Ante la imposibilidad de generar una opción de fuerza contra
la ocupación de nuestro país, los venezolanos hemos volteado hacia la comunidad
internacional esperando su ayuda, siendo hasta ahora lenta, tímida e ineficaz
para resolver los problemas que conocemos todos: que hay gente comiendo poco o
lo está haciendo de la basura; que hay personas muriendo por falta de
medicinas; que la delincuencia está autorizada para matar y que la violencia
contra la oposición está destruyendo los hogares y llenando las cárceles de
jóvenes y gente inocente, cuando no los asesinan.
Ante el comportamiento inhumano del gobernante que no es
capaz de garantizar esta protección, la comunidad internacional puede
intervenir, y esto no sería una imposición injustificada o una limitación a la
soberanía.
La comunidad internacional ha dado pasos hacia ese deber de
proteger, lo ha denominado “responsabilidad de proteger” en el Documento Final
de la Cumbre Mundial 2005 (sede de las Naciones Unidas, Nueva York), en el que
se expresó: La aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la
responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y
decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios
pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén
haciendo manifiestamente.
Esa disposición a tomar medidas colectivas significa ayudar
a proteger a la población amenazada de esos crímenes, “en cooperación con las
organizaciones regionales pertinentes, cuando proceda, si los medios pacíficos,
que incluyen los diplomáticos, humanitarios y de otra índole, resultan
inadecuados y ‘es evidente’ que las autoridades nacionales no protegen a su
población”, como es el caso venezolano.
Tenemos los siguientes ejemplos: el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, el 26 de febrero de 2011, aprobó la resolución 1970; y
exigió que el gobierno de Libia terminara con la violencia, “recordando a las
autoridades libias su responsabilidad de proteger a la población” y le impuso
sanciones internacionales. El 17 de marzo de 2011 le exigió al gobierno la
cesación inmediata del fuego, el fin de los ataques contra la población civil,
que podían constituir “crímenes de lesa humanidad”.
Sobre la República de Costa de Marfil, el 30 de marzo de
2011,el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1975,en la que invocó “la
responsabilidad primordial de cada Estado de proteger a la población civil”, y
autorizó el uso de la fuerza militar que podía utilizar “todos los medios
necesarios para proteger la vida y los bienes”, la cual se inició el 4 de abril
de 2011 con la ocupación territorial.
Con relación a la República de Sudán del Sur, el 8 de julio
de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1996, por la que
estableció una misión de mantenimiento de la paz y para asesorar y prestar
asistencia al gobierno en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger a
la población civil.
De la República de Yemen, el 21 de octubre de 2011, el
Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2014; en la que condenó a las
autoridades yemeníes por las violaciones de los derechos humanos y alentó el
inicio de un proceso político inclusivo de transición del poder, que implicó la
celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Y se reclamó “la
responsabilidad primordial de proteger a su población”.
Es posible que el presidente Maduro esté contando con el
apoyo de Rusia y de China para que el Consejo de Seguridad no haga nada
respecto a los abusos que comete en nuestro país, como sucedió el 4 de febrero
de 2012, cuando los mencionados países, en el caso de la República Árabe Siria,
aplicaron su derecho de veto ante un proyecto de resolución que exigía el fin
de la violencia contra la población civil y el retiro de la fuerza armada.
El Estado venezolano se escuda en la soberanía para que no
se investiguen crímenes de lesa humanidad, como lo son: a) asesinatos de
manifestantes; b) exterminio por imposición intencional de penosas condiciones
de vida, y la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a
causar la disminución de una parte de la población que no los acompaña
políticamente; c) persecución de alcaldes y otros dirigentes políticos de
oposición, encarcelándolos, no liberándolos
u obligándolos a huir del país; d) tortura a los manifestantes que el
gobierno tiene bajo su custodia o control; e) abusos sexuales a las detenidas;
f) el ocultamiento y desinformación de los detenidos; entre otras.
Nuestro país es un caso claro de crímenes de lesa humanidad
en el que la comunidad internacional debe aplicar la responsabilidad de
prevenir, la responsabilidad de reaccionar y la responsabilidad de reconstruir
para consolidar la paz.
El papa Benedicto XVI dijo en la citada reunión, que es “la
indiferencia o la falta de intervención lo que causa un daño real”.
@rangelrachadell
