Hotel Sebin

El gobierno ofrece hospedaje gratis en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tiene habitaciones para todos los gustos, desde tigritos para castigos hasta placenteros aposentos con televisión. Claro, algunas comodidades tienen su costo en divisas como en cualquier otra cárcel del país. El capitalismo revolucionario es incapaz de perder la oportunidad de explotar esas cuotas de poder que le parecen minucias a los ministros.

En una de las zonas más transitadas de Caracas se encuentra un enorme edificio con varios sótanos en los que solo se escucha el pasar del Metro, lo cual permite saber cuando es de día o de noche, ya que no tienen acceso a la luz del sol. Cruzando la calle de una de las salidas del subterráneo de Plaza Venezuela puede llegar con facilidad, sin trasladarse en los peligrosos carritos por puesto que exigen billete para subirse a la ruta, esos que dejaron de imprimir por la supuesta futura reconversión que le quitará ceros a la moneda. Los ciudadanos deben tener paciencia y viajar en transporte público, la revolución se los agradece.

Otras locaciones, como El Helicoide en Caracas, son para los invitados de alto perfil. Para alojarse allí se exige nivel equivalente a petrolero gold, narcotraficante o amante equivocado. Los políticos pueden ingresar a las horas menos esperadas, por motivos fútiles, a pie, en moto, hasta en carro -así sea montado en grúa-. Me dicen que hay cuartos con el nombre de alacranes en ejercicio, por si se portan mal (se denomina alacrán a los diputados y demás dirigentes de partidos que pasaron a la nómina del gobierno a cuenta de su voto y organización con fines políticos, de lo cual están muy agradecidos). Las sedes se encuentran en urbanizaciones, en otros países son los barrios opulentos, por ejemplo, Prados del Este en la que hay bellas casas dispuestas para tal fin. En Maracaibo, cerquita del Country tenéis una. Toda ciudad que se respete posee su propio hotel de permanencia extendida, y algunos estados tienen más de una. Los tramites se inician cuando al respectivo juez le dan la orden de proceder y se haga oficial su derecho a candado sin llave.

Los sitios de reclusión dependen del hacinamiento, por ejemplo, estamos en temporada alta de persecución. Bueno, casi siempre nos encontramos en esa etapa, típico de las dictaduras. Suele bajar la ocupación cuando la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pasea por Venezuela o su personal empieza con sus preguntas indiscretas. En ese momento, las ofertas de dar libertad a los políticos de oposición acusados de los más estrambóticos delitos relacionados con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, bajaron por cuanto el supuesto diálogo patinó en el asfalto de la chapucería. Al régimen le es indiferente que venga una Misión técnica de la Unión Europea, ya que tiene mucho menos jerarquía que la ONU, se pueden ir, haber hablado con los candidatos a huéspedes de sus mazmorras o preocuparse por la suerte de la democracia. Ese es su problema.

El Sebin es tan envidioso que a los verdaderos hoteles que hospedan a políticos de la oposición los cierra hasta nuevo aviso, un eufemismo para recomendar que se abstengan de prestar sus servicios a esos individuos parlanchines cuyo verbo y evidencias recuerdan las injusticias que comete Nicolás y sus secuaces.

La mejor competencia que tiene el Sebin es la casa del embajador de la República de Chile, por allí han desfilado ilustres venezolanos, alguno en el vacío de poder de 2002, otros desde 2017, cuando Roberto Enríquez, presidente del partido Copei tuvo que pedirle al representante diplomático que lo recibiera porque el Tribunal 1º de Control Militar, Expediente CJPM-TM1C025-17, le dictó orden de detención N° 037-17, y mediante oficios dirigidos a Interpol y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) (N° 154-17 y 155-17, respectivamente) ordenaba su aprehensión. Gracias a esta invitación el mencionado ciudadano decidió buscarse una alternativa más favorable para su salud. En esa oportunidad le imputaron: delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, y delitos contra el orden y seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Freddy Guevera, diputado con un privilegio procesal que llaman inmunidad parlamentaria que impide que lo puedan detener, también estuvo en la casa del embajador de Chile. Luego de su salida el 9 de septiembre de 2020, negó que la residencia tuviera un Spa para masajes, aunque si tiene una piscina pequeña, insuficiente para entrenar. Disfrutó de una estadía de tres años acompañando a Roberto Enríquez, cuando salió apoyó a la gente desde su organización política con actividades de calle. Menos de un año después el gobierno lo encierra de nuevo, siendo el indulto que le otorgó Nicolás una engañifa para poder atraparlo más tarde.

