Ante los ataques al Papa por venezolanos
influyentes en las redes sociales, presentamos el artículo publicado en la web
del Vaticano, por el teólogo venezolano Rafael Luciani, explicando la posición
y las acciones del Papa Francisco ante la realidad del país.
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1.
La falsa división entre un Papa de izquierda y unos obispos de derecha
El
actual proceso de reformas eclesiales que preside Francisco busca conceder
mayor autonomía a las Conferencias Episcopales locales. En pontificados
anteriores, la centralización del poder eclesial en manos de la Curia Romana
causó un sin fin de abusos sobre las iglesias locales y regionales fruto de lo
que Francisco describió, al inicio de su pontificado, como la patología del
poder. En términos geopolíticos esto se ha traducido en un trabajo en conjunto
y coordinado entre las autoridades eclesiásticas en Roma y las directivas de
las conferencias episcopales locales. De este modo, la orientación de la
narrativa geopolítica vaticana busca enfocarse en la cura pastoral y la
atención humanitaria de los países en crisis, dejando el recurso diplomático de
la negociación y la apelación a la multilateralidad como vías que pueden evitar
salidas violentas y sangrientas de los regímenes políticos que se adueñan del
poder. Corresponde a los obispos locales la calificación política y el
posicionamiento ético frente a dichos regímenes. El Vaticano, desde los Pactos
Lateranenses que le dieron carácter estatal en 1929, jamás ha calificado a un
presidente de «dictador». No puede hacerlo. Experiencias como las de China,
donde la Iglesia fue expulsada, sólo han podido ser sanadas muchos años después
y con lentas negociaciones.
Sabiendo
esto, el oficialismo venezolano ha buscado, por diferentes vías, debilitar la
credibilidad de la Iglesia. En este juego han caído también sectores de la
oposición polarizando así la dimensión pastoral de la acción eclesial bajo la
idea de una supuesta división entre «un Papa de izquierda y unos obispos de
derecha», o entre «un Papa que reconoce al gobierno ilegítimo de Maduro y unos
obispos venezolanos que no lo reconocen». Este tipo de argumentaciones sólo
otorgan mayor fuerza a la estrategia del gobierno de buscar que el pueblo
pierda la credibilidad en la institución eclesiástica que, por naturaleza
organizacional, actúa siempre de forma colegiada, es decir, con una
inquebrantable unidad entre el Papa, los obispos y los fieles. ¿Acaso los que
hoy critican a Francisco por haber hablado con Fidel Castro, levantaron su voz
cuando San Juan Pablo II le dio la comunión a Pinochet? Ambos torturaron y
asesinaron a miles de hermanos que pedían la misma libertad que hoy pedimos los
venezolanos. Para la Iglesia la fe no es ideológica ni doctrinaria. Su único
interés es la atención pastoral a las personas traducida en la promoción del
bienestar para con los más pobres y sufridos de una sociedad, como lo es hoy la
venezolana, pues —como dice Francisco— no podemos «considerar a nada ni a nadie
como definitivamente perdido en las relaciones entre las naciones, los pueblos
y los estados».
2.
«En la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía»
¿Cuál
es la posición del Papa Francisco? ¿es posible en la Iglesia, que exista un
número 2 por encima del número 1?, ¿acaso la Iglesia funciona como una
democracia? ¿puede existir una división entre la postura del Papa —como pastor
y jefe de estado—, su Secretario de Estado —el Cardenal Parolín—, y la
Conferencia Episcopal venezolana que se ha manifestado en bloque al declarar a
la presidencia de Maduro como ilegítima?
El
8 de junio de 2017, el Papa Francisco dijo personalmente a los miembros de la
presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana que «en la voz de los
obispos venezolanos también resuena la mía». A diferencia de otros
pontificados, el reconocimiento de Francisco es a lo que han discernido y
decidido los obispos locales, quienes conocen su realidad, y no lo que Roma
pueda pensar desde lejos de nuestra realidad. Esto no sólo dice de la honradez
de Francisco ante lo que vivimos, sino también de su humildad al querer llevar
un proceso de reforma y «descentralización» en la Iglesia Católica, como lo indicó
en su primera Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (n.16).
3.
Las cuatro condiciones del Vaticano siguen hoy vigentes
Hagamos
un poco de memoria sobre los varios llamados públicos de Francisco en torno a
la crisis venezolana. El 10 abril de 2014 hizo un fuerte reclamo a los líderes
políticos por la violencia e instó a respetar la verdad y la justicia. Un año
más tarde, el 1 de marzo de 2015, condenó la muerte de estudiantes que
protestaban pacíficamente. Y en octubre de 2016 cuando aceptó la petición de
facilitación que le hiciera primeramente la propia oposición nacional, el
Vaticano dio a conocer el día 2 de diciembre las cuatro condiciones que debían
acompañar una verdadera negociación con el gobierno: «elecciones, restitución
de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los
presos políticos».
