En defensa del petróleo

El presidente Isaías Medina Angarita promulgó la Ley de Hidrocarburos de 1943. Antes, la ley de 1938 favoreció las nuevas concesiones, que el Estado entrara como ente en el negocio petrolero, a través de institutos o empresas, y aumentaron algunos impuestos relacionados con esta actividad.

Lo más importante de la ley de 1948 es que estableció el principio "cincuenta-cincuenta", que hacía socio al país de la renta petrolera. Este principio, verdaderamente revolucionario para la época, fue logrado gracias a que las empresas petroleras, que habían sido nacionalizadas en México en 1938, no querían pasar por otra experiencia traumática. En ninguna otra parte del mundo las empresas petroleras cedieron tanto sus beneficios. Para conseguir esta ventaja el Estado propuso la conversión de los títulos de concesión otorgados a las empresas en nuevos títulos de 40 años de duración (vencían en 1983), se logró la estabilidad del mercado venezolano, y mundialmente se conoció como la solidificación de los títulos de las concesiones existentes, lo cual trasmitió confianza a las empresas para hacer nuevas inversiones en la búsqueda de petróleo.

 

Cuando llegó el gobierno de Acción Democrática de 1945, con su ministro de Desarrollo, Juan Pablo Pérez Alfonzo (nacido el 12 de diciembre de 1903, por lo que se cumplirán 113 años de su nacimiento), se denunció que el acuerdo cincuenta-cincuenta que reflejaba la legislación en realidad era un sesenta-cuarenta a favor de las compañías; por lo que reformaron la legislación tributaria para compensar algunas diferencias, y crecieron ocho veces los ingresos del gobierno.

Otra curiosidad es que el gobierno aceptó algunos pagos en petróleo, lo cual convirtió a Venezuela en un vendedor directo y comercializador de ese bien, y se obtuvo experiencia en mercadeo. Como consecuencia de esta política se ganó por barril más que México y más producción petrolera.

En 1948, Pérez Alfonzo, a sabiendas de que lo iban a detener los promotores del golpe de Estado, desistió de la oferta de la embajada de Estados Unidos para que se asilara en la misma; nada de estarse escondiendo en la embajada de Colombia, Nicaragua o huyendo a las colinas de Nirgua en el estado Yaracuy, como hicieron connotados funcionarios públicos en 2002.

En 1959, como resultado de sus luchas por los mercados mundiales, las empresas petroleras rebajaron el precio del petróleo en casi 10%, lo cual incidió en los ingresos pagados a los países de donde se extraía el petróleo. La reacción en contra de esa política se inició en el Congreso Árabe sobre el Petróleo efectuado en El Cairo en abril de 1959, con la reunión entre Pérez Alfonzo y Abdullah Tariki –quien en 1960 sería el primer ministro de petróleo de Arabia Saudita–, y diseñaron una Comisión Consultora del Petróleo, que defendiera la estructura de precios. A Tariki le fue otorgada la Orden Francisco de Miranda en 1960.

La OPEP fue creada el 14 de septiembre de 1960, buscando proteger los precios y regular la producción de petróleo mediante cuotas; ahora el socialismo del siglo XXI, con su fracasada política petrolera, no podría ver a la cara a Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Alirio Parra, quien sería ministro de petróleo con los presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velásquez, promovió el recorte de la producción en 1986, y se logró.

Hoy Venezuela produce menos petróleo que cuando se creó la OPEP en 1960, y el precio actual es más alto, pero ajustado por inflación desde 1975, cuando se produjo el aumento considerable del barril de petróleo, estamos recibiendo menos dólares reales; lo que actualmente ingresa a Pdvsa por barril de petróleo compra menos de lo que se podía adquirir en 1975.

Lo más grave de esta desidia son las muertes en la industria por la falta de mantenimiento y los delitos medioambientales en los que incurre Pdvsa, que no limpia ni indemniza sus desastres.

El actual gobierno no informa las estadísticas de producción de petróleo porque sería reconocer su fracaso. No puede comprometerse con una mayor cuota de producción, ya que no tiene el personal ni puede hacer las inversiones necesarias para lograrlo. Tampoco puede dejar de producir por tener postrada la economía del país, está en el peor de los mundos. El gobierno no tiene nada que ofrecerle a la OPEP para llegar a algún acuerdo, no posee el control de la industria.

Se murió Fidel, ya pueden dejar de regalar nuestro petróleo.

@rangelrachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/defensa-petroleo_0_966503434.html

Gobierno de mala fe

No tenemos cañones, no tenemos jueces; solo gente e ideas, y con eso podemos hacer mucho, ya que la violencia no es opción.

