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26 junio 2018

Servicio público de salud


El Estado moderno se justifica por la satisfacción de las necesidades de sus habitantes. Este debe, a través de los servicios públicos, ayudar en el crecimiento personal; eso es lo que nos presenta el texto de la Constitución, en la que se enumeran derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado.

La mención de un derecho en nuestra Constitución no es una invitación para que el gobierno preste el servicio público que garantice el derecho, genera para el Estado la obligación de hacerlo. Todo servicio público debe funcionar de manera continua, por cuanto las necesidades son permanentes; en el que la huelga está restringida y supeditada a la ejecución del servicio público, por eso deben garantizar el mínimo indispensable; por ejemplo: en materia de salud se debe asegurar la atención de emergencia, para que los ciudadanos se afecten lo menos posible. El Estado debe responsabilizarse por la igualdad en el acceso al servicio público, en el que no se admite la discriminación en el acceso al disfrute de esos servicios.


Aunque en nuestra Constitución se asevera que la salud es un derecho social fundamental, la ejecución del gobierno es pura palabrería; no se observa que se garantice el derecho a la vida, que se promuevan políticas para elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios (artículo 83). En los hospitales que administra el gobierno no se otorga ninguna protección de la salud; y con los problemas de agua y electricidad no se puede cumplir con un mínimo de las medidas sanitarias y de saneamiento necesarias. El sistema público nacional de salud no es descentralizado, como lo ordena la Constitución.

La seguridad social es la que pagan los trabajadores para que les cubran sus riesgos, como cuando usted toma un seguro para su carro, si le pasa algo acude a cobrar la indemnización del seguro. El seguro social obligatorio trabaja de igual manera, cubre los riesgos de salud de los trabajadores, riesgos que ellos pagan, aunque sea poco. La ventaja de este tipo de seguro es que son todos los trabajadores los que cotizan, por lo que el costo de la protección del seguro se diluye en la masa. La asistencia social es atender a todas aquellas personas que no tengan un sistema de seguridad social financiado por el propio trabajador y su patrono.

La Constitución de 1999 mezcló los conceptos, llamó seguridad social a un servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias relacionadas, lo que antes de esta revolución conocimos como asistencia social (artículo 86), para más adelante decir que el Estado tiene la obligación de crear un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas; y que la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Se definió la seguridad social como asistencia social, siendo dos conceptos distintos.

A todas estas, no tenemos ni seguridad social pagada por los trabajadores ni asistencia social gratuita para todos financiada por el Estado. En el papel existe un sistema público de salud que garantiza la prestación del servicio al que se comprometió el Estado por medio de la Constitución, aunque en la práctica poco es lo que se tiene, y lo peor es que no van a rectificar, ya lo hubieran hecho si tuvieran interés.

Los gobernantes no cometen un delito al incumplir con sus obligaciones constitucionales, pero debería estar tipificado como tal, ya que la consecuencia es la muerte de los venezolanos, esos mismos que se supone que son beneficiados por el petróleo, que es de todos según la propaganda oficialista.

Los hospitales no son centros dispensadores de salud, son lugares de cuidados paliativos cuando hay cómo ayudarlos. Los pacientes deben llevar todos los insumos, y los desesperados les ofrecen dinero a los médicos para que los operen. No hay comida para los pacientes ni para el personal que labora en las instituciones de salud; a veces hay carbohidratos: arepa sola, arroz sin nada, espaguetis sancochados, cero proteínas y vegetales. Los médicos más preparados que son adjuntos o jefes de servicio ven que los médicos residentes, que son los recién graduados que están estudiando posgrados, están perdiendo peso como el resto de la población. Solo la caridad de los pacientes y el resto del personal permiten que ellos se mantengan realizando sus labores, todo con el objetivo de formarse en una especialidad. Nuestros médicos no han conocido una situación hospitalaria como la que se está viviendo en la actualidad, ya que la falta de recursos ha llegado a su máxima expresión, y dicen que va a empeorar.

La diáspora de médicos viene apoyando a sus colegas enviándoles donaciones de comida para ellos y medicinas para que puedan ejercer y curar a los enfermos que atienden. Algunos de estos médicos que colaboran y están en el extranjero se hacen llamar “Médicos Unidos Venezuela”, dan esa mano que el gobierno del socialismo del siglo XXI les niega a los que trabajan en el sector público y a los más débiles.

