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22 diciembre 2020

Nicolás está feliz


La semana pasada corrió el rumor que el presidente electo de Estados Unidos de América, Joe Biden, podría suavizar las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno chavista, acusados de ladrones, asesinos, extorsionadores y defraudadores del patrimonio de la República de Venezuela. Esos mismos por los que se ofreció recompensa por su detención. El levantamiento de las medidas lo plantean a cambio de que se efectúen elecciones libres; ya veremos si son presidenciales, de diputados, gobernadores, legisladores, alcaldes y de concejales. Unos megarrecontra comicios.


Que lo llamen dictador, sátrapa o criminal le es indiferente; si el gobierno de Estados Unidos lo llama a conversar lo está legitimando. Lo reconocerán como el hombre que manda de hecho en Venezuela, sin que le importe que desconozcan la investidura obtenida mediante el fraude en las elecciones de 2018, él atenderá el teléfono y oirá lo que tengan a bien pedirle. Descarto que sea sincero en su respuesta. Esa es la política real.


La estrategia de Nicolás es transparente, hará lo de siempre: una reunión con discurso, mucha gente, bastantes medios de comunicación; que se entere el mundo entero de que él, en un acto de magnanimidad, se reunió para hablar de una democracia manchada de sangre, roja rojita. Sus negociadores se comprometerán en liberar a los presos políticos y soltarán a dos o tres de los cientos que están en las mazmorras de los distintos cuerpos de seguridad. Las conversaciones se extenderán con la excusa de que ahora si tienen una Asamblea Nacional patriótica, con unos diputados que representan al pueblo, una oposición sumisa y bien pagada que acompañará todas las manifestaciones de apoyo al levantamiento de las medidas contra los funcionarios y a las empresas del gobierno. El negocio está primero.


Por supuesto, Nicolás, para sentarse a negociar sobre posibles elecciones, pedirá que le devuelvan las joyas de la corona: Citgo Petroleum Corporation, Monómeros Colombo Venezolanos S. A., y el control de las reservas de oro guardadas en el Banco de Inglaterra. Lo más seguro es que proponga que se repitan las votaciones de diputados a la Asamblea Nacional, por lo que los recién electos se sentirán defraudados cuando sean desechados en la negociación, sin influencia en las decisiones, sin nada que alegar a su favor. El objetivo es alargar la agonía. Los comicios presidenciales deberán esperar. Este es el arduo camino de la oposición.


Es posible que en la mesa de negociaciones se sienten representantes de la verdadera oposición, alguien designado por Guaidó o por los partidos que lo respaldan y todavía persisten en funciones en la Asamblea Nacional, hasta que sea electa una nueva. Los beligerantes obtendrán reconocimiento. El diligente Tribunal Supremo de Justicia dictará sentencia para dejar sin efecto las intervenciones de las organizaciones políticas que eran opositoras y ahora son afines al gobierno. La lista es larga, empezando por Copei que fue el primero que intervinieron y le designaron varias juntas interventoras que denominaron ad-hoc.


El gobierno se opondrá a la sustitución de magistrados del TSJ, eso es su seguro de vida en el supuesto negado de que los opositores obtengan más diputados que ellos. Siempre queda el viejo truco de dejar sin efecto la elección o desconocer al órgano legislativo, de perjudicarle el resultado. El Consejo Nacional Electoral será objeto de una nueva reestructuración, saldrán los cinco rectores afectos al régimen y designarán otros. Eso sí, nada de mutuo acuerdo, de dos para cada una de las partes y un independiente pro-gobierno, serán tres de la dictadura y dos desconocidos, lo toman o lo dejan, y la oposición tendrá el mismo dilema de 2004, un CNE medio aceptable, con el argumento de quien tiene los votos todo lo puede. La experiencia dicta lo contrario, la administración chavista se aprovechará de cualquier ventaja, juegan sucio y la trampa podría estar escondida en un artículo anodino de un reglamento olvidado.


La oposición pondrá en la mesa los temas álgidos, el hambre que pasa el pueblo y la búsqueda de comida en basureros. La emigración forzada y los muertos en la frontera, en Táchira, en Zulia o en el estado Sucre, la complicidad del gobierno de Trinidad y Tobago con los ahogados o la presencia de la FARC en nuestro territorio. La hiperinflación provocada por las medidas económicas y la falta de papel moneda para efectuar las transacciones al menudeo. La escasez de gasolina, la expoliación de los pocos dólares que tienen los venezolanos por un combustible cobrado a precio internacional con calidad de socialismo del siglo XXI. La corrupción oficial en general y la militar en particular. Las desapariciones forzadas provocadas por órganos como la FAES. El pernil que ofrecieron a cambio del voto y que nunca llegó o estaba descompuesto. La compra de la vacuna del covid-19. La violenta represión en contra de los manifestantes. De todas maneras, siempre se podrá agregar uno que otro asunto que Nicolás se niega a resolver.


De repente, todo termina, los gringos se desencantan y entienden que le siguieron el juego a la dictadura sin obtener nada a cambio, sin mejoras políticas, aunque tal vez una que otra reforma económica financiada por el imperio.


Como cantó Rubén Blades: “Esto se acabó, vida / La ilusión se fue, vieja / El tiempo es mi enemigo.


@rangelrachadell


08 diciembre 2020

Ahora nos toca a nosotros


El Consejo Nacional Electoral anunció –muy tarde– que ganó el chavismo, la oposición no reconoció, y todo sigue igual. Mucha hambre, misma falta de electricidad, idéntico desabastecimiento de gasolina. Queda la deuda de la comida y el pernil ofrecido a quienes trabajaron en los centros electorales, los verdaderos votantes de este proceso, aparte de los que estaban obligados a riesgo de perder su vivienda, su caja CLAP o su trabajo. Al último bono le faltó impulso para llegarle al precio del voto.


Los soldados fueron los testigos del proceso de este 6 de diciembre, ellos presenciaron la ausencia de electores en los centros de votación. Aparte de los aburridos funcionarios electorales, no detuvieron a ningún elector, tampoco las abuelitas le llevaron un pan ni una sopa. De nada les sirvió el fusil y el casco. En el transcurso de la semana observarán los anuncios oficiales que refieren miles de votantes que justificó que la jornada se extendiera hasta la noche en locales vacíos. Lo comentarán en la barraca, se lo dirán al familiar más cercano; la verdad correrá como pólvora y los tenientes, capitanes y mayores reconocerán lo que pasó. No votó nadie.


Pocos se trasnocharon esperando los resultados de las elecciones, a casi nadie le importó que le dieran medio cambur a cada partido político de Nicolás por su participación. Sin competencia real no hay baranda que mantenga la expectativa. Total, la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba leyes sin discutir o cumplir con el procedimiento constitucional, los nuevos empleados serán tan sumisos como aquellos. La jornada fue equivalente al 2 de diciembre de 1957 de Pérez Jiménez, puro funcionariado y algunos becados.


Después de las fraudulentas elecciones nadie toma en cuenta a Nicolás, y es ignorada su dignidad presidencial. Sabemos que Rusia, China, Turquía, Cuba e Irán emitirán las felicitaciones correspondientes. Las notas de estilo de las cancillerías dirán que el pueblo venezolano demostró –nuevamente– que se mantiene firme en su lucha contra el otro imperialismo y que la renovación de su Poder Legislativo fue un proceso pulcro, sin mancha, digno de ser copiado por cualquier otra dictadura. Un ejemplo de la democracia chavista para el mundo.


Desde el año pasado la cobertura internacional de lo que sucede en Venezuela ha disminuido. El tema sigue siendo los migrantes que huyen de este mar de la felicidad copia del cubano, la diáspora forzada por las políticas socialistas. Hoy, casi nadie está comentando lo que pasó en nuestro país, el guion escrito se desarrolló al pie de la letra. Los países que apoyan a Guaidó rechazaron los comicios antes de efectuarse y se pronunciaron al respecto, hasta el gobierno izquierdista de España declaró que no reconocería el resultado de las elecciones legislativas. Todo estaba preparado para que Nicolás ganase sin el menor esfuerzo. Sin novedad, sin sorpresas, sin gracia.


Las agencias internacionales de noticias coinciden en que en Venezuela se ha llegado a un equilibrio, el régimen ha perdido poder de maniobra, sin que lo obliguen a ceder o renunciar, y que ese contrapeso se mantendrá por varios años. Aseveran que la oposición ha desperdiciado su fuerza y que debe reagruparse, generar hechos políticos y mejorar su relación con los militares, esos mismos que hoy acompañan a Nicolás en sus desmanes. Considero que exageran, ni el gobierno ha resuelto los problemas que aquejan al venezolano, lo cual genera presión en su contra todos los días, ni los opositores se han rendido en su esfuerzo por la democracia y la libertad de nuestro país.


La incertidumbre no está en lo que hace el gobierno sino en lo que logrará la oposición en la nueva etapa política que se inicia con el intento fraudulento de sustituir la Asamblea Nacional con directivas impuestas y con seudodiputados afectos al régimen. Si los que no votamos el 6D manifestamos nuestro rechazo deberíamos encontrarnos muchos opositores en la calle; caso contrario, de ser otra reunión apática, nos merecemos la dictadura.