Perseguidos por su designación como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados Beatriz Ruiz Marín, Zuleima Del Valle González, Elenis Rodríguez Martínez, Luis Marcano Salazar y José Núñez Sifontes se asilaron en la residencia del embajador de Chile. Un gentío para la pequeña morada, por lo que se retiraron en la primera oportunidad.

El nuevo vecino de la casa del embajador es Emilio Graterón, quien tiene a su hermana en Chile, a donde se podría ir, visto que a Nicolás no le tiembla el pulso para otorgarle a sus opositores una tarjeta de invitación a la cárcel con los mínimos gastos pagos.

Hablando de la división de poderes, el que entrega las tarjetas es el presidente de la Asamblea Nacional, órgano parlamentario que debería guardar las apariencias y actuar de manera independiente del poder ejecutivo, pero sabemos que esos chavistas son un batiburrillo.

@rangelrachadell

Turismo de aventura en Margarita

 

De paseo por la isla de Margarita disfruté del radiante sol, de la bahía de Pampatar y de los caminé por los centros comerciales casi para mí solo. De día mucha luz y de noche la total oscuridad, el alumbrado público está dañado o sin activar, las calles abandonadas, los semáforos apagados. La gente se recoge muy temprano por temor a la inseguridad. Este cuento de terror apenas comienza.

Como en toda Venezuela, a excepción de Caracas, se disfruta de un racionamiento de la electricidad sin aviso, y en algunas zonas les da por quitar el preciado fluido eléctrico a las 7:00 de la noche y a cualquier otra hora también. Nuestro país está falto de programación, previsión y mantenimiento, es un barco a la deriva.

El agua llega cada cuarenta días, y con suerte podrá bombearla si coincide que tiene electricidad, lo cual sucede (lo viví), que llegue el vital líquido sin poder servirse de él por tener las bombas apagadas.

Todas estas penurias se viven en la isla a pesar de tener un flamante protector que se supone debe velar por los intereses de los neoespartanos mejor que el gobernador electo. Según me contaron los taxistas, los trabajadores de la playa, las cajeras, los jóvenes que embolsan en los automercados, los vigilantes y las dependientes de las tiendas, todos la están pasando muy mal. Gracias a ellos puedo referir la información adicional, que pude levantar por cuenta propia.

La gasolina escasea al igual que en el resto de nuestra patria. Las gasolineras trabajan de lunes a viernes, hasta el mediodía, sábado y domingo descansan de tanto laborar. Los conductores tienen día fijo para surtirse de combustible, se debe llegar de madrugada o desde la noche anterior. El límite es de treinta litros cada quince días, o pagar en divisas. Los taxistas más de una vez declinaron prestar el servicio por falta de carburante.

Una de las historias que me entretuvo fue la de las pre-primarias del PSUV, esas que definían los candidatos que podrán presentarse para las primarias de agosto. Por alguna razón que no comprendo varias personas me dijeron que Marisel le ganó a Dante, y que perdió la esposa de Diosdado, la cual no se postuló. Resulta que, al tal Dante Rivas, flamante protector del chavismo, lo consideran tan responsable de los males que sufren en la isla como la dictadura de Nicolás. El protector es el representante de Caracas y la capital del país es el origen de todos los problemas. Tengo el pálpito de que necesitará un gran viento de cola para ganar la nominación, y si la obtiene tendrá que vencer el sentimiento antigobierno que se respira por estos lados.

La oposición no tiene claro si va a participar en las elecciones de gobernador, sin embargo, Morel Rodríguez está preparado al bate por si acaso, sus ochenta años son un detalle menor en la memoria del pueblo. A Alfredo Díaz le critican su falta de coraje contra el gobierno central y del protector impuesto, sobrevivir es insuficiente, ya que la gente quiere verlo pelear, hasta dudan que se lance a la reelección.

Regresando a los servicios públicos, el Internet es fatal en la isla, del ABA de Cantv ni hablar, al igual que el resto del país es caro, y la mayoría del tiempo está desconectado. Las operadoras de telefonía celular dan un servicio pésimo, y eso que las transacciones monetarias son mediante pago móvil o rápido de los bancos, gracias a que los puntos de pago están sin línea o tienen un límite mínimo que obliga a pasar la tarjeta de débito varías veces. En la plaza de Pampatar, municipio Maneiro, donde se encuentra la alcaldía se puede acceder a Internet gratuito cortesía de esa institución, la velocidad es regular dependiendo de la cantidad de aparatos conectados, pero fue la única opción que pude utilizar a falta de señal de los celulares y los centros de telecomunicaciones que visité sin conexión.

