Deflación política

Después de las elecciones de alcaldes sabemos que la oposición tendrá que reinventarse, que la política perdió valor como medio para solucionar nuestros problemas de país. Hoy no hay demanda de políticos, lo que genera un círculo vicioso: no se requieren políticos, no hay soluciones políticas, nada se puede resolver, menos necesitamos políticos.

Esto que puede parecer un trabalenguas es el resultado de sospechar que los dirigentes lo están haciendo mal, de pensar que puede haber una solución distinta al voto para salir del gobierno y que hemos agotado todas las opciones existentes, como si fuera una lista en la que hayamos verificado todas las alternativas posibles. He escuchado el argumento de que ya marchamos, protestamos, votamos, sacrificamos jóvenes y hasta unos militares intentaron un golpe de fuerza. Está bien, hicimos todo eso, pero lo único que ha dado resultado, por lo menos como desaprobación de lo que hace el gobierno, ha sido votar.

Perdimos muchas alcaldías que, sumadas a las que mantienen los seguidores del gobierno, nos deja en desventaja para las elecciones que se deben efectuar el año que viene. En estrategia estamos raspados, ya que para ganar una elección se requiere: a) un buen candidato, b) control electoral y c) suerte.

Tenemos aspirantes a candidato presidencial, aunque ningún acuerdo. Si la oposición se une o si aparece una opción fuera de los partidos conocidos que enamore a los electores, puede que tengamos un buen candidato.

El proceso electoral no lo hace solo el Consejo Nacional Electoral, también participan los testigos de los candidatos. En la mesa de votación está la mayoría de las trampas que se hacen en el proceso electoral, de no estar presente los testigos de la oposición los ratones hacen fiesta y votan por los ausentes (muy a menudo en las prórrogas del horario de votación). Se supone que los partidos políticos, con eso que llaman la maquinaria, están en capacidad de colocar testigos en todas las mesas y de hacer la movilización o contacto con los electores, pues se saben las direcciones de habitación de muchos de ellos y los pueden llamar por teléfono (Carlos Ocariz, en la elección de gobernador de Miranda, no tuvo testigos en todas las mesas de ese estado). Esta maquinaria trabaja en las alcaldías y en las gobernaciones, por eso menos alcaldías o gobernaciones significa menos control electoral; por ejemplo, la Gobernación de Miranda tiene alrededor de 3.000 cargos y la Gobernación del Zulia un poco más; al haber perdido esas gobernaciones tendremos menos personas haciendo trabajo político a favor de la oposición. Es verdad, estábamos peleando por unos carguitos, que a su vez permiten implementar políticas distintas a las del gobierno, en la medida de sus competencias y posibilidades, lo cual van a comprobar los electores que no votaron.

La última curiosidad en materia de trampas es el denominado carrusel de los puntos rojos (conocido como tiovivo), el cual quedó en evidencia por el video del fulano este de apellido Motta en el estado Nueva Esparta, en el que se puede observar que no depositó el comprobante en la urna electoral. Se sospecha que el mecanismo es el siguiente: el primer votante no deposita el comprobante de la máquina de votación en la urna, sale del centro electoral y se dirige al punto rojo, muestra que votó por el candidato de su preferencia, entrega su comprobante, recibe su bono y se retira. El siguiente elector continúa con la cadena de circulación de los comprobantes electorales, ingresa con ese comprobante, deposita en la urna el comprobante del anterior votante, se guarda el suyo y se dirige al punto rojo. Los electores interesados deben pasar por el punto rojo, verificando una y otra vez las manifestaciones de voluntad; así hasta que el último votante deposita los dos últimos comprobantes. A todas estas tienen que tener el carnet que prueba que es parte del proceso, el cual es intransferible.

La suerte siempre es necesaria, como le oía decir a mi madre: Dios te dé suerte que el saber de nada te vale, que es una variante del “nada vale nada si Dios no quiere”. Así que rece y trabaje por salir de este gobierno.

En la oposición está haciendo falta un nuevo Pacto de Puntofijo. Debemos ponernos de acuerdo para definir lo que queremos y lo que podemos hacer en política. Mientras no tengamos una agenda común será difícil recuperar el favor de los electores. Así como me enseñaron en la Facultad de Derecho: pacta sunt servanda (los acuerdos se hacen para ser cumplidos). Sin ofrecer expectativas grandilocuentes que no se puedan cumplir, que en buena medida es lo que le ha hecho daño a la oposición.

El presente es muy doloroso, la pérdida de las alcaldías es muy lamentable; pero qué le vamos a hacer, hay que pasar este duelo y trabajar por el futuro que queremos, se lo debemos a nuestros hijos, a los que se van del país por no haber podido cambiar las circunstancias y a los que nos quedamos a sufrir el socialismo del siglo XXI.

@rangelrachadell

Todos a cabildo

La organización básica de la sociedad venezolana, desde la Colonia, fue el cabildo. La ciudad, dirigida por unos regidores y alcaldes, llevaba el control del orden público, los pesos y medidas, la administración de justicia y, en general, la toma de decisiones que importaban a los pobladores.

El cabildo fue la manera que encontró la Corona española para organizar la Conquista. En América los pueblos gozaron de independencia y libertad, en buena medida por la lejanía de España. Ese es el antecedente de nuestros municipios y la actual organización en alcaldías como órgano ejecutivo y los concejos municipales como órgano legislativo.

Los cabildos abiertos o convocatoria a los miembros ilustres de la ciudad, fue la principal demostración del carácter democrático de esa institución. Los problemas relevantes eran planteados y decididos en el cabildo abierto, y a veces se opusieron a disposiciones del rey o designaron representantes para defender los derechos de la ciudad.

La importancia de las alcaldías no es solo por ser la manera como ordenamos nuestra vida en comunidad, es por ser la institución que defiende los derechos de los ciudadanos, la instancia a la que acudimos para resolver nuestros conflictos sociales. Los abusos, como la música alta, suele resolverse con la presencia de la policía municipal, o las limitaciones a las construcciones, la defensa del medio ambiente, la recolección de desechos sólidos, la poda de los árboles. Los municipios tienen competencias en educación; organizan actividades deportivas; sociales; artísticas; el servicio de catastro; el patrimonio histórico; la vivienda de interés social; el turismo local; las plazas, parques y jardines; los balnearios y demás sitios de recreación; la arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato público; y muchas otras competencias (Artículo 56 de la Ley orgánica del poder público municipal).

El alcalde, en democracia, debe ser un funcionario que represente a la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto que vivan en ese municipio; por eso, la alteración del registro electoral mediante el traslado virtual de votantes de un municipio a otro, para influenciar en los resultados de la votación es un acto desleal. A esto podemos oponernos mediante el ejercicio del voto.

Algunos vecinos plantean que no vale la pena ir a votar, que nada se gana, que pondrán presos a los alcaldes de oposición, como han hecho con varios, si no los han obligado a irse del país para evitar una persecución desalmada. Todos esos argumentos me suenan a una autoinmolación o suicidio a lo bonzo, lo que falta es que los opositores, para salir de este gobierno, prefieran bañarse con gasolina y prender un fósforo, solo que sería un voto menos.

Siguiendo a George Lakoff (autor del libro No pienses en un elefante), la violencia de un gobierno se puede frenar de tres formas: a) mediante un equilibrio de fuerzas, de forma tal que no haya nadie tan fuerte como para atreverse a atacar a otros. Si votamos en las elecciones de alcaldes podemos anteponer alguna institucionalidad, el alcalde será el representante del pueblo, la voz de la oposición en el ámbito municipal; b) mediante la persuasión colectiva ejercida por la comunidad, de tal forma que la violencia no sea una opción productiva; esta es la opción de los que buscan apoyo en la comunidad internacional, que presionen al gobierno para que detenga la persecución en contra de los opositores, permita la ayuda humanitaria para que ingresen alimentos y medicinas que tanta falta hacen, y que se otorguen condiciones aceptables para la participación ciudadana en los procesos electorales; o c) una policía lo suficientemente fuerte que frene cualquier tipo de violencia o que la castigue; en este supuesto se encuentran los que desean que Estados Unidos fondee un portaviones en La Guaira, que sea la policía imperial la que ponga orden en el desmadre que ha ocasionado el gobierno con su manejo del dólar, de la inflación y sus controles de precios.