Los venezolanos que rechazamos la manera de vivir impuesta por el socialismo del siglo XXI, estamos llamados a manifestar nuestro rechazo al dictador, debemos participar, asistir y comprometernos con las iniciativas en contra de este gobierno, este es el objetivo principal, porque no se merecen gobernar. Protestar es insuficiente cuando le falta dirección política, así que mueva ese ánimo, tome su gorra, su bandera y nos vemos el 12 de diciembre en la consulta que convocó Juan Gerardo Guaidó.


Ahora nos toca a nosotros, a la verdadera oposición.


@rangelrachadell

24 noviembre 2020

Saludos desde Anchuria

 

Anchuria es el supuesto Estado en el que se desarrollan los cuentos de O. Henry, publicados en el libro Coles y Reyes. En este se delinea, por primera vez, una república bananera que, sin tener marina de guerra, designa un almirante al que no puede pagarle el sueldo, tampoco su tripulación, ni disponer gastos para la armada constituida por una única embarcación. En definitiva, “un país inestable, empobrecido, atrasado, tercermundista y corrupto, cuya economía depende de un solo producto, gobernado por un dictador legitimado de manera fraudulenta”, sometido a la hegemonía de una empresa (Cuba, Rusia, China o Irán), mediante sobornos o el ejercicio del poder militar. Como expone el Diccionario de la lengua española: Dicho principalmente de ciertos países de Iberoamérica: tercermundistas. Salimos retratados.


Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, recientemente dijo: “Nos vamos a convertir en Venezuela”, y acusó a varios gobiernos de intervenir en el proceso electoral de Estados Unidos a favor del candidato de oposición Joe Biden. Sea cierta o no la denuncia de intervención en esos comicios, ¿qué ha hecho el gobierno venezolano para ser ejemplo de una república bananera?


Giuliani dijo que no pueden permitir que estos delincuentes (se refiere a los demócratas) le roben una elección al pueblo estadounidense. Supongo que compara a la oposición con el Consejo Nacional Electoral, de quien Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic, estimó que “la diferencia entre la cantidad anunciada (por el CNE en la constituyente de 2017) y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores”. Sospecho que se quedaron cortos en la anterior cifra. Es decir, el CNE infló los resultados y la empresa mencionada denunció la manipulación de los números. No me extraña que en el fraudulento proceso electoral programado para el 6 de diciembre declaren la mayor participación de la historia en un proceso exitoso, gracias a los partidos previamente intervenidos por el Poder Judicial. Anunciarán millones y más millones de votos.


No me imagino cómo lograron piratear las máquinas y cambiar las papeletas que favorecen a Trump por las de Joe Biden. En todo caso, sustituir los resultados finales o las boletas involucra demasiadas alteraciones cuando en algunos estados son numeradas, presentan marcas de agua y las imprentas que las producen son vigiladas; llenarlas con el otro candidato; sellarlas; ponerlas en los buzones y desaparecer las originales. No es que no lo puedan urdir, es que implica la participación de varios cientos de personas a las que hay que pagar. Vista la certificación del estado de Georgia, Biden ganó por 12.670 votos; y si confiamos en los números no oficiales, ya que faltan otras certificaciones, en Arizona la diferencia fue de 10.457 votos; en Michigan 155.629; en Pensilvania 82.813. Los votos sustituidos en la cara de los republicanos debieron ser considerables, siendo difícil que no se hayan dado cuenta de tamaña irregularidad. Solo eso justifica que aleguen que en Georgia el recuento no es necesario porque “están contando los mismos votos fraudulentos una vez más”. Los poncharon parados.


Otro argumento es que robaron los votos gracias a la tecnología desarrollada en Venezuela. Tal vez el software “diseñado expresamente para ese propósito” se creó en nuestro país, sin embargo, no se ha mostrado el código del programa ni cómo se implantó. Somos unos genios y no lo sabíamos. Tengo mis dudas de que sea cierto porque, en las elecciones de Nicolás y Capriles en 2013, se imprimía primero el Acta de Escrutinio, y luego se transmitían los datos de la máquina de votación al CNE, así que la alteración de los resultados no pudo ocurrir si los testigos tenían copia del acta. La trampa está donde siempre, en la mesa electoral en la que no hay nadie de la oposición, allí ocurre la usurpación de identidad por personas que votan más de una vez por los electores que no fueron ese día. Aderezado con una ristra de irregularidades previas al día de la elección.


En Estados Unidos no existe el voto electrónico ni las máquinas electorales están conectadas a Internet en el momento de la votación, por lo que el fraude no puede hacerse en el mismo instante. En algunos estados el aparato es un lector de boletas marcadas a mano por el votante, por lo que queda la constancia.


Tampoco en Estados Unidos tienen un Poder Judicial como el nuestro, complaciente con el régimen, que promueve el incumplimiento de la Constitución, el cambio de la ley que establece el sistema electoral y sustituye a las directivas de los partidos políticos con dirigentes escogidos por el gobierno. En el país del norte respetan el llamado “principio Purcell”, doctrina derivada de un caso de 2006 en el que la Corte Suprema de Estados Unidos sugirió que los jueces federales no deberían alterar las reglas cerca de una elección, para no desorientar a los votantes y confundir las normas establecidas por funcionarios electorales estatales. En Venezuela se altera la legislación seis meses antes de los sufragios, lo cual es prohibido.


Las teorías conspirativas entretienen mucho, solo que o son imposibles de probar o requieren de la aceptación de la denuncia como acto de fe, equivalente a la que tiene que asumir el lector de ciencia ficción. Supermán vuela sin importar el proceso necesario para lograrlo. Trump debe las pruebas del fraude y el impacto de las supuestas irregularidades en el resultado de la votación.


@rangelrachadell

10 noviembre 2020

Trump, esa no es la vía


El proceso electoral en Estados Unidos ha transcurrido dentro de lo normal, aunque uno de los candidatos alegó que hubo fraude. Esta denuncia puede llevar a procesos legales en los estados y en la Corte Suprema de ese país. Como los votantes escogen a electores –sufragio indirecto o de segundo grado–, el presidente será escogido, formalmente, el 14 de diciembre. Mientras tanto, el candidato con más delegados es Biden.


En la Venezuela del socialismo del siglo XXI se ha hecho trampa antes, durante y después de culminado el proceso electoral. Confiar en los contendientes, en el organizador o en el árbitro es de una inocencia crasa. Todos poseen su interés, solo que algunos pueden influir en los escrutinios y a otros les es imposible. Un ejemplo de trampas previas es inhabilitar candidatos y rechazar su inscripción, este fue el subterfugio preferido del chavismo, como ahora es intervenir a las directivas de los partidos para que postulen a los afines a Nicolás y sus secuaces. También, cambiar las reglas sin reformar la ley, exigir requisitos inconstitucionales o irrespetar el derecho al voto son triquiñuelas comunes por estos lados.


En Estados Unidos hay 51 procesos electorales regulados por cada estado con procedimientos distintos. Es un proceso descentralizado. Solo dos de ellos establecieron un sistema cercano a la proporcionalidad entre votantes y delegados, en los demás el ganador se lo lleva todo. Las legislaturas estatales pueden limitar el derecho de los ciudadanos condenados por delitos de cualquier tipo, autorizar el voto presencial previo al día de las elecciones o por correo, o efectuar un preescrutinio (procesan, examinan y clasifican las boletas sin sumarlas). Los electores del colegio electoral se comprometen a votar por los candidatos que representan, aunque conservan su libertad de conciencia, cambiar su preferencia sería deshonesto.


Ya que estamos hablando de impugnaciones de elecciones, vale comentar que el principal principio es el respeto a la voluntad del elector, el vicio denunciado debe afectar el total de la elección, ser determinante en el escrutinio. Así, si impugnan y logran anular 150 boletas y la diferencia es de miles de votos, esa acusación carece de relevancia jurídica que afecte al ganador. Las irregularidades son consecuencia del fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del registro electoral, en las votaciones o en los escrutinios, o el incumplimiento del procedimiento. Denunciar es insuficiente, es necesaria la prueba y la incidencia en el resultado.


Los abogados de Trump pueden probar algunos hechos, por ejemplo, centros electorales constituidos de manera ilegal, sin funcionarios designados o votación en un sitio distinto al establecido; votos por correo que se emitieron antes o llegaron después de la fecha establecida por el estado; violencia hacia los votantes, ya sea por los miembros de mesa o terceros que los obligasen a abstenerse de votar o sufragar en contra de su voluntad o que sea imposible determinarla en el instrumento electoral (Florida 2000), solo que en este último caso se ordenó paralizar el reconteo al Tribunal Supremo de Florida. Nunca se ha ordenado detener un escrutinio por sospechas.


Las denuncias de un supuesto fraude parten de que la autoridad electoral del estado de Pensilvania, apoyada por su Corte Suprema, autorizó tomar en cuenta las boletas recibidas hasta el 6 de noviembre de 2020, siempre y cuando fueran emitidas (sello postal) incluso el 3 de noviembre. La legislatura del estado de Pensilvania (al igual que las de Michigan y Wisconsin) está liderada por el Partido Republicano, el proceso electoral se efectuó con sus leyes, pudieron cambiar las reglas y limitar el ejercicio del voto por correo, pero no lo intentaron. Otro ejemplo, en Carolina del Norte se recibirán las boletas enviadas por correo hasta el 12 de noviembre.