Entrar o salir de la isla es complicado. Se viaja cuando puede no cuando quiere, los ferrys y aviones deben esperar la semana flexible. Es un sinsentido dejar a la gente atrapada y sin opciones por siete días. Si piensa trasladarse en ferry; primero, le hará falta gasolina, antes, durante y después; segundo, debe comprar el pasaje en el puerto de Guanta, estado Anzoátegui o en Punta de Piedras, estado Nueva Esparta, olvídese de comprarlo por Internet o en oficinas en Caracas, además, espere a que confirmen que la semana será flexible; tercero, consiga una PCR negativa (examen de covid-19) con menos de 48 horas de emitido, de ser varios pasajeros se encarece el viaje; cuarto, le exigen un inexplicable salvoconducto de la REDI Marítima, que me imagino es una alcabala de regalo para que guisen los militares, ya que si querían controlar a los viajeros es suficiente con identificarlos en el puerto de llegada. Todos estos trámites son de ida y vuelta. Si va por avión no le piden nada, aparte del tapabocas. Todo se siente muy solo por la ausencia de turismo nacional e internacional, ni los rusos dan esperanza de mejoría.

Los turcos o árabes desplazaron a los chinos. Un chistoso me dijo que en la isla llueve poco, pero hay muchos ríos, refiriéndose a una cadena de automercados que instala uno casi al lado del otro. Estas y otras grandes cadenas colaboran con los organismos públicos más que el protector. Si la gobernación la ganase Dante nada va a cambiar, los negociados ya están hechos.

Si quiere comprar dólares o bolívares en la calle vaya a Porlamar, en la misma plaza Bolívar verá a los cambistas con los fajos de billetes, esos que se necesitan para la recarga del teléfono o montarse en el transporte público, cuando funciona. Tuve la oportunidad de subir a unas unidades rojizas del gobierno con aire acondicionado, el conductor me comentó que cada vez hay menos en funcionamiento por la mala calidad de su ensamblaje, pero como no tienen un año las están devolviendo por garantía a la fábrica en el estado Yaracuy.

10-30, cambio y fuera.

@rangelrachadell

El Muro del Saime

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Berlín fue dividida en cuatro sectores, correspondiendo a los principales países triunfantes. La parte ocupada por la Unión Soviética pasó a llamarse República Democrática Alemana (RDA) y como buen comunismo trajo pobreza y desempleo, provocando la huida de 3 millones de personas. A Jruschov, primer secretario del Partido Comunista, no se le ocurrió mejor idea que construir un muro para impedir que los mejores recursos humanos huyeran de la utopía comunista. Una manera perversa de separar a las familias.

Con el secretismo conocido del chavismo, se implementó la política de restringir la entrega de pasaportes a jueces, fiscales, oficiales de la Fuerza Armada y una larga lista de opositores que se les antoja. A esta estrategia la denominan “bloqueo de funcionario público o alto cargo”, eufemismo para impedir que se vaya del país ese personal que es parte del sistema de represión contra el pueblo. Además, aprovechan para castigar a los que se atrevan a pronunciarse en esta Venezuela del hambre, esa que busca en los contenedores de basura su solución, esa triste alternativa que tiene el pobre para evitar morirse.

Entre las medidas de castigo están la anulación del pasaporte o del trámite de la prórroga sin que el interesado haya solicitado o suspendido el procedimiento, algo así como lo que el Consejo Nacional Electoral les aplica a los opositores al mudar votantes sin su consentimiento. Estos órganos públicos nunca contestan, mienten descaradamente cuando se reclama la inoperancia del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y su excusa es el retraso o que el programa de computadora se volvió loco y dio error. Detrás de ese comportamiento se oculta el control social.

En nuestra legislación tenemos decisiones de los jueces en el marco de un procedimiento judicial llamadas medidas cautelares que le permiten, a su criterio, limitar el libre tránsito. Estas disposiciones son dictadas sin que el afectado se entere, para evitar su fuga, la de menores o adolescentes. En todo caso, son apelables, puede reclamar que son excesivas, innecesarias o caucionar entregando una garantía económica por los resultados del juicio. Según la Constitución, se prohíben las sentencias en las que sea imposible revisar la decisión, por cuanto la doble instancia está prevista en el numeral primero del artículo 49, es decir, por lo menos dos niveles deben conocer una causa. Poco podrá exigir si desconoce que existe la restricción, sin embargo, usted padecerá el que lo hayan incluido en una de esas listas que vienen del mismo despacho del fiscal general de la República por las que le impiden que le tramiten su documento de identidad para salir del país.

