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24 enero 2017

La solidaridad nos salvará

En esta crisis tan atroz que estamos viviendo todos tenemos la necesidad de compartir nuestras preocupaciones con nuestros semejantes. Las personas que pueden tener un pensamiento parecido están en la familia; a ella hay que recurrir para desahogarse. Se supone que, si fueron criados unidos, si son contemporáneos, debieron compartir las mismas experiencias; sobre todo si vivieron la gran Venezuela, cuando no faltaban las medicinas ni los alimentos, en la que había otras carencias, pero en la que se podía vivir bastante bien en comparación a lo actual. La familia tiene la gran ventaja de que conoce su historia, nadie puede mentir ni reescribir sus vivencias, todos las saben, nadie se come los cuentos.

En esta época de carencias acudimos a la familia para el intercambio de productos, para que el tío busque las medicinas, para que el abuelo haga la cola o que el primo preste dinero; en el entendido de que en algún momento se deberá arrimar el hombro apenas sea solicitada la ayuda o sin solicitarse. La solidaridad fraterna no es solo ayudar, es retribuir y estar de primero cuando las circunstancias lo exigen.

Algunas de estas obligaciones de solidaridad son legales, están previstas en el Código Civil venezolano; al igual que todos los códigos de derecho continental contempla obligaciones en la familia: los cónyuges deben asistirse recíprocamente en la satisfacción de sus necesidades (art. 139); los padres deben mantener, educar e instruir a sus hijos menores (art. 282) (ratificada en la Lopna); y si los padres han fallecido la obligación se transmite a los ascendientes, maternos y paternos, por orden de proximidad (art. 283); o la obligación de los hijos hacia los padres, y demás ascendientes maternos y paternos, de asistir y suministrarles alimentos, así como todo cuanto sea necesario para asegurarles mantenimiento, alojamiento, vestido, atención médica, medicamentos y condiciones de vida adecuados para su edad y salud (art. 284); con respecto al hermano o hermana, solo comprende la prestación de los alimentos indispensables para asegurarles el sustento, vestido y habitación (art. 284). El Estado tiene la obligación de tutela sobre los menores abandonados (art. 318), siendo el abandono un delito castigado con prisión. Y esto se complementa con la obligación de ayudar a toda persona herida o en una situación peligrosa, siempre que no lo exponga a un peligro personal (art. 438 del Código Penal).

No se olviden de sus amigos, nadie es tan malo que no tenga un amigo; ellos también son llamados a prestar ayuda o a ser ayudados. Mantenerse en contacto sirve para informar de lo que han hecho o para enterarse de las soluciones que los demás están utilizando para resolver los problemas que ha generado el socialismo del siglo XXI; de los precios o lugares en los que se están mercadeando los productos supuestamente regulados por distintos ministerios, al que ningún bachaquero le teme; y de las expectativas de empleo o los trabajos que tienen sus conocidos en el exterior.

El actual gobierno venezolano es el típico “Estado depredador”; que de manera mafiosa rompe las reglas a su conveniencia; manipula la justicia; reparte beneficios a sus ministros; que ha creado una familia cerrada en la que administran el poder con la excusa del bien común, cuando lo que vemos en la ciudad es miseria. Este “Estado evanescente”, que se esfuma, que está ausente, existe formalmente para reprimir, pero no existe para organizar a la colectividad, la justicia, la seguridad, la salud, la economía y tantas otras responsabilidades. Ante esta manera de gobernar estamos indefensos.

Tome el teléfono, asista a su culto religioso, a la plaza, al parque, al centro comercial; reúnase, hable y escuche; solo así podrá vivir en sociedad. ¿No marchó? No se preocupe, siempre habrá otra oportunidad. No se quede en su casa si percibe la realidad de modo diferente a como la hace figurar el gobierno. Si se indigna, si se encoleriza con las actuaciones del poder y tiende a dudar de que haya otras personas, o por lo menos las suficientes, que se molesten como usted, salga a la calle y acompañe a la oposición.

