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27 diciembre 2016

Deuda política

Todas las decisiones que ha venido tomando el gobierno se perciben como erradas, y la que llama más la atención es la locura de quitarle al pueblo el dinero justo en plena Navidad, eso debiera tener consecuencias negativas para la gobernabilidad.

También las dificultades que ha creado el gobierno para poder acceder a los alimentos y a las medicinas deberían generarle algún costo; aunque su idea es crear problemas para mantenerse en el poder, para distraernos con muchos inconvenientes al mismo tiempo para que no tengamos tiempo ni tranquilidad para pensar y tomar las decisiones correctas.

Adicionalmente, las posibilidades de que la situación económica y política mejore en 2017 no pintan bien, las cuentas no cuadran para los ciudadanos, pero sí para el gobierno; por ejemplo, la cantidad de millones de dólares que debe pagar el año que viene por concepto de deuda externa es equivalente a lo que cubrió de 2016; al gobierno le alcanzará para pagar si mantiene el mismo nivel de consumo de importaciones que tuvimos, por lo que la situación de carencias que hemos vivido no va a mejorar, y con un precio promedio del barril de petróleo alrededor de los 50 dólares tendrá lo justo para mantenerse en el poder. Preferirá pagar las deudas a darle de comer al pueblo, lo cual es lo que ha venido haciendo, y no va a cambiar.

La razón de que el gobierno no tema al costo político de todas sus metidas de pata es que al no hacer elecciones no hay manera de medir ese costo, no le interesa, no hará elecciones, no debe nada, entramos en la dictadura del socialismo del siglo XXI, sin anestesia.

Solo la conflictividad social podría lograr un pequeño cambio de las políticas, sin contar que en el camino arreciará la represión de los factores de oposición. Si la oposición sigue actuando de la misma manera el gobierno se mantendrá en el poder, causando los mismos o peores perjuicios, con lo que eso significa; por lo que veremos más, mejores y variadas estrategias políticas, ya que las individualidades opositoras tratarán de presionar por soluciones, en desmedro de la estrategia común; no percibo otro comportamiento, las posibilidades de ponerse de acuerdo en una estrategia común parecen cada vez menores.

La agenda política ha cabalgado sobre la necesidad económica, y esta más bien se ha agravado, así que no podemos imaginarnos o prever que el gobierno va a mejorar su posición respecto a las necesidades del pueblo, ya que políticamente ha hecho lo correcto para él, se ha mantenido en el poder. Tal vez el hecho de que haya diferido el referendo revocatorio lo ayude a lo interno de su partido político, aunque no a nivel nacional donde tendrá que aportar soluciones económicas al desbarajuste que ha creado. A partir de enero todo girará alrededor del problema económico, y no es que la necesidad de cambio político no exista o desaparezca, solo que pasará a segundo plano, por lo que debería tomar algunas decisiones, entre las que podrían estar el eliminar el control de precios y despenalizar completamente la compra y venta de dólares por los ciudadanos; es la única manera de que la situación económica mejore algo, con lo cual le permitiría al comercio importar productos y manejarse a través del mercado negro, al cual el gobierno se niega a reconocer o a regular.

Para el caso de que mantenga su terquedad de entretenerse con la supuesta guerra económica, las consecuencias serán: más violencia, menos comercios abiertos, menos importaciones por parte de los particulares, más gente presionando por alimentos, más delincuencia, gente pidiendo que se ponga orden y aceptando que cualquier disparatado militar se ponga al frente del régimen buscando recuperar la paz que nos han quitado.

El costo político no es que la oposición cambie al gobierno, el verdadero costo político es que su propia gente decida salir de Nicolás para recuperar la gobernabilidad y mantenerse en el poder. Tal vez cualquier cambio en quién dirige el gobierno sea tomado como una oportunidad favorable, independientemente del color que tenga, para continuar con la desastrosa historia del mejor malo por conocer que este malo conocido.