El desastre del Saime se avizora muy lejos de terminar, ya que, además de anularle el trámite a su libre arbitrio, tampoco le devuelven el dinero si no reclama. Aunque le cobran a la tasa del Banco Central de Venezuela, a ese cambio nunca le regresarán lo transferido, porque el reintegro es sin reconocerle la diferencia cambiaria por un error que generó el Saime y el banco, ese que en su página web dice que garantiza sus operaciones con el Saren (Registros y Notarías), sin mencionar al Saime. El desorden es de tal magnitud que el proceso que implementaron en 2021 roba a los usuarios al desconocerle los pagos efectuados por la plataforma del Banco de Venezuela (BdV), el cual desapareció de entre los bancos por medio de los cuales se paga. Al solicitar la devolución de los bolívares, el banco, si atiende y aprueba su reclamo, lo hará a un monto devaluado por la política económica de Nicolás. Recuerde, el pago se procesa por la combinación de la web del Saime y el banco, por lo que la falta de coordinación de esas instituciones es la causante del cobro indebido o que aparezca como pendiente de pago. Usted es inocente, sin embargo, lo castigan por los errores de otros, típico del socialismo. Los correos para reclamar al BdV, si funcionan, le darán una contestación automática sin lapso de respuesta, y el 0-800-saime-00 es otra oferta engañosa, está desconectado.

Solo pueden salir de Venezuela los que tienen para derrochar en trámites inconclusos, los que tengan bajo perfil político y los que el Estado autorice por ser fieles a la robolución, pero los represores mencionados arriba deben quedarse a matraquear y extorsionar a los que continúan en esta tierra de gracia. Si tiene una prohibición oficiosa, ni que tenga una garrocha de dólares podrá saltar el muro de Berlín del Saime.

El director de ese organismo pretende ser la imagen de la eficiencia que oculta al verdugo del gobierno socialista y su sistema diseñado para humillar. Lo obligarán a largas colas y horas de espera hasta la noche para que lo atiendan, sin garantía de que le vayan a entregar ese cuadernillo de color para buscar un sueño. Le deseo suerte en la trocha, porque los cubanos del Saime le impondrán su muro.

@rangelrachadell

Las cuatro libertades

En 1941, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, definió como objetivo de ese país cuatro libertades: libertad de expresión, libertad de culto, libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo.

En Venezuela se carece de libertad de expresión. Vivimos la salida del aire de Radio Caracas Televisión, sabemos de las radios innumerables que han clausurado, los periódicos cerrados por falta de papel o perseguidos como El Nacional, los medios que han sido comprados para cambiar su línea editorial a favor del gobierno, los periodistas muertos y los que han vivido o viven la prisión. La persecución de los políticos es parte de ese ataque a las voces que expresan sus ideas. Acceder a la información es parte de las dificultades a las que nos enfrentamos por el bloqueo a las páginas web que el régimen considera peligrosas por mostrar lo que pasa en el país.

La libertad de culto es atacada, me consta que hostigan a la Iglesia Católica; dificultan la movilización de sus clérigos, y a los sacerdotes extranjeros les demoran la tramitación de sus visas, se las niegan o la renovación nunca se procesa; suspenden o sabotean los oficios religiosos; y disminuyeron los aportes económicos a la Iglesia y a instituciones como la Asociación Venezolana de Educación Católica “AVEC” o Fe y Alegría. Al cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, le impiden ser arzobispo de esa ciudad, Nicolás objetó esa designación de la Santa Sede basado en el concordato de 1964. Chávez insultó a sus máximos representantes y utilizan los medios de comunicación para atacarlos de manera personal. A los judíos también los agredieron.

De la libertad de vivir sin penurias también se podría escribir mucho, por ejemplo, el proceso de vacunación a la población, el cual ha tenido varios contratiempos. El primero es la convocatoria desordenada, invitaron a distintas horas y los números los entregaban muy temprano en los centros previstos, la gente llegaba y perdía el viaje. Segundo, el gobierno nunca explicó el criterio para vacunar, si alguna vez los estableció, por lo que el mensaje les llegó a personas de diferentes edades, sin considerar que los pacientes de tercera edad son los de alto riesgo; y tercero que al principio vacunaban a todos los que se presentaban para, luego, restringir el privilegio a los que recibieron la comunicación, dejando por fuera del beneficio a miles de angustiados venezolanos sin respuesta. Todo esto ha ocasionado un gran malestar al discriminar entre los que tienen carnet, teléfono y posibilidad de trasladarse de madrugada, o aquellos con enfermedades de base que necesitan protegerse. Tampoco hay garantía de que podrán colocarse la segunda dosis a las tres semanas, como lo ofrecieron.