Algunos médicos se mantienen por la docencia; otros, por la solidaridad para atender a los que no tienen adónde ir, pero hasta cuándo podrán aguantar la presión de ver que saben cómo actuar, pero no tienen con qué hacerlo.

El acto médico ya no es seguro, idóneo ni oportuno. El gobierno tampoco.

@rangelrachadell



12 junio 2018

Cautiverio de Caracas

Nada podía presagiar que faltaría la justicia, que sobraría el desorden, que conoceríamos el libertinaje de las instituciones, las cuales, libres de toda atadura moral, se dedicaron a dilapidar el presupuesto nacional en beneficio propio y de la camarilla militar; a satisfacer el poder. Vivimos como extranjeros en nuestra propia patria, atrapados y sin elecciones.

Con artimañas y promesas se hicieron del gobierno de Venezuela, en el que Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del poder nacional; destruyeron la economía he hicieron que las familias se dividieran, provocaron la salida del país de los mejores y más preparados huyéndole al hambre. La oposición, débil por las constantes trampas de las señoras del Consejo Nacional Electoral y la persecución de sus dirigentes, también tuvo que salir del país a un destierro forzado.

El cautiverio que nos impone el socialismo del siglo XXI es el cautiverio del derecho, de las reglas, de la legitimidad. En este exilio del derecho estamos alejados de la democracia, mientras los gobernantes saquean nuestra tierra y regalan a otros países lo que no tenemos por el solo hecho de tener afinidades ideológicas.

Es difícil que existan iniciativas que no pasen por el control y anuencia de los que detentan el poder, ya se vistan de rojo o de verde manzana; el lujo está reservado solo para ellos. Solo los que estén fuera podrán prosperar; los que estamos dentro tenemos que enfrentar esta locura como podamos, día a día, zancadilla a zancadilla.

Estos socialistas nos quieren imponer una forma extraña de ser, de odios y rencores, muy distinta a la sociedad que se construyó en democracia. Mientras nos liberamos de este cautiverio debemos recopilar nuestras costumbres, el buen hacer, la amistad de siempre de los venezolanos. No sé cuáles fueron los pecados que buscó castigar la sociedad que apoyó a Chávez, pero el remedio nos está matando.

A Maduro se le endureció el corazón y no ve el mal que está causando. Sufren los más pobres, a quienes debería estar protegiendo de la inflación creada por él mismo, la desgracia que ha traído su revolución, como la esclavitud de las cajas CLAP y el carnet de la patria. Ese es el comportamiento del gobernante, como recuerda la Biblia: “Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, ... para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias... Ha jurado Yahveh por el orgullo de Jacob: ¡Jamás he de olvidar todas sus obras!” (Am 8, 4-7). Tengo más fe en Dios que en los marines.

Como nada es para siempre, mantenemos la esperanza de que se vayan los extranjeros y los traidores, que recuperemos la patria, que salgamos de este confinamiento, que podamos liberarnos de los grillos institucionales y podamos vivir en democracia, más comprometidos con la construcción de una sociedad moderna, respetuosa de las leyes, que considere al trabajo como la herramienta de superación.

Debemos elaborar el pensamiento de la reconstrucción, la sociedad que queremos para cuando terminemos con la destrucción socialista; el pensamiento político que nos regirá a partir de la liberación de este cautiverio.

Para empezar, podemos pensar en el Estado liberal planteado por Simón Bolívar, de respeto a las leyes y la libertad de comercio. Nada de eso de un Senado aristocrático, de los cuales tenemos suficientes con la nobleza del chavismo que rota de un puesto a otro sin criterio ni mérito.

Podríamos tener una sociedad en la que la libre empresa, la iniciativa privada, una sociedad en la que las personas puedan “usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos” (336, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia). Una empresa privada que genere bienes y servicios, que obtenga beneficios, que modele el libre mercado.

Liberar a la educación del cautiverio de la ideología chavista, esa que busca someter al hombre al Estado y que no esté al servicio de la sociedad. Lograr el respeto a la educación privada, sin intervención de sus costos y ganancias, libertad y más libertad para el que quiera educar a sus hijos, con la ideología o religión que mejor le parezca. El Estado puede mejorar la enseñanza pública, la cual hoy es un desastre, sin maestros; en una hipocresía que tiene estudiantes graduándose sin haber recibido todas las asignaturas. La educación actual es digna de un socialista.