El único de los anteriores supuestos que depende de nosotros los que quedamos en esta tierra de gracia es el de crear una fuerza para anteponérsela a Maduro. Solo votando por los candidatos de oposición podremos obligar al gobierno a hacer trampa. En el estado Bolívar, para poder ganarle a Andrés Velásquez, el Consejo Nacional Electoral tuvo que cambiar actas automatizadas a actas manuales y así poder amañarlas, ello por cuanto la diferencia entre ambos contendientes fue mínima; no así en el estado Miranda, en el que la ausencia de los votantes de la oposición facilitó el triunfo del candidato chavista.

Hemos tenido dirigentes que, por acción u omisión, han desencantado al electorado provocando la indiferencia y el deseo de no participar en los procesos electorales, pero hay otros dirigentes que decidieron tomar parte en estas elecciones de alcalde; a estos últimos tenemos que apoyarlos; están dando la cara, se están arriesgando por todos nosotros; debemos alentarlos.

Los invito este 10 de diciembre a apoyar con su voto al candidato a alcalde de su preferencia. Yo les recomiendo votar en el estado Miranda por Robert García @RobertGarciaP en Chacao, José Alberto Zambrano @ZambranoBaruta en Baruta y Elías Sayegh @eliasayegh en El Hatillo; quienes no quieren entregar la dirección de sus comunidades a los socialistas. Voten por ellos en Miranda y en todos los estados en la tarjeta de los independientes, de Independientes por el Progreso.

@rangelrachadell

Divergencias y consenso

El hecho político más relevante de los últimos tiempos ha sido las diferencias de nuestra sociedad respecto a cuál es la vía para salir de la crisis de gobernabilidad generada por el gobierno dirigido por Maduro.

La unidad de los partidos políticos empezó con la Coordinadora Democrática, que tuvo su mejor oportunidad en el año 2004, cuando promovió el referéndum revocatorio de Chávez, perdiendo esa oportunidad por el uso abusivo de Chávez de los recursos públicos y nuestra falta de organización. En esa ocasión se denunció un fraude que nunca pudo ser probado, el famoso cisne negro (tesis de Nassim Nicholas Taleb sobre los hechos improbables), entre otras razones por no haber ocurrido todos los hechos irregulares el día del referéndum. Igual nos pasó a la oposición con la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales de 2013, en las que se hizo la relación de todas las tropelías del gobierno y del Consejo Nacional Electoral, pero ninguna ocurrió, de manera concluyente, el día de la elección. Para colmo, en las pasadas elecciones regionales hubo desafueros del CNE que, si bien no fueron determinantes, crearon molestia y desazón en los electores que querían participar, los inhibió lo suficiente para permitir que una administración que no respeta los derechos humanos y ha puesto a pasar hambre a los venezolanos ganara la mayoría de las gobernaciones.

La estrategia de la tarjeta única, propuesta por Roberto Enríquez hace unos años, se convirtió en un movimiento unitario de toda la oposición, unidad que hoy está malograda. La división se inició con la creación del grupo de los 9 (dejando fuera a muchos partidos), luego se habló del grupo de los 4, para terminar con el grupo de los ninguno, ninguno se pone de acuerdo.

Importantes partidos decidieron no participar en las venideras elecciones de alcaldes; por ejemplo: Voluntad popular, Primero Justicia y Acción Democrática. Pero muchos de sus seguidores resolvieron concurrir, y ahora están en conflicto entre lo que expresa su dirigencia y lo que consideran que es necesario: sufragar para no perder las alcaldías en las que se hace una política diferente a la del gobierno, ayudando a los más débiles, dándoles una oportunidad en los servicios de salud municipales, ahora tan útiles como consecuencia del olvido de los hospitales por parte del gobierno nacional. No están de acuerdo con entregar las alcaldías, como decidieron hacer los electores que no votaron y cedieron las gobernaciones.

Las mencionadas organizaciones políticas que no concurrieron a las elecciones, y que conforman la Mesa de la Unidad, no se convocaron para tomar la decisión de no participar ni llamaron a los otros partidos para informarles que no se harían cómplices del fraude tramado por el CNE; los demás partidos se enteraron gracias a los medios de comunicación de tan relevante disposición. Esta medida debió ser consensuada entre los distintos factores y dirigentes que alguna vez tuvieron organizaciones políticas, aunque en la actualidad no tengan partido para postular. Los llamados “grandes” otras veces han acertado en sus planteamientos, pero en esta oportunidad actuaron de manera prepotente; no buscaron el consenso, y tampoco se produjo una crisis por su no participación. A nadie le sirve tener lucidez si no es acompañado por la gente; y las otras toldas políticas son ignoradas, más que arreadas, en la toma de las resoluciones que nos afectan a todos.

Los partidos están desavenidos dentro de la Mesa de la Unidad, y más peligroso es que están divididos dentro de sus propios partidos; algo que no se veía desde 2005, cuando algunos de ellos, ante la abstención en las elecciones legislativas, cambiaron sus directivas o varios dirigentes muy importantes decidieron irse, o fueron echados, a otras organizaciones políticas.

Los candidatos a alcalde que están postulados, algunos de ellos sin el beneplácito expreso de sus partidos (hay mucha hipocresía entre lo que se dijo y lo que se hace), ganarán en la medida que puedan crear conciencia entre sus electores de las consecuencias de no votar. Si los aspirantes a esos cargos ganan en contra de la voluntad de alguno de los partidos que se inhibieron de participar, se estremecerán las estructuras partidistas de oposición, se producirá un barajo y se erigirá una nueva dirigencia con menos disciplina partidista. Si pierden serán parte de la molienda de dirigentes en la que se ha convertido el gobierno bolivariano.

La situación es grave para la oposición, si se pierden las alcaldías será culpa del CNE (al que no le importa esa descalificación), de los dirigentes y de los partidos que recomendaron no participar; y si ganan los candidatos de la oposición se reforzará a otros partidos y los que se negaron a ir a los comicios perderán la dirigencia que los caracteriza.

A mí me ha parecido coherente la postulación en el estado miranda de Elías Sayegh en El Hatillo, de José Alberto Zambrano en Baruta y de Robert García en Chacao, concejales en sus respectivos municipios, quienes no quieren entregarles a los socialistas la dirección de sus comunidades.

Para los abstencionistas que quieren encontrar culpables cualquier excusa es buena, así lo hizo Adán, ante la pregunta de Dios: “¿Has comido acaso del árbol que te prohibí?’. El hombre respondió: ‘La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí’. Yavé dijo a la mujer: ‘¿Qué has hecho?’. La mujer respondió: ‘La serpiente me engañó y he comido” (Génesis, 3).

@rangelrachadell

Jugando se puede mejorar

En estos días sucede algo curioso, uno va a la farmacia y venden chucherías, no hay medicinas; el farmaceuta prefiere quitar anaqueles y estanterías para que no se vean los espacios vacíos por la imposibilidad de producir o importar debido a las políticas económicas de Maduro.

Los comerciantes hacen todo lo posible por no cerrar, tienen la esperanza de mantener el establecimiento comercial en el que se atiende a clientes de manera presencial, siguen en el mercado mientras la situación cambia; razonan que si las condiciones mejoran es más difícil regresar al mercado que si lo abandonan.

