Las cuatro libertades

En 1941, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, definió como objetivo de ese país cuatro libertades: libertad de expresión, libertad de culto, libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo.

En Venezuela se carece de libertad de expresión. Vivimos la salida del aire de Radio Caracas Televisión, sabemos de las radios innumerables que han clausurado, los periódicos cerrados por falta de papel o perseguidos como El Nacional, los medios que han sido comprados para cambiar su línea editorial a favor del gobierno, los periodistas muertos y los que han vivido o viven la prisión. La persecución de los políticos es parte de ese ataque a las voces que expresan sus ideas. Acceder a la información es parte de las dificultades a las que nos enfrentamos por el bloqueo a las páginas web que el régimen considera peligrosas por mostrar lo que pasa en el país.

La libertad de culto es atacada, me consta que hostigan a la Iglesia Católica; dificultan la movilización de sus clérigos, y a los sacerdotes extranjeros les demoran la tramitación de sus visas, se las niegan o la renovación nunca se procesa; suspenden o sabotean los oficios religiosos; y disminuyeron los aportes económicos a la Iglesia y a instituciones como la Asociación Venezolana de Educación Católica “AVEC” o Fe y Alegría. Al cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, le impiden ser arzobispo de esa ciudad, Nicolás objetó esa designación de la Santa Sede basado en el concordato de 1964. Chávez insultó a sus máximos representantes y utilizan los medios de comunicación para atacarlos de manera personal. A los judíos también los agredieron.

De la libertad de vivir sin penurias también se podría escribir mucho, por ejemplo, el proceso de vacunación a la población, el cual ha tenido varios contratiempos. El primero es la convocatoria desordenada, invitaron a distintas horas y los números los entregaban muy temprano en los centros previstos, la gente llegaba y perdía el viaje. Segundo, el gobierno nunca explicó el criterio para vacunar, si alguna vez los estableció, por lo que el mensaje les llegó a personas de diferentes edades, sin considerar que los pacientes de tercera edad son los de alto riesgo; y tercero que al principio vacunaban a todos los que se presentaban para, luego, restringir el privilegio a los que recibieron la comunicación, dejando por fuera del beneficio a miles de angustiados venezolanos sin respuesta. Todo esto ha ocasionado un gran malestar al discriminar entre los que tienen carnet, teléfono y posibilidad de trasladarse de madrugada, o aquellos con enfermedades de base que necesitan protegerse. Tampoco hay garantía de que podrán colocarse la segunda dosis a las tres semanas, como lo ofrecieron.

Esta falta de políticas transparentes de salud es a las que se refiere el embajador James Story cuando expresa que apoya un esfuerzo sólido de vacunación. Lo que se lee entre líneas es que tal esfuerzo está ausente. Hay desorden y discriminación, sin embargo, algunos tuvieron la fortuna de vacunarse, luego de burlar las medidas injustas, ilegales y caprichosas del chavismo.

Esta libertad de vivir sin miseria está muy lejos de ser superada mientras sigamos con estos gobernantes inescrupulosos que se roban todo lo que pueden, les regalan a otros países lo que necesitamos y nos impiden tener una vida saludable.

La cuarta libertad en la libertad de vivir sin miedo, se manifiesta en nuestro país en el temor a salir a la calle de noche, a ciertas zonas, a tener que entenderse con policías o soldados en alcabalas, todos tan peligrosos y criminales como el Coqui, los fiscales del Ministerio Público o los funcionarios del Saime, ya que tienen el poder de llevarle preso, extorsionarlo, impedir que pueda viajar o de pegarle un tiro y que nadie averigüe. Es malo generalizar, pero es peor ser cómplice de lo que ejecutan sus compañeros, el voltear la vista a otro lado a sabiendas del perjuicio que están ocasionando. Ser honesto es insuficiente si saben el daño que provocan a los demás. En Venezuela, los pequeños empresarios pierden su inversión por la opinión desfavorable del alcalde de turno, los inmuebles son invadidos y los propietarios se resignan ante la inoperancia de las instituciones, la resolución de los conflictos escapa a la jurisdicción del Estado por la aprensión a los costos ocultos de los juicios. Hay pánico a la represión de las protestas por el incumplimiento o la ausencia de los servicios públicos o a las manifestaciones opositoras. Millones de venezolanos se han ido por el pavor a la falta de alimentos, gracias al socialismo del siglo XXI.