@rangelrachadell

14 diciembre 2016

Realistas y socialistas

Los socialistas del siglo XXI se comportan como los realistas del siglo XIX, al principio parecieron muy eficaces, luego demostraron toda su crueldad.


Domingo de Monteverde fue enviado por el reino de España para someter a los sediciosos de Caracas y en cuatro meses hizo firmar la capitulación a Miranda en San Mateo, el 25 de julio de 1812.

Los abusos de los gobernantes no son nada nuevo, mientras Monteverde estaba en ese trámite, en España se promulgó la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, de la cual dijo Bolívar que era “obra por cierto de la ilustración, conocimiento y experiencia de los que la compusieron”; pero que esperó hasta el 21 de noviembre de 1812, para publicarla, y que, según Simón Bolívar: “La tuvo guardada Monteverde como cosa que no importaba, o como opuesta a sus ideas y las de sus consejeros” (ambas citas tomadas del Manifiesto de Bolívar dirigido a las naciones del mundo, Valencia, 20 de septiembre de 1818).

Al igual que Nicolás, Monteverde no le paró a la Constitución de Cádiz, como dice José de Austria, en su obra Bosquejo de la historia militar: En la provincia de Caracas, de nada vale la Constitución española; los mismos españoles se burlan de ella y la insultan. Después de ella, se hacen prisiones sin sumaria información; se ponen grillos y cadenas al arbitrio de los Comandantes y Jueces; se quita la vida sin formalidad, sin proceso, como hizo Tízcar en Barinas en mayo de este año, Zuazola en Aragua y Bóves en Ospino.

Actualmente los jueces dictan boleta de excarcelación de presos políticos y el gobierno no los libera, como sucede con Yon Goicoechea, o como pasó con Carlos Melo durante meses; en la época de la independencia “el Supremo tribunal de justicia se conformaba con sus estériles quejas al mismo Monteverde y a la Corte de Madrid, mientras que este descarado jefe consumaba su desprecio por aquel tribunal, diciendo al comandante militar de Puerto Cabello en oficio de 30 de Diciembre lo siguiente. ‘Por ningún motivo pondrá U. en libertad hombre alguno de los que están presos en esa plaza por resulta de la causa de infidencia, sin que preceda orden mía; aun cuando la Real Audiencia determine la soltura, en cuyo caso me lo participará U. para la resolución que corresponda”.

Nicolás, en la mejor costumbre realista, no cumple con la Constitución, no libera a los presos políticos, y ni siquiera se justifica. Monteverde sí se justificó, cuando expuso que “Caracas debía ser tratada por la ley de la conquista, con dureza”, hasta que los caraqueños den pruebas de detestar su maldad. Nicolás está tratando a toda Venezuela con dureza, como si fuera una conquista de los cubanos, dejando morir a sus gobernados de hambre y por falta de medicinas.

Bolívar demoró siete meses en lograr la capitulación de las fuerzas españolas y constituir la Segunda República, para eso tuvo que dictar el Decreto de Guerra a Muerte, que se mantuvo en vigencia 8 años, y que provocó la muerte de innumerables españoles y canarios. Miranda no quiso ser responsable de una guerra civil y a Bolívar no le quedó más remedio que acaudillarla.
Estos socialistas nos están llevando a un inconfesable conflicto, confiados en que tienen suficiente poder de fuego contra la población, el problema es que en esa estratagema no hay garantías de nada; y menos cuando, además de quitarle la comida a la población, le disminuyeron los medios de pago para satisfacerse.

Si lo comentado no fuera suficiente, el confiado de Francisco de Miranda se entregó a Monteverde, esperando el debido trato que le correspondía como comandante en jefe del Ejército Independentista, pero Monteverde desconoció los términos del acuerdo firmado, conocido como la “Capitulación de San Mateo”; lo puso preso y el reino de España lo dejó morir en la cárcel. No es que Leopoldo López lo podamos comparar con Miranda, pero este político nunca se hubiera entregado de haber sabido los tratos crueles e inhumanos a los que lo iba a someter el gobierno, y las humillaciones que le imponen a su madre y a su esposa para poder ingresar a visitarlo en la cárcel en la que lo tienen recluido. Esperemos que no lo dejen morir.