La denuncia es de tipo formal, no se alega un fraude en la emisión del voto sino en la recepción del mismo por la autoridad electoral. La manifestación de voluntad del votante se considera cierta, pero llegó fuera del lapso previsto según Trump, el día de la elección. La Corte Suprema ordenó separar esas boletas, estimadas extemporáneas por el denunciante, y esto implica contabilizarlas aparte. Si luego de contar todos los comprobantes “legales”, a criterio de los denunciantes, la diferencia cambia con las boletas “extemporáneas”, se podría revisar su legalidad. Se calculan en 4.000 los votos que se encuentran en esta circunstancia, y Biden supera al presidente por más de 40.000.


Si los abogados de Trump logran identificar otras irregularidades, todavía falta determinar si son relevantes para la escogencia de los electores, aunque otros estados le den a su contrincante los delegados que necesita.


El recuento de votos podría anular algunas boletas, ya sean de las que llegaron por correo o de las que se emitieron de manera presencial. Estos reconteos no suelen alterar el total, son porcentajes despreciables, sin incidencia, como el asunto ese de los muertos que votan (es posible, pero son muy pocos). En todos los estados la diferencia en muy amplia como para confiar en la efectividad de los recursos legales que ofrece presentar el equipo de Trump.


El expresidente George W. Bush se refirió a Biden como “presidente electo”, por lo que le auguro a Trump pocas posibilidades de alterar los resultados.


@rangelrachadell


27 octubre 2020

Hablemos de la guerra


En la guerra civil de independencia desapareció 20% de la población, entre ellos 10.000 soldados españoles venidos del otro lado del océano Atlántico. De Venezuela se fue el mismo porcentaje del pueblo huyendo de las políticas del socialismo del siglo XXI. La recesión de la Segunda Guerra Mundial fue mayor a 15% del producto interno bruto, nuestro país perderá 70% del PIB en el gobierno de Nicolás. En toda conflagración la moneda es otra de las víctimas, pierde valor por la falta de confianza y se genera inflación. El primer peso venezolano lo hizo polvo la ausencia de respaldo, como sucede ahora.


El que nos quiera invadir enfrentará varios problemas. Si vienen de Colombia van a recorrer más de 800 kilómetros vía a Caracas, ya sea que partan desde Cúcuta o de Maicao, por carreteras destrozadas, con muchos puentes que pueden ser dinamitados y pasos por ríos profundos. Alimentar ese ejército invasor es difícil, sería con su propia comida, sin ganadería ni agricultura que sustente a los propios venezolanos poco podemos aportar a ese esfuerzo. Eso que llaman proteína de origen animal y la aportan las carnes de res o de cerdo, los huevos, la leche o el pescado, al igual que las frutas, verduras o ensaladas habrá que importarlos.


El gobierno de Nicolás aplicó la estrategia de tierra arrasada con mucha antelación, devastó la economía, esa industria que podría aportar la manutención a las propias fuerzas o a las rebeldes fue destruida. Les pasaría igual que al ejército de Napoleón en Rusia, que tenía la mala costumbre de aprovisionarse con los bienes del país que invadían, solo que en el invierno ruso les fue imposible conseguir la comida.


Los conquistadores pueden traer sus propios generadores eléctricos que los iluminen, ya que aquí la electricidad apenas alcanza a unas pocas horas y la mayor producción se encuentra en la represa del Guri. Si quieren gasolina deberán tomar las refinerías y ponerlas a funcionar. Se lo agradecemos encarecidamente, las colas son insoportables.


Los gringos, ya vengan solos o acompañados, son muy organizados, ellos transportan sus hospitales de campaña, sus tratamientos y médicos capacitados. En cambio, la resistencia socialista se conformará con algunos Médicos Integrales Comunitarios (MIC) que atenderán a los milicianos de la vanguardia del gobierno. Me refiero a esas tropas de las que desconfía el régimen por ser civiles recién vestidos, perdón: uniformados, sin disciplina ni arraigo comunista. Debe existir un inventario farmacéutico hecho en la India, Turquía e Irán, a disposición de la tropa al servicio de Nicolás.


El principal objetivo estratégico es el jaque mate al que da la cara, sin saber si es el que gobierna. Los militares están en todos los cargos, sin importar su especialidad. La presencia militar la podemos observar cobrando en dólares en una gasolinera (allí dan algo a cambio) a un ministerio u organismo de lo que sea, por ejemplo: Corpoelec.


Nadie sabe adónde vive ese pobre hombre que dice que manda, si tiene residencia conocida, o duerme en una cama diferente todos los días, al igual que otros dirigentes. Apenas visitan sus casas ubicadas en la zona montañosa cerca de Caracas. Atrapar una pieza del ajedrez es indispensable, como Chávez al intentar matar a Carlos Andrés Pérez. Hay que conquistar los símbolos del poder, solo que estos se han difuminado. En el pasado, el que se apropiase de la casa de gobierno o Miraflores era equivalente a tomar la colina, lograba el triunfo. Ahora, el chavismo ha logrado quitarle el atractivo ya que se ignora quién gobierna; puede que se encuentre en Fuerte Tiuna o en La Habana, en directo o a control remoto.


La guerra de baja intensidad que ha implantado el gobierno contra la sociedad les ha dado buenos resultados a ellos y malos a todos los demás; sin embargo, toda confrontación cuenta con la producción de las empresas nacionales. Por mucho dinero que posea una de las partes debe producir uniformes, botas, municiones, rifles, bombas, cañones. Si el interés fuera resistir el ataque necesita mantener unas guerrillas o partisanos con el apoyo del pueblo. Esto cuesta mucha plata.


Tumbar un gobierno es complejo, a veces se caen solos. La situación se parece al ataque a una fortaleza, en la que el país es el castillo. En esta época moderna el asedio es virtual, se cierran las fuentes de dinero, se le impide comprar y vender en la comunidad internacional, desaparece el crédito, se ofrece recompensa por los dirigentes y se les dificulta viajar. Hasta la Edad Media, con infantería, maquinaria, recursos, tiempo, puede que demasiado, se lograba vencer la resistencia. Pero eso está pasado de moda desde que, a fuerza de cañonazos, cayó Constantinopla, por lo que todo fuerte puede ser conquistado.


El gobierno de España asevera que estamos ante una crisis multidimensional, y que la salida debe ser negociada y con elecciones libres; lo cuales es un falso resumen de la situación. La inestabilidad es producto de la mala administración chavista, y la solución es que se vayan, por las buenas, solo así se podrán organizar unos verdaderos comicios; de lo contrario, la guerra será considerada una opción.


@rangelrachadell

13 octubre 2020

Todo será secreto


Sobre la Ley Antibloqueo que aprobó el chavismo en su asamblea nacional constituyente se ha dicho mucho, por lo que me concentraré en 16% del articulado que se refiere al ocultamiento de información necesaria para el control de la Administración Pública. Esos que corrompen los principios de responsabilidad y transparencia a los que se refiere la Constitución. A los militares les encanta colocar ese sello de Top secret.


Un repaso de la Constitución nos indica que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre… responsable (Artículo 6). Esto significa que indemnizará por los daños que provoquen sus actos, y las violaciones constitucionales o legales en las que incurra. Además, la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios… de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (Artículo 141). Por si acaso, la declaración de los estados de excepción no puede modificar el principio de responsabilidad del usurpador, ni la del vicepresidente ejecutivo, ni la de los ministros (Artículo 232).


Nicolás dijo que la ley era “para blindarnos”, y el primer blindaje es que averiguar las operaciones económicas relacionadas con esta normativa es prohibido, porque impide el acceso a la información. El principal argumento para ocultar los documentos son las medidas coercitivas unilaterales y otras restrictivas o punitivas dictadas por otros países, sin aclarar si se refiere a las sanciones a los funcionarios o a la recompensa ofrecida por ellos. La solución fue equiparar el supuesto bloqueo a la seguridad de la nación, en consecuencia, toda la documentación relacionada con esa ley será inaccesible.


Se oculta quienes adquieren los bienes del Estado, cuánto pagan, plazos y condiciones, garantías, excepciones de responsabilidad, procedimientos de licitación o asignación directa, los actos y registros, la jurisdicción aplicable (país en el que se podrá exigir el incumplimiento de obligaciones), causales de nulidad, métodos de interpretación, etcétera. En fin, de todo aquello que el medalaganismo pueda incluir.


Por ejemplo, puede pasar que un fulanito compre un bien o las acciones de una empresa, a precio de gallina flaca, en largos y olvidadizos plazos (recuerden la factura petrolera que debe Cuba), en condiciones favorables y sin garantías, otorgado a dedo, y que las diferencias sobre el cumplimiento sean decididas por las cortes de la República de Turquía (la ley que regirá la controversia “governing law”, o los tribunales, verbigracia, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York o los juzgados de la ciudad de Londres). Será inalcanzable conocer esa operación y sus documentos. Si piensa que esto no es posible lo invito a averiguar quién es el propietario del diario Últimas Noticias, si obtiene el nombre en el Registro Mercantil me dice para publicarlo.