Para Roosevelt, estas eran las libertades por las que valía la pena luchar y lograr un mejor mundo, deseamos estas libertades para luchar por una vida digna, esa que es difícil disfrutar en Venezuela.

Hay que ser bruto, obediente, desalmado, disciplinado y corrupto para ser cómplice de esta burla diaria al pueblo venezolano. Aquellos que detentan el poder se aprovechan de las armas para imponer su voluntad malhadada. Por mi parte, le recuerdo a la humanidad que Venezuela es una porción de ese mundo que hay que arreglar.

@rangelrachadell

Dinamitando el diálogo

 

Este gobierno dice que quiere diálogo con la oposición sin dar ninguna muestra de ceder o facilitar la vida de los venezolanos. Indispuesto como siempre para manifestar su apego a la democracia se opone a devolver los partidos políticos a sus legítimas autoridades. La reciente sentencia que favorece a la facción progobierno de Acción Democrática designada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es una de las medidas que elevan el listón a superar de efectuarse algún encuentro entre las partes.

Guaidó ofreció la flexibilización gradual de las sanciones económicas si se convoca a todas las elecciones pendientes, en particular la de presidente de la República. Sin embargo, Nicolás envió al psiquiatra a decirle a la oposición que debe reconocer unos supuestos crímenes contra el pueblo venezolano, y entregar Citgo y Monómeros. Estas dos empresas las quieren recuperar sin ceder nada a cambio, y este reclamo es la mejor demostración del dolor que les ha ocasionado su pérdida.

El otro que dinamita la posibilidad de diálogo es Diosdado, cuando dijo que las sanciones del gobierno americano le eran indiferentes y que tampoco va a entregar los partidos políticos. Esto lo expresó sin considerar a los miembros del régimen que sí quieren que levanten los impedimentos para negociar con otras empresas y países.

El gobierno chavista dice que quiere dialogar enviando mensajes descalificando al opositor, un estilo vulgar que poco ayuda si tuvieran un deseo sincero de resolver las condiciones económicas que han creado. Los americanos negociaron en París mientras en Vietnam se lanzaban bombas y ataques mutuos, esa fue una guerra distinta a la que tiene el chavismo contra los venezolanos, la de aquí está por declararse. Nicolás y sus compañeros reconocen que buscan negociar porque se quedaron sin dinero, sin apoyo económico y temen una explosión social de un momento a otro, por eso es que piden que les devuelvan las mencionadas empresas.

Lo lamentable de este llamado a diálogo es que convocan a unas elecciones con fecha fija y, como dicen los abogados: el día interpela al hombre. El término de caducidad genera angustia en las bases políticas de los partidos, presiona para que se resuelva el mecanismo de participación y saber con cuál de las autoridades internas se debe negociar, con las directivas ad hoc, conocidos alacranes, o con las legítimas directivas. La estrategia chavista apremia a una solución inmediata, a que la oposición tenga que aceptar las condiciones que se les imponga, so pena de quedarse fuera del juego electoral.

El gobierno presume que podrá dividir a la oposición entre los que quieren intervenir a cualquier costo y los que saben que ese camino es equivocado en la búsqueda de mejorar nuestra sociedad; aunque hay otras consideraciones. Por ejemplo, en los comicios para elegir alcalde en 2017, Elías Sayegh, militante de Primero Justicia, cuyo partido decidió abstenerse en esa convocatoria, participó como candidato a alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, candidateado por Independientes por el Progreso (IPP) y una organización regional Por Amor a los Pueblos (PAP). IPP fue ilegalizado por decisión del Consejo Nacional Electoral, al abstenerse de presentar candidato en la fraudulenta elección presidencial de 2018. Los habitantes de El Hatillo pueden considerar que es mejor tener cualquier alcalde menos uno chavista, sin que les preocupe que lo postulen por una organización política distinta a la que militó.