El autoritarismo nos quiere divididos, sin amistades, que no nos incorporemos a las grandes ideas de cambio que necesita nuestro país; que mediante el voto no consigamos expresar nuestras ideas. No podremos sobrevivir separados.

Los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad, y debemos cumplir con el mandato divino de amarnos los unos a los otros (Juan 13, 34-35), por ello es obligatoria la solidaridad, el ayudarse los unos a otros es una muestra de amor.

@rangelrachadell

Artículo publicado en E Nacional y el Diario Contraste


10 enero 2017

71 años de Copei

El Comité de Organización Política Electoral Independiente, nació en el siglo XX, el 13 de enero de 1946, cuando recién Europa estaba saliendo de la segunda guerra mundial y el mundo se llenaba de esperanza por haber logrado la paz.

Hoy Copei no tiene diputados principales en la Asamblea Nacional, solo suplentes, los cuales se ganaron ese derecho por haber sido electos en las primarias de la Unidad, en contra de la voluntad de la directiva impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia el 30 de julio de 2015, los cuales llegaron a esos puestos por la simple solicitud a la Sala Constitucional de que los colocaran en la dirección del partido; unos perfectos desconocidos sin raigambre; que no antagonizan al gobierno, y que la Mesa de la Unidad no ha aceptado ni nunca lo hará.

Un partido que llegó a ser mayoría en nuestro país, que manifiesta una inclinación por los valores cristianos, sin ser un partido confesional; que se apoya en la doctrina social de la Iglesia; que se ha opuesto a las barbaridades cometidas por el socialismo del siglo XXI; hoy está postrado, sin facultades para postular ante el Consejo Nacional Electoral –solo los impuestos pueden postular–, con una tarjeta entregada al oficialismo, en el que la gran masa de sus seguidores no está segura de poder participar bajo esa tarjeta en las elecciones a gobernadores y legisladores, por tenerla secuestrada y sumisa a Diosdado Cabello.

Copei pudo ser la cuarta fuerza en la Asamblea Nacional y terminó casi sin nada por el temor que los postulados de Copei fueran controlados por los seguidores del oficialismo, que pudiera romper la unidad de la oposición y cambiar a los diputados postulados por partidarios del chavismo; eso fue lo que provocó la expulsión temporal de Copei de la Mesa de la Unidad.

Los partidos buscan sumar afiliados, seguidores, adherentes a sus ideas, pero la directiva impuesta en Copei –no electa–, se da el lujo de expulsar a dirigentes reconocidos, de comprobada participación democrática, para que no puedan participar en unas amañadas elecciones internas que, para colmo, fueron suspendidas por el proceso de relegitimación de los afiliados de todos los partidos forzado por el gobierno, a través de sus verdugos en el TSJ; y que lamentablemente, la junta ad-hoc no tiene el músculo operativo para reunir las firmas suficientes para mantener la vigencia del partido. Esta operación de expulsión de dirigentes fue hecha por funcionarios partidistas, algunos retirados de la actividad hace muchos años, y otros que se mantuvieron haciendo negocios con el Estado. Todos los partidos buscan sumar, menos la directiva impuesta, que se solaza disminuyendo a sus referentes socialcristianos.


Nicolás dijo que un partido de oposición se iba al gobierno, aunque no se podía estar refiriendo a Copei, ya que la directiva ad-hoc no mueve a nadie, no personifica al sentimiento socialcristiano, por eso es que Nicolás tenía que estar hablando de otro partido, por ahí estamos tranquilos.

La dirigencia legítima de Copei estuvo buscando arreglos, se desgastó en interminables reuniones, intentó un diálogo en el que le aplicaron las mismas estrategias que el chavismo utilizó con la MUD. La junta ad-hoc ofreció participar en unas elecciones internas, obtuvo cargos en la Comisión Electoral Nacional, aceptó parcialmente las directivas de los estados, para luego retirarse del diálogo, no presentarse en las elecciones; intervenir a las regiones sin otorgarles derecho a la defensa; y lograr de la Sala Constitucional una sentencia que anuló las elecciones para complacer a los escogidos del gobierno.