Esta falta de políticas transparentes de salud es a las que se refiere el embajador James Story cuando expresa que apoya un esfuerzo sólido de vacunación. Lo que se lee entre líneas es que tal esfuerzo está ausente. Hay desorden y discriminación, sin embargo, algunos tuvieron la fortuna de vacunarse, luego de burlar las medidas injustas, ilegales y caprichosas del chavismo.

Esta libertad de vivir sin miseria está muy lejos de ser superada mientras sigamos con estos gobernantes inescrupulosos que se roban todo lo que pueden, les regalan a otros países lo que necesitamos y nos impiden tener una vida saludable.

La cuarta libertad en la libertad de vivir sin miedo, se manifiesta en nuestro país en el temor a salir a la calle de noche, a ciertas zonas, a tener que entenderse con policías o soldados en alcabalas, todos tan peligrosos y criminales como el Coqui, los fiscales del Ministerio Público o los funcionarios del Saime, ya que tienen el poder de llevarle preso, extorsionarlo, impedir que pueda viajar o de pegarle un tiro y que nadie averigüe. Es malo generalizar, pero es peor ser cómplice de lo que ejecutan sus compañeros, el voltear la vista a otro lado a sabiendas del perjuicio que están ocasionando. Ser honesto es insuficiente si saben el daño que provocan a los demás. En Venezuela, los pequeños empresarios pierden su inversión por la opinión desfavorable del alcalde de turno, los inmuebles son invadidos y los propietarios se resignan ante la inoperancia de las instituciones, la resolución de los conflictos escapa a la jurisdicción del Estado por la aprensión a los costos ocultos de los juicios. Hay pánico a la represión de las protestas por el incumplimiento o la ausencia de los servicios públicos o a las manifestaciones opositoras. Millones de venezolanos se han ido por el pavor a la falta de alimentos, gracias al socialismo del siglo XXI.

Para Roosevelt, estas eran las libertades por las que valía la pena luchar y lograr un mejor mundo, deseamos estas libertades para luchar por una vida digna, esa que es difícil disfrutar en Venezuela.

Hay que ser bruto, obediente, desalmado, disciplinado y corrupto para ser cómplice de esta burla diaria al pueblo venezolano. Aquellos que detentan el poder se aprovechan de las armas para imponer su voluntad malhadada. Por mi parte, le recuerdo a la humanidad que Venezuela es una porción de ese mundo que hay que arreglar.

@rangelrachadell

Dinamitando el diálogo

 

Este gobierno dice que quiere diálogo con la oposición sin dar ninguna muestra de ceder o facilitar la vida de los venezolanos. Indispuesto como siempre para manifestar su apego a la democracia se opone a devolver los partidos políticos a sus legítimas autoridades. La reciente sentencia que favorece a la facción progobierno de Acción Democrática designada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es una de las medidas que elevan el listón a superar de efectuarse algún encuentro entre las partes.

Guaidó ofreció la flexibilización gradual de las sanciones económicas si se convoca a todas las elecciones pendientes, en particular la de presidente de la República. Sin embargo, Nicolás envió al psiquiatra a decirle a la oposición que debe reconocer unos supuestos crímenes contra el pueblo venezolano, y entregar Citgo y Monómeros. Estas dos empresas las quieren recuperar sin ceder nada a cambio, y este reclamo es la mejor demostración del dolor que les ha ocasionado su pérdida.

El otro que dinamita la posibilidad de diálogo es Diosdado, cuando dijo que las sanciones del gobierno americano le eran indiferentes y que tampoco va a entregar los partidos políticos. Esto lo expresó sin considerar a los miembros del régimen que sí quieren que levanten los impedimentos para negociar con otras empresas y países.

El gobierno chavista dice que quiere dialogar enviando mensajes descalificando al opositor, un estilo vulgar que poco ayuda si tuvieran un deseo sincero de resolver las condiciones económicas que han creado. Los americanos negociaron en París mientras en Vietnam se lanzaban bombas y ataques mutuos, esa fue una guerra distinta a la que tiene el chavismo contra los venezolanos, la de aquí está por declararse. Nicolás y sus compañeros reconocen que buscan negociar porque se quedaron sin dinero, sin apoyo económico y temen una explosión social de un momento a otro, por eso es que piden que les devuelvan las mencionadas empresas.