En esta circunstancia, la de participar con partidos distintos a los que, en condiciones de normalidad institucional, los hubiera propuesto, también se encuentran los alcaldes Darwin González (Baruta) y Gustavo Duque (Chacao), ambos del estado Miranda. La diferencia entre 2017 y 2021 es que hoy todas las organizaciones políticas están intervenidas por el chavismo, tienen directivas afines al régimen y postularán a los que les permitan las altas autoridades del PSUV o a los que paguen el peaje respectivo de compra de tarjeta. Dicen que tienen habilitados puntos de venta para pasar las tarjetas de débito.

Estimo que en las condiciones actuales la oposición debe mantener la ilegitimad electoral del gobierno en los comicios convocados para finales de año, ello por cuanto, ninguna estrategia de poder se puede definir sin la libertad de postular a sus candidatos. Es un sinsentido sumar adeptos a favor de unos dirigentes afines al chavismo, que les deben sus cargos a una sentencia en procesos en los que sus contrapartes nunca tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.

Quienes piensan que un Consejo Nacional Electoral medianamente imparcial es suficiente garantía para una democracia competitiva se olvidan de que este órgano es una parte del proceso electoral. La libertad de postular, más otros requisitos y un mínimo de transparencia, es necesaria para considerar participar en los comicios convocados. Si el pastel está envenenado pierde trascendencia cómo el CNE lo decore.

Nadie sabe con la sed que otros beben ni con el hambre que comen.

@rangelrachadell

Órganos y funcionarios inútiles

 

Hace 15 días comentaba la penúltima pretensión de obligar a los ciudadanos, a las asociaciones civiles y a las empresas a entregar información privada sobre su funcionamiento y de las personas con quienes se relacionaban, pero fue suspendido al poco tiempo (lo llamaron Cesppa). Ahora pasó igual con la normativa para el Registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Ruso-Oncdoft), se publicó el 30 de marzo de 2021 y se reimprimió el 29 de abril siguiente, casi un mes de vigencia. En ambos casos, corregir por errores materiales la impresión anterior es una excusa; solo que en el Cesppa eliminaron todas las normas de contenido inconstitucional e ilegal, mientras la última regulación quedó vigente siendo contraria a derecho.

En la reimpresión incompleta de la Ruso-Oncdoft, porque la original tuvo 18 artículos y la del 29 de abril solo 8, debieron reimprimir toda la corrección o, para variar, tuvieron que retirar el desaguisado de manera atropellada. Cambiaron la exposición de motivos agregando un numeral relacionado con las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo cual nada mejora la ilegal fundamentación. Eliminaron la obligación de entregar la identificación de los beneficiarios de las mencionadas organizaciones, y el plazo de treinta días para inscribirse. Desapareció la referencia a las sanciones por el incumplimiento por parte de los sujetos obligados previstos en la legislación, como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que contempla duras penas de prisión; así como la evaluación de los recaudos; la entrega del certificado que emitirían; y la actualización en caso de cambios en los datos entregados.

Ya comenté que esta providencia administrativa fue dictada por un funcionario incompetente y que quebranta expresas garantías constitucionales; por ejemplo, el respeto a la vida privada, la cual sabemos es inexistente en los gobiernos comunistas. La publicación incompleta de la mencionada normativa es el reconocimiento por parte del Estado de la locura que cometieron, de la insensatez y de la ignorancia de los redactores.

También, este comportamiento del Estado es evidencia de lo susceptible que se encuentra el gobierno ante la presión social, la opinión de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y la necesidad de disminuir las fuentes de conflicto. Podría estar enmarcada en los reconocimientos recientes de asesinatos de opositores que tanto negaron en el pasado, aunque falta reconocer otros muertos y desapariciones, es decir, de la política de eliminación de adversarios que viene practicando directamente o por medio de sus grupos paramilitares. Por si fuera poco, relacionada con la designación de unos rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se sospecha que las sanciones económicas impulsan estas medidas, pues les duele en el bolsillo.

A los nuevos rectores es difícil considerarlos útiles para resolver la crisis de legitimidad que tiene el chavismo, ya que son incompetentes para reintegrar en los partidos políticos intervenidos desde 2015 a sus legítimas autoridades, porque le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; tampoco tienen atribuciones para liberar a los presos políticos o revocar los juicios e investigaciones con los que obligaron a exiliarse a diputados. En el pasado hemos tenido varios CNE prochavistas, así que podemos contar con los recién designados para que cumplan con lo mismo de siempre en materia de elecciones, organizar unos procesos muy bonitos en los que impedirían tomar parte a los representantes legítimos de la oposición. Estos rectores podrían autorizar el uso de una tarjeta única opositora y permitir la observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunos pronunciamientos a favor de la democracia real serían esperanzadores.