La característica de la naturaleza es la diversidad, por ello debemos ser respetuosos con las personas, cualquiera sea su pensamiento. Tenemos que aceptar la existencia del otro, no perseguir a nadie por sus ideas políticas, no someter a los contrarios en la búsqueda de la ilusión de la igualdad, eso que llaman socialismo, la peor plaga que se pudo idear jamás.

Salir del cautiverio que nos impone el gobierno pasa por realzar la venezolanidad, eso que nos hace distintos de, por ejemplo, los cubanos.

Demandamos libertad, que en época de Maduro es mucho pedir; proteste y, para empezar, salga del cautiverio mental.

@rangelrachadell


29 mayo 2018

Ceremonia en el hemiciclo


El presidente Maduro ha inducido a error a parte de la sociedad, le ha hecho creer que su elección y posterior juramentación ante una reunión de personas que no constituye la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, fue un acto válido.

Según la Constitución, los presidentes se juramentan ante el Poder Legislativo, no ante una instancia que no fue convocada por el pueblo. Tampoco un presidente se juramenta 8 meses antes de que se inicie el período presidencial para el que mienten que fue electo, cuando la Constitución establece que es el 10 de enero la toma de posesión del cargo.

Esta conducta, la de hacer incurrir en error, la practica el gobierno desde hace un buen tiempo, por ejemplo: el famoso diálogo, nunca hubo intención de condescender o reconocer el mal que le están haciendo a la sociedad; todo fue una farsa, reuniones se hicieron y nunca cedieron. La convocatoria a una constituyente comunal se hizo sin cumplir la exigencia de preguntarle al pueblo si quería o no una nueva Constitución; no importa, se pasaron ese requisito por alto y llamaron a votar por unos candidatos con un sistema electoral que nadie aprobó, solo fue necesaria la magnificencia de Maduro para definir las reglas del proceso constituyente. La convocatoria a elecciones de gobernadores, de legisladores o presidenciales con posibles candidatos o partidos inhabilitados, sin derecho a participar porque a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo Nacional Electoral les dieron esas órdenes. Hacen unas elecciones en las que movilizan a los electores, con todo y centro de votación, sin su consentimiento, o como hicieron con la constituyente, que pusieron a votar en el Poliedro de Caracas a los centros electorales ubicados en el este de esa ciudad, sin testigos, sin dar servicio de transporte a los electores, vaya usted a saber qué fue lo que ocurrió en esa elección, si hasta Smartmatic dijo que allí no votaron todos los que anunciaron. Las mismas dudas, o peores, que se presentan con los resultados de las supuestas elecciones presidenciales.

La sociedad ha sido perjudicada, le quitaron el referéndum revocatorio, le impusieron alternativas amañadas, con los candidatos que ellos quisieron. Sorprendieron a muchos ciudadanos en su buena fe, con la esperanza de un cambio; y, para colmo, una mentira televisada a través de los medios de comunicación en la que se juró algo que no han cumplido hasta ahora.

Cumplir la Constitución y las leyes no ha sido el principal testimonio de la autoridad. El gobierno declara a su favor 6 millones de ilusiones y pocos participantes.

Esa ceremonia de juramentación en el Palacio Federal Legislativo fue como una misa en escena, una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a todos los venezolanos. Es como si Maduro entrara solemne a un ambiente en el que el silencio es roto por cánticos, vestido con una casulla, que al frente tuviera un altar, dos velas prendidas, un cristo pegado a la pared, una biblia abierta. Sabemos que Maduro no es sacerdote, que tal vez ni sea cristiano –lo cual no es relevante, en comparación a ser honesto–, pero podría hacer creer que está oficiando una misa, que él es el párroco; todo por usar los símbolos de una religión.

Todo el engaño que oficiaron en la constituyente comunal es para hacer presumir de una legitimidad que no tienen, por lo menos no en la legalidad a la que se refiere la Constitución. Fue para obtener un provecho injusto, el aferrarse al poder por unos cuantos años más, en desmedro del hambre del pueblo. La parafernalia usada con los símbolos del poder es el complemento de la actuación del Consejo Nacional Electoral y de los candidatos que se presentaron a la elección. Esta es la relación de causa-efecto entre el engaño y el beneficio obtenido.