El pensamiento socialcristiano no puede quedar sin encarnación en el país, los valores que escogimos tienen que ser respaldados, necesitamos participar y medirnos; buscar alianzas con otros partidos que nos permita, en el marco de la unidad, llevar a los mejores candidatos a parlamentario en los Consejos Legislativos; y, quien sabe, hasta tener candidatos a gobernador. Actualmente el verdadero Copei no puede postular con la tarjeta verde de toda la vida por estar secuestrada. Si queremos sobrevivir como organización política, y si aspiramos a que la historia de Copei no se pierda en manos de esos corsarios de la política, hay que hacer el mejor esfuerzo para mantener vigente la idea de la eminente dignidad de la persona humana, para llevarle a nuestro país el mensaje de esperanza, oponerse al control absoluto del ejercicio del poder público, y de ser una opción real de poder en el futuro.

Hay que tener cuidado con una supuesta tercera vía propuesta para cambiar el estado actual de cosas en Copei, ya que convive con el chavismo impuesto y aspira a mantener sus cuotas de poder regionales, independientemente de lo que pase en el partido; una tercera vía de caudillos que juegan a estar bien con todos, sin comprometerse con nadie.

Dentro de poco el país se enterará de los esfuerzos para salir del Tribunal Supremo de Justicia, para lograr la unión y solventar la crisis interna; de las soluciones que se están manejando para que la Democracia Cristiana pueda participar en las próximas elecciones y alcance la representación regional que se merezca, acompañando a la Unidad. Por lo pronto, seguimos denunciando esta tiranía que tanto daño hace.

Por la justicia social –como virtud moral orientada a dar a cada quien lo que le corresponde– en una Venezuela mejor.

@rangelrachadell


27 diciembre 2016

Deuda política

Todas las decisiones que ha venido tomando el gobierno se perciben como erradas, y la que llama más la atención es la locura de quitarle al pueblo el dinero justo en plena Navidad, eso debiera tener consecuencias negativas para la gobernabilidad.

También las dificultades que ha creado el gobierno para poder acceder a los alimentos y a las medicinas deberían generarle algún costo; aunque su idea es crear problemas para mantenerse en el poder, para distraernos con muchos inconvenientes al mismo tiempo para que no tengamos tiempo ni tranquilidad para pensar y tomar las decisiones correctas.

Adicionalmente, las posibilidades de que la situación económica y política mejore en 2017 no pintan bien, las cuentas no cuadran para los ciudadanos, pero sí para el gobierno; por ejemplo, la cantidad de millones de dólares que debe pagar el año que viene por concepto de deuda externa es equivalente a lo que cubrió de 2016; al gobierno le alcanzará para pagar si mantiene el mismo nivel de consumo de importaciones que tuvimos, por lo que la situación de carencias que hemos vivido no va a mejorar, y con un precio promedio del barril de petróleo alrededor de los 50 dólares tendrá lo justo para mantenerse en el poder. Preferirá pagar las deudas a darle de comer al pueblo, lo cual es lo que ha venido haciendo, y no va a cambiar.

La razón de que el gobierno no tema al costo político de todas sus metidas de pata es que al no hacer elecciones no hay manera de medir ese costo, no le interesa, no hará elecciones, no debe nada, entramos en la dictadura del socialismo del siglo XXI, sin anestesia.

Solo la conflictividad social podría lograr un pequeño cambio de las políticas, sin contar que en el camino arreciará la represión de los factores de oposición. Si la oposición sigue actuando de la misma manera el gobierno se mantendrá en el poder, causando los mismos o peores perjuicios, con lo que eso significa; por lo que veremos más, mejores y variadas estrategias políticas, ya que las individualidades opositoras tratarán de presionar por soluciones, en desmedro de la estrategia común; no percibo otro comportamiento, las posibilidades de ponerse de acuerdo en una estrategia común parecen cada vez menores.