Este secretismo es un régimen transitorio –que se mantendrá hasta que caiga el socialismo del siglo XXI– en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto. Se busca, según la ley, proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público, lo cual es incongruente. Si una acción del gobierno es efectiva debería ser publicitada en vez de protegerla mediante la reserva. Otro ejemplo, si venden Movilnet a una empresa china y esta mejora las comunicaciones, arregla el Internet, no eleva en exceso las tarifas; podemos esperar que el vendedor se vanaglorie de sus éxitos, diga quién compró, en cuánto y demás detalles de la operación. Nada de esto será posible.


Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada –es decir, desde una alcaldía–, por razones de interés y conveniencia nacional (definida por ellos), podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a todo expediente, documento, información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo. Si el negocio se lo dan a la novia del funcionario, al ahijado, al primo o a la esposa, nadie podrá enterarse. Ojos que no ven pecado que no se conoce.


Una vez que los documentos se declaren secretos se prohibirá su acceso, y si desconoce lo que expresan tampoco podrá solicitar copia, ni simple ni certificada. En el supuesto que un funcionario le permita acceder a su contenido podrán ir presos ambos. De nada le valdrán los privilegios profesionales que gozan los periodistas o los abogados para proteger su fuente, porque todos aquellos funcionarios que presten servicio en cualquiera de los órganos del Poder Público o cualquier institución del Estado y divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado, comprometiendo la seguridad y defensa de la nación, serán penados con prisión de cinco a diez años (Artículo 55 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación).


Lo que es el colmo es que los ciudadanos quedemos sin enterarnos de la inaplicación de normas de rango legal o sublegal para que el Estado negocie sin control. Se subvierte el bloque de la legalidad que es todo el entramado de leyes, reglamentaciones y directivas dictadas por la Administración Pública en sus manifestaciones político territoriales. Patean la Constitución y las leyes y dicen que es temporal. Después no les gusta que digan que esto es una dictadura.


@rangelrachadell

29 septiembre 2020

La protesta es contagiosa

 

Que alegría, el pueblo protesta. En la Venezuela profunda, esa que depende de la caja Clap, que sobrevive con los bonos y pensiones decide que es insoportable la privación de los servicios públicos. La protesta se reinicia por mejores condiciones de vida que la dictadura de Nicolás niega a la mayoría.


Tengo la impresión que las razones de la protesta; aparte de la falta evidente de gasolina, agua y electricidad, servicios que permiten producir y transportar la comida; tienen íntima relación con las elecciones a ser realizadas el 6 de diciembre; que, de todas maneras, veo muy difícil que se efectúen (esto es un pálpito).


El pueblo, nosotros, sabemos que Nicolás y los militares que lo acompañan mantendrán esta situación o la empeorarán. Necesitamos dirigentes alejados del comunismo y miembros de la fuerza armada respetuosos de los derechos humanos, poca cosa. También, que las elecciones convocadas dejarán de resolver los problemas, ya que son una farsa. Con candidatos afectos a la dictadura, postulados por las directivas designadas por el gobierno por medio del Tribunal Supremo de Justicia, tendremos comicios fraudulentos con diputados vendidos al postor socialista.


Las protestas, por muy válidas y esperadas que fueran, nos tomaron, al igual que al gobierno, desprevenidos. Empezaron por pueblos del estado Yaracuy, uno de los estados más chavistas, agrícola por excelencia; y siguieron en Guárico, otro estado en el que muchos de sus habitantes trabajan la tierra. Lo inesperado se hizo posible en las narices de los militares que todo lo ven, lo oyen y saben lo que se hace y lo que se deja de hacer.


Los contingentes castrenses están concentrados en las principales ciudades, esas mismas que van a dejar desguarnecidas al trasladarlos al interior del país, bien lejos de las fuentes de abastecimiento y de negocio. En Nirgua o Chivacoa faltan dólares. Santa María de Ipire queda a más de 4 horas de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico. Controlar las protestas de ese estado conlleva movilizar unos cuantos soldados desde el Fuerte Conopoima que pueden ser necesarios en esa ciudad o en otras cercanas.


Sin embargo, para reprimir tienen que reunir las armas con las municiones, lo cual evitan hace años. Esa estrategia que debilitaba a los comandantes de batallones tendrá que ser dejada a un lado y darles poder de fuego. Lo malo es que las conclusiones de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas, ha alertado al mundo y a los ingenuos que pensaban que el alto gobierno es inocente de los abusos, torturas y desapariciones. Expresa el informe: las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad. Los muertos pesarán en los hombros de la institución militar, de aquellos que aparentan ser descendientes de los libertadores.


Hagamos lo que plantea Tarek William Saab, fiscal designado de forma ilegal por la asamblea nacional constituyente, una reestructuración, pero del alto gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, en fin, de todos los poderes públicos. Eso se logra con elecciones presidenciales limpias, con partidos políticos libres y con condiciones electorales justas llevadas a cabo por un CNE escogido conforme a la Constitución.


Intuyo que Tarek, cuando se refiere a reestructurar a los cuerpos policiales, está proponiendo despedir al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (r) Néstor Luis Reverol Torres, quien es el superior jerárquico de algunas de estas policías junto con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división Edylberto Molina, porque de otras policías es Nicolás. Los destituidos serían: el comisario jefe José Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); el mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general de división Elio Estrada Paredes; y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario general Douglas Rico. Vaya usted a saber quién es el director general de los colectivos. Casi todos militares.


Esta propuesta reconoce las atrocidades que recoge el informe de la ONU, aunque será una pérdida de tiempo en este gobierno de militares quienes se opondrán a ser los paganos de las decisiones de otros. El que puede terminar botado de su cargo es ese funcionario del Ministerio Público que pide la reestructuración.


El fiscal desconoce lo que pasa en el país. Falta que alegue locura. Todavía está leyendo el extenso informe de la ONU. Espero que pueda dormir, porque a los cómplices por omisión les cuesta conciliar el sueño.


Por lo pronto, seguiremos protestando.


@rangelrachadell

15 septiembre 2020

Política con obstáculos


Llama la atención todas las vías cerradas con obstáculos que no pareciera que van a levantar, que obligan a tomar desvíos, a dedicar tiempo y esfuerzo para llegar al destino previsto. Las interminables colas de llenado del tanque de gasolina de su vehículo, a las que se le dedican horas desde la madrugada y a veces iniciando la larga fila el día anterior. Todo se dificulta, conseguir el dinero, regresar al hogar en un edificio sin electricidad, cocinar sin gas o bañarse sin agua.


La estrategia militar de colocar obstáculos la han llevado al extremo de convertir el acto más sencillo en un gran esfuerzo, tener una dedicación desproporcionada al mínimo detalle, ni se diga si está relacionada con el Estado. Obtener un pasaporte puede significar apersonarse varias veces en las oficinas del Saime (extranjería), explicar que el trámite no avanza, presentar tontas cartas al director, que se apiade de usted, le permita el documento y escaparse de esta locura de país. Un documento notariado se lo pueden negar por sospechoso. Una declaración o constancia de las ilegalidades es suficiente razón para que la funcionaria le niegue su solicitud.


La idea es agotar al oponente con la esperanza de poder derrotarlo o que sus fuerzas desfallezcan en el momento cumbre de la confrontación. Esa fue la estrategia de Muhammad Ali contra George Foreman en 1974, gracias a las gestiones del dictador Mobutu Sese Seko en Zaire, en la contienda denominada “La pelea en la selva” o la mejor pelea de la historia. Alí se dedicó a bailar en el cuadrilátero durante ocho largos asaltos y su contrincante no pudo noquearlo, ya que el castigo lo aguantaba apoyado en las cuerdas. Fue suficiente un derechazo bien pegado y despejó el camino al título de campeón de los pesos pesados.


La oposición y la sociedad en general estamos agotados de esta pelea por la vida. Lo peor, sin estrategia común en la cual confiar. Sin embargo, no podemos rendirnos, entregarse no es opción, y menos el pueblo valeroso que se ha inmolado en varias guerras, desde la Guerra Civil de independencia, pasando por la Guerra Civil Federal, así como muchos otros levantamientos en búsqueda del poder. Matarnos ha sido deporte nacional, con la dificultad de que ahora las armas las tiene un solo lado.


Lo primero es que no podemos desviar el foco, el problema es Nicolás. Es posible que la oposición esté algo dividida, los partidos políticos y sus símbolos tomados por el gobierno o que las condiciones electorales sean fraudulentas, el problema es Nicolás. No se les olvide, cualquier manifestación tiene que colocar al burro por delante. No soy yo, es él el que me ha quitado todo.


Hacer política en estos tiempos es atacar la gestión del gobierno, no hay otra estrategia. Sabemos que el gobernante miente, falsifica la realidad en todo lo que informa. La enfermedad afecta a muchísimas más personas de las que anuncian, maquillando las estadísticas con otras afecciones o patologías. Ni se efectúan las pruebas que determinan el covid-19 y las clínicas y hospitales atestados. Perdieron la lucha contra la pandemia, mejor dicho, el pueblo pone los cadáveres. Esta confrontación es extensible a los gobernadores y alcaldes chavistas. Un ejemplo, el gobernador del Zulia anunció un plan de racionamiento en el que ofrece bajar de seis a cuatro horas el control que tiene sobre el servicio eléctrico, aunque la situación sigue igual. ¿Electricidad? No hay.


