Por Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional
Muchas personas hablan de que algo va a pasar, no saben qué, no saben cómo, no saben cuándo; pero están convencidas de que algo va a pasar.
El gobierno puede tomar medidas extraordinarias aplicando un régimen jurídico especial o excepcional, y dependiendo de lo extraordinario del suceso o situación podrá tomar medidas proporcionales al hecho.
Tengo la idea que no se alude a un desastre natural, en cuyo caso se podría declarar el estado de alarma o de emergencia, facultad que pueden ejercer el presidente de la República, el gobernador o el alcalde en sus respectivas jurisdicciones. Esta situación ya se ha dado en nuestro país, el 18 de mayo de 2011, como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas en el estado Táchira, el presidente de la República declaró el estado de emergencia por un lapso 90 días, mediante el Decreto N° 8.229 (G.O. N° 39.677, 19/05/2011); en este Decreto se ordenó dictar un plan de acción, y para la ejecución se ordenó designar a un representante de todos y cada uno de los ministerios existentes a la época, un representante del gobernador y un representante de cada uno de los municipios afectados. A las autoridades se les facultó para tomar todas las medidas “especiales” necesarias en materia de seguridad ciudadana para “reestablecer y mantener el orden público, proteger a las ciudadanas y los ciudadanos, sus hogares, familias y bienes, así como apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales”.
Podría ser que la gente esté pensando en algo social, en un supuesto de conmoción interna, como un levantamiento, crispación o alteración del orden público; para ese supuesto la Constitución y el ordenamiento legal prevén la posibilidad de instaurar un estado de excepción.
El antecedente que tenemos es el Caracazo, en aquella oportunidad mucha gente salió a las calles a robar, desde una pieza de carne en canal hasta neveras, simplemente las cargaron y se las llevaron; la justificación que ofrecen algunos opinadores es que hubo una gran escasez de productos, los altos precios, la molestia de tener dinero en los bolsillos y no poder comprar nada, y la implementación de medidas económicas –cualquier parecido con la actual situación es pura coincidencia-; en esa oportunidad la ira se desató contra los locales comerciales, como si estos fueran los culpables de la devaluación o las malas medidas económicas implementadas por el gobierno de turno; si algo así ocurriera ¿contra quién se desataría el odio?
Esta pregunta no es ociosa, no sabemos a quién –el pueblo- está identificando como responsable de la situación actual, y no tengo nominados a ese premio; sin embargo, cualquier encuesta nos puede dar una pista.
En un supuesto de conflicto interno, social, económico o político, que afecte gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos, o de sus instituciones (o sus representantes), pueden restringir las garantías constitucionales por 90 días, lapso que se puede prorrogar por 90 días más. Esta facultad solo la puede ejercer el Presidente de la República –o quien ejerza en su ausencia, ejemplo: por no estar presente en el país o por estar indispuesto de salud-, mediante un Decreto, que es un acto de gobierno que tiene las mismas características de los decretos leyes, porque rompe con el procedimiento constitucional para la elaboración de las leyes.
Lo que decida hacer el gobierno en ese decreto dependerá de la gravedad de la situación, por cuanto el decreto debe contener medidas proporcionales al grado de conmoción que se esté viviendo, para solventar la situación de anormalidad. Hagamos un ejercicio sobre lo que se podría regular con ese decreto: a) la restricción al derecho a libre tránsito, lo esperado es que sea de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, conocido como toque de queda; b) la ampliación del lapso que tiene el Ministerio Público para presentar a quienes estén incursos en delitos; la libertad personal estaría limitada por un lapso mayor a las 48 horas que tiene el detenido para ser presentado al juez de control penal, podrían establecer un lapso de presentación de una semana hasta 90 días; la tortura está prohibida, aunque algunos estudiantes detenidos tienen otra versión sobre el comportamiento de las autoridades; c) la restricción a la libre circulación de los alimentos de primera necesidad y el racionamiento de su consumo (en la práctica ya está restringida por la obligatoria tramitación de las guías de transporte de alimentos); d) pueden imponer la obligación de cooperar con las autoridades, e imponer servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza; e) la autorización a las autoridades para requisar los bienes muebles e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizados para restablecer la normalidad; f) la exigencia de un permiso para poder efectuar reuniones; g) la suspensión de manifestaciones públicas (alguna limitación excesiva); y lo demás queda a la libérrima imaginación del presidente.
Este decreto deberá ser presentado dentro de los ocho días continuos siguientes ante la Asamblea Nacional o su Comisión Delegada, y al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional para que analice su constitucionalidad. El decreto debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados (en un artículo se refieren a los diputados presentes y en otro a los mayoría absoluta de los diputados de la asamblea Nacional) en una sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto. Se podría entender que el decreto puede ser aprobado por 3 de 5 diputados que asistan, pero el artículo 29 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción exige la mayoría absoluta de los diputados en esa sesión, por lo que la concurrencia debe ser de la mayoría absoluta de los diputados. En caso de no poder reunirse la Asamblea Nacional, o de no pronunciarse dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto, este se entenderá aprobado –curioso silencio positivo-.Cualquier reforma que haga la Asamblea Nacional al decreto que envía el Presidente deberá contar con el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados electos a la Asamblea Nacional; lo que me recuerda que esas exigencias de mayoría no pueden cambiarse a mayoría simple, como dicen que harán con la elección del Poder Electoral y del Poder Ciudadano.
Si yo fuera del gobierno ya tendría redactado el proyecto de decreto de restricción de garantías, porque parece que va a pasar algo.
@rangelrachadell
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