La agenda política ha cabalgado sobre la necesidad económica, y esta más bien se ha agravado, así que no podemos imaginarnos o prever que el gobierno va a mejorar su posición respecto a las necesidades del pueblo, ya que políticamente ha hecho lo correcto para él, se ha mantenido en el poder. Tal vez el hecho de que haya diferido el referendo revocatorio lo ayude a lo interno de su partido político, aunque no a nivel nacional donde tendrá que aportar soluciones económicas al desbarajuste que ha creado. A partir de enero todo girará alrededor del problema económico, y no es que la necesidad de cambio político no exista o desaparezca, solo que pasará a segundo plano, por lo que debería tomar algunas decisiones, entre las que podrían estar el eliminar el control de precios y despenalizar completamente la compra y venta de dólares por los ciudadanos; es la única manera de que la situación económica mejore algo, con lo cual le permitiría al comercio importar productos y manejarse a través del mercado negro, al cual el gobierno se niega a reconocer o a regular.

Para el caso de que mantenga su terquedad de entretenerse con la supuesta guerra económica, las consecuencias serán: más violencia, menos comercios abiertos, menos importaciones por parte de los particulares, más gente presionando por alimentos, más delincuencia, gente pidiendo que se ponga orden y aceptando que cualquier disparatado militar se ponga al frente del régimen buscando recuperar la paz que nos han quitado.

El costo político no es que la oposición cambie al gobierno, el verdadero costo político es que su propia gente decida salir de Nicolás para recuperar la gobernabilidad y mantenerse en el poder. Tal vez cualquier cambio en quién dirige el gobierno sea tomado como una oportunidad favorable, independientemente del color que tenga, para continuar con la desastrosa historia del mejor malo por conocer que este malo conocido.

@rangelrachadell

14 diciembre 2016

Realistas y socialistas

Los socialistas del siglo XXI se comportan como los realistas del siglo XIX, al principio parecieron muy eficaces, luego demostraron toda su crueldad.


Domingo de Monteverde fue enviado por el reino de España para someter a los sediciosos de Caracas y en cuatro meses hizo firmar la capitulación a Miranda en San Mateo, el 25 de julio de 1812.

Los abusos de los gobernantes no son nada nuevo, mientras Monteverde estaba en ese trámite, en España se promulgó la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, de la cual dijo Bolívar que era “obra por cierto de la ilustración, conocimiento y experiencia de los que la compusieron”; pero que esperó hasta el 21 de noviembre de 1812, para publicarla, y que, según Simón Bolívar: “La tuvo guardada Monteverde como cosa que no importaba, o como opuesta a sus ideas y las de sus consejeros” (ambas citas tomadas del Manifiesto de Bolívar dirigido a las naciones del mundo, Valencia, 20 de septiembre de 1818).

Al igual que Nicolás, Monteverde no le paró a la Constitución de Cádiz, como dice José de Austria, en su obra Bosquejo de la historia militar: En la provincia de Caracas, de nada vale la Constitución española; los mismos españoles se burlan de ella y la insultan. Después de ella, se hacen prisiones sin sumaria información; se ponen grillos y cadenas al arbitrio de los Comandantes y Jueces; se quita la vida sin formalidad, sin proceso, como hizo Tízcar en Barinas en mayo de este año, Zuazola en Aragua y Bóves en Ospino.

Actualmente los jueces dictan boleta de excarcelación de presos políticos y el gobierno no los libera, como sucede con Yon Goicoechea, o como pasó con Carlos Melo durante meses; en la época de la independencia “el Supremo tribunal de justicia se conformaba con sus estériles quejas al mismo Monteverde y a la Corte de Madrid, mientras que este descarado jefe consumaba su desprecio por aquel tribunal, diciendo al comandante militar de Puerto Cabello en oficio de 30 de Diciembre lo siguiente. ‘Por ningún motivo pondrá U. en libertad hombre alguno de los que están presos en esa plaza por resulta de la causa de infidencia, sin que preceda orden mía; aun cuando la Real Audiencia determine la soltura, en cuyo caso me lo participará U. para la resolución que corresponda”.