La lucha de guerrillas de los 60 demostró que la vía para salir de un gobierno no era esa, sino que significó la muerte de muchos jóvenes convencidos de la posibilidad de derrocar al gobierno, que en aquellos tiempos era democrático; embelesados con la dictadura cubana que logró tumbar el gobierno. Repetir esa épica fue una ilusión, se enfrentaron a un gobierno dispuesto a defenderse; y, para colmo, sin apoyo popular.

El que aspire a que los militares le hagan el mandado se arriesga a que el próximo golpista quiera quedarse con el coroto, y nada asegura que se convierta en una hermanita de la caridad mejor que los que tenemos.

Al eliminar la posibilidad del referéndum revocatorio y diferir –inconstitucionalmente- las elecciones de gobernadores no se cubren las apariencias de una democracia, tenemos una farsa sin careta. Lamentablemente, un proceso electoral no está a la vista, y la expectativa de repetir las elecciones en el estado Amazonas nos regresa a diciembre de 2015, cuando ganamos las elecciones en ese estado, es decir, no habremos avanzado nada, a menos que se respeten los resultados, que el TSJ se deje de trampas y de sabotear a la Asamblea Nacional.

Olvídense que la OEA, Trump o la ONU nos va a hacer el mandado, ninguna sanción económica se toma de un día para otro, y menos cuando los principales actores son socios comerciales. Nadie se imagina a los países del Caribe votando en contra de la mano que les da de comer, sin importar que el petróleo sea barato, ya que puede volver a subir de precio y tengan que mendigar de nuevo por unos barriles.

Sabemos que una marcha no tumba gobiernos, pero ayuda. Recordemos que en el 2002 los militares se negaron a reprimir una marcha a Miraflores, y fue el desconocimiento de la autoridad del presidente lo que llevó a su pérdida de control de la situación, no le obedecieron los mandos militares y quedó en riesgo su integridad personal. Tiene que existir un grupo de resistencia que salga a marchar, que movilice la opinión pública, para que genere las condiciones del cambio.

Aunque el diálogo es necesario, eso no significa que tengamos que confiar en el gobierno, que supongamos que van a cumplir su palabra; podemos conversar y hacer travesuras.

Lo primero que ha quedado al descubierto con los recientes acuerdos es que la oposición y el gobierno no son iguales, no están en el mismo nivel, gozan de poderes diferentes. Los resultados de estas negociaciones no muestran las concesiones recíprocas que las partes se deberían estar otorgando; es más, pareciera que la oposición se convierte de alguna manera en socio del gobierno al tratar de resolver algunos de los problemas que le competen solamente al gobierno, tal y como son la comida y las medicinas.

Todos esperamos que disminuya la represión. Sin embargo, eso no solo no lo está haciendo el gobierno, sino que es una de sus principales herramientas de dominación, la cual no abandonará por todas las ventajas que tiene, entre ellas la impunidad del propio gobierno.

Maduro habla de paz, sin explicar cuál es la que propone, aunque creo que se refiere a la pax romana, esa que era consecuencia de la total sumisión de las ciudades conquistadas y de los habitantes, los cuales pagaban con la vida cualquier rebelión.

Recordemos que este gobierno no es legítimo, en el entendido que no cumple con sus obligaciones con el pueblo, no garantiza la alimentación, la salud ni la seguridad personal. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a desobedecer, no a las leyes, a la imposición del gobierno. Vivimos una anarquía –las innumerables muertes son consecuencia de la ausencia del Estado-, así que no hablo de desaparecer al gobierno, pero sí de hacer manifestaciones de rechazo a las imposiciones; por ejemplo, hay que negarse a pagar la corrupción, desde la del soldadito o el policía en la alcabala móvil hasta salir a la calle de nuevo para pedir el referéndum revocatorio. Una tontería como eliminar el color rojo de nuestra vestimenta es otra señal de rechazo al partido de la dictadura.

Hay que identificar a los funcionarios que están actuando mal, a los colaboradores del gobierno (algunos partidos que eran de oposición han sido controlados por el gobierno a través del TSJ), a los que hacen negocios como enchufados, a todos esos hay que empezar a pedirles cuentas de su proceder; y por favor, dejen de invitarlos a las reuniones y fiestas, ya está bueno de halagar a los colaboracionistas, tienen que sentir nuestro rechazo.

Recuerde, todo, absolutamente todo lo que hace el gobierno es de mala fe, es para permanecer indefinidamente en el poder, mal administrar los recursos públicos y seguirle molestando la vida.