La semana pasada escuché al exrector y vicepresidente del CNE Rafael Simón Jiménez en un programa de radio. Este renunció al poco tiempo de su designación dizque porque se sentía con una camisa de fuerza en el cargo porque desde ahí no podía opinar. De la entrevista mencionada, entendí que estaba atado de manos, el organismo capturado por personal afín al gobierno; y que le fue imposible designar a funcionarios de confianza. De no poder designar a su personal estaría sin presupuesto ni nómina; y sus órdenes serían ejecutadas por afectos al chavismo –vaya usted a saber qué harían–; todo muy lamentable para él. En estas mismas condiciones se encuentran los nuevos rectores.

La dictadura sigue sin gobernar ni ser aceptada, con políticas torpes, implementando soluciones que son laberintos sin salida; sin embargo, estos chavistas piden que confiemos en ellos, aunque no ceden en nada fundamental. Una vez que cambien las condiciones saldremos de esta caquexia política y económica; mientras tanto siguen muriendo venezolanos esperando el cese de la usurpación.

@rangelrachadell

Nos quieren vigilados

El 7 de octubre de 2013, el gobierno de Nicolás creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), y a los pocos días publicaron una corrección por error material en el que desaparecían las abusivas e inconstitucionales exigencias de información a organizaciones de la sociedad. Ahora vuelven a la carga con la providencia administrativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT). Despertaron al moderno Prometeo de Frankenstein en materia de seguridad y defensa. Esta regulación es un desesperado intento de los militares de controlar todo.

En aquella oportunidad, la información que podía obtener el CESSPA fue sobre toda materia que se considere “amenazas a los intereses nacionales” o que sea de “Interés estratégico con alto valor agregado” o “sobre la situación actual en cualquier aspecto de interés nacional”, por lo que no estaba limitada a la búsqueda de información relacionada con la seguridad y defensa de la nación, definiendo un Estado Vigilante o Estado Totalitario.

La justificación de la RUSO-ONCDOFT es la “prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia”, de los “sujetos obligados” que enumera la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (LOCDOFT), solo que la providencia administrativa parte de un falso supuesto sobre las competencias de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La enumeración de los sujetos objeto de control que trae la mencionada ley es un exabrupto, todos somos objeto de la vigilancia del Estado.

La LOCDOFT considera que son objeto de control los “sujetos obligados”, y de manera extensiva, enuncia que estos son todas las personas naturales o jurídicas reguladas por las leyes de los sectores bancario, asegurador, valores, bingos y casinos; las que se dediquen al cambio de divisas; todas las fundaciones, todas las asociaciones civiles, todas las organizaciones sin fines de lucro (sin distinción); los partidos políticos, así como cualquier grupo electoral; las oficinas subalternas de registros públicos y las notarías públicas. También incluyen a los abogados, administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de la profesión, cuando lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a la compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. Entre los tantos disparates consideran que si un abogado redacta un contrato de compra de un apartamento ya es sujeto sometido al control.

La Ley continúa con las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de bienes raíces (se refiere a todos los corredores de inmuebles); construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas -me imagino que incluyen a los constructores de ranchos-, oficinas, entre otros); comercio de metales y piedras preciosas; comercio de objetos de arte o arqueología; marina mercante; servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; servicios de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes; las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres; los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados; los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados; y cualquier otro que mediante ley o decreto que determine el órgano de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectivo. En el supuesto que se les haya olvidado alguna persona o actividad, dejaron abierta la posibilidad de agregar a quien quieran mediante ley o decreto, aunque por esta última vía es discutible, ya que los ciudadanos en una democracia deberíamos poder hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. Estos genios prohíben todo, nos someten a registro y al que ellos quieran multan, encarcelan o destruyen su actividad económica.

La reciente normativa exige que todas las personas mencionadas deben llevar sus papeles para que le otorguen un certificado de cumplimiento; y supuestamente excluye a las personas que tengan un ente de control, ya que los órganos y entes de control, a su vez, deben remitir al órgano rector la información de sus “sujetos obligados” registrados o en proceso de registro.