Nicolás, en la mejor costumbre realista, no cumple con la Constitución, no libera a los presos políticos, y ni siquiera se justifica. Monteverde sí se justificó, cuando expuso que “Caracas debía ser tratada por la ley de la conquista, con dureza”, hasta que los caraqueños den pruebas de detestar su maldad. Nicolás está tratando a toda Venezuela con dureza, como si fuera una conquista de los cubanos, dejando morir a sus gobernados de hambre y por falta de medicinas.

Bolívar demoró siete meses en lograr la capitulación de las fuerzas españolas y constituir la Segunda República, para eso tuvo que dictar el Decreto de Guerra a Muerte, que se mantuvo en vigencia 8 años, y que provocó la muerte de innumerables españoles y canarios. Miranda no quiso ser responsable de una guerra civil y a Bolívar no le quedó más remedio que acaudillarla.
Estos socialistas nos están llevando a un inconfesable conflicto, confiados en que tienen suficiente poder de fuego contra la población, el problema es que en esa estratagema no hay garantías de nada; y menos cuando, además de quitarle la comida a la población, le disminuyeron los medios de pago para satisfacerse.

Si lo comentado no fuera suficiente, el confiado de Francisco de Miranda se entregó a Monteverde, esperando el debido trato que le correspondía como comandante en jefe del Ejército Independentista, pero Monteverde desconoció los términos del acuerdo firmado, conocido como la “Capitulación de San Mateo”; lo puso preso y el reino de España lo dejó morir en la cárcel. No es que Leopoldo López lo podamos comparar con Miranda, pero este político nunca se hubiera entregado de haber sabido los tratos crueles e inhumanos a los que lo iba a someter el gobierno, y las humillaciones que le imponen a su madre y a su esposa para poder ingresar a visitarlo en la cárcel en la que lo tienen recluido. Esperemos que no lo dejen morir.

Bolívar demoró siete meses en lograr la capitulación de las fuerzas españolas y constituir la Segunda República, para eso tuvo que dictar el Decreto de Guerra a Muerte, que se mantuvo en vigencia 8 años, y que provocó la muerte de innumerables españoles y canarios. Miranda no quiso ser responsable de una guerra civil y a Bolívar no le quedó más remedio que acaudillarla.

Estos socialistas nos están llevando a un inconfesable conflicto, confiados en que tienen suficiente poder de fuego contra la población, el problema es que en esa estratagema no hay garantías de nada; y menos cuando, además de quitarle la comida a la población, le disminuyeron los medios de pago para satisfacerse.


@rangelrachadell

29 noviembre 2016

En defensa del petróleo

El presidente Isaías Medina Angarita promulgó la Ley de Hidrocarburos de 1943. Antes, la ley de 1938 favoreció las nuevas concesiones, que el Estado entrara como ente en el negocio petrolero, a través de institutos o empresas, y aumentaron algunos impuestos relacionados con esta actividad.

Lo más importante de la ley de 1948 es que estableció el principio "cincuenta-cincuenta", que hacía socio al país de la renta petrolera. Este principio, verdaderamente revolucionario para la época, fue logrado gracias a que las empresas petroleras, que habían sido nacionalizadas en México en 1938, no querían pasar por otra experiencia traumática. En ninguna otra parte del mundo las empresas petroleras cedieron tanto sus beneficios. Para conseguir esta ventaja el Estado propuso la conversión de los títulos de concesión otorgados a las empresas en nuevos títulos de 40 años de duración (vencían en 1983), se logró la estabilidad del mercado venezolano, y mundialmente se conoció como la solidificación de los títulos de las concesiones existentes, lo cual trasmitió confianza a las empresas para hacer nuevas inversiones en la búsqueda de petróleo.
 
Cuando llegó el gobierno de Acción Democrática de 1945, con su ministro de Desarrollo, Juan Pablo Pérez Alfonzo (nacido el 12 de diciembre de 1903, por lo que se cumplirán 113 años de su nacimiento), se denunció que el acuerdo cincuenta-cincuenta que reflejaba la legislación en realidad era un sesenta-cuarenta a favor de las compañías; por lo que reformaron la legislación tributaria para compensar algunas diferencias, y crecieron ocho veces los ingresos del gobierno.