Bolívar demoró siete meses en lograr la capitulación de las fuerzas españolas y constituir la Segunda República, para eso tuvo que dictar el Decreto de Guerra a Muerte, que se mantuvo en vigencia 8 años, y que provocó la muerte de innumerables españoles y canarios. Miranda no quiso ser responsable de una guerra civil y a Bolívar no le quedó más remedio que acaudillarla.

Estos socialistas nos están llevando a un inconfesable conflicto, confiados en que tienen suficiente poder de fuego contra la población, el problema es que en esa estratagema no hay garantías de nada; y menos cuando, además de quitarle la comida a la población, le disminuyeron los medios de pago para satisfacerse.


@rangelrachadell

29 noviembre 2016

En defensa del petróleo

El presidente Isaías Medina Angarita promulgó la Ley de Hidrocarburos de 1943. Antes, la ley de 1938 favoreció las nuevas concesiones, que el Estado entrara como ente en el negocio petrolero, a través de institutos o empresas, y aumentaron algunos impuestos relacionados con esta actividad.

Lo más importante de la ley de 1948 es que estableció el principio "cincuenta-cincuenta", que hacía socio al país de la renta petrolera. Este principio, verdaderamente revolucionario para la época, fue logrado gracias a que las empresas petroleras, que habían sido nacionalizadas en México en 1938, no querían pasar por otra experiencia traumática. En ninguna otra parte del mundo las empresas petroleras cedieron tanto sus beneficios. Para conseguir esta ventaja el Estado propuso la conversión de los títulos de concesión otorgados a las empresas en nuevos títulos de 40 años de duración (vencían en 1983), se logró la estabilidad del mercado venezolano, y mundialmente se conoció como la solidificación de los títulos de las concesiones existentes, lo cual trasmitió confianza a las empresas para hacer nuevas inversiones en la búsqueda de petróleo.
 
Cuando llegó el gobierno de Acción Democrática de 1945, con su ministro de Desarrollo, Juan Pablo Pérez Alfonzo (nacido el 12 de diciembre de 1903, por lo que se cumplirán 113 años de su nacimiento), se denunció que el acuerdo cincuenta-cincuenta que reflejaba la legislación en realidad era un sesenta-cuarenta a favor de las compañías; por lo que reformaron la legislación tributaria para compensar algunas diferencias, y crecieron ocho veces los ingresos del gobierno.

Otra curiosidad es que el gobierno aceptó algunos pagos en petróleo, lo cual convirtió a Venezuela en un vendedor directo y comercializador de ese bien, y se obtuvo experiencia en mercadeo. Como consecuencia de esta política se ganó por barril más que México y más producción petrolera.

En 1948, Pérez Alfonzo, a sabiendas de que lo iban a detener los promotores del golpe de Estado, desistió de la oferta de la embajada de Estados Unidos para que se asilara en la misma; nada de estarse escondiendo en la embajada de Colombia, Nicaragua o huyendo a las colinas de Nirgua en el estado Yaracuy, como hicieron connotados funcionarios públicos en 2002.

En 1959, como resultado de sus luchas por los mercados mundiales, las empresas petroleras rebajaron el precio del petróleo en casi 10%, lo cual incidió en los ingresos pagados a los países de donde se extraía el petróleo. La reacción en contra de esa política se inició en el Congreso Árabe sobre el Petróleo efectuado en El Cairo en abril de 1959, con la reunión entre Pérez Alfonzo y Abdullah Tariki –quien en 1960 sería el primer ministro de petróleo de Arabia Saudita–, y diseñaron una Comisión Consultora del Petróleo, que defendiera la estructura de precios. A Tariki le fue otorgada la Orden Francisco de Miranda en 1960.