Buena parte de la oposición no sabe qué política implementar. Claro, apartando a los que viven por el negocio de postular a excandidatos chavistas en las planchas de los partidos progobierno. Hay que olvidarse de las elecciones y pensar en demostrar todas las trampas del gobierno, no solo las electorales, dejarlo al desnudo en todos los campos y aspectos de la vida diaria. No importa que no lo acompañen en esta idea, no se preocupe, protestar es la única que puede llevar a cabo.


Hay que organizar el próximo acto político, la marcha, el bloqueo, la sentada. El tuitazo no, eso es muy fácil. La conversación en las colas, tocar corneta cuando se incorpora a una o al terminar de llenar el tanque, cualquier manifestación de protesta es bienvenida. Debemos presionar al gobierno de alguna manera que sepa que no tiene el poder de la opinión pública, que la confrontación política es hoy, mañana y todos los días. El régimen puede poner obstáculos físicos, nosotros, en cambio, podemos colocar inmensos escrúpulos morales.


Calma, paciencia y tranquilidad. Las elecciones previstas el 6 de diciembre no se han efectuado, todavía se pueden emprender acciones políticas. Deje la angustia. Lo mejor es no ser predecible, existen otras formas de protesta. Epa, no me refiero a la invasión deseada, de manera impaciente, por algunos. Un amigo suele decir: puede que el caballo vuele. Otro día lo explico.


Recuerden, el gobierno juega sucio, eso nos autoriza a responderle de la misma manera. En mi experiencia como abogado, algunas veces me encontré con trampas, compra de jueces, robo de expedientes o de documentos. Por supuesto que me molestaba, pero ese comportamiento liberaba todas mis limitaciones éticas y, si me enfrentaba a un tramposo, podía acudir a sus mismas o a peores tácticas. Si mi contrincante agarra un palo, yo puedo tomar una piedra. Eso se llama legítima defensa, ayudarse con el medio necesario y suficiente para repeler la agresión.


Ya Guaidó dijo: no estamos jugando con carritos. Actuemos en consecuencia.


@rangelrachadell


02 septiembre 2020

Protestar es el nuevo negro


No podemos confiar en un gobierno que interpreta la Constitución de manera que se adapte a sus necesidades, ese mismo que obligó a los partidos políticos a un proceso desgastante de recolección de firmas de sus afiliados, luego los ilegaliza por una decisión de la asamblea constituyente, y suspende el referéndum revocatorio en contra de Nicolás por unas supuestas irregularidades que nunca decidieron los tribunales penales.

Gracias a las medidas de Trump, Nicolás fracasó en su pretensión de imponer la Asamblea Nacional Constituyente como sustituto de la Asamblea Nacional. Esto impidió que se aprobaran financiamientos por medio de créditos adicionales amparados en endeudamiento en divisas. Se quedaron sin plata.


Nicolás ejerce el poder y logra imponer su gobierno a sangre, prisión, mentiras, hambre y fuego; sin un ápice de legitimidad por no ser su elección clara y sin dudas. Henrique Capriles demandó por fraude en los comicios presidenciales, y en su recurso de nulidad expone: “La voluntad soberana y democrática del pueblo de Venezuela no solo fue defraudada a través de la emisión de un resultado electoral falso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 14 de abril de 2013”, y por ahí se despepita en contra de ese proceso. Henri Falcón denunció la escogencia de presidente de la República en 2018, alegando que hicieron trampa y que “esas elecciones no existieron, deben declararse nulas por los vicios, pero además por los delitos que se cometieron en pleno proceso”. Las condiciones electorales no solo no han cambiado, han empeorado.


Esa irresponsable “ética de valores absolutos” (Weber), en la que los fines justifican los medios, no se detiene en formalismos legales ni le interesa que se consideren ajustadas a derecho sus actuaciones. Entre el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE ha logrado una oposición a la medida del chavismo, sea de derecha o de izquierda, gracias a la intervención o a la compra de conciencias que ha llevado a posiciones ilógicas en la toma de decisiones. Los partidos intervenidos no asumen la unidad en las postulaciones mediante alianzas perfectas en las que las organizaciones políticas postulan al mismo candidato, cuando es la única estrategia posible de enfrentamiento contra la maquinaria del socialismo del siglo XXI en un sistema electoral que premia a las mayorías y polariza el voto, caso Claudio Fermín, quien no va en alianza porque no cree en la polarización. Cada político se suicida a su manera. La convocatoria a elecciones presenta un alto grado de manipulación y de corrupción, tan es así que han prorrogado varias veces la fecha límite para las postulaciones. Parece que les faltan candidatos.


Nos piden que confiemos en este mismo árbitro electoral que conserva mayoría del PSUV, con magistrados que cumplieron la orden de anular las elecciones de los representantes indígenas y las de diputados del estado Amazonas, en un juicio que nunca fue resuelto. Los rectores actuales no se han comprometido con la democracia ni con las libertades de las directivas de los partidos políticos que han sido intervenidas. Justifican la intervención con una supuesta justicia vengativa contra las autoridades que no renovaron su dirección, pero al partido de gobierno, que está en las mismas condiciones, no lo mencionan.


Una de las curiosidades del sistema electoral que están imponiendo es el voto cuádruple en algunas circunscripciones electorales, por ejemplo: en el Zulia se votará por candidatos de circuito y candidato en la lista cerrada y bloqueada, más el de la lista nacional y en algún momento tendrá que ir a una asamblea a votar a mano alzada por los supuestos voceros que escogerán a su vez al diputado indígena de varios estados.


Nuestra sociedad quiere que el conflicto del gobierno contra todos los ciudadanos se resuelva mediante unas elecciones, lo malo es que se aprovecha esa necesidad chantajeando, obligando a participar con las ilegales condiciones impuestas. Alegan que el mandato de la Asamblea Nacional está por expirar, aunque no dicen que no se pudo ejercer por la intervención del TSJ, aplicando la teoría del desacato y, por otra decisión, limitando sus poderes de control para no afectar el adecuado funcionamiento del Ejecutivo Nacional (sentencia de la Sala Constitucional N° 9 del 01-03-2016).


Sin embargo, construir oposición pasa por un rechazo constante a las medidas de la dictadura. Hay que quejarse, exigir, reclamar, llevar la contraria y no dejar pasar ninguna actuación. Debemos poner de moda la protesta, algo tendrá resultado.


@rangelrachadell

18 agosto 2020

Mala época para morirse

El tratamiento que le está dando al gobierno a la pandemia es de ilusionismo, dar la impresión de que ellos trabajan y avanzan, quienes resuelven sin arreglar nada. No es más que el juego infantil del escondite. No tiene ningún sentido cerrar calles, autopistas, municipios, siempre hay un camino verde por el cual meterse, un atajo, un desvío que la autoridad no puede cubrir. Agitarse no es avanzar en superar la enfermedad. Pura bulla.


Por mayores esfuerzos que hagan los médicos, un alto empleado del gobierno o un joven universitario se pueden morir en clínicas con alta tecnología, porque no existe un tratamiento universal que ayude al restablecimiento de la salud. En el sector salud todos somos conejillos de indias, al enfermo lo compondrán con lo que haya, con esperanzas de salir airosos de la contaminación. Prometen carpas y encierros, hoteles sin comida y hospitales sin medicinas ni agua. Estas son las grandes soluciones.


Dudo de las estadísticas que la abogada o el chofer dan a conocer. No puedo dejar de alarmarme por las defunciones que están sucediendo. La muerte nos rodea, padres de mis amigos, médicos reconocidos, familiares cercanos, con estudios e imágenes claras que reflejan la patología y los síntomas evidentes de la enfermedad no entran en la estadística. Algunos pacientes tienen señales leves del covid-19, el problema son los que tienen sintomatología grave; sin embargo, no tiene por qué morir quien se enferme. Si tuviéramos un sistema sanitario, con personal muy bien pagado, suficientes camas de terapia intensiva o de cuidados intermedios, con los equipos apropiados, se podría sobrellevar esta crisis de salud con poca mortalidad, aunque no pueda evitarse que algunas personas fallezcan.



Esta pandemia nos tomó sin aviso y sin dinero. Ante una emergencia hay pocos familiares en el país, pocos pueden dar una mano, llevar a un enfermo, trasladar una muestra de sangre, buscar los documentos filiatorios, efectuar el trámite del acta de defunción, pedir al médico que firme el respectivo informe. Los que están lejos lloran la imposibilidad de acompañar a sus deudos, no hay funeral que nos permita despedirnos, los novenarios por el descanso eterno del difunto no pueden celebrarse, queda mirar por YouTube las misas. Las empresas fúnebres gestionan, los cementerios atenúan los requisitos de las cremaciones o el uso de las parcelas y la inhumación. Lo que se pueda se simplifica, la soledad nos acompaña.


Todos esperamos ese momento en que podamos reunirnos y escuchar esa palabra de aliento, el abrazo fraterno, el beso sincero. Los medios electrónicos no son suficientes, resultan fríos, impersonales, les falta el sentimiento que une los corazones. Por más que queramos no podemos desahogarnos, recordar los buenos tiempos, el pasado en común. El duelo se alarga, el dolor queda. Nos corresponde rezar por nuestros deudos y las ánimas del purgatorio.