Otra curiosidad es que el gobierno aceptó algunos pagos en petróleo, lo cual convirtió a Venezuela en un vendedor directo y comercializador de ese bien, y se obtuvo experiencia en mercadeo. Como consecuencia de esta política se ganó por barril más que México y más producción petrolera.

En 1948, Pérez Alfonzo, a sabiendas de que lo iban a detener los promotores del golpe de Estado, desistió de la oferta de la embajada de Estados Unidos para que se asilara en la misma; nada de estarse escondiendo en la embajada de Colombia, Nicaragua o huyendo a las colinas de Nirgua en el estado Yaracuy, como hicieron connotados funcionarios públicos en 2002.

En 1959, como resultado de sus luchas por los mercados mundiales, las empresas petroleras rebajaron el precio del petróleo en casi 10%, lo cual incidió en los ingresos pagados a los países de donde se extraía el petróleo. La reacción en contra de esa política se inició en el Congreso Árabe sobre el Petróleo efectuado en El Cairo en abril de 1959, con la reunión entre Pérez Alfonzo y Abdullah Tariki –quien en 1960 sería el primer ministro de petróleo de Arabia Saudita–, y diseñaron una Comisión Consultora del Petróleo, que defendiera la estructura de precios. A Tariki le fue otorgada la Orden Francisco de Miranda en 1960.

La OPEP fue creada el 14 de septiembre de 1960, buscando proteger los precios y regular la producción de petróleo mediante cuotas; ahora el socialismo del siglo XXI, con su fracasada política petrolera, no podría ver a la cara a Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Alirio Parra, quien sería ministro de petróleo con los presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velásquez, promovió el recorte de la producción en 1986, y se logró.

Hoy Venezuela produce menos petróleo que cuando se creó la OPEP en 1960, y el precio actual es más alto, pero ajustado por inflación desde 1975, cuando se produjo el aumento considerable del barril de petróleo, estamos recibiendo menos dólares reales; lo que actualmente ingresa a Pdvsa por barril de petróleo compra menos de lo que se podía adquirir en 1975.

Lo más grave de esta desidia son las muertes en la industria por la falta de mantenimiento y los delitos medioambientales en los que incurre Pdvsa, que no limpia ni indemniza sus desastres.

El actual gobierno no informa las estadísticas de producción de petróleo porque sería reconocer su fracaso. No puede comprometerse con una mayor cuota de producción, ya que no tiene el personal ni puede hacer las inversiones necesarias para lograrlo. Tampoco puede dejar de producir por tener postrada la economía del país, está en el peor de los mundos. El gobierno no tiene nada que ofrecerle a la OPEP para llegar a algún acuerdo, no posee el control de la industria.

Se murió Fidel, ya pueden dejar de regalar nuestro petróleo.



@rangelrachadell


15 noviembre 2016

Gobierno de mala fe

No tenemos cañones, no tenemos jueces; solo gente e ideas, y con eso podemos hacer mucho, ya que la violencia no es opción.

La lucha de guerrillas de los 60 demostró que la vía para salir de un gobierno no era esa, sino que significó la muerte de muchos jóvenes convencidos de la posibilidad de derrocar al gobierno, que en aquellos tiempos era democrático; embelesados con la dictadura cubana que logró tumbar el gobierno. Repetir esa épica fue una ilusión, se enfrentaron a un gobierno dispuesto a defenderse; y, para colmo, sin apoyo popular.

El que aspire a que los militares le hagan el mandado se arriesga a que el próximo golpista quiera quedarse con el coroto, y nada asegura que se convierta en una hermanita de la caridad mejor que los que tenemos.

Al eliminar la posibilidad del referéndum revocatorio y diferir –inconstitucionalmente- las elecciones de gobernadores no se cubren las apariencias de una democracia, tenemos una farsa sin careta. Lamentablemente, un proceso electoral no está a la vista, y la expectativa de repetir las elecciones en el estado Amazonas nos regresa a diciembre de 2015, cuando ganamos las elecciones en ese estado, es decir, no habremos avanzado nada, a menos que se respeten los resultados, que el TSJ se deje de trampas y de sabotear a la Asamblea Nacional.