La OPEP fue creada el 14 de septiembre de 1960, buscando proteger los precios y regular la producción de petróleo mediante cuotas; ahora el socialismo del siglo XXI, con su fracasada política petrolera, no podría ver a la cara a Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Alirio Parra, quien sería ministro de petróleo con los presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velásquez, promovió el recorte de la producción en 1986, y se logró.

Hoy Venezuela produce menos petróleo que cuando se creó la OPEP en 1960, y el precio actual es más alto, pero ajustado por inflación desde 1975, cuando se produjo el aumento considerable del barril de petróleo, estamos recibiendo menos dólares reales; lo que actualmente ingresa a Pdvsa por barril de petróleo compra menos de lo que se podía adquirir en 1975.

Lo más grave de esta desidia son las muertes en la industria por la falta de mantenimiento y los delitos medioambientales en los que incurre Pdvsa, que no limpia ni indemniza sus desastres.

El actual gobierno no informa las estadísticas de producción de petróleo porque sería reconocer su fracaso. No puede comprometerse con una mayor cuota de producción, ya que no tiene el personal ni puede hacer las inversiones necesarias para lograrlo. Tampoco puede dejar de producir por tener postrada la economía del país, está en el peor de los mundos. El gobierno no tiene nada que ofrecerle a la OPEP para llegar a algún acuerdo, no posee el control de la industria.

Se murió Fidel, ya pueden dejar de regalar nuestro petróleo.



@rangelrachadell


15 noviembre 2016

Gobierno de mala fe

No tenemos cañones, no tenemos jueces; solo gente e ideas, y con eso podemos hacer mucho, ya que la violencia no es opción.

La lucha de guerrillas de los 60 demostró que la vía para salir de un gobierno no era esa, sino que significó la muerte de muchos jóvenes convencidos de la posibilidad de derrocar al gobierno, que en aquellos tiempos era democrático; embelesados con la dictadura cubana que logró tumbar el gobierno. Repetir esa épica fue una ilusión, se enfrentaron a un gobierno dispuesto a defenderse; y, para colmo, sin apoyo popular.

El que aspire a que los militares le hagan el mandado se arriesga a que el próximo golpista quiera quedarse con el coroto, y nada asegura que se convierta en una hermanita de la caridad mejor que los que tenemos.

Al eliminar la posibilidad del referéndum revocatorio y diferir –inconstitucionalmente- las elecciones de gobernadores no se cubren las apariencias de una democracia, tenemos una farsa sin careta. Lamentablemente, un proceso electoral no está a la vista, y la expectativa de repetir las elecciones en el estado Amazonas nos regresa a diciembre de 2015, cuando ganamos las elecciones en ese estado, es decir, no habremos avanzado nada, a menos que se respeten los resultados, que el TSJ se deje de trampas y de sabotear a la Asamblea Nacional.


Olvídense que la OEA, Trump o la ONU nos va a hacer el mandado, ninguna sanción económica se toma de un día para otro, y menos cuando los principales actores son socios comerciales. Nadie se imagina a los países del Caribe votando en contra de la mano que les da de comer, sin importar que el petróleo sea barato, ya que puede volver a subir de precio y tengan que mendigar de nuevo por unos barriles.

Sabemos que una marcha no tumba gobiernos, pero ayuda. Recordemos que en el 2002 los militares se negaron a reprimir una marcha a Miraflores, y fue el desconocimiento de la autoridad del presidente lo que llevó a su pérdida de control de la situación, no le obedecieron los mandos militares y quedó en riesgo su integridad personal. Tiene que existir un grupo de resistencia que salga a marchar, que movilice la opinión pública, para que genere las condiciones del cambio.

Aunque el diálogo es necesario, eso no significa que tengamos que confiar en el gobierno, que supongamos que van a cumplir su palabra; podemos conversar y hacer travesuras.

Lo primero que ha quedado al descubierto con los recientes acuerdos es que la oposición y el gobierno no son iguales, no están en el mismo nivel, gozan de poderes diferentes. Los resultados de estas negociaciones no muestran las concesiones recíprocas que las partes se deberían estar otorgando; es más, pareciera que la oposición se convierte de alguna manera en socio del gobierno al tratar de resolver algunos de los problemas que le competen solamente al gobierno, tal y como son la comida y las medicinas.