El
punto más álgido fue la denuncia del Papa ante el incumplimiento de dichas
condiciones por parte del gobierno, lo que llevó a la culminación del proceso
de diálogo y a esto se refirió en la rueda de prensa que ofreció durante el
regreso de su viaje apostólico a Egipto, el 29 de abril de 2017. Ahí dijo que
el diálogo «no resultó porque las propuestas no eran aceptadas» no sólo por la
oposición política que, en ese momento, carecía de unidad política y
estratégica, sino fundamentalmente por el gobierno, cuya falta de seriedad y
coherencia la describió como un: «"sí,sí" pero "no, no"» y
le hizo un «sentido llamamiento al gobierno para que se evite cualquier
ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen
soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y
económica que está extenuando la población».
Un
día después de este viaje, ante la crueldad de la represión a miles de personas
que protestaban en el país, el domingo 30 de abril de 2017 en su mensaje Urbi
et Orbe, Francisco difundió y cuestionó para el mundo «la situación en
Venezuela, con numerosos muertos, heridos y detenidos»; abogó por los «derechos
humanos» y exhortó a «soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria».
Algo
que muchos olvidan es que, paralelo a todas estas denuncias, el Papa ya se
había reunido con Susana Malcorra, canciller argentina del recién electo
gobierno de Macri, para conseguir el pronunciamiento en bloque de los gobiernos
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay
sobre la crisis venezolana. Una reunión que llevó a otras más, como parte del
ejercicio silente de la diplomacia Vaticana y que inspiró lo que luego se
crearía bajo el nombre de grupo de Lima.
4.
La movilización de la Iglesia latinoamericana en contra de la represión del
gobierno venezolano
Todas
estas acciones del Papa y los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal
Venezolana produjeron algo que pocos han valorado: por primera vez en la
historia de la Iglesia latinoamericana, todas las entidades locales y
regionales alinearon su posición reiterando, a su vez, las varias denuncias
hechas por el Papa. Veamos a qué nos referimos.
A
casi dos meses del inicio de las protestas estudiantiles, la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV) fijó posición, el 2 de abril de 2014, de forma
pública y oficial, mediante el comunicado que lleva por nombre: «Responsables
de la paz y el destino democrático de Venezuela». Los Obispos comienzan su
análisis con una premisa muy clara: «la causa fundamental de la actual crisis
es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar
el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un
sistema de gobierno de corte totalitario». Para lograr imponer este modelo de
corte totalitario, basado en la lógica del pensamiento único y, por tanto,
excluyente de todo otro modelo sociopolítico, se han puesto «restricciones a
las libertades de información y opinión», se ha incrementado «la inseguridad
jurídica y ciudadana» y se han promovido «los ataques a la producción
nacional». Todo esto, bajo el peso de una «brutal represión de la disidencia
política» (num. 2).
Las
cosas no cambiaron. Antes bien, se siguieron agravando y el 31 de marzo de 2017
la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció denunciando que para el
gobierno «todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder,
olvidando las necesidades reales de la gente». Ante la decisión del Tribunal
Supremo de Justicia de eliminar la Asamblea Nacional y suplantarla «por una
representación de los poderes Judicial y Ejecutivo», indicó el episcopado que
«no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que
defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse
muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la
desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los
poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas».
El
4 de abril 2017 se sumó la voz de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de
Venezuela contra «la falta de autonomía entre los cinco poderes públicos:
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano», y subrayó «la
indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro
pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en
el poder» en un contexto de «inminente dictadura». El camino inmediato para
salir de la crisis, se lee en el documento, ha de pasar por el cumplimiento de
tres exigencias: «respeto al Estado de derecho, separación de poderes,
legitimidad del Parlamento».
Tres
días más tarde, el 7 de abril 2017, la Compañía de Jesús en Venezuela, a través
de la editorial de su revista SIC del Centro Gumilla, hizo pública su posición
oficial: «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos»,
la cual se consuma, a juicio de los jesuitas, con «las decisiones asumidas por
el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 28 y 29 de
marzo que suponen un claro golpe de Estado y un desenmascaramiento definitivo del
gobierno como una dictadura». Y añadió, en consonancia con la petición del Papa
Francisco a través de su secretario de Estado, que la solución a la crisis
actual del país pasa, necesariamente, por las siguientes condiciones:
«democracia con elecciones, liberación de todos los presos políticos, pleno
reconocimiento de la Asamblea Nacional, apertura a la ayuda humanitaria
internacional y entierro de este modelo fracasado que atenta contra la vida de
toda la población». Nada menos de lo que exigió el bloque político de
oposición, que por intereses partidistas no lograba llegar a una estrategia
unitaria y permanente.