Todos tenemos problemas para acceder a los dólares que controla el gobierno, esos que son de todos y que ingresan por la venta del petróleo; con los funcionarios y fiscales que controlan el precio, la distribución y la venta de los pocos productos que hay en el mercado. Son innumerables los obstáculos impuestos por el gobierno a los industriales, los distribuidores, el comercio al detal, ellos tienen que sortear esos controles. Y con todas estas dificultades todavía pueden vender algo, cualquier cosa que se despache es mejor a cerrar el negocio. Se mantienen algunos empleados, otros fueron despedidos. Sobrevivir a este gobierno es la consigna, el sacrificio es poco por la ilusión de tener otro país, uno que no sea socialista.

Esta manera de pensar también la tienen los políticos, tratan de sobrevivir a toda costa, hay que mantenerse en el mercado electoral, ya que no participar es como cerrar la actividad a la que le han dado su vida. Participar en las próximas elecciones con un proceso electoral amañado es riesgoso, se puede perder.

El electorado es como la fanaticada de un equipo, puede que su equipo no gane regularmente (sé de lo que hablo, sigo a Los Tiburones de La Guaira), pero eso no significa que no pueda apreciar una buena jugada, que me alegre de los esfuerzos de mi equipo, unas veces se gana y muchas se pierde, solo jugando se puede mejorar. Un buen dirigente deportivo no ofrece un resultado que no se pueda cumplir, conoce a sus jugadores y a los jugadores del otro equipo; sabe, razonablemente, cuáles son las posibilidades, y también sabe que los seguidores del equipo las intuyen.

Los fanáticos saben cuándo el árbitro le está haciendo trampa a su equipo, ven el juego, nadie le tiene que explicar la treta. Lo interesante es observar cómo los jugadores evitan la tramoya del árbitro; porque el juego se puede dejar de jugar, aunque nunca ganar con esa estrategia. Lo malo es que el árbitro se inventa nuevas trampas en cada juego, en cada elección, la imaginación es infinita por ambas partes.

En el pasado, un esclavo pudo decidir suicidarse para evitar tener una descendencia también esclava o vivir y tener hijos, siendo optimista que puedan sobrevivir y lograr un cambio de condiciones, que dejen de ser esclavos algún día. El que sobrevive puede contar su historia, no solo el que gana puede contarla.

Cada uno toma sus decisiones de vida, una sociedad debe buscar las suyas. ¿Dejamos que gobierne el chavismo de por vida o hacemos algo? ¿Participamos con condiciones trucadas o esperamos a que algún día tengamos las condiciones mínimas para tener la posibilidad de ganar? Nadie me ha podido dar opciones distintas a las electorales, aparte de unos sueños trasnochados de que van a fondear un portaviones americano en La Guaira.

Tengo la idea de que este gobierno no va a mejorar ninguna condición; más bien, en la medida que sigamos participando, nos va a hacer más conflictivo todo el proceso electoral. Teniendo esto claro, lo que debemos hacer es prepararnos mejor, empezando por eliminar ese falso discurso de que existían testigos en todas las mesas o el triunfalismo innecesario.

No quiero terminar estas notas sin pronunciarme sobre la juramentación de algunos gobernadores que lograron el triunfo en sus estados, a pesar de las nuevas trampas del Consejo Nacional Electoral. Estos gobernadores no se juramentaron ante una señora que dicen es la representante de otros señores que tampoco nadie escogió (según Smarmatic); se juramentaron ante los militares, esos que se cogieron el país y deciden quién y cuánto come el pueblo por estar encargados de la adquisición de la comida, los mismos que controlan las carreteras por las que se impide el paso de los productos a las ciudades, esos que recién mataron a más de cien muchachos en la flor de su vida y tienen presos a muchas personas por sus ideas políticas. Los gobernadores fueron obligados a ir a esa instancia para evitar la violencia administrada por el Estado. Están sometidos al poder militar, ese mismo que hace trampas electorales para evitar contarse en su fachada revolucionaria y que sostiene a este gobierno. Una condición electoral sería retirar a los militares de un proceso civil como lo son las elecciones.

Como dice mi amigo Lapa: Si a usted no le gusta ningún candidato, pues va y vota nulo, votar es su deber ciudadano.

@rangelrachadell

La desmaterialización del voto

En el sistema electoral venezolano los votos no son lo que eran antes. En las elecciones automatizadas, como han sido los procesos de elección de autoridades regionales a partir de 2008, no hay boleta de votación por cuanto el voto se ha desmaterializado.

La desmaterialización es una tendencia de la época de la computación e Internet, muy común con algunos títulos valores en los que no hay impresión de un título o de sus cupones, existen electrónicamente, pero no en físico. Todo se ha convertido en documentos electrónicos.

La palabra desmaterializar sería quitarle la materia a algo o dar por cierta la existencia de algo que no es tangible. Por ejemplo, este artículo de opinión está desmaterializado, existe solo en la web. El voto se puede considerar desmaterializado cuando se transmite vía Internet hasta el centro de cómputo, donde se recoge en otro medio electrónico.

En el sistema legal venezolano tenemos menciones a la desmaterialización de títulos, por ejemplo: La Ley que Regula el Subsistema de Pensiones (2001), establece que el custodio podrá mantener custodia simple, administrativa, materializada o desmaterializada (artículo 125).

La Ley del Banco Central de Venezuela (2015), regula que esa institución podrá tener la custodia de títulos valores físicos y/o desmaterializados (artículo 49,2).

Para la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia los “comprobantes de votación” no son boletas. El escrutinio lo realiza la máquina y, aunque la sentencia no lo expresa, no puede ser sino con los votos que contiene el pendrive, pues los comprobantes no se regresan a la máquina para ser contabilizados (Sentencia Nº 86, del 14-7-2005).

La Sala Electoral se ha pronunciado el mismo día, de manera contradictoria, sobre el valor de los “comprobantes de votación” que emite la máquina de votación.

La sentencia Nº 82, del 16-05-2006, expone: “En el proceso automatizado el escrutinio lo realiza la máquina de votación, por lo que no se requiere contabilización manual de los votos, y la posterior impresión del acta cumple, entre otras funciones, la de servir de constancia de los resultados, así como de soporte para una eventual impugnación; en virtud de la automatización de los votos, cuyo respaldo está en la máquina de votación y en el sistema automatizado de totalización, el contenido del Acta de Escrutinio refleja la transmisión electrónica de los resultados que en ella se contienen. De esta manera, resulta pertinente que el Consejo Nacional Electoral, en este caso, ante la situación de imposibilidad para aplicar los mecanismos de subsanación y convalidación a tales instrumentos electorales, haya desechado la impugnación, por cuanto no se puede verificar el número de boletas depositadas, en virtud de la inexistencia del valor referido a la cantidad de las mismas, ya que el voto reposa en un instrumento electrónico, como es la memoria removible o pendrive”.

En otra época, este criterio se conocía con el lema “acta mata voto”, con el cual estoy de acuerdo, solo que en este caso el voto reposa en un instrumento electrónico (pendrive) y por ello no se puede verificar el número de boletas depositadas, en virtud de la inexistencia (desmaterialización) del valor referido a la cantidad de boletas. Actualmente el lema podría ser “pendrive mata voto”.

Como se expuso, el mismo día, la inmediata sentencia posterior a la comentada, la Sala Electoral consideró que los “comprobantes de votación” que deben ser resguardados son pruebas que permiten subsanar la ausencia del acta de escrutinio que no se pudo elaborar por razones técnicas al momento de transmitir la data. Lo contradictorio consiste en que si son medios de prueba para subsanar en un supuesto, deberían servir para verificar en otro supuesto, y proceder a hacer el reconteo de los comprobantes de votación cuando se denuncie por inconsistencia numérica un acta de escrutinio emanada de una máquina de votación. (Sentencia No 83, 16-05-2006).