Todos esperamos que disminuya la represión. Sin embargo, eso no solo no lo está haciendo el gobierno, sino que es una de sus principales herramientas de dominación, la cual no abandonará por todas las ventajas que tiene, entre ellas la impunidad del propio gobierno.

Maduro habla de paz, sin explicar cuál es la que propone, aunque creo que se refiere a la pax romana, esa que era consecuencia de la total sumisión de las ciudades conquistadas y de los habitantes, los cuales pagaban con la vida cualquier rebelión.

Recordemos que este gobierno no es legítimo, en el entendido que no cumple con sus obligaciones con el pueblo, no garantiza la alimentación, la salud ni la seguridad personal. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a desobedecer, no a las leyes, a la imposición del gobierno. Vivimos una anarquía –las innumerables muertes son consecuencia de la ausencia del Estado-, así que no hablo de desaparecer al gobierno, pero sí de hacer manifestaciones de rechazo a las imposiciones; por ejemplo, hay que negarse a pagar la corrupción, desde la del soldadito o el policía en la alcabala móvil hasta salir a la calle de nuevo para pedir el referéndum revocatorio. Una tontería como eliminar el color rojo de nuestra vestimenta es otra señal de rechazo al partido de la dictadura.

Hay que identificar a los funcionarios que están actuando mal, a los colaboradores del gobierno (algunos partidos que eran de oposición han sido controlados por el gobierno a través del TSJ), a los que hacen negocios como enchufados, a todos esos hay que empezar a pedirles cuentas de su proceder; y por favor, dejen de invitarlos a las reuniones y fiestas, ya está bueno de halagar a los colaboracionistas, tienen que sentir nuestro rechazo.

Recuerde, todo, absolutamente todo lo que hace el gobierno es de mala fe, es para permanecer indefinidamente en el poder, mal administrar los recursos públicos y seguirle molestando la vida.

