Hoy no hablaré de la crisis económica. Esa es
responsabilidad del gobierno por su política cambiaria y monetaria; la guerra
económica no existe; la solución a la inflación y a la escasez la tienen ellos,
pero no hacen nada.
Es inconcebible que el gobierno nos lleve a muchos tipos de
crisis, pareciera que le interesa el caos, que la tranquilidad sea imposible,
ya que provocan las crisis, las generan, las alimentan, por eso la pregunta que
se hacen los venezolanos es ¿a qué juega el gobierno?
Les voy a poner un ejemplo: la crisis universitaria.
La Asamblea Nacional, ejerciendo la mayoría oficialista que
tenía en ese momento, aprobó la Ley Orgánica de Educación el 13 de agosto de
2009, y dos días después, el 15 de agosto de 2009, fue promulgada por el
Presidente y publicada en la Gaceta Oficial N° 5929 Extraordinaria de ese mismo
día.
El artículo 203 de la Constitución establece que son leyes
orgánicas las que así denomina la Constitución y las que reciban esta
calificación por la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Educación no fue
calificada como ley orgánica por la Constitución sino por la Asamblea Nacional,
por lo que era necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 203, segundo
aparte, de la Ley Fundamental: “Las leyes que la Asamblea Nacional haya
calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca
de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá
en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la
comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley
perderá este carácter”.
El gobierno no cumplió con el procedimiento constitucional
al aprobar la Ley Orgánica de Educación, no fue a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia y, si eso no fuera suficiente, creó el escenario
para la crisis institucional universitaria. Conforme al artículo 109
constitucional: “…Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno y
funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y
vigilancia que a tales efectos establezca la ley”, y de un plumazo la Ley
Orgánica de Educación les quitó a las universidades su autonomía, y la Sala
Electoral les obliga a dictar un reglamento electoral, conforme a las pautas
inconstitucionales de la Ley Orgánica de Educación, que establezca un régimen
de elección distinto al previsto en la Constitución.
El 23 de diciembre de 2010, cuando todo el país estaba
pendiente de las fiestas navideñas, la Asamblea Nacional que le tocaba
entregar, aprobó la Ley de Educación Universitaria, la cual otorgó al gobierno
la facultad de reglamentar la vida universitaria, pero esa ley nunca fue
publicada en Gaceta Oficial, el Presidente decidió vetarla, no se atrevió a
encender al país con una normativa inconstitucional, aunque decidieron aplicar
la Ley Orgánica de Educación por otras vías, la judicial.
La Sala Electoral dictó la sentencia N° 104, el 10 de agosto
de 2011, e impuso a la Universidad Central de Venezuela que “reforme y publique
el Reglamento de Elecciones Universitarias de la Universidad, a fin de ajustar
su contenido a las disposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación y a
las consideraciones emitidas por esta Sala”; la UCV no se sometió y, por ende,
no dictó el reglamento al que se le estaba obligando; luego, la Sala Electoral
mediante la sentencia N° 83, del 17 de mayo de 2012, impuso a la UCV (a la
Rectora, los decanos, los representantes profesorales y a los representantes
estudiantiles) una multa equivalente a doscientas unidades tributarias; menos
mal que la Sala Constitucional, el 21 de mayo de 2012, en un acto de sindéresis
ordenó “la suspensión de los efectos de la sentencia N° 83 dictada el 17 de
mayo de 2012, por la Sala Electoral”; es decir, suspendió la multa, situación
que no ha sido decidida hasta la fecha.
La Sala Electoral ha venido suspendiendo las elecciones de
las universidades (la última fue la UNA), hasta tanto no se adecuen a lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación, independientemente de que la Ley
de Universidades sigue vigente, que están en contradicción estas leyes, y que
la Constitución establece unos derechos a favor de las universidades que la Ley
Orgánica de Educación desconoce.
La crisis institucional explotará cuando las últimas
autoridades universitarias electas se agoten, quieran renunciar o fallezcan, y
entonces será cuando el gobierno procederá a designar a quien considere, sin
democracia; y si cree que exagero recuerde que en materia gremial la Sala
Constitucional intervino el Colegio de Abogados del Distrito Capital (antes
Distrito Federal), designó directiva temporal y comisión electoral, que “tendrá
a su cargo la organización del proceso electoral conjuntamente con el Consejo
Nacional Electoral” (sentencia del 14 de febrero de 2008); solo que la
directiva temporal designada nunca pudo tomar posesión, y se ha mantenido la
anterior. El CNE no ha autorizado las elecciones del Colegio de Abogados, tal
vez esperando que a las actuales autoridades se las coma la tierra.
La solución es derogar la Ley Orgánica de Educación, o que
la Sala Constitucional, como se le ha solicitado, declarare que esa ley es
inconstitucional, para poder liberar a las universidades de la camisa de fuerza
impuesta por la Sala Electoral; y para ello habrá que salir a la calle, de no
hacerlo nos van a imponer a ideólogos que trabajarán por el comunismo del siglo
XXI.
@rangelrachadell
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