Un dato de este sainete: el candidato Bertucci fue postulado por un grupo de electores que se identificó como Movimiento Esperanza por el Cambio, denominación muy parecida al partido de Ricardo Sánchez, Movimiento Político Alianza para el Cambio, que apoyó a Nicolás. Es extraño que el CNE aceptase esa denominación y que Sánchez no haya impugnado el uso indebido del nombre de su partido, cuando existe la obligación de adoptar una denominación diferente a la que corresponda a partidos políticos.

También, el candidato que se retiró, Luis Alejandro Ratti, se inscribió por iniciativa propia, por lo que tuvo que entregar al CNE el respaldo de firmas de electores equivalentes al 5% del registro electoral que corresponda al ámbito territorial del cargo a elección popular. En este caso debía ser de todo el registro electoral, que tiene más de 20 millones de electores, y 5% de ese registro excede el millón de electores. El candidato Ratti, después de llegarle a 1 millón de personas para que lo apoyasen decide retirarse, por lo que queda la duda de si presentó el respaldo de las firmas en esa cantidad, si el CNE verificó que existiera ese número de firmas, en el mismo papel de seguridad exigido cuando el referéndum revocatorio en contra de Maduro, y cuáles serían las razones para abandonar la carrera presidencial. En el supuesto negado de que sus firmas fueran ciertas, pudo superar al candidato Bertucci en el número de votos.

Muchas coincidencias que parecen irregularidades.

@rangelrachadell

15 mayo 2018

Partidos políticos


La sociedad se organiza de diferentes maneras, algunos constituyen clubes deportivos, otros se unen para hacer negocios, hay quienes prefieren fundar una República, otros instituyen entidades religiosas como las iglesias; y los que buscan dirigir a la sociedad basados en su ideología se asocian en partidos políticos.

Buscan un objeto común o fin societario, del cual dejan constancia por escrito, y plasman en contratos o estatutos. El Estado, que es una persona jurídica pública, reconoce esas confluencias de voluntades de los particulares otorgándoles personalidad jurídica de derecho privado.

Si usted tiene interés en llevar adelante un negocio puede hacerlo con una sociedad civil o una mercantil, en ambos casos tendrá que llevar un documento al Registro Público para las personas civiles y al Registro Mercantil para las personas que realizan actos de comercio. Por ejemplo: una asociación de carritos por puesto, de beisbol o de profesionales en libre ejercicio, deberá ir al Registro Público; los bancos y las compañías anónimas deben ir al Registro Mercantil.

Si tiene la intención de crear un partido, organización o asociación con fines políticos, sepa que se le exigirá –por lo menos– ser venezolano, no sujeto a inhabilitación política (la inhabilitación es una prohibición de hacer política; la Constitución exige sentencia firme que inhabilite a un ciudadano, pero el gobierno lo hace mediante decisiones administrativas) ni a interdicción civil (la interdicción es un procedimiento judicial que lleva a una sentencia declaratoria de incapacidad mental, que regresa al entredicho a la situación jurídica de un menor de edad) y ser mayor de edad. O bien, puede participar en los asuntos públicos de manera directa, por medio de sus representantes elegidos o de un partido político. Para ello deberá acudir al Consejo Nacional Electoral, que tiene la autoridad para otorgar el reconocimiento legal a los partidos políticos. El CNE lleva un registro de las asociaciones políticas y tiene un órgano de divulgación propio, como lo es la Gaceta Electoral. El Estado tiene tres órganos de divulgación públicos, obligatorios y con presunción de conocimiento de la sociedad a la fecha de su publicación; que son: la Gaceta Oficial, la Gaceta Judicial y la Gaceta Electoral.


La Constitución de 1961 no prohibía el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado, la Constitución de 1999 sí prohíbe que las organizaciones con fines políticos reciban colaboraciones, de cualquier tipo, de parte de los órganos del Estado; solo el partido de gobierno tiene financiamiento infinito.