La Sala Electoral ha declarado que los comprobantes de votación podrían tener algún valor electoral, por lo menos en el supuesto de la no transmisión por problemas técnicos, pero no tiene ningún valor electoral la auditoría que se hace con base en los comprobantes de votación si con la auditoría se pretende tergiversar el contenido del acta de escrutinio, por cuanto, expresa la Sala Electoral, no se pretende realizar una totalización de los votos, sino más bien examinar el funcionamiento del sistema electoral sobre la base de un muestreo técnicamente suficiente a los efectos de cumplir con el objetivo de corregir eventuales errores o deficientes procedimientos. (Sentencia Nº 173, 14-11-2006).

Los elementos que arroja la auditoría no tienen incidencia ni afectan el resultado reflejado en el proceso electoral.

El conteo manual –también conocido como reconteo de votos–, solo encuentra “aplicación en el marco de la impugnación de un proceso electoral, frente a la invocación por parte del recurrente de determinadas y precisas causales de nulidad”, por lo que solicitar un recuento general de votos no es posible al estar desmaterializado el voto, y es solo en el marco de un proceso de impugnación de actas de escrutinio que se podría efectuar un conteo de los comprobantes de votación (no son boletas) de las mesas impugnadas en las que se llevó a cabo el proceso electoral de manera automatizada, pero vemos muy difícil que el Consejo Nacional Electoral o la Sala Electoral así lo acordasen.

Sobre la base de los anteriores argumentos, podemos aseverar que en la actual formación de la legislación y del proceso electoral no hay posibilidad de un reconteo de votos a solicitud de los candidatos que perdieron, deberán impugnar fundamentados en las causales de la Ley Orgánica de Procesos Electorales cada acta de escrutinio de cada mesa de votación de cada centro electoral del cual tengan dudas.

@rangelrachadell

Opositor, levántate y anda

Cuenta la Biblia que Cristo, ante un paralítico que fue llevado a su presencia tras introducirlo por el techo de la casa donde estaba, y admirado por la fe de los acompañantes, le dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Cristo, conociendo los pensamientos de los escribas y fariseos presentes, les replicó: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: ‘Se te perdonan tus pecados’ o ‘Levántate y anda’?» (Mateo 9:5, Marcos 2:9 y Lucas 5:23).

¿Qué es mejor, dejar que el gobierno siga mandando sin ninguna oposición o decirle al opositor “levántate y anda”, dirígete al centro electoral y vota?

Todos debemos votar en estas elecciones; los que tienen la principal obligación son aquellos venezolanos que votaron alguna vez por Chávez, no porque sean culpables de la situación actual, sino porque lo ayudaron a llegar al poder, por confiados, por creer que un militar sería la solución a algo, que estos podrían construir un país mejor, por la gran mentira que se creyeron y por cuanto ahora tienen el deber de ayudar al resto de Venezuela a salir de ella.

Los que le siguen en la cola son aquellos ciudadanos que pudiendo votar no lo hicieron en alguna elección, sin importar si el resultado fue a favor o en contra del gobierno, ya que es nuestra obligación manifestar nuestra voluntad de salir de esta dictadura con el voto. Si conoce de alguien que no votó tiene que recordarle que esta es la mejor oportunidad para redimirse de ese incumplimiento de sus deberes ciudadanos.

No votar puede ser un gran error, por ejemplo, el estado Táchira: en las elecciones presidenciales efectuadas en octubre de 2012, el candidato Hugo Chávez perdió contra el candidato Henrique Capriles Radonski por 82.140 votos. Chávez obtuvo 274.573 votos, y Capriles obtuvo 356.713 votos. Un municipio opositor, como lo es el municipio San Cristóbal, reflejó la siguiente votación: Chávez 53.158, Capriles 114.336 votos en ese municipio.

En el mismo estado Táchira, en las elecciones de gobernador efectuadas en diciembre de 2012, 2 meses después, el candidato José Gregorio Vielma Mora le gana al candidato de la oposición de la siguiente manera: obtuvo 248.788 votos, y el candidato César Pérez Vivas obtuvo 209.568, perdió por 39.220 votos. En ese estado se desapareció la ventaja lograda 2 meses antes, de 82.140.

Veamos el comportamiento del municipio San Cristóbal en esa misma elección: Vielma Mora obtiene 50.443 votos, 2.715 votos menos que los manifestados por Chávez, eso significa que en ese municipio los chavistas salieron a votar de manera disciplinada.

El candidato de la oposición, Pérez Vivas, en el municipio San Cristóbal, obtuvo 73.220 votos; lo relevante es que perdió 41.116 votos de los obtenidos por Capriles 2 meses antes. Debo aclarar que en las elecciones regionales hay menos electores que en las presidenciales, así que el candidato de la oposición no perdió tantos votos en esa oportunidad. La abstención en el Táchira fue mucho mayor que la media nacional, en comparación con la elección presidencial. La participación relativa en ese estado, en las elecciones presidenciales, fue del 81,22% de los electores inscritos, y en las elecciones de gobernador fue de 57,57% (teniendo 27.000 electores más por el derecho al sufragio que tienen los extranjeros de escoger gobernador y algo de crecimiento del registro electoral).

Las razones por las que se abstuvieron de votar los ciudadanos del municipio San Cristóbal en particular, y en el Táchira en general, pudieron ser muy válidas. Si querían castigar al gobernador que buscaba la reelección no lo lograron. Se hicieron daño a ellos mismos dejando que los que votaron decidieran por ellos y escogieran a un gobernador chavista. Ese gobernador que dejaron elegir los ha perseguido, ha dejado a ese estado en el abandono, le ha permitido llevar una vida de lujos a expensas de los pobladores de ese estado, y ha permitido la represión más sangrienta. Ese gobernador no ha luchado por el Táchira, sigue el racionamiento y el negocio con la gasolina, la guerrilla sigue a sus anchas y ni hablar de los secuestros, los alimentos siguen escasos, aunque tienen al lado la frontera. Todos estos males son consecuencia de no haber salido a votar.

Esta situación me recuerda el cuento de un campesino que encadenó un águila a un árbol, el animal intentó escapar, no pudo, la cadena se tensaba y la echaba al suelo. Lo procuró muchas veces; cuando probó por centésima vez rompió el eslabón. Sin embargo, ya estaba cansada, no quiso intentarlo más. Una sola oportunidad más y hubiera sido libre.

Los partidos políticos vienen oponiéndose durante muchos años a un gobierno que contó con mucho dinero para comprar voluntades por medio de las misiones y demás becas; que tuvo una Asamblea Nacional a su favor por el retiro de la oposición en 2005. Ahora Maduro se apoya en un Tribunal Supremo de Justicia complaciente y en una fuerza armada a la que no le importa matar ni el hambre del pueblo. A todos estos obstáculos y en pugna desigual se ha enfrentado la oposición; podemos haber cometido algunos pecados, pero no es momento de abandonar, hay que intentarlo una y otra vez; puede que hayamos roto el eslabón más débil de la cadena y no sepamos que estamos a punto de ser libres.

En este momento protestamos votando, así que levántate y anda, haz lo que tienes que hacer, camina y vota.

@rangelrachadell

Minucias electorales

Las elecciones de gobernadores se debieron efectuar en 2016, ya que estos funcionarios fueron electos para el período de cuatro años 2013-2017 por la mayoría de las personas que votaron el 16 de diciembre de 2012 (Artículo 160 Constitucional). También, en esa oportunidad, fueron electos los legisladores a los consejos legislativos, por el mismo período.