Olvídense que la OEA, Trump o la ONU nos va a hacer el mandado, ninguna sanción económica se toma de un día para otro, y menos cuando los principales actores son socios comerciales. Nadie se imagina a los países del Caribe votando en contra de la mano que les da de comer, sin importar que el petróleo sea barato, ya que puede volver a subir de precio y tengan que mendigar de nuevo por unos barriles.

Sabemos que una marcha no tumba gobiernos, pero ayuda. Recordemos que en el 2002 los militares se negaron a reprimir una marcha a Miraflores, y fue el desconocimiento de la autoridad del presidente lo que llevó a su pérdida de control de la situación, no le obedecieron los mandos militares y quedó en riesgo su integridad personal. Tiene que existir un grupo de resistencia que salga a marchar, que movilice la opinión pública, para que genere las condiciones del cambio.

Aunque el diálogo es necesario, eso no significa que tengamos que confiar en el gobierno, que supongamos que van a cumplir su palabra; podemos conversar y hacer travesuras.

Lo primero que ha quedado al descubierto con los recientes acuerdos es que la oposición y el gobierno no son iguales, no están en el mismo nivel, gozan de poderes diferentes. Los resultados de estas negociaciones no muestran las concesiones recíprocas que las partes se deberían estar otorgando; es más, pareciera que la oposición se convierte de alguna manera en socio del gobierno al tratar de resolver algunos de los problemas que le competen solamente al gobierno, tal y como son la comida y las medicinas.

Todos esperamos que disminuya la represión. Sin embargo, eso no solo no lo está haciendo el gobierno, sino que es una de sus principales herramientas de dominación, la cual no abandonará por todas las ventajas que tiene, entre ellas la impunidad del propio gobierno.

Maduro habla de paz, sin explicar cuál es la que propone, aunque creo que se refiere a la pax romana, esa que era consecuencia de la total sumisión de las ciudades conquistadas y de los habitantes, los cuales pagaban con la vida cualquier rebelión.

Recordemos que este gobierno no es legítimo, en el entendido que no cumple con sus obligaciones con el pueblo, no garantiza la alimentación, la salud ni la seguridad personal. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a desobedecer, no a las leyes, a la imposición del gobierno. Vivimos una anarquía –las innumerables muertes son consecuencia de la ausencia del Estado-, así que no hablo de desaparecer al gobierno, pero sí de hacer manifestaciones de rechazo a las imposiciones; por ejemplo, hay que negarse a pagar la corrupción, desde la del soldadito o el policía en la alcabala móvil hasta salir a la calle de nuevo para pedir el referéndum revocatorio. Una tontería como eliminar el color rojo de nuestra vestimenta es otra señal de rechazo al partido de la dictadura.

Hay que identificar a los funcionarios que están actuando mal, a los colaboradores del gobierno (algunos partidos que eran de oposición han sido controlados por el gobierno a través del TSJ), a los que hacen negocios como enchufados, a todos esos hay que empezar a pedirles cuentas de su proceder; y por favor, dejen de invitarlos a las reuniones y fiestas, ya está bueno de halagar a los colaboracionistas, tienen que sentir nuestro rechazo.

Recuerde, todo, absolutamente todo lo que hace el gobierno es de mala fe, es para permanecer indefinidamente en el poder, mal administrar los recursos públicos y seguirle molestando la vida.