Si el CNE le autoriza un partido político, le deseo suerte. Es más probable que le autoricen una institución del sector bancario que un partido. Los partidos políticos están sometidos a los antojos del poder, existen los que el poder quiera que existan, los que se sometan o no tengan ninguna influencia en el electorado. Así ocurrió en 2015; dos partidos, como fueron Copei y MIN Unidad, con una semana de diferencia, fueron intervenidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que impuso las autoridades que mejor le pareció, otorgándoles expresas facultades para postular candidatos. El gobierno buscó dividir a la oposición; no lo logró, aunque el daño a esos partidos se mantiene.

En 2016, la Sala Constitucional decidió que los partidos que no habían participado en las elecciones nacionales de 2015 quedaban sometidos a un proceso de renovación automática de afiliados; alteró el procedimiento de recolección de firmas, e impuso prohibiciones que limitan derechos previstos en la Constitución. La consecuencia de esos requisitos fue que algunos partidos políticos perdieron el nombre, logos, emblemas y símbolos, la identidad gráfica, fonética y legal para su legítima participación en procesos de elección popular. A estos obstáculos deben agregarse los que impuso el CNE al proceso de recolección de firmas, tales como la falta de máquinas, o los centros de recolección de firmas en localidades lejanas o muy inseguras.

La Asamblea Nacional Constituyente Comunal dispuso que los partidos políticos que no habían postulado candidatos a las elecciones de gobernadores efectuadas en 2017 quedaban inhabilitados. Una fulana del gobierno dijo: En las “democracias participativas” la asistencia a las elecciones debe ser obligatoria. Esto es falso y no es lo que dice la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones: lo que establece es que la sanción es para aquellos partidos políticos que no participen en los dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivos; y las elecciones de gobernador son elecciones regionales, no se produce un acta de totalización nacional.

Si eso no fuera suficiente, en las elecciones de legisladores que se convocaron para el 20 de mayo de 2018, se impidió postular a los partidos políticos que no presentaron candidatos para presidente de la República, sin una norma que establezca la sanción que terminaron imponiendo. Maldad insolente.

Sin partidos políticos es difícil la participación, no tenemos representantes y se amenaza con una supuesta declaratoria de delito si se llama a la abstención electoral, supuesto que tampoco está regulado en ninguna ley. Vivimos una dictadura cuando el gobierno no respeta la ley y hace lo que le da la gana.

Tengo la tendencia a votar en todas las elecciones, aunque no lo haya hecho en algunas; y quisiera decirle a Maduro que es un mal presidente, que tiene a la gente pasando hambre, que tenemos presos políticos, que sus órganos de represión matan a jóvenes indefensos y que hay gente sufriendo por falta de medicinas; y ahora, si no vamos a ir a votar en su contra, al menos protestemos.



@rangelrachadell

01 mayo 2018

Participación traicionada


Se supone que en Venezuela vivimos en un Estado de Derecho; en un sistema de reglas previas que aceptamos y esperamos que los demás cumplan y que, de ser necesario, el Estado haga cumplir. Esto es una especulación, no sabemos cuáles son las reglas que el gobierno quiere cumplir y cuáles cambiará a su mejor saber entender, apoyado en la interpretación de la Constitución que le ordene hacer a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral.

La Constitución actual, aprobada el 15 de diciembre de 1999, creó mucha expectativa sobre el futuro de la sociedad venezolana, como si cambiar las reglas escritas pudiera alterar nuestro comportamiento, mejorar la cultura, transformar al colectivo. Quisimos creer ese cuento, fueron vanas ilusiones.

La ley, por definición, es una camisa de fuerza para el Estado, este solo puede hacer aquello para lo que ha sido autorizado y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. A esto lo llaman principio de legalidad. La ley es como el programa de computación con el que funciona la máquina, si no existen pautas la máquina no puede actuar. Nada de lo que hace el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, lo ejecuta sin esas instrucciones previas escritas en la Constitución o en las leyes. La administración pública debe actuar “con sometimiento pleno a la ley y al derecho” (artículo 141 de la Constitución).

Hasta aquí vamos bien, el problema es que el Estado venezolano se comporta como una fantasía de ciencia ficción en el que la máquina toma el control, desconoce a su creador y lo ataca. Es el monstruo creado por el doctor Frankenstein, que toma vida y conciencia propia; o la computadora HAL 9000, en 2001, una odisea espacial, que elimina a quienes estaba programada para proteger. Hacen lo que mejor les parece, no importan los fines para los cuales fueron creadas; hay un mal funcionamiento, un conflicto entre las instrucciones y su ejecución. Con el socialismo llegamos al apocalipsis jurídico en vida, la destrucción del Estado de Derecho.