@rangelrachadell


01 noviembre 2016

No estamos en el limbo

Hay quien especula que nuestra sociedad se encuentra en una indefinición política, y a eso lo llaman limbo. Dicen que estamos en una vaguedad, que falta claridad, precisión o exactitud en el liderazgo; pero esto no es cierto, lo que pasa es que nos gobierna una parranda de locos que no les importa ni la paz ni la tranquilidad de todos, y no hay nada que haga la oposición que no sea tergiversado por el gobierno. Venezuela no está en el limbo, por cuanto no está claro que este exista.
El concepto de limbo se hizo popular por La divina comedia de Dante Alighieri, como el primer círculo del infierno; allí se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, entre ellos su guía el poeta Virgilio. Este limbo es un lugar donde no se sufre, en el que se halla “tanta gente, digna de la celeste bienandanza”; solo que están privados de la visión de Dios. Otros consideran al limbo un “estado intermedio” entre el cielo y el infierno; para estos no es un lugar, es una situación incómoda. Esta creencia es más acorde con lo que algunos piensan de nuestro país, que no estamos en ningún lado, que no somos democracia ni dictadura; solo que aquí si estamos sufriendo la desidia del gobierno –entonces no es un limbo como lo recrea Dante–.
El Catecismo de la Iglesia Católica no menciona al limbo, por lo que no comparte el uso poético que hace Dante al considerarlo el primer círculo del infierno.
Aquí, en nuestra Venezuela, lo que tenemos es un purgatorio; estamos expiando en vida algún pecado como sociedad, y debió ser muy grave, porque las colas para conseguir comida, los problemas para mantener en funcionamiento los negocios, el adquirir las cosas básicas es lo más parecido a una penitencia; y eso que no ha llegado el fuego para purificarnos, pero con esta fuerza armada uno no sabe; y para colmo se burlan de todos nosotros.
Una demostración de esta locura es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, N° 907, del 28 de octubre de 2016, que declara a Maduro Moros como venezolano; sin ser el medio idóneo para declarar la nacionalidad por nacimiento.
El documento que puede declarar la nacionalidad es la partida de nacimiento, y, como expresa artículo 197 del Código Civil (CC): La filiación materna resulta del nacimiento, y se prueba con el acta de la declaración de nacimiento inscrita en los libros del Registro Civil, con identificación de la madre. Pero es el caso que, en la sentencia, no aparece la madre de Maduro, ni el padre; tampoco la fecha de inscripción del niño Maduro.
En las partidas de nacimiento, para la fecha de nacimiento de Maduro Moros el 23 de noviembre de 1962, y mucho tiempo después, se dejaba constancia de los siguientes datos: a) el reconocimiento del hijo por sus padres (art. 217 CC), b) los dos apellidos del menor (art. 239 CC), c) el nombre y apellido del funcionario que la autorice, y su Secretario; d) el día, mes y año, la hora; y si era posible, la casa o sitio en que acaeció el acto que se registra, e) el nombre, apellido, edad, profesión y domicilio o residencia de las personas que figuren en la partida, f) dos testigos mayores de edad y vecinos de la Parroquia o del Municipio (estas últimas menciones son exigencias del artículo 448 CC), g) el sexo, y h) el nombre del recién nacido (art. 466 CC). Ninguna de estas menciones obligatorias las recoge la sentencia, para poder verificar si lo que asevera el TSJ es cierto, que el funcionario y los testigos que deben aparecer firmando el documento reconocen su firma, eso sí sería una buena investigación.
Actualmente se regulan los asientos de las actas por la Ley Orgánica de Registro Civil (G.O. 39.264 del 15/09/2009), en los artículos 81 y 93; con las mismas exigencias, agregando la huella dactilar de quienes figuren en el acta.
En todo caso, lo que debió solicitar Maduro Moros, para probar su nacionalidad, era un certificado de nacionalidad venezolana por nacimiento (art. 18 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, G. O. N° 37.971 del 1/07/2004), que otorga el Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), presentando su cédula de identidad, y copia certificada de la partida de nacimiento (art. 19 de la ley citada).
Una sentencia para probar la nacionalidad por nacimiento, por muy alta que sea la investidura pública del solicitante, es un despropósito, y viola los procedimientos legales.
Después de esta penitencia pública de nuestros pecados merecemos la absolución y que se acaben estos martirios que nos impone el gobierno, y que sean ellos a los que les corresponda empezar a pagar.
Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/limbo_0_949705127.html