Esta injerencia arbitraria y abusiva a la vida privada de las personas y a la información de las empresas presume culpable a los sometidos a registro antes de la ocurrencia de un acto en contra del gobierno, los considera delincuentes y los somete a la supervigilancia del Estado. Pero cometen un error de lectura de las atribuciones previstas en la ley.

La LOCDOFT no incluye entre los órganos de control a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El artículo 7 establece que esta función la tienen el Consejo Nacional Electoral; los ministerios de relaciones interiores, petróleo y minería; energía eléctrica; planificación y finanzas; turismo, ciencia y tecnología, industrias y comercio; la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles; el Banco Central de Venezuela; las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario, de la actividad aseguradora y de Valores; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

El artículo 8 les otorga obligaciones a los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7, entre ellas las de establecer un registro actualizado de los “sujetos obligados” respectivos, con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control (numeral 12 del artículo 8). Es decir, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no es uno de los órganos de control al que la ley le otorga facultades de registro, es más, entre las competencias de la Oficina no se estableció la función de registro sobre los “sujetos obligados”, ya que se la entregó a los órganos y entes de control previstos en el artículo 8; por esta razón es que la normativa analizada es ilegal.

Para aclarar cualquier duda, la LOCDOFT establece que la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, así como de la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional en esta materia (artículo 5), y tiene las siguientes expresas atribuciones (artículo 6) que voy a simplificar por razones de espacio: Coordinar operaciones; diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control; recibir, procesar y difundir información; diseñar políticas públicas; diseñar programas de adiestramiento y capacitación; mantener intercambio de información; asesorar técnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores y coordinar, conjuntamente con ese ministerio los convenios, tratados y demás instrumentos internacionales de cooperación, y representar a la República en el exterior; elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Sin embargo, alguien podría pensar que esta última atribución faculta al director de esa Oficina para dictar la normativa de obligatorio registro, pero no es así. Los registros que debe elaborar y mantener esa oficina son para el desarrollo de sus atribuciones enumeradas en el párrafo anterior, en el que su control es sobre los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7 de la LOCDOFT.

Le corresponde a la tantas veces mencionada Oficina pedirle a los entes y órganos de control la información de los sujetos que deben controlar. En la LOCDOFT se crea la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera con la misma facultad genérica de elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones (numeral 4 del artículo 25), y no está contemplado que registre a todos los “sujetos obligados”.

Queda un punto que el redactor de la norma parece desconocer, y es que los “sujetos obligados” a registrarse son solo aquellos sometidos a un órgano o ente de control, de conformidad con esa Ley (definido así en el numeral 21 del artículo 4); sin embargo, por la LOCDOFT, entre las obligaciones previstas en esa Ley no está el registrarse ante ningún órgano, esa es una exigencia de cada ley que regula una actividad a la que el Estado le interesa crear un registro. La mencionada providencia administrativa viola la garantía constitucional sobre limitación de derechos solo por ley. En el artículo 10, se establece que deben conservar la información de sus clientes durante un período mínimo de cinco años, y los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con éstos, así como los documentos exigidos para su identificación; en otros artículos hay obligaciones de procedimientos internos, investigación, confidencialidad y legitimación de capitales.

En conclusión, a los “sujetos obligados” los constriñe la ley a lo que ella establece, no a lo que se le ocurre a un director. En ninguna parte de la ley los somete al registro de sus actividades y menos de la manera tan amplia que pretende la providencia administrativa que crea el RUSO-ONCDOFT.

Los gobiernos totalitarios buscan el control social mediante el sometimiento del ser humano a condiciones, exigencias, procedimientos y sanciones exageradas, inútiles e innecesarias. Qué mejor ejemplo que el socialismo del siglo XXI.

@rangelrachadell

Propiedad en riesgo

En nuestro país sin ley, más propiamente, en el que la ley es manipulada por el gobierno para perjudicar a los opositores y atacar a los que tienen algo de dinero y extorsionarlos, no hay manera de defenderse.