En los comicios regionales de 2012, al igual que en los de gobernadores de 2008, hubo desorden en la toma de posesión. Algunos candidatos electos no quisieron esperar el inicio de su periodo constitucional que empieza el 10 de enero del primer año de su período constitucional, como lo establece la carta magna para el cargo de Presidente de la República (Artículo 231). Varios gobernadores no esperaron a que comenzara su período y se juramentaron ante su Consejo Legislativo o ante un tribunal de su jurisdicción, en contravención de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, la cual persigue que las gestiones de los poderes estadales y municipales, por separado, se inicien al mismo tiempo.

El Consejo Nacional Electoral, con la convocatoria a elecciones de gobernadores, pero no a la de diputados a los consejos legislativos, viola expresamente el artículo 2, que ordena: “Las elecciones de gobernador o gobernadora y legislador o legisladora de los consejos legislativos de los estados, se convocarán y efectuarán conjuntamente”. El período de los legisladores está vencido y se incumple la finalidad de uniformidad.

La oposición llamó a elecciones primarias para presentar una posición unitaria en contra del gobierno del Maduro. En este proceso acontecieron algunas injusticias; se pidió una cantidad de dinero muy alta para poder inscribirse en la consulta; luego se disminuyó la cantidad solicitada y a algunos candidatos no se les cobró nada. Los que se inhibieron de participar por sus limitaciones económicas resienten que no hubo reglas claras. Algunos fueron excluidos de las primarias como fue el caso de la alcaldesa del municipio Córdoba del estado Táchira, Virginia Vivas, que después de ser admitida fue apartada sin ninguna razón. Mezquindades como estas deben ser evitadas para mantener la unidad y dar el ejemplo de conducta que se le está exigiendo al gobierno.

Las primarias fueron un paso necesario, pero no suficiente. Falta que los partidos postulantes procedan a sustituir las postulaciones efectuadas con los candidatos que ganaron en la consulta previa, sin eso la propuesta unitaria tiene sus riesgos.

La facultad de los partidos políticos para cambiar aspirantes está recogida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), de sendas maneras; a saber, el artículo 62 permite a las organizaciones postulantes sustituir sus candidatos en caso de fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o razones constitucionales y/o legales. En la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política solo se podía cambiar al candidato en los mencionados supuestos.

La Contraloría General de la República ha sido utilizada como órgano perseguidor de la oposición; es el caso del diputado Luis Lippa, cuya inscripción como candidato a la Gobernación del estado Apure fue admitida por el CNE, pero fue inhabilitado como si la acción fuera legal y en desconocimiento de la Constitución, la cual establece que los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme (artículo 42). La Contraloría General no emite sentencias, así que este organismo no puede suspender los derechos políticos de nadie, a menos que se viva en esta fantasía de país llamado Venezuela.

El otro supuesto para cambiar a un candidato es el señalado en el artículo 63 de la Lopre; el cual permite a las organizaciones postulantes modificar las postulaciones que presentaron y, en consecuencia, sustituir candidato hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. Con esta disposición se cambia el sistema anterior y los partidos políticos recuperan el control de la candidatura, ya no necesitan la renuncia del candidato para sustituirlo.

El CNE, en ambos supuestos, debe tomar las medidas para informar a los electores en el ámbito territorial que corresponda la elección, sobre la sustitución realizada; y si el tiempo en que se haga la sustitución resulta insuficiente para efectuar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en este se acreditarán al candidato sustituto.

Ante la posibilidad de que el gobierno inhabilite a candidatos de la oposición, los partidos postulantes podrían sustituirlos con candidatos que ya hayan sido admitidos o con cualquier otra persona que llene los requisitos exigidos (artículo 64 de la Lopre), hasta 10 días antes de la consulta.

En el cronograma publicado por el CNE para las elecciones del 15 de octubre de 2017 no se refleja el lapso de sustituciones, como si lo hizo el cronograma de las elecciones a gobernadores de 2012, la Resolución Nº 080721-658, del 21 de julio de 2008, que recoge el Reglamento de las elecciones de gobernadores efectuadas en 2008, o las elecciones municipales parciales de 2014, donde también se indica el lapso de sustituciones.

El CNE, de manera irregular, no ha habilitado la función en su página web que le permita a los partidos políticos, que así lo deseen, efectuar las sustituciones de sus aspirantes por los candidatos ganadores en las primarias. Esta actuación del CNE limita los derechos de los postulantes y afecta los acuerdos de la oposición.

Vote en las elecciones regionales, y hágalo por el candidato de la oposición.

@rangelrachadell

Derechos de los ciudadanos

Tal ha sido el retroceso de nuestra sociedad que estamos extrañando derechos fundamentales. Uno de esos derechos es el de ciudadanía, el cual es la relación jurídica que una persona tiene con un Estado, que estipula derechos y obligaciones.

El concepto de ciudadanía ya existía en la Grecia antigua, y es en Roma que se desarrolla esa noción. Los romanos, al principio, fueron muy restrictivos con la idea de extender la ciudadanía a quienes no fueran nacidos en esa gran ciudad.

Ser ciudadano y ser un hombre libre era lo mismo. Esta situación jurídica daba derecho a casarse, y a trasmitir la ciudadanía a sus hijos, siempre y cuando el matrimonio fuera con otra romana; cualquier otra unión era un contubernio. Podía otorgar testamento, lo que permitía transmitir los bienes a sus herederos. Escoger y ser escogido para una magistratura, lo que hoy identificaríamos con cargos públicos; este derecho al sufragio era en los comicios y otras elecciones. Podía participar del comercio y llevar sus conflictos a los tribunales romanos. Permitía ser escogido para funciones religiosas. Daba derecho a servir en las legiones romanas, lo cual implicaba un sueldo y otros beneficios, aunque perdía el derecho de casarse mientras participara en las legiones. Todo esto abarcando otros derechos y poblaciones, una evolución muy interesante.

Fue mucho tiempo después de iniciado el imperio que, mediante el Edicto del emperador Antonino Caracalla, en 212, se concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio, con las ventajas que eso constituyó para la Ciudad Estado, logrando una unificación jurídica en todo el imperio. En el entendido de que la ciudadanía era solo para los hombres y con exigencias económicas para ejercer a cargos públicos o puestos militares.

Los ciudadanos romanos tenían derecho al sufragio, hasta podían votar por algunas leyes; y los venezolanos no tenemos ese derecho, nos lo han ofrecido con las elecciones regionales chucutas, por cuanto no se va a escoger al Poder Legislativo regional; además, sin fecha fija, razón por la cual no creo que se efectúen las elecciones, y si lo hacen será con otras trapisondas como viene haciendo el Consejo Nacional Electoral.

Otro derecho muy particular era el no ser sometido a tormentos y de apelar ante el César cuando fuera juzgado en una provincia. Se asevera que el apóstol Pablo hizo valer sus derechos como ciudadano romano; en Hechos 16, dice: Aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. En Hechos 22, dice: Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y en Hechos 25: Entonces Pablo respondió: Ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Hay quien discute que san Pablo no poseía la ciudadanía romana, lo que es cierto es que esos eran derechos de los romanos.

Los ciudadanos venezolanos tenemos muchos más derechos que los que tuvieron en su época los romanos, solo que tener derechos no es suficiente si no hay un Estado que los proteja. Ningún venezolano puede ser sometido a torturas, pero eso no es lo que informan los familiares de los detenidos y estos cuando se logra acceder a su situación; no dejarles reunirse con sus familiares y abogados defensores, darles mala alimentación, no permitirles atención médica o a medicinas es una manera de torturar a los ciudadanos venezolanos; o no liberarlos cuando así lo ordenan los tribunales, es otro modo de tortura y tormento.

Cicerón, dijo: “Es una injuria atar a un ciudadano romano; es un crimen azotarle; matarle es tan malo como asesinar a un padre”.