Uno de los principales mandatos de la Constitución es el llamado a la participación de los ciudadanos en la vida política, civil y comunitaria del país; en los asuntos públicos; en la promoción y defensa de la salud; en la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias; en la formación, ejecución y control de la gestión pública mediante la evaluación de sus resultados; y en muchos otros ámbitos de la vida en sociedad.

Esta participación es individual, solidaria de las familias y de la sociedad en general, a través de las asociaciones vecinales o la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas (artículo 70 de la Constitución).

Los pueblos indígenas tienen un modo adicional de participación, al estar facultados para demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. Otro tipo de participación es el de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de estos con la población. Letra muerta, nada de esto se ha implementado.

Poco de lo anterior se cumple, la vida en sociedad es insufrible. El Estado lo decide todo, se mete en todo, he impide desarrollar “el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad” (artículo 102 de la Constitución).

El Estado ha limitado los medios de participación y de control previstos en la Constitución. Entre el CNE, la Asamblea Nacional de la época chavista y el Poder Judicial, impidieron el referéndum revocatorio de Maduro; cambiaron la mayoría prevista para aprobar el antejuicio de mérito del presidente de la República (al alterar la redacción de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, mediante una supuesta corrección por error material); crearon una Asamblea Nacional Constituyente Comunal implementando un mecanismo para su convocatoria distinto al previsto en la Constitución; confinaron el funcionamiento de los partidos políticos, intervinieron algunos de los partidos sustituyendo a sus autoridades electas, exigieron requisitos no previstos en la ley para la renovación del registro de los seguidores y restringieron la participación de los ciudadanos para su mantenimiento; además, disolvieron los partidos políticos que no se sometieron a la constituyente comunal. Y la más aborrecible de las medidas, anularon el Poder Legislativo a punta de sentencias que incumplen la letra constitucional.

La Constitución terminó siendo una quimera; el capítulo de los derechos humanos una entelequia. Lo que tenemos son muertos y más muertos; presos y torturados; enfermos sin medicinas; familias escarbando en la basura. La fábula del socialismo del siglo XXI apenas comienza, si los dejamos dictarán otra Constitución a su imagen y semejanza, formalizarán la dictadura del siglo XXI, de la cual estamos disfrutando un pequeño adelanto, lo que viene será más de lo mismo, a menos que hagamos algo.

Nuestra carta fundamental, en la que se encuentra la organización de la sociedad, el sistema de derechos y la regulación de la emergencia, nos da la pauta. Tenemos que participar en el terreno que nos corresponda, no es solo salir a la calle, es incorporarnos a cualquier manifestación de la vida en sociedad y quejarnos. Desde la casa no hacemos nada.

@rangelrachadell

18 abril 2018

Ciudad desamparada

Los que se van de Caracas pierden su clima, lo verde de sus árboles, la eterna primavera, la lluvia, que en el peor de los casos dura un rato y se calma. Los que se quedan extrañan la alegría de su gente, las bellas mujeres, la actividad cultural. Muchos se han ido.

Un amigo me dice que él desayuna todas las mañanas viendo el Ávila, disfrutando de una montaña distinta todos los días, con un matiz diferente a medida que transcurre la tarde. Me asevera que, cuando ve arreboles al atardecer de Caracas, está seguro de que habrá lluvias al amanecer. Las puestas de sol de Caracas no envidian las de Barquisimeto u otra ciudad del mundo.


Esta Caracas fue la misma en la que se pudo disfrutar de un espectáculo como el de la banda de rock sinfónico Queen, con la portentosa voz de Freddie Mercury; de Van Halen con David Lee Roth o de Guns N'Roses. Ya no viene ni Olga Tañón.

Vivir en ciudad tiene sus beneficios: mejores hoteles, buenos restaurantes, trabajos que permiten el continuo ascenso y remuneración, colegios para los muchachos o estudios de tercer nivel a unos precios que aventajan los aranceles de cualquier universidad del mundo. Eso sí, sin socialismo bolivariano.

La diversidad de empresas industriales o de servicios atraía a los profesionales, aquí se hacía dinero con solo salir a la calle. Una semana en esta ciudad era más productivo que un mes en el interior del país.