18 octubre 2016

Negociación entre tramposos

Toda negociación parte de la idea de que los negociadores quieren resolver el problema planteado, son parte de buena fe, y que el objetivo perseguido por las partes es lícito; pero a veces ni los negociadores son sinceros ni los objetivos lícitos, o alguna de estas combinaciones.
El gobierno está atacando a la Asamblea Nacional por un supuesto desacato, están tomando un rehén moral, este no existe físicamente, pero debe ser intercambiado de alguna manera. El gobierno dice que los malos, el ilegal, el ladrón está del otro lado, en la otra acera, para luego venir a justificar la toma de decisiones judiciales o electorales como una respuesta ante el mal comportamiento del otro; lo que busca es justificar su ilegalidad como una venganza ante el incumplimiento, intercambiar su rehén moral con el rehén moral del país o de la Asamblea, que no es otro que el mal comportamiento del gobierno.
Esta compensación de culpas que está aplicando el gobierno tiene como paso previo el crear culpas por parte de su interlocutor, no importa que sean falsas, ellos las presentan como si fueran tan verdaderas como las culpas propias.
El desacato fue declarado por la Sala Electoral en la sentencia N° 108 del 1-08-2016, por el supuesto incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de las decisiones dictadas por la Sala Electoral N° 260, del 30-12-2015 y, N° 1, del 11-01-2016. En la mencionada sentencia se declaró: la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos.
De la lectura de la sentencia de la Sala Constitucional N° 808, del 02-09-2016, por la que se declaran manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia; me di cuenta de que algo estaba mal, que el planteamiento de la Sala parte de un supuesto falso; y que incorporaba un elemento a la gran negociación no oficial sobre la resolución de los conflictos nacionales, este elemento es la transgresión del otro.
Esta es una declaración impertinente, ya que anula todas las actuaciones presentes y futuras de la Asamblea Nacional; y todo por haber juramentado para el ejercicio de sus cargos a tres diputados escogidos por el pueblo a los que no se les ha anulado su elección. Esta es una consecuencia muy grave por un hecho que no reviste la gravedad que se le atribuye, la entidad del supuesto daño a la moralidad del país está sobredimensionada hasta el punto de hacerla tan inconstitucional como las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia a través de sus sentencias.
Ahora la Sala Constitucional, mediante una ponencia conjunta (que impide saber cuál o cuáles de los magistrados fue el que redactó la sentencia, a menos que haya sido un tercero), respondió a la solicitud de aclaratoria del presidente Maduro –no entiendo la razón de utilizar esa vía, ya que no aclara nada sino que se pronuncia como si fuera un caso nuevo– anulando la competencia constitucional de la Asamblea Nacional de conocer el presupuesto nacional, lo cual es previo a aprobar la Ley de Presupuesto, es decir, si bien supuestamente no puede dictar leyes no significa que no pueda realizar ningún otro acto (Sentencia de la Sala Constitucional N° 814, del 11-10-2016, por la que se libera a Maduro de su obligación constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto ante la Asamblea Nacional). Todavía quedaba la posibilidad de que en la discusión de las leyes no estuvieran presentes los mencionados diputados y la actuación del cuerpo fuese válida, pero no es a estos diputados a los que se les está castigando, es a la Asamblea Nacional en su totalidad a la que se está aboliendo.
Todo esto es interesante, pero lo más curioso es que esa política del gobierno se la aplica a todos los factores que se le oponen. Como parte de esta política identificamos al alcalde de Caracas que denuncia a la oposición de haber cometido un fraude en la recolección del 1% de las firmas para hacer la solicitud del referéndum revocatorio, todo por una cantidad ínfima de firmantes que pudieron haber sido agregadas por factores afectos al oficialismo para enturbiar el proceso de la oposición, y se pretende anular todo el proceso de referéndum por una pequeñísima irregularidad, si esta realmente existió. Parte de esa estrategia es el proceso de relegitimación al que se quiere someter a los partidos políticos.
Si la oposición está ilegal o no hace bien las cosas, debe ser castigada o anuladas sus actuaciones por la falta de cumplimiento de requisitos que inventan los hambreadores del gobierno, y hasta no complacer las exigencias exageradas del TSJ o del CNE no se podrá continuar con ningún procedimiento, con ninguna actuación y todo lo que se haga estará viciado de la nulidad que solo el gobierno, con sus secuaces en los otros poderes, puede declarar.
Si la negociación fuera entre tramposos, todo estaría permitido; pero no somos iguales a ellos.
@rangelrachadell

04 octubre 2016

El camino correcto

Si la decisión de la Mesa de la Unidad de participar en la recolección del 20% de las firmas necesarias para convocar el referéndum revocatorio dará resultado, no lo sabemos.

Constantemente la vida nos coloca ante encrucijadas; desconocemos la senda apropiada, pero algún camino tenemos que tomar, y la mejor solución nadie la adivina, que se basa en razones previas que están en la mente de cada quien.

Algunas personas se encuentran en situaciones difíciles. A un joven su novia le plantea que está embarazada y que deben resolver ese asunto; el pobre tiene 20 años de edad, su vida está a punto de cambiar, no está convencido de lo que debe hacer, piensa en las opciones que tiene, va a vivir ese momento eternamente. Tener al hijo es una posibilidad, casarse también, y el matrimonio es para toda la vida, por lo menos, para los católicos.