@rangelrachadell

El deber de proteger

Ante la imposibilidad de generar una opción de fuerza contra la ocupación de nuestro país, los venezolanos hemos volteado hacia la comunidad internacional esperando su ayuda, siendo hasta ahora lenta, tímida e ineficaz para resolver los problemas que conocemos todos: que hay gente comiendo poco o lo está haciendo de la basura; que hay personas muriendo por falta de medicinas; que la delincuencia está autorizada para matar y que la violencia contra la oposición está destruyendo los hogares y llenando las cárceles de jóvenes y gente inocente, cuando no los asesinan.

El primer responsable de las mencionadas carencias es el Estado venezolano. Como dijo el papa Benedicto XVI en su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el 18 de abril de 2008: Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o por el hombre.

Ante el comportamiento inhumano del gobernante que no es capaz de garantizar esta protección, la comunidad internacional puede intervenir, y esto no sería una imposición injustificada o una limitación a la soberanía.

La comunidad internacional ha dado pasos hacia ese deber de proteger, lo ha denominado “responsabilidad de proteger” en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (sede de las Naciones Unidas, Nueva York), en el que se expresó: La aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente.

Esa disposición a tomar medidas colectivas significa ayudar a proteger a la población amenazada de esos crímenes, “en cooperación con las organizaciones regionales pertinentes, cuando proceda, si los medios pacíficos, que incluyen los diplomáticos, humanitarios y de otra índole, resultan inadecuados y ‘es evidente’ que las autoridades nacionales no protegen a su población”, como es el caso venezolano.

Tenemos los siguientes ejemplos: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 26 de febrero de 2011, aprobó la resolución 1970; y exigió que el gobierno de Libia terminara con la violencia, “recordando a las autoridades libias su responsabilidad de proteger a la población” y le impuso sanciones internacionales. El 17 de marzo de 2011 le exigió al gobierno la cesación inmediata del fuego, el fin de los ataques contra la población civil, que podían constituir “crímenes de lesa humanidad”.

Sobre la República de Costa de Marfil, el 30 de marzo de 2011,el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1975,en la que invocó “la responsabilidad primordial de cada Estado de proteger a la población civil”, y autorizó el uso de la fuerza militar que podía utilizar “todos los medios necesarios para proteger la vida y los bienes”, la cual se inició el 4 de abril de 2011 con la ocupación territorial.

Con relación a la República de Sudán del Sur, el 8 de julio de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1996, por la que estableció una misión de mantenimiento de la paz y para asesorar y prestar asistencia al gobierno en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger a la población civil.

De la República de Yemen, el 21 de octubre de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2014; en la que condenó a las autoridades yemeníes por las violaciones de los derechos humanos y alentó el inicio de un proceso político inclusivo de transición del poder, que implicó la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Y se reclamó “la responsabilidad primordial de proteger a su población”.

Es posible que el presidente Maduro esté contando con el apoyo de Rusia y de China para que el Consejo de Seguridad no haga nada respecto a los abusos que comete en nuestro país, como sucedió el 4 de febrero de 2012, cuando los mencionados países, en el caso de la República Árabe Siria, aplicaron su derecho de veto ante un proyecto de resolución que exigía el fin de la violencia contra la población civil y el retiro de la fuerza armada.

El Estado venezolano se escuda en la soberanía para que no se investiguen crímenes de lesa humanidad, como lo son: a) asesinatos de manifestantes; b) exterminio por imposición intencional de penosas condiciones de vida, y la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la disminución de una parte de la población que no los acompaña políticamente; c) persecución de alcaldes y otros dirigentes políticos de oposición, encarcelándolos, no liberándolos  u obligándolos a huir del país; d) tortura a los manifestantes que el gobierno tiene bajo su custodia o control; e) abusos sexuales a las detenidas; f) el ocultamiento y desinformación de los detenidos; entre otras.

Nuestro país es un caso claro de crímenes de lesa humanidad en el que la comunidad internacional debe aplicar la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de reaccionar y la responsabilidad de reconstruir para consolidar la paz.

El papa Benedicto XVI dijo en la citada reunión, que es “la indiferencia o la falta de intervención lo que causa un daño real”.

@rangelrachadell

Información entregada por el CNE en la Auditoría del Registro Elección de Gobernadores

El día 16 de agosto el Consejo Nacional Electoral invitó a los partidos políticos para lo que ellos llaman Auditoría del Registro Electoral, y se procedió a entregar el corte del Registro Electoral o Registro Preliminar al 15 de julio de 2017.

El corte preliminar refleja 18.094.065 votantes (incluye extranjeros); algo más de cien mil votantes a lo reflejado en el registro al 30 de abril de 2016.

El registro refleja solo los venezolanos inscritos en Venezuela y los extranjeros con derecho a voto (por eso es algo menor que el registro para las elecciones presidenciales, que sería de 19.628.246).

En la oportunidad de la supuesta Auditoría (insisto con eso ya que no hubo una revisión a fondo de la información que se entregó en CD), no se informó cuando se iba a hacer el corte definitivo, ello por cuanto no tienen fecha de la elección de gobernadores en octubre de 2017.





Cómo se adelantó la fecha de la elección de diciembre a octubre, el Registro Definitivo tendrá menos electores al perder el derecho a voto los menores de 18 años para la fecha de la elección (no tienen mucha incidencia), que si hubiera sido en diciembre si habrían podido votar.


Hay 163.773 reubicaciones, y con la actualización de datos del CNE y del SAIME asciende a 408.831.

El total de movimientos que afecta el Registro Electoral es de 750.036.







Se excluyeron desde el 31 de mayo de 2016 hasta el corte el 15 de julio de 2017, la cantidad de 123.874 fallecidos.

Paramacay y Smartmatic

La información es un bien muy preciado, hay que cuidarlo como cualquier otro. En la época de la información ya no es importante poseerla, la información no es poder por cuanto es pública, se le consigue en la Internet; el verdadero poder real es saber buscar la información. Esto no significa que la información sea gratis o no tenga valor, claro que tiene valor, el problema es identificar cuándo estamos en presencia de un carbón o un diamante.

Los hechos del Fuerte Paramacay, que está ubicado entre Valencia y Naguanagua, dejaron en evidencia el bloqueo comunicacional al que nos tiene sometido el gobierno. No importa lo que se hubiera dicho, el hecho es que no hubo canales oficiales o por lo menos reconocidos que pudieran dar información creíble de lo que estaba pasando. Es posible que todavía hoy no se sepa la verdad.

El gobierno viene haciendo un trabajo psicológico de destrucción de la credibilidad de los periodistas y de los medios; como ejemplo, recordemos que el periodista Leopoldo Castillo, llamado “el Ciudadano” o @elcitizen, aseveró en mayo que el dirigente Leopoldo López llegó sin signos vitales al Hospital Militar y a las pocas horas publicaron un video del dirigente político en el que decía que estaba bien. Se dudó de la veracidad de ese video, que si tenía un cinturón tal o que si estaba muy fortachón. Castillo fue manipulado por un conocido, una fuente antes confiable para él, pero así son los tramposos, se hacen confiables hasta que es necesario destruir la reputación del periodista.

Corre por las redes sociales que la dirección de inteligencia de Cuba, conocida como el G2, tiene cuentas que no son de gente real, cuentas falsas que sirven para burlarse de los escuálidos, o suben fotos trucadas de guarimberos y cualquier otro engaño. También hay robos de identidad o simples falsificaciones de cuentas en Facebook, a través de las cuales se hacen amigos de amigos y así espían a la gente. La paranoia es total, el ser seguido por el gobierno puede tener consecuencias; todos estamos bajo sospecha, no podemos confiar en nadie. El Estado fascista busca imponer el miedo como política.