Lo lamentable de este llamado a diálogo es que convocan a unas elecciones con fecha fija y, como dicen los abogados: el día interpela al hombre. El término de caducidad genera angustia en las bases políticas de los partidos, presiona para que se resuelva el mecanismo de participación y saber con cuál de las autoridades internas se debe negociar, con las directivas ad hoc, conocidos alacranes, o con las legítimas directivas. La estrategia chavista apremia a una solución inmediata, a que la oposición tenga que aceptar las condiciones que se les imponga, so pena de quedarse fuera del juego electoral.

El gobierno presume que podrá dividir a la oposición entre los que quieren intervenir a cualquier costo y los que saben que ese camino es equivocado en la búsqueda de mejorar nuestra sociedad; aunque hay otras consideraciones. Por ejemplo, en los comicios para elegir alcalde en 2017, Elías Sayegh, militante de Primero Justicia, cuyo partido decidió abstenerse en esa convocatoria, participó como candidato a alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, candidateado por Independientes por el Progreso (IPP) y una organización regional Por Amor a los Pueblos (PAP). IPP fue ilegalizado por decisión del Consejo Nacional Electoral, al abstenerse de presentar candidato en la fraudulenta elección presidencial de 2018. Los habitantes de El Hatillo pueden considerar que es mejor tener cualquier alcalde menos uno chavista, sin que les preocupe que lo postulen por una organización política distinta a la que militó.

En esta circunstancia, la de participar con partidos distintos a los que, en condiciones de normalidad institucional, los hubiera propuesto, también se encuentran los alcaldes Darwin González (Baruta) y Gustavo Duque (Chacao), ambos del estado Miranda. La diferencia entre 2017 y 2021 es que hoy todas las organizaciones políticas están intervenidas por el chavismo, tienen directivas afines al régimen y postularán a los que les permitan las altas autoridades del PSUV o a los que paguen el peaje respectivo de compra de tarjeta. Dicen que tienen habilitados puntos de venta para pasar las tarjetas de débito.

Estimo que en las condiciones actuales la oposición debe mantener la ilegitimad electoral del gobierno en los comicios convocados para finales de año, ello por cuanto, ninguna estrategia de poder se puede definir sin la libertad de postular a sus candidatos. Es un sinsentido sumar adeptos a favor de unos dirigentes afines al chavismo, que les deben sus cargos a una sentencia en procesos en los que sus contrapartes nunca tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.

Quienes piensan que un Consejo Nacional Electoral medianamente imparcial es suficiente garantía para una democracia competitiva se olvidan de que este órgano es una parte del proceso electoral. La libertad de postular, más otros requisitos y un mínimo de transparencia, es necesaria para considerar participar en los comicios convocados. Si el pastel está envenenado pierde trascendencia cómo el CNE lo decore.

Nadie sabe con la sed que otros beben ni con el hambre que comen.

@rangelrachadell

Órganos y funcionarios inútiles

 

Hace 15 días comentaba la penúltima pretensión de obligar a los ciudadanos, a las asociaciones civiles y a las empresas a entregar información privada sobre su funcionamiento y de las personas con quienes se relacionaban, pero fue suspendido al poco tiempo (lo llamaron Cesppa). Ahora pasó igual con la normativa para el Registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ruso-Oncdoft), se publicó el 30 de marzo de 2021 y se reimprimió el 29 de abril siguiente, casi un mes de vigencia. En ambos casos, corregir por errores materiales la impresión anterior es una excusa; solo que en el Cesppa eliminaron todas las normas de contenido inconstitucional e ilegal, mientras la última regulación quedó vigente siendo contraria a derecho.

En la reimpresión incompleta de la Ruso-Oncdoft, porque la original tuvo 18 artículos y la del 29 de abril solo 8, debieron reimprimir toda la corrección o, para variar, tuvieron que retirar el desaguisado de manera atropellada. Cambiaron la exposición de motivos agregando un numeral relacionado con las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo cual nada mejora la ilegal fundamentación. Eliminaron la obligación de entregar la identificación de los beneficiarios de las mencionadas organizaciones, y el plazo de treinta días para inscribirse. Desapareció la referencia a las sanciones por el incumplimiento por parte de los sujetos obligados previstos en la legislación, como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que contempla duras penas de prisión; así como la evaluación de los recaudos; la entrega del certificado que emitirían; y la actualización en caso de cambios en los datos entregados.

Ya comenté que esta providencia administrativa fue dictada por un funcionario incompetente y que quebranta expresas garantías constitucionales; por ejemplo, el respeto a la vida privada, la cual sabemos es inexistente en los gobiernos comunistas. La publicación incompleta de la mencionada normativa es el reconocimiento por parte del Estado de la locura que cometieron, de la insensatez y de la ignorancia de los redactores.