Se puede dar el caso que un funcionario público sea ascendido, le den la oportunidad de manejar un buen presupuesto. Es su oportunidad de oro para demostrar que puede ser un buen gerente, dejar huella entre sus compañeros, en su grupo social, poner en alto el nombre de su familia. La burocracia le plantea que apruebe un contrato que, por decir lo menos, es extraño, fuera de lo común. La sola firma podría producirle una ventaja o mantenerle en el cargo, y a sus jefes mucho económicamente.

El futuro depende de nuestras acciones; nos queda hacer conjeturas sobre cuáles serán. Tenemos que ponernos a trabajar. Hacer pronósticos en política es un entretenimiento como adivinar los caballos ganadores o el número de lotería que saldrá, solo falta especular.

La Mesa de la Unidad eligió entre las soluciones que tenía para tratar de resolver los conflictos sociales a los que nos ha llevado el gobierno; planteó unas ideas como quien pone su grano de arena para detener la peor tragedia de los venezolanos en toda su historia. El camino para la recolección de las firmas nos fue impuesto con injustas limitaciones, y puede haber otras trampas por parte del Consejo Nacional Electoral, cuyas actuaciones tendrán consecuencias.

Estas situaciones planteadas tienen en común que en cada caso son muy personales, son opciones de vida, dependiendo de sus resultados, van a ser revisadas, una y otra vez. El futuro nadie lo visualiza bien, parece que nos rodea una nube gris oscuro, en el que cualquier dirección es tan buena como la otra. Pero algo nos guía, nos dice hacia dónde debemos dirigirnos, nos hace ver alguna claridad, esa guía son nuestros valores; y no todos tenemos o compartimos los mismos, solo averiguamos cuáles son esos valores, y qué tan profundamente arraigados los tenemos, cuando la vida nos exige que tomemos posición ante las disyuntivas. A ese algo algunos lo llamamos Dios.

Podemos arrepentirnos de una mala decisión, y algunas de ellas no tienen perdón o absolución. Sin embargo, no hacer nada a veces es peor que errar. Salir corriendo o paralizarse puede ser igual de dañino.

Yo no puedo opinar cómo usted debe comportarse ante los problemas planteados. Ahora bien, si se siente afectado por lo que pasa en nuestro país tiene todo el derecho de expresarse, lo que se haga lo afectará a usted, a su familia, a su economía, y eso es lo que ocurre con el referéndum revocatorio.

Antes he oído que la solución de Venezuela pasaba por la muerte de alguna persona en particular, lo cual no solo no es cristiano, sino que es un delito; y sé de personas que fueron a confesar ese pensamiento (todavía está a tiempo, nunca es tarde). Aun así, la muerte no fue solución, todo siguió mal y continúa empeorando.

Los seres humanos tenemos conciencia del bien y del mal, lo podemos identificar, podemos discernir lo que se debe hacer. La violencia no es opción para los demócratas, por cuanto la democracia es un sistema para resolver los disensos, las diferencias, lo cual pasa por la expresión de la voluntad de la mayoría y el respeto a las minorías.

Ni el aborto ni el divorcio, la corrupción o el golpe de Estado son soluciones que pueden resolver los conflictos morales de las personas, de las sociedades, o de los países; los problemas morales tienen que ser resueltos con soluciones morales, los problemas políticos tienen que ser atendidos con soluciones políticas.

Pedirle la renuncia a un presidente es lo de menos; si él quiere, renuncia, y si no quiere, no lo hace. Eso no lo hace a usted un golpista. Lo que hace a alguien golpista es financiar la violencia en contra del gobierno; y como en la religión, usted no puede tener dos creencias sin que a una de las dos le sea infiel.

La Mesa de la Unidad Democrática escogió el camino correcto, el camino de la democracia; el camino que usted, gracias a su libre albedrío, en su fuero interno, reconoce como el que seguiría cualquier persona honesta, el que le permite demostrar que la mayoría está pasando trabajo y que necesitamos –urgentemente– un cambio.

@rangelrachadell