Ahora, salga a una avenida, maneje por las autopistas, ya no hay colas. Caracas, la ciudad infernal por el tráfico no tiene vehículos, los carros están dañados o estacionados mientras se venden. Un repuesto es incomprable, un carro se adquiere por una miseria en dólares.

Nos hemos acostumbrado tanto a lo malo de este gobierno, que si oye muchos disparos no llama a la policía, se queda a la expectativa a ver si alguien está intentando un golpe de Estado. Pero no pasa nada.

Esta ciudad ha perdido población, la caída podría estar alrededor de 30%; lo peor es que la cantidad de habitantes sigue disminuyendo. Intente vender un inmueble, no le dan ni la mitad de lo que usted considera que es su valor; los propietarios lo dejan en barbecho. No se construyen apartamentos, la oferta inmobiliaria es infinita, el promedio de antigüedad de las viviendas es alto y sigue aumentando. Se puede adquirir una vivienda por poco dinero, por lo que se justifica la inversión por parte de quienes sueñan con vivir en esta ciudad, siempre y cuando sea en bolívares, no es racional traer ahorros en moneda dura para meterlos en esta incertidumbre de país. Caracas va camino de convertirse en una ciudad de jubilados, propiedad de los que tienen familiares en el exterior que los mantengan con remesas, de viejos sin hijos ni nietos.

Esta ciudad en un foso, todo lo que se le invierta para recuperar el alumbrado, las aceras, cubrir los huecos, es una inversión a fondo perdido mientras gobierne el socialismo. Tenemos una ciudad fracasada.

La posibilidad de cambiar estas circunstancias es baja, considerando la división ostensible de los grandes partidos de la oposición, que deja en evidencia el egoísmo de nuestros principales líderes. Más fácil es jugarse un animal de la lotería y esperar buenos resultados.

Hay quienes dicen que hay que votar, que es la mejor oportunidad de salir de este gobierno, que no es necesario esperar a que vengan los gringos a resolver nuestros problemas. No me extrañaría que mi amigo Carlos pegue una calcomanía en su carro que diga “No me culpen a mí, yo voté por Falcón”.

Vivimos en la ignorancia de lo que pueda pasar, de saber si nuestro voto influenciará el resultado, no tenemos expectativas de cambiar esta situación por medio de elecciones organizadas de la manera tramposa en que se están haciendo. El Consejo Nacional Electoral nos ha enseñado que el voto no tiene valor, que trasmitir confianza no es su política; que, si existiera la probabilidad de que Falcón gane, el viernes antes de las elecciones el CNE cambiaría los centros electorales, obligaría a los electores a estar zanqueando de centro en centro para tratar de votar, o forzando a ejercer el sufragio en zonas inaccesibles o de reconocida peligrosidad, como lo hizo en las de gobernadores 2017. Parafraseando una frase memorable del Sr. Spock: Las necesidades de unos pocos en el gobierno pesan más que las necesidades de muchos.

Mientras llega el día de la votación, sean diferidas o no, necesitamos una marcha, una concentración, una demostración del deseo de salir de este socialismo de porquería. Una demostración como la que se efectuó en Caracas el 19 de abril de 2017, cuando salió una muchedumbre. El gobierno, para las siguientes manifestaciones, apoyado en la fuerza militar, reprimió al pueblo y mató a jóvenes inocentes, con tal de que no se tomara conciencia del triunfo político de la oposición.

Creo más en la gente protestando que en sentencias y mayorías parlamentarias. Caracas debe dar el ejemplo, nosotros somos Caracas, convóquenme que yo salgo.