También, este comportamiento del Estado es evidencia de lo susceptible que se encuentra el gobierno ante la presión social, la opinión de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y la necesidad de disminuir las fuentes de conflicto. Podría estar enmarcada en los reconocimientos recientes de asesinatos de opositores que tanto negaron en el pasado, aunque falta reconocer otros muertos y desapariciones, es decir, de la política de eliminación de adversarios que viene practicando directamente o por medio de sus grupos paramilitares. Por si fuera poco, relacionada con la designación de unos rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se sospecha que las sanciones económicas impulsan estas medidas, pues les duele en el bolsillo.

A los nuevos rectores es difícil considerarlos útiles para resolver la crisis de legitimidad que tiene el chavismo, ya que son incompetentes para reintegrar en los partidos políticos intervenidos desde 2015 a sus legítimas autoridades, porque le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; tampoco tienen atribuciones para liberar a los presos políticos o revocar los juicios e investigaciones con los que obligaron a exiliarse a diputados. En el pasado hemos tenido varios CNE prochavistas, así que podemos contar con los recién designados para que cumplan con lo mismo de siempre en materia de elecciones, organizar unos procesos muy bonitos en los que impedirían tomar parte a los representantes legítimos de la oposición. Estos rectores podrían autorizar el uso de una tarjeta única opositora y permitir la observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunos pronunciamientos a favor de la democracia real serían esperanzadores.

La semana pasada escuché al exrector y vicepresidente del CNE Rafael Simón Jiménez en un programa de radio. Este renunció al poco tiempo de su designación dizque porque se sentía con una camisa de fuerza en el cargo porque desde ahí no podía opinar. De la entrevista mencionada, entendí que estaba atado de manos, el organismo capturado por personal afín al gobierno; y que le fue imposible designar a funcionarios de confianza. De no poder designar a su personal estaría sin presupuesto ni nómina; y sus órdenes serían ejecutadas por afectos al chavismo –vaya usted a saber qué harían–; todo muy lamentable para él. En estas mismas condiciones se encuentran los nuevos rectores.

La dictadura sigue sin gobernar ni ser aceptada, con políticas torpes, implementando soluciones que son laberintos sin salida; sin embargo, estos chavistas piden que confiemos en ellos, aunque no ceden en nada fundamental. Una vez que cambien las condiciones saldremos de esta caquexia política y económica; mientras tanto siguen muriendo venezolanos esperando el cese de la usurpación.

@rangelrachadell

Nos quieren vigilados

El 7 de octubre de 2013, el gobierno de Nicolás creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), y a los pocos días publicaron una corrección por error material en el que desaparecían las abusivas e inconstitucionales exigencias de información a organizaciones de la sociedad. Ahora vuelven a la carga con la providencia administrativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT). Despertaron al moderno Prometeo de Frankenstein en materia de seguridad y defensa. Esta regulación es un desesperado intento de los militares de controlar todo.

En aquella oportunidad, la información que podía obtener el CESSPA fue sobre toda materia que se considere “amenazas a los intereses nacionales” o que sea de “Interés estratégico con alto valor agregado” o “sobre la situación actual en cualquier aspecto de interés nacional”, por lo que no estaba limitada a la búsqueda de información relacionada con la seguridad y defensa de la nación, definiendo un Estado Vigilante o Estado Totalitario.

La justificación de la RUSO-ONCDOFT es la “prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia”, de los “sujetos obligados” que enumera la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (LOCDOFT), solo que la providencia administrativa parte de un falso supuesto sobre las competencias de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La enumeración de los sujetos objeto de control que trae la mencionada ley es un exabrupto, todos somos objeto de la vigilancia del Estado.

La LOCDOFT considera que son objeto de control los “sujetos obligados”, y de manera extensiva, enuncia que estos son todas las personas naturales o jurídicas reguladas por las leyes de los sectores bancario, asegurador, valores, bingos y casinos; las que se dediquen al cambio de divisas; todas las fundaciones, todas las asociaciones civiles, todas las organizaciones sin fines de lucro (sin distinción); los partidos políticos, así como cualquier grupo electoral; las oficinas subalternas de registros públicos y las notarías públicas. También incluyen a los abogados, administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de la profesión, cuando lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a la compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. Entre los tantos disparates consideran que si un abogado redacta un contrato de compra de un apartamento ya es sujeto sometido al control.

