La información es un bien muy preciado, hay que cuidarlo
como cualquier otro. En la época de la información ya no es importante
poseerla, la información no es poder por cuanto es pública, se le consigue en
la Internet; el verdadero poder real es saber buscar la información. Esto no
significa que la información sea gratis o no tenga valor, claro que tiene
valor, el problema es identificar cuándo estamos en presencia de un carbón o un
diamante.
Los hechos del Fuerte Paramacay, que está ubicado entre
Valencia y Naguanagua, dejaron en evidencia el bloqueo comunicacional al que
nos tiene sometido el gobierno. No importa lo que se hubiera dicho, el hecho es
que no hubo canales oficiales o por lo menos reconocidos que pudieran dar
información creíble de lo que estaba pasando. Es posible que todavía hoy no se
sepa la verdad.
El gobierno viene haciendo un trabajo psicológico de
destrucción de la credibilidad de los periodistas y de los medios; como
ejemplo, recordemos que el periodista Leopoldo Castillo, llamado “el Ciudadano”
o @elcitizen, aseveró en mayo que el dirigente Leopoldo López llegó sin signos
vitales al Hospital Militar y a las pocas horas publicaron un video del
dirigente político en el que decía que estaba bien. Se dudó de la veracidad de
ese video, que si tenía un cinturón tal o que si estaba muy fortachón. Castillo
fue manipulado por un conocido, una fuente antes confiable para él, pero así
son los tramposos, se hacen confiables hasta que es necesario destruir la
reputación del periodista.

Otra variante de estas intervenciones es que en Twitter
pretenden crear héroes que ofrecen un nuevo camino de lucha. Cualquiera que se
aparezca con un fusil y amenace de alguna manera al gobierno se convierte en un
ídolo, no importa sus credenciales, el tiempo de lucha ni la referencia
ideológica. Salvo el hombre de la camisa rosada, pero esa es otra historia.
El Consejo Nacional Electoral mintió descaradamente sobre la
cantidad de electores que acudieron a la escogencia de constituyentistas. El
CNE proclamó a los supuestos ganadores sin publicar los resultados electorales,
por lo que podemos pensar que ganaron los que el PSUV previamente decidió que
ganaron. Esto no importa, nunca tuvieron legitimidad, electos con pocos o
muchos votos es irrelevante, fueron electos con el fraude de no haber convocado
al pueblo a decidir si quería o no una nueva Constitución; algo así como un
pecado original.
La empresa Smartmatic declaró que, según sus registros, los
electores fueron mucho menos de los que informó el CNE. La información fue
conocida por medio de una rueda de prensa de la empresa, no fue un invento de
Twitter ni una cadena de oración. Los directivos dieron una rueda de prensa, se
presentaron –bien lejos– a dar la cara por la empresa; por eso fue que
conocimos la verdad, de un proveedor confiable del organismo electoral, hasta
apenas ayer.
Lo que tienen en común los hechos del Fuerte Paramacay y la
empresa Smartmatic es el derecho a la información. Nuestra carta magna expresa
que: “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial,
sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución” (artículo 58).
El caso es que la información imparcial no se obtiene del gobierno y se duda de
que sea veraz. Todo parece un invento.
En la Constitución se establece la obligación del Estado de
garantizar los servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y
de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información, y
la obligación para los medios de comunicación social, públicos y privados, de
contribuir a la formación ciudadana (artículo 108). Si el gobierno cumpliera la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esta y en otras
materias, no estaríamos en esta constante desazón sobre nuestros derechos y
libertades, no habría tantos muertos a causa de la represión del Estado y la que
permite a sus seguidores.
El fundamento filosófico de la política, según Aristóteles,
es el conocimiento “de la naturaleza misma y de la verdad”, lo que da al hombre
de Estado las normas absolutas a partir de las cuales juzga lo que es justo,
bueno y ventajoso y regula así su acción política.
Sin verdad no hay política, justicia ni bien común.
@rangelrachadell
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