Otra variante de estas intervenciones es que en Twitter pretenden crear héroes que ofrecen un nuevo camino de lucha. Cualquiera que se aparezca con un fusil y amenace de alguna manera al gobierno se convierte en un ídolo, no importa sus credenciales, el tiempo de lucha ni la referencia ideológica. Salvo el hombre de la camisa rosada, pero esa es otra historia.

El Consejo Nacional Electoral mintió descaradamente sobre la cantidad de electores que acudieron a la escogencia de constituyentistas. El CNE proclamó a los supuestos ganadores sin publicar los resultados electorales, por lo que podemos pensar que ganaron los que el PSUV previamente decidió que ganaron. Esto no importa, nunca tuvieron legitimidad, electos con pocos o muchos votos es irrelevante, fueron electos con el fraude de no haber convocado al pueblo a decidir si quería o no una nueva Constitución; algo así como un pecado original.

La empresa Smartmatic declaró que, según sus registros, los electores fueron mucho menos de los que informó el CNE. La información fue conocida por medio de una rueda de prensa de la empresa, no fue un invento de Twitter ni una cadena de oración. Los directivos dieron una rueda de prensa, se presentaron –bien lejos– a dar la cara por la empresa; por eso fue que conocimos la verdad, de un proveedor confiable del organismo electoral, hasta apenas ayer.

Lo que tienen en común los hechos del Fuerte Paramacay y la empresa Smartmatic es el derecho a la información. Nuestra carta magna expresa que: “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución” (artículo 58). El caso es que la información imparcial no se obtiene del gobierno y se duda de que sea veraz. Todo parece un invento.

En la Constitución se establece la obligación del Estado de garantizar los servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información, y la obligación para los medios de comunicación social, públicos y privados, de contribuir a la formación ciudadana (artículo 108). Si el gobierno cumpliera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esta y en otras materias, no estaríamos en esta constante desazón sobre nuestros derechos y libertades, no habría tantos muertos a causa de la represión del Estado y la que permite a sus seguidores.

El fundamento filosófico de la política, según Aristóteles, es el conocimiento “de la naturaleza misma y de la verdad”, lo que da al hombre de Estado las normas absolutas a partir de las cuales juzga lo que es justo, bueno y ventajoso y regula así su acción política.

Sin verdad no hay política, justicia ni bien común.

@rangelrachadell

La falsa sexta república

Los cambios históricos no son consecuencia de las constituciones, son estas las que reflejan los cambios políticos. Los abogados empujan la carreta de los revolucionarios, expresan en papel la visión que se impone desde el poder. Todavía peor, hay quien piensa que la numeración de las repúblicas depende del nombre de ellas, como llamarse Provincias Unidas de Venezuela, Estados Unidos de Venezuela o República Bolivariana de Venezuela; denominaciones que ha tenido nuestro país.

Desde la autocracia chavista se nos quiso imponer la falsa creencia de que estamos en una quinta república, e inventaron que la cuarta república perduró 169 años, para que le dieran las cuentas y poder denominarse quinta, como si eso sirviera de algo.

En 1999 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permitiese el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. Ahora se pueden intensificar los desmanes que se hicieron en el proceso constituyente de 1999-2000. Por ejemplo: habiéndose terminado el proceso constituyente el 15 de diciembre de 1999, el 3 de febrero de 2000 se publicó el Estatuto Electoral del Poder Público, con el cual fue modificada y derogada parcialmente la ley electoral vigente para ese momento y los chavistas tomaron el control del sistema electoral. El Estatuto Electoral fue dictado para regular los procesos electorales del año 2000 para la relegitimación de los poderes públicos, por lo que esta normativa se agotó una vez que se cumplieron las elecciones del 30 de julio y 3 de diciembre de 2000, aunque fue aplicado hasta que la Sala Electoral declaró, en marzo de 2006, que había perdido vigencia con las elecciones para el que fue creado.

El mencionado Estatuto Electoral fue dictado en ejecución del Régimen de Transición del Poder Público, y este del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, justificado en la facultad que tenía esa asamblea para declarar la cesación de las autoridades que conforman el Poder Público (entendieron que transformar el Estado y cesación de autoridades era lo mismo). Todo un entramado para intervenir los poderes públicos constituidos y proceder a cambiarlos a su libre arbitrio. Dejaron sin efecto (entiéndase, los botaron de sus cargos) al Poder Legislativo nacional y estadal; decidiendo, por sus pistolas, que sería ejercido por una Comisión Legislativa Nacional constituida por ellos mismos; cambiaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia –sin procedimiento–; asumieron la facultad de designar al Consejo Nacional Electoral y de imponerle el mencionado Estatuto Electoral. Eso fue lo que pasó a finales de 1999 y principios de 2000, eso –o peores decisiones– es lo que puede volver a pasar.

El agravante con la pretendida constituyente es que ahora no se le convoca. Maduro pide que se elijan unos constituyentistas para que, una vez instalada, dicte su estatuto de funcionamiento con unos supuestos límites que desdicen de su poder originario que recoge la soberanía popular, si la asamblea es soberana no hay límites que se le puedan oponer. Esta duda fue resuelta por la Sala Constitucional, en el año 2000, cuando decidió que: la Asamblea Nacional Constituyente, como órgano del poder originario puede abrogar, derogar o modificar sus propias normas, pues tal competencia es inherente a la organicidad de su poder originario.

Al igual que no obedecen a la Constitución de 1999, tampoco los restringirá la nueva constitución que dicten. Nacerá la sexta república de la falsa promesa de cambiar la economía, de lograr la paz, de cambiar la república para mejor. Lo que está demostrado es que está naciendo de un parto con la sangre de nuestros jóvenes, aunque morirá al nacer. Después del 30 de julio de 2017, no va a pasar nada distinto de lo que ya está sucediendo. Todos sabemos que los problemas económicos no dependen de una nueva constitución, a menos que desde el gobierno tengan la espantosa idea de hacernos pasar hambre para luego de la aprobación de sus constituyentistas proceder a importar la comida que no han querido traer al país hasta ahora. Seguirá faltando la comida, los medicamentos y la seguridad.

Vi a la gente en los automercados pagando importantes cantidades de dinero, hace tiempo que no observaba carritos llenos de mercado. Los que pudieron se apertrecharon para lo que viene en estos días. Hay conciencia de los riesgos que se corren con la constituyente, se presiente que hay peligro de perder la república, cualquiera sea su numeración, y que estamos entrando en una nueva fase de conflicto.

Ya no importa la letra de la Constitución, estoy refiriéndome a algo más grave, nos encontramos a un paso de perder nuestro modo de vida, de que nos impongan la solución cubana. Haga lo que le corresponde, es ahora o nunca.

@rangelrachadell

Pérdida de derechos políticos

La imposición de medida de casa por cárcel a Leopoldo López me hizo recordar que el gobierno, por medio de la Contraloría General de la República, lo había inhabilitado para ocupar cargos públicos, y ratificado mediante una sentencia penal; esa manera de perseguir la disidencia amerita explicar en qué consiste.

La inhabilitación es una pena o castigo que despoja al afectado de algunos derechos, honores, empleos y cargos públicos, del ejercicio de una profesión, industria o comercio, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda, curatela o acogimiento, del derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. Cuando afecta derechos políticos la inhabilitación se denomina política. En Roma lo llamaban capitis deminutio, una pérdida parcial o total de la situación jurídica en la que se encontraba el ciudadano.

Según nuestra Constitución, los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley (art. 42); y quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público no pueden optar a cargo alguno de elección popular, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito (art. 65). El inhabilitado político no puede ser elector, no puede votar (art. 64).

La pena de 13 años, 9 meses y 7 días de prisión impuesta a Leopoldo López fue acompañada de una pena accesoria de inhabilitación política, que se impone tanto en las penas de presidio como en las de prisión (Código Penal, art. 13 y 16); y produce la privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que tenga el penado y la incapacidad durante la condena, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. También pierde toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin poder obtener las mismas ni ninguna otra durante el propio tiempo (art. 24 del Código Penal).