La Ley continúa con las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de bienes raíces (se refiere a todos los corredores de inmuebles); construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas -me imagino que incluyen a los constructores de ranchos-, oficinas, entre otros); comercio de metales y piedras preciosas; comercio de objetos de arte o arqueología; marina mercante; servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; servicios de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes; las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres; los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados; los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados; y cualquier otro que mediante ley o decreto que determine el órgano de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectivo. En el supuesto que se les haya olvidado alguna persona o actividad, dejaron abierta la posibilidad de agregar a quien quieran mediante ley o decreto, aunque por esta última vía es discutible, ya que los ciudadanos en una democracia deberíamos poder hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. Estos genios prohíben todo, nos someten a registro y al que ellos quieran multan, encarcelan o destruyen su actividad económica.

La reciente normativa exige que todas las personas mencionadas deben llevar sus papeles para que le otorguen un certificado de cumplimiento; y supuestamente excluye a las personas que tengan un ente de control, ya que los órganos y entes de control, a su vez, deben remitir al órgano rector la información de sus “sujetos obligados” registrados o en proceso de registro.

Esta injerencia arbitraria y abusiva a la vida privada de las personas y a la información de las empresas presume culpable a los sometidos a registro antes de la ocurrencia de un acto en contra del gobierno, los considera delincuentes y los somete a la supervigilancia del Estado. Pero cometen un error de lectura de las atribuciones previstas en la ley.

La LOCDOFT no incluye entre los órganos de control a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El artículo 7 establece que esta función la tienen el Consejo Nacional Electoral; los ministerios de relaciones interiores, petróleo y minería; energía eléctrica; planificación y finanzas; turismo, ciencia y tecnología, industrias y comercio; la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles; el Banco Central de Venezuela; las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario, de la actividad aseguradora y de Valores; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

El artículo 8 les otorga obligaciones a los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7, entre ellas las de establecer un registro actualizado de los “sujetos obligados” respectivos, con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control (numeral 12 del artículo 8). Es decir, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no es uno de los órganos de control al que la ley le otorga facultades de registro, es más, entre las competencias de la Oficina no se estableció la función de registro sobre los “sujetos obligados”, ya que se la entregó a los órganos y entes de control previstos en el artículo 8; por esta razón es que la normativa analizada es ilegal.

Para aclarar cualquier duda, la LOCDOFT establece que la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, así como de la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional en esta materia (artículo 5), y tiene las siguientes expresas atribuciones (artículo 6) que voy a simplificar por razones de espacio: Coordinar operaciones; diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control; recibir, procesar y difundir información; diseñar políticas públicas; diseñar programas de adiestramiento y capacitación; mantener intercambio de información; asesorar técnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores y coordinar, conjuntamente con ese ministerio los convenios, tratados y demás instrumentos internacionales de cooperación, y representar a la República en el exterior; elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Sin embargo, alguien podría pensar que esta última atribución faculta al director de esa Oficina para dictar la normativa de obligatorio registro, pero no es así. Los registros que debe elaborar y mantener esa oficina son para el desarrollo de sus atribuciones enumeradas en el párrafo anterior, en el que su control es sobre los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7 de la LOCDOFT.

Le corresponde a la tantas veces mencionada Oficina pedirle a los entes y órganos de control la información de los sujetos que deben controlar. En la LOCDOFT se crea la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera con la misma facultad genérica de elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones (numeral 4 del artículo 25), y no está contemplado que registre a todos los “sujetos obligados”.

Queda un punto que el redactor de la norma parece desconocer, y es que los “sujetos obligados” a registrarse son solo aquellos sometidos a un órgano o ente de control, de conformidad con esa Ley (definido así en el numeral 21 del artículo 4); sin embargo, por la LOCDOFT, entre las obligaciones previstas en esa Ley no está el registrarse ante ningún órgano, esa es una exigencia de cada ley que regula una actividad a la que el Estado le interesa crear un registro. La mencionada providencia administrativa viola la garantía constitucional sobre limitación de derechos solo por ley. En el artículo 10, se establece que deben conservar la información de sus clientes durante un período mínimo de cinco años, y los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con éstos, así como los documentos exigidos para su identificación; en otros artículos hay obligaciones de procedimientos internos, investigación, confidencialidad y legitimación de capitales.

En conclusión, a los “sujetos obligados” los constriñe la ley a lo que ella establece, no a lo que se le ocurre a un director. En ninguna parte de la ley los somete al registro de sus actividades y menos de la manera tan amplia que pretende la providencia administrativa que crea el RUSO-ONCDOFT.

Los gobiernos totalitarios buscan el control social mediante el sometimiento del ser humano a condiciones, exigencias, procedimientos y sanciones exageradas, inútiles e innecesarias. Qué mejor ejemplo que el socialismo del siglo XXI.

@rangelrachadell