Esta calamidad no es solo mala suerte, está acompañada con servicios públicos deficientes, desdén, ignorancia y negligencia. Años de corrupción en el sector salud nos trajeron a este desamparo, de repetición de remodelaciones en los hospitales se quedaron sin recursos, personal, equipos y el país sin gente. Haga el experimento, llame a un servicio del Estado que ofrezca ambulancias, su municipio, la gobernación, el instituto de sanidad. No hay, no habrá, ya es tarde, están ocupados; balbucearan cualquier excusa que encubra la falta de gasolina, la ausencia de cauchos, la mudanza o la función de taxi. El discurso y el afiche en gran tamaño siguen allí, recordando que la seguridad social es una obligación constitucional que no cumplen.


Los pacientes no quieren asistir a los centros de salud por miedo a la infección, este terror supera la necesidad de la sutura, la fiebre del niño, el clavo en el pie o la quemadura producida por el tubo de escape de la moto. La manera más rápida de contagiarse es adentrarse en los pasillos del dispensario o del CDI, en el que los enfermos esperan sin orientación, sin encontrar quien los atienda y quieren salir corriendo del nosocomio. No hay médico, el lecho no tiene sábanas, es mejor que se quede en su casa. Ya las camas clínicas se agotaron, le queda improvisar soluciones, a todas estas, tampoco hay enfermeras que le ayuden con la atención o ellas viven en el mismo barrio en el que se encuentra un contagiado.


Mientras no salgamos de esta gente no tendremos solución. Lo que queda es desobedecer, en la medida de lo posible, porque sospecho que todo lo que disponen puede ser malo, falso, innecesario o perjudicial.


En memoria de mis tíos Heriberto, Carmita y José del Pilar, quienes murieron con pocos meses de diferencia en este tiempo de pandemia y no pude acompañar a la familia.


@rangelrachadell

04 agosto 2020

El problema indígena

Muchas familias han dibujado su árbol genealógico, buscando su antepasado europeo que les facilite la emigración, la vía de escape. Otros, optaron por revisar sus apellidos por la posibilidad de un pariente sefardita que haya huido de la persecución de la inquisición española.

En la exploración familiar han encontrado que los tatarabuelos fueron mestizos, mulatos, cuarterones o criollos. No importa que la madre sea blanca como la leche, que la hija tenga el pelo rizado, la abuela de su abuela fue india de cabello liso. Igual que los gatos en la noche, la mayoría somos pardos.

Hablando de nuestros familiares nativos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 125, expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política, y que el Estado garantiza su representación en todos los niveles político territoriales.

En estos días, el Consejo Nacional Electoral definió en sus normas especiales que, en promedio, tendremos un diputado por cada 140.000 venezolanos. Claro, haciendo abstracción de todas las irregularidades que acompañan al proceso electoral, siendo la más grave el control de los nombres y símbolos de los partidos políticos que eran de oposición. Aparte del crecimiento de la cantidad de parlamentarios a elegir sin argumentar un criterio legal o por lo menos que fuese lógico.

Si lo que expone el último Censo es cierto, la población indígena creció, entre 2001 y 2011, 143%. Es posible que haya aumentado la autoidentificación con los indígenas o que los encuestadores inflasen los resultados, aunque dudo que tengan esa capacidad de reproducción. Un dato curioso, la disposición transitoria Séptima de la Constitución estableció tres regiones (circunscripciones electorales) en las que se puede votar por los candidatos indígenas, Occidente: estados Zulia, Mérida y Trujillo; Sur: estados Amazonas y Apure; y Oriente: estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre. En la publicación del Censo 2011 no identifican cuántos indígenas hay en Mérida, Trujillo y Anzoátegui.

El estado Zulia, con más de 60% de todos los indígenas del país, personificados por la etnia guajira, tiene derecho a que lo represente un diputado. En cambio, la región Sur, con 12% de indígenas, también escoge un parlamentario.

La Disposición Transitoria Séptima de la Constitución previó que los candidatos indígenas estarían en el tarjetón de su circunscripción y todos los electores podrán votarlos, así fue recogido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es decir, si usted vive en una región indígena, pertenezca o no a una etnia, podrá elegir al diputado, según la Constitución que impuso Chávez y que se votó en pleno desastre de Vargas. Es más, la disposición mencionada expresa que “las elecciones se realizarán de acuerdo con las normas y requisitos aquí establecidos”, no con la normativa que dicte el CNE.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas insiste en que sus representantes serán elegidos de acuerdo con la ley que regula la materia electoral (artículo 64). Ahora, el CNE, actuando como órgano legislador, cambia las reglas constitucionales y los principios desarrollados por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, al señalar que: “A la Asamblea Nacional, en el sistema de la distribución de competencias, es el único poder a quien corresponde reglamentar, de manera general y permanente, el ejercicio y protección de los derechos fundamentales”. (Sentencia N° 1309, 19/07/2001).

El verdadero problema es que el Estado no ha elaborado el registro electoral de los indígenas, por eso inventa unas elecciones asamblearias, de segundo nivel, con voto público a mano alzada, con el que pretende conformar un padrón de voceros, quienes serán los que elijan a estos diputados. La justificación para este atropello es que esos pueblos, mediante asambleas populares conforme a sus usos, tradiciones, costumbres y prácticas ancestrales podrán escoger a sus representantes, solo que ocurrirá como lo ordena el CNE.

La Sala Electoral, desde sus inicios, ha insistido en el respeto de los principios constitucionales relacionados con el voto, y ha dicho:

La concepción del voto efectivo, como hecho físico con incidencias jurídicas, determina, como señala la doctrina española, que la legislación electoral debe garantizar que los medios materiales y humanos empleados en la operación de la votación “…han de garantizar tres cualidades esenciales del voto: su libertad, su exactitud y su carácter secreto…”. (Sentencia N° 163, 18/12/2000).

Este sistema de elección de segundo grado, mediante voceros, fue declarado inconstitucional por la Sala Electoral, cuando expresó:

“La concepción del ejercicio del sufragio indirecto o de segundo grado, resulta contraria a las normas y principios que informan la materia electoral y participación política en el sistema constitucional vigente, en vista de la existencia del principio de participación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto como principio general (artículo 5 y 6), como derecho constitucional y mecanismo de expresión de soberanía (artículo 62), lo cual debe interpretarse en relación con la consagración del sufragio como derecho (artículo 63) a ejercerse en votaciones libres, universales, directas y secretas…”. (Sentencia N° 135, 28/09/2004).

La Sala Constitucional, mediante sentencia de revisión, hace hincapié en el secreto del voto, cuando declara que:

“En efecto, la elección de cargos públicos es una forma de participación y al mismo tiempo, un derecho ciudadano que la propia Carta Magna consagró de manera personalizada, libre, universal, directa y secreta (artículo 63), esto es, que cada ciudadano tiene la facultad de participar en los procesos electorales para la escogencia de cargos públicos por sí mismo, sin coacción, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos y en un escenario que garantice la confidencialidad de su voto”. (Sentencia N° 499, 27/04/2015).

Las garantías constitucionales fueron violadas por la normativa que dictó el CNE al regular la elección de diputados que representen a los indígenas, por cuanto, en el método diseñado, el voto no es libre ni es secreto, tampoco directo ni universal.

En un país sin justicia el fraude es ley.

@rangelrachadell

21 julio 2020

Carreras arregladas

Los juegos de fútbol, los de beisbol, las carreras de caballos, las de autos y las elecciones en Venezuela pueden ser objeto de algún tipo de acomodo. Usted puede ser engañado en su buena fe al pensar que los contendores participan en igualdad de circunstancias y que, con el mejor deseo de ganar, el Consejo Nacional Electoral garantiza las condiciones electorales, por lo que estamos en presencia de una elección competitiva. Nada más falso.

Un jinete puede controlar su caballo y cambiar el resultado de la carrera, al igual que los jugadores en el campo, que tienen que dar su mejor esfuerzo, no favorecer al contrincante cometiendo errores de manera consciente o los corredores acelerar y obtener el triunfo. Sabemos que los árbitros también inciden en los resultados.

Cuando el Tribunal Supremo de Justicia designó unas autoridades distintas a las electas en los partidos políticos de oposición cambió los jinetes de esas organizaciones, las cuales ahora están dirigidas por los afectos al gobierno. Los caballos correrán en estas elecciones al ritmo que le imponga el elegido por el dedo del régimen, será una simulación perfecta que disfrutarán los fanáticos.

Este acuerdo o asociación entre los magistrados, los directivos de las organizaciones con fines políticos controlados, el alto gobierno y los militares en la organización de los comicios, buscando obtener un resultado favorable al chavismo y contrario a las reglas de competencia establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, favoreciendo o perjudicando a los candidatos o a otros partidos, es injusto y ha generado un fuerte rechazo a estas elecciones como solución al conflicto que tiene la sociedad venezolana con el socialismo del siglo XXI.

En el pasado, ha sido evidente la movilización de los votantes que apoyan al gobierno. Es práctica constante el trasladado de sus electores controlados por las misiones, dádivas, bonos, bombonas de gas y bolsas CLAP, de los circuitos en los que no tienen ninguna oportunidad a los que les falta una mayoría suficiente para vencer a la oposición, más cuando esta va dividida a la confrontación. No se sabe en qué momento movilizaron tantas personas en todo el país, pero los números que acaba de publicar el CNE en las tablas de las circunscripciones electorales 2020, que determinan la cantidad de diputados a elegir de manera nominal, son las mismas que de las elecciones de 2015, aunque no concuerden con el decrecimiento poblacional. Según el órgano electoral, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que la población ha crecido –en promedio– 6% desde el fraude de 2018.

