cualquier alcalde menos uno chavista, sin que les preocupe que lo postulen por una organización política distinta a la que militó.
En esta circunstancia, la de participar con partidos distintos a los que, en condiciones de normalidad institucional, los hubiera propuesto, también se encuentran los alcaldes Darwin González (Baruta) y Gustavo Duque (Chacao), ambos del estado Miranda. La diferencia entre 2017 y 2021 es que hoy todas las organizaciones políticas están intervenidas por el chavismo, tienen directivas afines al régimen y postularán a los que les permitan las altas autoridades del PSUV o a los que paguen el peaje respectivo de compra de tarjeta. Dicen que tienen habilitados puntos de venta para pasar las tarjetas de débito.
Estimo que en las condiciones actuales la oposición debe mantener la ilegitimad electoral del gobierno en los comicios convocados para finales de año, ello por cuanto, ninguna estrategia de poder se puede definir sin la libertad de postular a sus candidatos. Es un sinsentido sumar adeptos a favor de unos dirigentes afines al chavismo, que les deben sus cargos a una sentencia en procesos en los que sus contrapartes nunca tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.
Quienes piensan que un Consejo Nacional Electoral medianamente imparcial es suficiente garantía para una democracia competitiva se olvidan de que este órgano es una parte del proceso electoral. La libertad de postular, más otros requisitos y un mínimo de transparencia, es necesaria para considerar participar en los comicios convocados. Si el pastel está envenenado pierde trascendencia cómo el CNE lo decore.
Nadie sabe con la sed que otros beben ni con el hambre que comen.
@rangelrachadell