@rangelrachadell

Artículo publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/Gobierno-mala-fe_0_958104338.html

No estamos en el limbo

Hay quien especula que nuestra sociedad se encuentra en una indefinición política, y a eso lo llaman limbo. Dicen que estamos en una vaguedad, que falta claridad, precisión o exactitud en el liderazgo; pero esto no es cierto, lo que pasa es que nos gobierna una parranda de locos que no les importa ni la paz ni la tranquilidad de todos, y no hay nada que haga la oposición que no sea tergiversado por el gobierno. Venezuela no está en el limbo, por cuanto no está claro que este exista.

El concepto de limbo se hizo popular por La divina comedia de Dante Alighieri, como el primer círculo del infierno; allí se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, entre ellos su guía el poeta Virgilio. Este limbo es un lugar donde no se sufre, en el que se halla “tanta gente, digna de la celeste bienandanza”; solo que están privados de la visión de Dios. Otros consideran al limbo un “estado intermedio” entre el cielo y el infierno; para estos no es un lugar, es una situación incómoda. Esta creencia es más acorde con lo que algunos piensan de nuestro país, que no estamos en ningún lado, que no somos democracia ni dictadura; solo que aquí si estamos sufriendo la desidia del gobierno –entonces no es un limbo como lo recrea Dante–.

El Catecismo de la Iglesia Católica no menciona al limbo, por lo que no comparte el uso poético que hace Dante al considerarlo el primer círculo del infierno.

Aquí, en nuestra Venezuela, lo que tenemos es un purgatorio; estamos expiando en vida algún pecado como sociedad, y debió ser muy grave, porque las colas para conseguir comida, los problemas para mantener en funcionamiento los negocios, el adquirir las cosas básicas es lo más parecido a una penitencia; y eso que no ha llegado el fuego para purificarnos, pero con esta fuerza armada uno no sabe; y para colmo se burlan de todos nosotros.

Una demostración de esta locura es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, N° 907, del 28 de octubre de 2016, que declara a Maduro Moros como venezolano; sin ser el medio idóneo para declarar la nacionalidad por nacimiento.

El documento que puede declarar la nacionalidad es la partida de nacimiento, y, como expresa artículo 197 del Código Civil (CC): La filiación materna resulta del nacimiento, y se prueba con el acta de la declaración de nacimiento inscrita en los libros del Registro Civil, con identificación de la madre. Pero es el caso que, en la sentencia, no aparece la madre de Maduro, ni el padre; tampoco la fecha de inscripción del niño Maduro.

En las partidas de nacimiento, para la fecha de nacimiento de Maduro Moros el 23 de noviembre de 1962, y mucho tiempo después, se dejaba constancia de los siguientes datos: a) el reconocimiento del hijo por sus padres (art. 217 CC), b) los dos apellidos del menor (art. 239 CC), c) el nombre y apellido del funcionario que la autorice, y su Secretario; d) el día, mes y año, la hora; y si era posible, la casa o sitio en que acaeció el acto que se registra, e) el nombre, apellido, edad, profesión y domicilio o residencia de las personas que figuren en la partida, f) dos testigos mayores de edad y vecinos de la Parroquia o del Municipio (estas últimas menciones son exigencias del artículo 448 CC), g) el sexo, y h) el nombre del recién nacido (art. 466 CC). Ninguna de estas menciones obligatorias las recoge la sentencia, para poder verificar si lo que asevera el TSJ es cierto, que el funcionario y los testigos que deben aparecer firmando el documento reconocen su firma, eso sí sería una buena investigación.

Actualmente se regulan los asientos de las actas por la Ley Orgánica de Registro Civil (G.O. 39.264 del 15/09/2009), en los artículos 81 y 93; con las mismas exigencias, agregando la huella dactilar de quienes figuren en el acta.

En todo caso, lo que debió solicitar Maduro Moros, para probar su nacionalidad, era un certificado de nacionalidad venezolana por nacimiento (art. 18 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, G. O. N° 37.971 del 1/07/2004), que otorga el Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), presentando su cédula de identidad, y copia certificada de la partida de nacimiento (art. 19 de la ley citada).

Una sentencia para probar la nacionalidad por nacimiento, por muy alta que sea la investidura pública del solicitante, es un despropósito, y viola los procedimientos legales.

Después de esta penitencia pública de nuestros pecados merecemos la absolución y que se acaben estos martirios que nos impone el gobierno, y que sean ellos a los que les corresponda empezar a pagar.

Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/limbo_0_949705127.html