El CNE comunica que el circuito 2 del estado Miranda, conformado por los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre ha crecido, desde 2018, en 27.698 votantes, o que el total de electores de ese estado aumentó en 179.066 personas. En el estado Zulia se manejan unos números extraños. Por ejemplo, ¿me creerían si les digo que el circuito 9 conformado por el municipio San Francisco creció en 2 años 11%, con 50.910 nuevos electores, o que todo el estado en ese mismo lapso de tiempo amplió su población votante en 266.115 ciudadanos? Estos cálculos del INE pueden ser consecuencia de uno de estos dos hechos, no tienen idea de la población actual y lo que hicieron fue una proyección de los electores inscritos en el Registro Electoral o decidieron ignorar que se fueron del país 5 millones de venezolanos expulsados por las nefastas políticas de Nicolás y compañía.

Todavía falta enterarnos de los resultados de la jornada de inscripción en el RE, por lo que debería crecer algo más los ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto. Con relación a los votantes en otros países no se dice nada, cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales ordena que el reglamento determine el procedimiento de votación en el exterior (artículo 124), y el Reglamento General de 2013 estipula que los electores venezolanos que se encuentren legalmente residenciados en el extranjero podrán actualizar sus datos a través de la representación diplomática ubicada en el país de residencia, aunque la exigencia de este requisito es una exageración (artículo 26). Sin embargo, las Normas especiales para las elecciones a la Asamblea Nacional, período 2021-2026, silencian el punto.

Todo lo anterior viene a cuento porque, con el nuevo diseño de sistema electoral de manera proporcional, la lista de adjudicación nacional de 48 parlamentarios, tenemos una circunscripción nacional. En las anteriores elecciones de este tipo, se negó el derecho a los votantes de manifestar su voluntad en las elecciones parlamentarias por ser una elección regional, en cada estado se escogía a los representantes, pero al existir una lista nacional los ciudadanos que vivan en el extranjero podrían escoger a los diputados que postulen las organizaciones con fines políticos o grupos de electores nacionales. En definitiva, ya que se pusieron creativos con este invento debieron facilitar el voto a todos los venezolanos, donde sea que se encuentren.

No se puede pedir mucho a las marionetas que dirigen el CNE o los partidos seudoopositores, siguen sin respetar la legalidad, aunque los fríos números no mienten. El Registro Electoral lo inflarán todo lo que puedan para anunciar que en plena pandemia se inscribieron miles de jóvenes. Ya me van a decir que solo veo el lado malo y tramposo del chavismo, pero es que se le ven las costuras en cada decisión que toman.

@rangelrachadell

07 julio 2020

Marionetas electorales

El gobierno es como los magos, hace creer que la solución electoral está en una mano y resulta que aparece en la otra, la izquierda. El movimiento es tan complicado que ni los entendidos perciben la trampa, y si la notan no la denuncian. Quienes hemos visto los trucos aplicados en los comicios del chavismo nos es difícil identificar la ilusión, hasta que termina el proceso electoral.

En 2010, la oposición fue a elecciones de miembros de la Asamblea Nacional con un acuerdo político que consistió en postular los mismos candidatos, principales y suplentes. Eso se llama alianza perfecta, y suma los votos de las distintas tarjetas a los candidatos comunes. El sistema impuesto por el chavismo en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) de 2009, cuando dominaba el Parlamento, premia con más diputados a quien obtenga la mayoría. El resultado fue favorable al PSUV y obtuvo un número mayor de los que le correspondía. Si la adjudicación de escaños fuera justa cada organización política obtendría igual cantidad de representantes con la misma suma de sufragios que las demás. Todo este invento lo denominan sistema electoral paralelo, y dicen que es el que existe en la Lopre, lo cual, para variar, es falso.

Se cambió la estrategia opositora en 2015, se postularon a los candidatos por una sola tarjeta, el llamado partido de la MUD. Ese mismo que fue denunciado por supuesto fraude en el revocatorio contra Nicolás, y al que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la recolección de firmas que permitiera la renovación de la nómina de sus afiliados (Sentencia de la Sala Constitucional N° 53, 25/01/2018). La necesidad de un solo frente al chavismo mantuvo unidos a los partidos y lograron la victoria, escamoteada luego por el TSJ con el argumento del desacato.

La anterior sentencia es otro episodio de la estrategia que impide que la oposición vaya unida en un frente común contra el chavismo. La intervención de los partidos es parte de esa ficción de democracia que nos presentan; sin embargo, no son independientes ni están dirigidos por sus muy conocidos presidentes o secretarios generales. Una AD sin Henry Ramos, Primero Justicia sin Julio Borges o Copei sin Roberto Enríquez son cascarones sin sustancia. El truco de magia sigue avanzando.

Los rectores impuestos por el TSJ en el Consejo Nacional Electoral se ufanan de dar las mayores garantías nunca otorgadas en elecciones en Venezuela. No son necesarias las anteriores trampas a las que estaba acostumbrado el socialismo del siglo XXI. Ni siquiera es porque los partidos políticos intervenidos van a escoger a los acólitos del chavismo, no es necesario. Los pocos que lleguen a diputados con la etiqueta de oposición no harán nada, no serán mayoría, tendrán unas curules que les permitirán figurar y cobrar quince y último.

La unidad ha sido y es el norte de la oposición auténtica. Si los designados por el TSJ quisieran ser una verdadera alternativa tendrían que unirse y postular en una alianza perfecta a todos los candidatos, pero eso se lo tiene prohibido el régimen, a riesgo de ir presos al igual que otros dirigentes. A los nuevos diputados los detendrá la dictadura al menor desliz, ya que al chavismo no le ha importado un comino la inmunidad parlamentaria que adquirieron los anteriores legisladores con su proclamación, y no tiene que ser diferente en las próximas amañadas elecciones. A todo evento tienen al TSJ que dicta sentencias inconstitucionales e ignoran ese privilegio. Esta garantía no le sirvió a Juan Requesens ni a Renzo Prieto, encarcelados por este gobierno. Nada impidió que apresaran a Édgar Zambrano o a Gilber Caro. No olvidemos al concejal Fernando Albán, quien murió en manos de sus captores.

El problema no es de narrativa política, es de libertad de los partidos, quienes buscan por la vía electoral las soluciones de nuestro país. La intervención de las organizaciones con fines políticos ha desmembrado su dirección y organización, siendo estos una familia, sus miembros se conocen, aceptan la preeminencia de unos dirigentes sobre otros, hay relaciones de confianza de muchos años. El TSJ les dice que deben hacerle caso al fulano que ellos imponen, y destruyen a la competencia desde adentro, inoculando el veneno de la división.

La reciente normativa especial hace referencia a una Lista Nacional con 48 diputados que permitirá que ingresen al Parlamento otros 10 partidos, aunque la representación proporcional de las minorías no es esto que redactaron. El truco es que las organizaciones con fines políticos de la supuesta oposición, cada uno yendo por separado, no podrán acumular los suficientes sufragios que permitan la repartición proporcional que refleje un equilibrio entre votos y escaños. La adjudicación de curules por el método de D’Hont les da preeminencia a las organizaciones mayoritarias en desmedro de las que obtengan menos votos (Artículo 20, Lopre). El PSUV con 20% de los votos obtendrá más representantes que los distintos partidos que dicen ser de oposición.

El registro electoral no refleja la población votante, ni tiene relación con el crecimiento estimado en el Censo de 2011. Las circunscripciones son las mismas que se manipularon en 2015, por ejemplo, en Miranda -en las zonas de oposición- se necesita que voten más electores por cada representante. Si a ver vamos, por el índice que está aplicando el CNE, le correspondería un diputado al estado Amazonas y 30 al Zulia.

No importa lo que digan, alguien está moviendo los hilos en las elecciones convocadas para diciembre, hay gato encerrado, y no está saliendo del sombrero.