La ausencia del Estado; sobre todo de sus funciones principales como es la administración de los conflictos, el monopolio de la violencia y el respeto de la propiedad, incluyendo en esta la protección de los ahorros y del valor del trabajo; genera actitudes de autodefensa, búsqueda de soluciones por caminos extraoficiales y el uso de la fuerza, ya que los gobernantes declinaron sus obligaciones en perjuicio del mismo ciudadano, sea pobre o rico.

Les hablo con conocimiento de causa, si le invaden un terreno, una casa o un apartamento no hay quien los defienda, no existe alcaldía, tribunal ni organismo público que decida y lo proteja. Nadie trabaja y la pandemia es la actual excusa. En el supuesto que su propiedad colinde con un barrio, menos lo van a ayudar porque desconfían de los invasores. Tienen miedo a perder votos y a que les den unos golpes por tratar de poner orden. Sin embargo, la autoridad, guapa y apoyada, no teme a los sacerdotes, les cierra los templos y con suerte dejan comulgar a los católicos, pero a los invasores o a las fiestas en los barrios ni con el pétalo de una rosa. Por ejemplo, el municipio Sucre del estado Miranda.

Ese mismo Estado que perjudica a los ciudadanos al prestarle de manera deficiente los servicios públicos de electricidad, recolección de basura, agua potable y valor de la moneda, persigue a quienes deben acudir a las oficinas de ingeniería municipal a tramitar los permisos obligatorios para cualquier construcción, siempre y cuando estén ubicados en una urbanización. Los barrios son tierra de nadie, tienen una organización dependiente del matón de turno o del consejo comunal que reparte las dádivas del gobierno, inútiles para poner orden en las rencillas, la música en excesivo volumen o la recogida de los deshechos. Este desgobierno nos pone en peligro a todos, sin diferencia de grupo social o condición económica, lo que procura es que peleemos y se solaza en el conflicto de las comunidades.

Las policías municipales, a veces, atienden las denuncias de construcción del piso superior de una casa o de otra cocina (esto último define si la vivienda es unifamiliar o multifamiliar). Sin embargo, en esta época de penurias causadas por el socialismo del siglo XXI, algunos dueños de apartamentos y casas dividen su residencia para que vivan sus hijos o para evitar conflictos con otros familiares, también derriban paredes para acceder a áreas comunes y extender su espacio vital, así afecte la fachada. Desconozco el criterio de las alcaldías para decidir los casos, aunque el silencio y el abstenerse de cumplir con el mandato legal suele ser la posición oficiosa. Parece que la lástima es un elemento esencial para obviar sancionar al pobrecito con problemas. Conciben la humildad como factor fundamental para proteger al infractor frente al que obtuvo con su esfuerzo la propiedad de un terreno. Otro argumento es el provecho del bien, no importa de quien sea, si no tiene utilidad o uso directo para el dueño puede ser dispuesto por el desvalido que justifique una necesidad perentoria, sin contraprestación.

La inflación desbocada y la desesperanza de una mejora mediante un cambio de gobierno ha llevado a que las viviendas pierdan valor, esa misma que durante años fue el reflejo del ahorro del pueblo. Los venezolanos dedicamos nuestro capital a mejorar la casa, arreglamos todo lo que podemos con la esperanza de venderla para adquirir una mejor, tal vez más grande, de mayor calidad o ubicada en una zona sin violencia. Esta ilusión no es solo de los pobres, la clase media que se ha ido al extranjero no quiere vender su casa o apartamento hasta conseguir mejores precios, a menos que una emergencia los obligue. Lo malo es que enfermedades como el covid-19 exigen mucho dinero para los que no están asegurados o les tienen terror a los hospitales públicos, y la liquidación de ese bien es la única opción. Lo peor, la herencia de los que fallecen ayuda muy poco a los deudos en un país en los que los bienes valen una miseria. Para colmo de males, el Seniat mantiene los lapsos para las declaraciones sucesorales y los demás actos relacionados con los tributos, sin importar que se declare semana restringida o flexible. Cuente con su multa por incumplir el procedimiento, esa es segura.

Si cobra alquileres por su propiedad también está en riesgo, pues extendieron un nefasto decreto que difiere el pago de los cánones de arrendamiento. El gobierno debería implementar unas políticas de ayuda como las de los gringos, darle dinero a la gente para que cumpla con sus deberes, no decirles que son libres de mantenerse insolventes, invadir, cogerse lo que no es de ellos e irrespetar lo ajeno.