A
este movimiento eclesial, se unieron las distintas Conferencias Episcopales
Latinoamericanas. Entre ellas, el 21 de abril 2017, la Conferencia Episcopal
Panameña se solidarizó con la posición de los obispos venezolanos expresando
que «la difícil situación del país cada vez se hace más insostenible». A este
comunicado le siguió el de la Conferencia Episcopal Colombiana en pro de la
labor de «obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos que en medio de
dolorosas situaciones y privaciones, siguen trabajando por la defensa de los
valores humanos». El día 26 de abril de 2017, la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana declaró que «se trata de una situación donde está muerta y
desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están
en el poder, se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la
persecución, un despeñadero hacia la dictadura». A lo largo de ese mes de abril
se solidarizaron también, entre otras, las Conferencias Episcopales de Uruguay
y Chile, así como la boliviana, que el 2 de mayo de 2017 se pronunció en torno
a «la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los
derechos humanos» en Venezuela.
Una
nueva expresión de la colegialidad eclesial se manifestó, históricamente, entre
el 9 y el 12 de mayo de 2017, cuando se celebró en San Salvador la XXXVI
Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Allí, todas
las Iglesias locales de América Latina y el Caribe decidieron, unánimemente,
tomar posición frente a la situación de nuestro país al observar que «se vuelve
insostenible la falta de alimentación, la falta de medicinas y la falta de
libertades». Tras la discusión se creó una Comisión de seguimiento de la
situación sociopolítica y humanitaria venezolana. Es la primera vez que el
conjunto de las Iglesias locales latinoamericanas se unen para levantar su voz
en contra de lo que se vive sociopolíticamente en uno de sus países.
Un
último ámbito de conciencia eclesial internacional que no podemos pasar por
alto es el comunicado publicado por la Asociación de Universidades Confiadas a
la Compañía de Jesús en América Latina. El 27 de abril de 2017, unas treinta
universidades de catorce países latinoamericanos expresaron su «condena a los
actos de represión que el gobierno está ejerciendo sobre quienes legítimamente
salen a las calles a manifestar su protesta ante esta situación». Todas las
universidades jesuitas del continente se unieron para denunciar «la
intolerancia a la discrepancia y la militarización de la sociedad», y
demandaron «a todos nuestros gobiernos y organismos internacionales que
defiendan el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el libre
ejercicio de la ciudadanía en Venezuela».
5.
El llamado del Vaticano a desconocer la Constituyente y retomar las 4
condiciones
Ante
todos estos pronunciamientos internacionales, el 13 de mayo de 2017, poco antes
de que oficiara la misa solemne en Fátima, el secretario de Estado del
Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, «número dos» de Francisco, declaró
nuevamente que «la solución para la grave crisis en Venezuela son las
elecciones». Como es lógico, toda elección supone un cambio de gobierno o
transición política. Por ello precisó, como ha dicho el Pontífice en repetidas
ocasiones, que «se necesita mucha buena voluntad, empezando por el gobierno,
que debe dar señales de que desea resolver la crisis y tener en cuenta el
clamor del pueblo».
Esto
llevó a que el 4 de agosto de 2017, el mismo Papa enviara de nuevo un
comunicado muy fuerte a través de la Secretaría de Estado diciendo que: «la
Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que
se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se
suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que
favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y
enfrentamiento e hipotecan el futuro; se creen las condiciones para una
solución negociada de acuerdo con las indicaciones expresadas en la carta de la
Secretaría de Estado de diciembre de 2016, teniendo en cuenta el grave
sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y
medicamentos, y por la falta de seguridad». Nuevamente se recuerdan las 4
condiciones que han de marcar la hoja de ruta hacia el restablecimiento de la
democracia en Venezuela: «elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura
del canal humanitario y liberación de los presos políticos».