@rangelrachadell

03 abril 2018

Moneda pendiente

El gobierno ofrece un cono monetario llamado bolívar soberano, lo cual no es ninguna novedad. Lo hizo Chávez en enero de 2008, y lo dio a conocer casi un año antes, cuando informó sobre la posibilidad de esas nuevas monedas en el programa Aló Presidente N° 276, del 18 de marzo de 2007, en el que dijo: Los equipos están trabajando hasta las monedas, los detalles de las monedas, los detalles de los billetes... el nuevo bolívar, el bolívar fuerte.
Maduro, que es el único responsable de la inflación galopante, propone, con menos de un mes y medio de antelación a la fecha de su implementación, el nuevo cono monetario. Sin casi aviso y sin protesto.
En materia monetaria, la competencia es del Banco Central de Venezuela, cuya ley –siguiendo la Constitución– establece que la unidad monetaria es el bolívar, y solo en el supuesto de una moneda común, consecuencia de la integración latinoamericana y caribeña, podría adoptarse otra moneda. Le corresponde al BCV el derecho exclusivo de emitir billetes y de acuñar monedas de curso legal, y ninguna, absolutamente ninguna institución, pública o privada, cualquiera que sea su naturaleza, puede emitir especies monetarias; salvo la emisión de especies para el intercambio de bienes y servicios entre prosumidores, en el ámbito comunal.
No quiero alarmarlos, hay una ley que dictó Chávez en la que se anunciaba el estado actual de postración de nuestra economía y en la que se establecen las pautas para otras locuras. Se llama Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular (decreto ley 6130, Gaceta Extraordinaria 5890, 31/7/2008). En esta se establece la creación de las monedas comunales y eso que llaman prosumidores, que son los consumidores que utilizan unos billetes distintos al bolívar, en zonas limitadas.

El presidente Chávez avisó que el trueque sería la manera de comerciar, que se implementaría el sistema alternativo de intercambio solidario, basado en unas monedas que no tienen curso legal (aceptación obligatoria), ni circulación en el territorio de la República, solo serían válidas en unos ámbitos determinados. Al referirse a las monedas, dijo: “Entonces es el trueque…, yo le aporto a la comunidad y la comunidad me aporta a mí. Y al final, todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo”.
Bueno, ya saben, el socialismo es hambre. No hay novedad.
Tengo mis dudas sobre la legalidad de algunas de esas monedas comunales, por cuanto se aprobaron antes de la mencionada Ley de Fomento de la Economía Popular; y si creemos en lo publicado por el BCV, son 12 las monedas comunales. Desde 2007: la lionza: moneda comunal empleada en el primer Mercado Comunitario de Trueque, realizado en Urachiche, estado Yaracuy. El zambo: moneda correspondiente a la Confederación de Consejos Comunales José Leonardo Chirino, en Falcón. El momoy: facilitador de intercambio usado en Boconó, estado Trujillo. Desde 2008: el ticoporo: es la moneda del sistema de trueque de Socopó, en el estado Barinas. La paria: moneda comunal de la península de Paria, en Sucre. El turimiquire: es el nombre de la moneda perteneciente al sistema de trueque biorregión Turimiquire, ubicado en los estados Monagas, Sucre y Anzoátegui. El cimarrón: utilizado en la localidad de Barlovento, en el estado Miranda. El tamunangue: utilizado por el sistema de trueque Saquito Larense. El relámpago del Catatumbo: se usa en el sistema de trueque de Perijá Norte y el sistema de trueque de Perijá Sur. Los guaiqueríes: forman parte del sistema de trueque de Paraguachoa en el estado Nueva Esparta. Desde 2009: el cóndor: se utiliza en el sistema de trueque merideño. Desde 2010: el zamorano grandeza del Tuy: perteneciente al sistema de trueque Kirikire de los Valles del Tuy, estado Miranda.
El BCV no menciona la moneda el mirandino, impuesta de manera forzada en 2006 por el Ministerio de la Economía Popular (Minep), luego conocido como Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPComunas), y que tuvo una sola emisión; dicen que fue un experimento. Y eso que no me refiero al panal, por no ser emitido por el BCV, aunque lo quieren imponer como moneda en la zona del 23 de Enero, en Caracas.
También está la moneda petro, que no se puede comprar con bolívares, y se ha informado que las operaciones inmobiliarias y otros servicios deberán denominarse en petros (creo que se refieren a hacer la equivalencia), y algunos servicios como los turísticos podrán pagarse en esa moneda. Vapores de la fantasía.
A todas estas, pocas personas consiguen un medio de pago, llámese billete de lo que sea: bolívar, petro o monedas comunales para intercambiarlos por bienes, por comida. Los billetes parecen un huevo de Pascua, escondidos para que los busquen, como hacen los niños. Otra obra más del gobierno socialista.
Ya sabe, si usted intercambia harina de maíz por arroz está haciendo realidad el sueño de Chávez, destruir la economía y que nos dediquemos al trueque.
@rangelrachadell