Los penados a presidio se les agrava la condena por la interdicción civil a la que están sometidos, que les quita la disposición o administración de sus bienes, ejercer la patria potestad (ahora compartida como guarda) o la autoridad marital.

El sordomudo, el ciego de nacimiento o el que hubiere cegado durante la infancia, llegados a la mayor edad, queda sometido de derecho a inhabilitación civil, a menos que un Tribunal los declare hábiles para manejar sus negocios (art. 409 del Código Civil), esta inhabilitación civil no les coarta sus derechos políticos, por lo que las mencionadas personas pueden votar y ser candidato a un cargo de elección popular, aunque necesitan la decisión del juez que los habilite para los demás actos.

La suspensión del derecho al sufragio a los inhabilitados políticos se limita a los procesos electorales para escoger cargos públicos de representación popular, o participar en un referendo para determinar la voluntad mayoritaria del pueblo sobre algún asunto público y de interés para la colectividad, pero no es extensible a la participación en los procesos electorales de otras organizaciones que no forman parte de la estructura orgánica del Estado (Sentencia de la Sala Electoral, N° 151, de fecha 25-11-2009, caso Julio Alberto Álvarez contra la Comisión Electoral de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela).

La Ley contra la Corrupción establece que la inhabilitación política impuesta por los delitos previstos en esa ley, a criterio del juez, puede extenderse hasta 5 años después de cumplida la pena de prisión (art. 99).

Órganos administrativos aplican inhabilitaciones políticas, que no son impuestas por un juez con competencia penal por la comisión de un delito como ordena la Constitución; tales como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que faculta a los Concejos Municipales para imponer la sanción de suspensión e inhabilitación para el desempeño del cargo de concejal (numeral 16 del artículo 95 LOPPM). La multa que impone el Consejo Nacional Electoral, señalada en el artículo 231 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en contra de los funcionarios que concurran armados a los actos de inscripción, votación o escrutinios y que lleva aparejada la destitución del cargo y la inhabilitación para el desempeño de funciones públicas por el término de un año. Y la contemplada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que permite a ese órgano administrativo imponer inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años.

Hay otra inhabilitación política inmediata para los diputados, y con efectos hacia el futuro si la decide el Contralor General de la República, ambas de tipo administrativa, prevista en la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de 2010; que se transcribe:

Artículo 30. Todo fraude a los electores y electoras con base a lo señalado en los artículos precedentes, podrá conllevar a la suspensión o inhabilitación parcial o total del diputado o diputada, previa solicitud de los ciudadanos y ciudadanas en un número no menor del cero coma uno por ciento (0,1%) del total de inscritos en el registro electoral correspondiente a la entidad federal, o de la circunscripción electoral donde haya sido electo el diputado o electa la diputada. La solicitud deberá acompañarse de una exposición de motivos donde se expongan los argumentos que la soportan. La Asamblea Nacional someterá a consideración de la plenaria, la solicitud de suspensión o inhabilitación presentada y se decidirá por mayoría de los diputados y diputadas presentes en la sesión en la cual sea considerada la solicitud. Artículo 31. La Asamblea Nacional podrá remitir el expediente a la Contraloría General de la República, a los efectos que considere si hay méritos para la inhabilitación política del diputado sancionado o diputada sancionada.

Como caso curioso está la causal de inelegibilidad prevista en el artículo 415 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que prohíbe ser candidato a los directivos sindicales responsables de la administración y movilización de los fondos de la organización sindical que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuenta de la administración de los fondos y bienes de la organización sindical en asamblea general de sus afiliados.

Todas estas limitaciones a los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos podrían aumentar si el gobierno lleva adelante la constituyente, por eso es imperativo que participemos en las actividades de la Mesa de la Unidad y que acompañemos la dirección política que propone.

@rangelrachadell

Revolucionarios sin Constitución

La revolución socialista pretende ser una copia de la Revolución francesa, una mala copia por cuanto no cumple con los postulados de esa transformación de la sociedad.

En la Francia de 1789, el monarca Luis XVI no convocó una constituyente para superar los grandes problemas económicos que tenía el Estado francés; llamó a una reunión de los Estados generales, que era una representación de los tres estamentos en los que se consideraba dividida la sociedad de la época: el clero, la nobleza y la burguesía (mejor conocida como el Tercer Estado).

El Tercer Estado doblaba en representación a los otros dos Estados; sin embargo, el voto era por órdenes o estamentos, debían ponerse de acuerdo en cada estamento para votar, es decir, eran tres los votos que se emitían. El monarca, al igual que Maduro con su constituyente, amañaba los votos de tal manera que le favoreciera la cuenta, con el clero y la nobleza a su favor ganaba la votación.

El rechazo a esa forma de votación de los Estados generales fue el primer acto realmente revolucionario; los diputados del Tercer Estado no aceptaron pertenecer a un sector, querían que el voto de cada uno tuviera el mismo valor y lo lograron. Como consecuencia de lo anterior, decidieron que la reunión de los Estados generales, apoyados por la mayoría del clero, pasaba a constituirse en Asamblea Nacional y luego en Asamblea Nacional Constituyente.

En las bases comiciales impuestas por Maduro el voto de los ciudadanos no vale igual; unos municipios con muchos electores escogen la misma cantidad de constituyentistas que otros municipios con poquísimos electores, es como tener constituyentes de segunda categoría. Mirabeau se debe estar revolviendo en su tumba.

Otra mala copia de la historia de Francia es la identificación de esta dictadura con una quinta república. Esa enumeración identifica las distintas etapas del devenir político de Francia, e intentan encadenar las supuestas etapas de Venezuela y sus repúblicas con Simón Bolívar, que en el Manifiesto de Cartagena hizo mención a los errores de los que dirigieron la república que surgió de la Constitución de 1811; para luego dar un salto y decir que la cuarta república se inició en 1830 y se mantuvo hasta la Constitución de 1999, un período denominado cuarta república de 169 años, en los que ocurrió de todo, desde la Guerra Federal, la libertad de los esclavos, hasta el voto universal directo y secreto.

El colmo es querer denominar a esta dictadura como una revolución, sin cumplir con la exigencia de cambiar la visión del mundo o la manera de entender el Estado. Eso fue lo que hizo Copérnico con su obra Sobre las revoluciones de las esferas celestes; literalmente le abrió los ojos al mundo para que entendieran que el Sol no giraba en torno a la Tierra. La palabra revolución –usada por Copérnico– se le acredita a quien demuestre que el mundo funciona o puede funcionar de otra manera. La Revolución francesa de 1789 se merece ese apelativo por hacer valer el concepto de soberanía, y declarar que esta recae en el pueblo y no en el rey. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) expuso que: III. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Por eso es que digo que estos revolucionarios chimbos del siglo XXI ensayan arrogarse la soberanía mediante una manipulación electoral, sin darle a cada ciudadano las mismas consecuencias de su voto para escoger a sus representantes.

El llamado de la oposición, que considera que estamos en los supuestos del artículo 350 de la Constitución, se compagina perfectamente con la posición de los revolucionarios franceses, cuando en la mencionada declaración expusieron: XVI. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.

Somos una sociedad que no tenemos Constitución por cuanto los militares matan al pueblo, juzgan a los que reclaman sus derechos ante tribunales militares, se desconocen los derechos humanos, el Tribunal Supremo de Justicia es un apéndice del partido de gobierno y ni hablar de las penurias que estamos viviendo.

Nuestra sociedad venezolana puede decir como Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau: “Solo cederemos ante la fuerza de las bayonetas”; y parafraseando a Eugenio Montejo, para derrocar al socialismo que es la peste del siglo XXI.

@rangelrachadell