@rangelrachadell

Venezuela sin Constitución

El revolucionario opositor

José Brito, flamante diputado seudoopositor a la Asamblea Nacional, pidió investigar a representantes de la oposición y a sus esposas. Bajo el eufemismo de llamarlas a declarar, quiere someter a interrogatorio a las cónyuges para que respondan lo que saben de los supuestos daños patrimoniales ocasionados por sus esposos.

Aunque pueda considerar al diputado un tonto útil del gobierno cuya propuesta es una miserable

desfachatez, se debe reflexionar sobre esta cobarde petición, ya que es una manifestación de la catadura moral de la revolución que nos gobierna. Se puede especular lo que usted quiera de esa declaración, pero lo que es evidente es que, en representación del régimen, fue una gentil invitación a los opositores a que se exilien con sus respectivas esposas.

Ya Guaidó calificó la convocatoria de “terror de Estado”, siendo mejor denominar a esta acción política impura como “Terror revolucionario”. Brito, al ser diputado a sueldo, está fuera del Poder Ejecutivo, pero no de la revolución. Este hecho es muy grave, ya que es la primera vez en la historia de Venezuela que se plantea hostigar a las esposas de los opositores, otra originalidad del socialismo del siglo XXI. Después perseguirán a los hijos, las abuelas, los hermanos, los tíos, los sobrinos y los primos. Póngase en la cola.

Fíjese que no se califica la declaración como terrorismo, pues esa palabra define a un delito previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y en el Código Penal, y ambas regulaciones establecen penas distintas. Es curioso que la mencionada ley sancione con hasta treinta años de prisión al “terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas”, siendo esta la pena máxima a la que puede ser sancionada cualquiera en nuestro país, límite que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Diccionario de la Real Academia Española define al terrorismo: 1. Dominación por el terror. 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 3. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. La mencionada declaración de Brito se parece pero no es exacta, porque convocar a mujeres por su condición de esposas implica que se les considera cómplices en los supuestos delitos en los que hayan podido incurrir sus cónyuges. Esto no ocasionaría miedo a la población, solo a las afectadas.

Una de las consecuencias de provocar miedo es que este paraliza o provoca reacciones erradas, limita la libertad de pensamiento y de expresión, eso lo podrán lograr; sin embargo, estoy convencido de que la amenaza de obligarlas a comparecer es una violación de los derechos humanos de las señoras en cuestión, entre otras: la presunción de inocencia y el derecho de abstenerse de deponer en causa propia o de familiares cercanos. Así lo expresa el numeral quinto del artículo 49 de la Constitución, que expresa: Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Obligar a las esposas a comparecer para que declaren ante una comisión de la Asamblea Nacional también se puede considerar un acto de violencia psicológica para provocar miedo en las féminas por su condición de consortes. Esto último podría estar previsto en alguno de los supuestos de violencia de género contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que faltó en la declaración del legislador para considerarlo un terrorista es la actuación criminal de bandas organizadas, criterio que no cumple el Poder Legislativo ni el diputado porque son unos desorganizados.

Entendería que este personaje quiera servirse de su posición de funcionario para aprovecharse del Estado, lo que es difícil de explicar es que se preste al papel de verdugo de sus excompañeros. Eso de ser más revolucionario que los revolucionarios es como “ser más papista que el papa”. En definitiva, es extraño que habiendo otros representantes que pueden amenazar con mayor credibilidad que él, lo utilicen de muchacho de los mandados. Hace poco, una diputada del gobierno se ha divertido lanzando amenazas a diestra y siniestra, por lo que sería menos desagradable que una mujer amenace a otras mujeres, pero que lo haga un hombre es una falta de estilo o un típico comportamiento chavista de mal gusto.

Esta amenaza a la dignidad y seguridad de las esposas de los opositores es un ataque directo a los partidos políticos por que busca la destrucción de la alternativa democrática y es una demostración de la falta de compromiso del gobierno con las garantías civiles y políticas de los venezolanos. Estamos en presencia de la aplicación de la teoría de Vyshinski, quien en la Unión Soviética consideró a la ley criminal como una herramienta de la lucha de clases.

@rangelrachadell