Un
hecho aparentemente controversial sucedió el 10 de enero (2019) durante la
juramentación de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo
período de gobierno. Dicho mandato ha sido desconocido por la comunidad
internacional. La Secretaría de Estado del Vaticano decidió enviar a un
Encargado de negocios ad interim, en vez de al Nuncio en Caracas. Hecho que no
ha de pasar desapercibido cuando el protocolo vaticano siempre ha prescrito la
presencia de un Nuncio, sea el del propio país o de otro vecino que lo
represente en su calidad de Jefe de Misión en tales actos de investidura. Aquí
se optó por un funcionario de menor rango, prácticamente desconocido. Ante las
reacciones que surgieron, el Vaticano emitió un comunicado el pasado lunes 14
de enero explicando que «la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con el
Estado venezolano. Su actividad diplomática tiene como finalidad promover el
bien común, tutelar la paz y garantizar el respeto de la dignidad humana», y
añadió nuevamente el principio de colegialidad geopolítica bajo el cual actúa,
siempre en coordinación con los obispos locales. Por eso, dice el comunicado,
«la Santa Sede y los obispos del país trabajan juntos para ayudar al pueblo
venezolano, que sufre las implicaciones humanitarias y sociales de la grave
situación en la que se encuentra la nación».
6.
«El nuevo período presidencial es ilegítimo y abre una puerta al
desconocimiento»
Todas
estas acciones y posiciones, frutos de una acción colegiada entre el Papa, los
obispos y los fieles católicos, quedó claramente expresada y reconocida el 9 de
enero de 2019 en la exhortación que lleva como título: «Lo que hicieron a uno
de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicieron» (Mt 25,40). Ahí, la
Conferencia Episcopal Venezolana en pleno exigió al gobierno «el cambio que el
país pide a gritos: la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución
y la reconstrucción de la sociedad venezolana, en dignidad, libertad y justicia
para todos». Por tal motivo, dice la exhortación: «reiteramos que la
convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue
ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder
ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas
en la Constitución (...). La pretensión de iniciar un nuevo período
presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una
puerta al desconocimiento del Gobierno».
Así
como los obispos han sido claros en no reconocer la legitimidad de Maduro, el
Papa fue el primero en desconocer a la asamblea nacional constituyente impuesta
por Maduro sin voto popular. No olvidemos que las acciones de una diplomacia
muchas veces silente y poco perceptible iniciaron un proceso de concertación
entre gobiernos latinoamericanos y conferencias episcopales locales, que fueron
alzando sus voces para pedir, con el Vaticano: «elecciones, restitución de la
Asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos».
7.
Venezuela, Nicaragua, Yemen y Siria...
La
decisión del Papa de incorporar a Venezuela el 25 de diciembre de 2018 en la
lista de países que nombra en su mensaje Urbi et Orbi, es otro reconocimiento
de un país que vive una severa tragedia humanitaria y en condiciones de estados
fallidos, como Yemen y Siria, o totalitarios como Nicaragua. Es un mensaje
fuerte y profético de la diplomacia vaticana que ha pasado desapercibido para
muchos, y que ha sido enviado con contundencia a la comunidad internacional,
reconociendo así, la necesidad de un cambio político urgente.
Hoy
el Papa, en medio de nuevas críticas por parte de académicos y políticos
latinoamericanos, especialmente de oposición, vuelve a insistir, el 7 de enero
de 2019 en su Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la
Santa Sede: «Deseo para la amada Venezuela que se encuentren vías
institucionales y pacíficas para solucionar la crisis política, social y económica,
vías que consientan asistir sobre todo a los que han sido afectados por las
tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de
esperanza y de paz». Vías que, como explicaron los obispos venezolanos, pasan
por reconocer que «la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático
de los venezolanos, actualmente es el único órgano del poder público con
legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias».
Lo
que el Papa desea sigue siendo hoy el clamor de los nuevos líderes de la única
y legítima Asamblea Nacional, elegida bajo el voto popular con una mayoría
opositora abrumadora: «elecciones, restitución de la Asamblea, apertura del
canal humanitario y liberación de los presos políticos». Es esta la hoja de
ruta vaticana para un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela.
Es la voz que llevan hoy nuestros jóvenes diputados con un mensaje que ha
devuelto la esperanza en un cambio político en Venezuela que mira al bien común
y se aleja de los intereses partidistas e ideológicos tanto de la oposición
política como del oficialismo castrista.
No
nos dejemos robar la esperanza, no perdamos la fe en las personas e
instituciones que están trabajando por un cambio en Venezuela. Recordemos las
palabras de Francisco en Paraguay: «las ideologías terminan mal, no sirven, las
ideologías tienen una relación incompleta, enferma o mala con el pueblo porque
no asumen al pueblo» (Visita Apostólica al Paraguay, 2015).
Rafael
Luciani
Doctor
en Teología
Miembro
del Equipo Teológico Pastoral del CELAM
Que
el Banco Central de Venezuela publique en su página web que el valor del petro
es de 80.000 bolívares no significa que el salario mínimo sea medio petro. Eso
no está escrito en ninguna norma, lo repiten los ministros sin base legal. Así
es el socialismo del siglo XXI, cero formalismos, es lo que dicen y punto.