@rangelrachadell


01 noviembre 2016

No estamos en el limbo

Hay quien especula que nuestra sociedad se encuentra en una indefinición política, y a eso lo llaman limbo. Dicen que estamos en una vaguedad, que falta claridad, precisión o exactitud en el liderazgo; pero esto no es cierto, lo que pasa es que nos gobierna una parranda de locos que no les importa ni la paz ni la tranquilidad de todos, y no hay nada que haga la oposición que no sea tergiversado por el gobierno. Venezuela no está en el limbo, por cuanto no está claro que este exista.
El concepto de limbo se hizo popular por La divina comedia de Dante Alighieri, como el primer círculo del infierno; allí se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, entre ellos su guía el poeta Virgilio. Este limbo es un lugar donde no se sufre, en el que se halla “tanta gente, digna de la celeste bienandanza”; solo que están privados de la visión de Dios. Otros consideran al limbo un “estado intermedio” entre el cielo y el infierno; para estos no es un lugar, es una situación incómoda. Esta creencia es más acorde con lo que algunos piensan de nuestro país, que no estamos en ningún lado, que no somos democracia ni dictadura; solo que aquí si estamos sufriendo la desidia del gobierno –entonces no es un limbo como lo recrea Dante–.
El Catecismo de la Iglesia Católica no menciona al limbo, por lo que no comparte el uso poético que hace Dante al considerarlo el primer círculo del infierno.
Aquí, en nuestra Venezuela, lo que tenemos es un purgatorio; estamos expiando en vida algún pecado como sociedad, y debió ser muy grave, porque las colas para conseguir comida, los problemas para mantener en funcionamiento los negocios, el adquirir las cosas básicas es lo más parecido a una penitencia; y eso que no ha llegado el fuego para purificarnos, pero con esta fuerza armada uno no sabe; y para colmo se burlan de todos nosotros.
Una demostración de esta locura es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, N° 907, del 28 de octubre de 2016, que declara a Maduro Moros como venezolano; sin ser el medio idóneo para declarar la nacionalidad por nacimiento.
El documento que puede declarar la nacionalidad es la partida de nacimiento, y, como expresa artículo 197 del Código Civil (CC): La filiación materna resulta del nacimiento, y se prueba con el acta de la declaración de nacimiento inscrita en los libros del Registro Civil, con identificación de la madre. Pero es el caso que, en la sentencia, no aparece la madre de Maduro, ni el padre; tampoco la fecha de inscripción del niño Maduro.
En las partidas de nacimiento, para la fecha de nacimiento de Maduro Moros el 23 de noviembre de 1962, y mucho tiempo después, se dejaba constancia de los siguientes datos: a) el reconocimiento del hijo por sus padres (art. 217 CC), b) los dos apellidos del menor (art. 239 CC), c) el nombre y apellido del funcionario que la autorice, y su Secretario; d) el día, mes y año, la hora; y si era posible, la casa o sitio en que acaeció el acto que se registra, e) el nombre, apellido, edad, profesión y domicilio o residencia de las personas que figuren en la partida, f) dos testigos mayores de edad y vecinos de la Parroquia o del Municipio (estas últimas menciones son exigencias del artículo 448 CC), g) el sexo, y h) el nombre del recién nacido (art. 466 CC). Ninguna de estas menciones obligatorias las recoge la sentencia, para poder verificar si lo que asevera el TSJ es cierto, que el funcionario y los testigos que deben aparecer firmando el documento reconocen su firma, eso sí sería una buena investigación.
Actualmente se regulan los asientos de las actas por la Ley Orgánica de Registro Civil (G.O. 39.264 del 15/09/2009), en los artículos 81 y 93; con las mismas exigencias, agregando la huella dactilar de quienes figuren en el acta.
En todo caso, lo que debió solicitar Maduro Moros, para probar su nacionalidad, era un certificado de nacionalidad venezolana por nacimiento (art. 18 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, G. O. N° 37.971 del 1/07/2004), que otorga el Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), presentando su cédula de identidad, y copia certificada de la partida de nacimiento (art. 19 de la ley citada).
Una sentencia para probar la nacionalidad por nacimiento, por muy alta que sea la investidura pública del solicitante, es un despropósito, y viola los procedimientos legales.
Después de esta penitencia pública de nuestros pecados merecemos la absolución y que se acaben estos martirios que nos impone el gobierno, y que sean ellos a los que les corresponda empezar a pagar.
Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/limbo_0_949705127.html