@rangelrachadell

04 julio 2020

NORMAS ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL PERÍODO 2021-2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RESOLUCIÓN N° 200630-0015
Caracas, 30 de junio de 2020
209°y 161°



El Poder Electoral, por órgano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la atribución que le es conferida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 293, numeral 1, en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Electoral en su artículo 33, numeral 29, 

CONSIDERANDO 

Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 068 de 5 de junio de 2020, estipuló medidas imprescindibles de plena salvaguardia de la vía electoral como canal democrático e institucional de aseguramiento de la paz y del sufragio como fuente creadora de los Poderes Públicos y expresión máxima de la soberanía del Pueblo venezolano; 

CONSIDERANDO 

Que el Poder Electoral, por órgano del Consejo Nacional Electoral, asume su responsabilidad de garantizar al Pueblo venezolano que, en manifestación de su autodeterminación, exprese su voluntad de ejercicio de sus derechos políticos de elegir y ser elegido para los cargos públicos de elección popular; 

CONSIDERANDO 

Que el Poder Electoral manifiesta de forma irreductible la administración de los procesos electorales bajo los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, así como la personalización del sufragio y la representación proporcional, sin excepción; 

CONSIDERANDO 

Que el Poder Electoral, por órgano del Consejo Nacional Electoral, ejerciendo sus funciones autónomamente y con plena independencia, y sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes de la República, debe normar los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular; 

CONSIDERANDO 

Que para este año en curso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé la elección de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2021 -2026; 

CONSIDERANDO 

Que el carácter modélico y ejemplar del Sistema Electoral venezolano lo dota de la capacidad suficiente para satisfacer las exigencias de la Nación en cuanto a la progresividad de los principios constitucionales del pluralismo político y la participación del pueblo en los asuntos públicos, por sí mismo o a través de sus representantes; 

CONSIDERANDO 

Que el desarrollo normativo del marco regulador de las elecciones parlamentarias 2020 debe estar transversalizado por la participación protagónica del pueblo y la ponderación y equilibrio entre los principios de la representación proporcional y la personalización del sufragio, 

RESUELVE: 

Dictar las siguientes, 

NORMAS ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL PERÍODO 2021-2026 
Artículo 1. Objeto de las Normas. De conformidad con los lineamientos impartidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 05 de junio de 2020, contenidos en la Sentencia Nro. 0068, el proceso electoral destinado a proveer los escaños de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2021-2026, se sujetará a las normas especiales previstas en el presente Reglamento, quedando en lo demás vigente la aplicación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, su Reglamento General y las demás normas dictadas por esta autoridad electoral. 

Artículo 2. Principios fundamentales. De conformidad con la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la interpretación y aplicación de las presentes Normas estará sujeta a los siguientes principios:

a. Pluralismo político y participación, mediante los cuales en caso de duda o incertidumbre se favorecerá la solución que propicie la efectiva participación de las diversas fuerzas y organizaciones con fines políticos en el proceso electoral, sin perjuicio de lo expresamente establecido en las presentes Normas; 

b. Incremento del número de integrantes de la Asamblea Nacional, según lo cual se favorecerá el incremento del número de diputados o diputadas si de la aplicación en conjunto de las presentes Normas y de la correspondencia entre la base de población y el número de escaños, es menester adicionar algún cargo para el proceso electoral elecciones parlamentarias 2020; 

c. Equilibrio y ponderación recíproca entre el sistema de elección de cargos nominales y el sistema de elección proporcional de cargos lista. 

Artículo 3. Sistema electoral paralelo. El sistema destinado a la provisión de escaños de la Asamblea Nacional es el sistema electoral paralelo, previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, consistente en la elección por mayoría relativa de votos para los cargos nominales, y de elección proporcional, para los cargos de las listas, mediante votación universal, directa y secreta en ambos casos. 

Para la provisión de los cargos correspondientes a los diputados y diputadas indígenas, se aplicará el método y procedimiento especiales consagrados en el Reglamento que dicte el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 4. Composición de escaños de la Asamblea Nacional. De conformidad con el artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, singularmente, con base en la doctrina constitucional de la Sentencia Nro. 068, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional quedará integrada de la siguiente forma: 

a) Por diputados y diputadas nominales, elegidos en cada entidad federal, según una base poblacional del 1,1 % de la población total del país. 

b) Por diputados y diputadas elegidos mediante listas en cada entidad federal, según una base poblacional del 1,1% de la población total del país. 

c) Por el número resultante de la sumatoria de tres diputados o diputadas por cada entidad federal; y 

d) Por tres diputados o diputadas representantes indígenas, según el método y procedimiento especiales previsto en el Reglamento especial que se dicte al efecto. 

En ningún caso la lista regional podrá ser menor de tres (3) diputados, independientemente de la base poblacional de la entidad federal correspondiente. En los casos en que en una entidad federal, sea necesario añadir uno (1) o dos (2) cargos para conformar la lista de tres (3), se añadirán igual número de cargos a elegir por la vía nominal. 

Queda establecido, asimismo, que en ningún supuesto el número de cargos a elegir mediante lista en cada entidad federal, será mayor que el número de cargos a elegir por la vía nominal. 

En consecuencia, el número y distribución de cargos por cada entidad federal, así como el número de puestos a elegir en la Lista de Adjudicación Nacional, quedará de la siguiente forma: 

ESTADO

POBLACION

DIPUTADOS POR ESTADOS

NOMINALES

LISTA REGIONAL

DTTO. CAPITAL

2.243.112

13

8

5

EDO. ANZOATEGUI

1.797.203

11

7

4

EDO. APURE

575.401

6

3

3

EDO. ARAGUA

1.997.570

12

7

5

EDO. BARINAS

1.050.491

7

4

3

EDO. BOLIVAR

1.653.515

10

6

4

EDO. CARABOBO

2.632.477

16

10

6

EDO. COJEDES

427.532

6

3

3

EDO. FALCON

1.123.398

7

4

3

EDO. GUARICO

916.259

7

4

3

EDO. LARA

2.107.465

13

8

5

EDO. MERIDA

1.005.573

7

4

3

EDO. MIRANDA

3.168.867

19

11

8

EDO. MONAGAS

1.099.025

7

4

3

EDO.NVA.ESPARTA

594.609

6

3

3

EDO. PORTUGUESA

1.065.673

7

4

3

EDO. SUCRE

1.104.148

7

4

3

EDO. TACHIRA

1.359.564

9

5

4

EDO. TRUJILLO

875.686

7

4

3

EDO. YARACUY

747.227

6

3

3

EDO. ZULIA

4.377.947

25

15

10

EDO. AMAZONAS

174.433

6

3

3

EDO. DELTA AMAC

237.370

6

3

3

EDO. LA GUAIRA

443.511

6

3

3

TOTAL

32.778.056

226

130

96

 

IP(1,1%)    360.559

CARGOS

DISTRIBUCION

LISTA NAC.

48

LISTA REGIONAL

96

NOMINALES

130

INDIGENAS

3

TOTAL

277

 

PROPORCIONAL

144

52%

NOMINAL

133

48%

TOTAL

277

 

 

Artículo 5. Lista de Adjudicación Nacional. Se conforma una Lista de adjudicación nacional de 48 diputados y diputadas, más un (1) suplente por cada diputado o diputada. 

Artículo 6. De la adjudicación de la Lista Nacional. La adjudicación de los escaños parlamentarios con base en esta Lista de adjudicación nacional se efectuará en una fase inmediatamente posterior a la adjudicación de las listas regionales, mediante la sumatoria de los votos válidos obtenidos por las organizaciones con fines políticos o grupos de electores nacionales únicamente, pertenecientes a la Lista de Adjudicación Nacional. 

La sumatoria de votos para la Lista de Adjudicación Nacional tomará en cuenta los votos válidos obtenidos por cada organización política nacional o grupo de electores nacional en la votación lista regional de cada entidad federal. 

Para el caso que la Lista de Adjudicación Nacional esté integrada por diversas organizaciones políticas o grupos de electores nacionales en alianza, se computarán los votos lista de las alianzas que la conforman, estén o no en alianza en cada entidad federal. 

La fórmula de adjudicación de cargos de la Lista prevista en este artículo, se efectuará mediante cocientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, salvo las reglas especiales previstas en las presentes Normas.

Artículo 7. Derecho a postular. Podrán postular candidatos o candidatas a diputado o diputada a la Asamblea Nacional para las circunscripciones nominales y listas en cada entidad federal, las organizaciones con fines políticos, nacionales o regionales; los grupos de electores, nacionales o regionales; las agrupaciones de ciudadanos o ciudadanas por iniciativa propia, de conformidad con los términos, plazos y condiciones previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento. 

Las postulaciones de los candidatos y candidatas a elegir para la Lista de Adjudicación Nacional prevista en las presentes Normas, únicamente podrán ser presentadas por las organizaciones con fines políticos nacionales y los grupos de electores nacionales, en forma individual o mediante alianzas. 

Los candidatos o candidatas que se postulen en la Lista de Adjudicación Nacional no podrán postularse en ningún cargo nominal o lista regional, o viceversa. 

Artículo 8. Votos del elector o electora. Los electores o electoras tendrán derecho a votar por los candidatos nominales que correspondan elegir en cada circunscripción electoral, y además por la lista de cada entidad federal. 

Artículo 9. Sistema de elección. El sistema de elección es el de mayoría relativa de votos válidos, para los cargos nominales, y el método proporcional, para los cargos de la lista de cada entidad federal y la Lista de Adjudicación Nacional postulada por las organizaciones con fines políticos nacionales y grupos de electores nacionales. 

Artículo 10. Dudas o vacíos. Las dudas o vacíos que se generen de la aplicación de las presentes Normas serán resueltas por el Consejo Nacional Electoral mediante resolución dictada al efecto. 

Artículo 11. Medidas contra la Pandemia Covid-19. El Poder Electoral, por órgano del Consejo Nacional Electoral, dictará todas las medidas extraordinarias necesarias para prevenir el contagio de la enfermedad, y a tal efecto podrá dictar la normativa apropiada para ajustar la adopción de los actos electorales a las formas más cónsonas para combatir la pandemia y, de tal modo, asegurar la realización de las fases del proceso electoral bajo condiciones óptimas de protección y seguridad sanitaria. 

Normas aprobadas por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral en sesión celebrada el día 30 de junio de 2020. 

Comuníquese y Publíquese. 

INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE PRESIDENTA 

GUSTAVO ADOLFO PULIDO CARDIER 

SECRETARIO GENERAL