Nos quieren vigilados

El 7 de octubre de 2013, el gobierno de Nicolás creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), y a los pocos días publicaron una corrección por error material en el que desaparecían las abusivas e inconstitucionales exigencias de información a organizaciones de la sociedad. Ahora vuelven a la carga con la providencia administrativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT). Despertaron al moderno Prometeo de Frankenstein en materia de seguridad y defensa. Esta regulación es un desesperado intento de los militares de controlar todo.

En aquella oportunidad, la información que podía obtener el CESSPA fue sobre toda materia que se considere “amenazas a los intereses nacionales” o que sea de “Interés estratégico con alto valor agregado” o “sobre la situación actual en cualquier aspecto de interés nacional”, por lo que no estaba limitada a la búsqueda de información relacionada con la seguridad y defensa de la nación, definiendo un Estado Vigilante o Estado Totalitario.

La justificación de la RUSO-ONCDOFT es la “prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia”, de los “sujetos obligados” que enumera la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (LOCDOFT), solo que la providencia administrativa parte de un falso supuesto sobre las competencias de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La enumeración de los sujetos objeto de control que trae la mencionada ley es un exabrupto, todos somos objeto de la vigilancia del Estado.

La LOCDOFT considera que son objeto de control los “sujetos obligados”, y de manera extensiva, enuncia que estos son todas las personas naturales o jurídicas reguladas por las leyes de los sectores bancario, asegurador, valores, bingos y casinos; las que se dediquen al cambio de divisas; todas las fundaciones, todas las asociaciones civiles, todas las organizaciones sin fines de lucro (sin distinción); los partidos políticos, así como cualquier grupo electoral; las oficinas subalternas de registros públicos y las notarías públicas. También incluyen a los abogados, administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de la profesión, cuando lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a la compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. Entre los tantos disparates consideran que si un abogado redacta un contrato de compra de un apartamento ya es sujeto sometido al control.

La Ley continúa con las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de bienes raíces (se refiere a todos los corredores de inmuebles); construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas -me imagino que incluyen a los constructores de ranchos-, oficinas, entre otros); comercio de metales y piedras preciosas; comercio de objetos de arte o arqueología; marina mercante; servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; servicios de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes; las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres; los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados; los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados; y cualquier otro que mediante ley o decreto que determine el órgano de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectivo. En el supuesto que se les haya olvidado alguna persona o actividad, dejaron abierta la posibilidad de agregar a quien quieran mediante ley o decreto, aunque por esta última vía es discutible, ya que los ciudadanos en una democracia deberíamos poder hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. Estos genios prohíben todo, nos someten a registro y al que ellos quieran multan, encarcelan o destruyen su actividad económica.

La reciente normativa exige que todas las personas mencionadas deben llevar sus papeles para que le otorguen un certificado de cumplimiento; y supuestamente excluye a las personas que tengan un ente de control, ya que los órganos y entes de control, a su vez, deben remitir al órgano rector la información de sus “sujetos obligados” registrados o en proceso de registro.

Esta injerencia arbitraria y abusiva a la vida privada de las personas y a la información de las empresas presume culpable a los sometidos a registro antes de la ocurrencia de un acto en contra del gobierno, los considera delincuentes y los somete a la supervigilancia del Estado. Pero cometen un error de lectura de las atribuciones previstas en la ley.

La LOCDOFT no incluye entre los órganos de control a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El artículo 7 establece que esta función la tienen el Consejo Nacional Electoral; los ministerios de relaciones interiores, petróleo y minería; energía eléctrica; planificación y finanzas; turismo, ciencia y tecnología, industrias y comercio; la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles; el Banco Central de Venezuela; las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario, de la actividad aseguradora y de Valores; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

El artículo 8 les otorga obligaciones a los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7, entre ellas las de establecer un registro actualizado de los “sujetos obligados” respectivos, con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control (numeral 12 del artículo 8). Es decir, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no es uno de los órganos de control al que la ley le otorga facultades de registro, es más, entre las competencias de la Oficina no se estableció la función de registro sobre los “sujetos obligados”, ya que se la entregó a los órganos y entes de control previstos en el artículo 8; por esta razón es que la normativa analizada es ilegal.

Para aclarar cualquier duda, la LOCDOFT establece que la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, así como de la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, y también la cooperación internacional en esta materia (artículo 5), y tiene las siguientes expresas atribuciones (artículo 6) que voy a simplificar por razones de espacio: Coordinar operaciones; diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control; recibir, procesar y difundir información; diseñar políticas públicas; diseñar programas de adiestramiento y capacitación; mantener intercambio de información; asesorar técnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores y coordinar, conjuntamente con ese ministerio los convenios, tratados y demás instrumentos internacionales de cooperación, y representar a la República en el exterior; elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Sin embargo, alguien podría pensar que esta última atribución faculta al director de esa Oficina para dictar la normativa de obligatorio registro, pero no es así. Los registros que debe elaborar y mantener esa oficina son para el desarrollo de sus atribuciones enumeradas en el párrafo anterior, en el que su control es sobre los órganos y entes de control mencionados en el artículo 7 de la LOCDOFT.

Le corresponde a la tantas veces mencionada Oficina pedirle a los entes y órganos de control la información de los sujetos que deben controlar. En la LOCDOFT se crea la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera con la misma facultad genérica de elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones (numeral 4 del artículo 25), y no está contemplado que registre a todos los “sujetos obligados”.

Queda un punto que el redactor de la norma parece desconocer, y es que los “sujetos obligados” a registrarse son solo aquellos sometidos a un órgano o ente de control, de conformidad con esa Ley (definido así en el numeral 21 del artículo 4); sin embargo, por la LOCDOFT, entre las obligaciones previstas en esa Ley no está el registrarse ante ningún órgano, esa es una exigencia de cada ley que regula una actividad a la que el Estado le interesa crear un registro. La mencionada providencia administrativa viola la garantía constitucional sobre limitación de derechos solo por ley. En el artículo 10, se establece que deben conservar la información de sus clientes durante un período mínimo de cinco años, y los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con éstos, así como los documentos exigidos para su identificación; en otros artículos hay obligaciones de procedimientos internos, investigación, confidencialidad y legitimación de capitales.

En conclusión, a los “sujetos obligados” los constriñe la ley a lo que ella establece, no a lo que se le ocurre a un director. En ninguna parte de la ley los somete al registro de sus actividades y menos de la manera tan amplia que pretende la providencia administrativa que crea el RUSO-ONCDOFT.

Los gobiernos totalitarios buscan el control social mediante el sometimiento del ser humano a condiciones, exigencias, procedimientos y sanciones exageradas, inútiles e innecesarias. Qué mejor ejemplo que el socialismo del siglo XXI.

@rangelrachadell

Propiedad en riesgo

En nuestro país sin ley, más propiamente, en el que la ley es manipulada por el gobierno para perjudicar a los opositores y atacar a los que tienen algo de dinero y extorsionarlos, no hay manera de defenderse.

La ausencia del Estado; sobre todo de sus funciones principales como es la administración de los conflictos, el monopolio de la violencia y el respeto de la propiedad, incluyendo en esta la protección de los ahorros y del valor del trabajo; genera actitudes de autodefensa, búsqueda de soluciones por caminos extraoficiales y el uso de la fuerza, ya que los gobernantes declinaron sus obligaciones en perjuicio del mismo ciudadano, sea pobre o rico.

Les hablo con conocimiento de causa, si le invaden un terreno, una casa o un apartamento no hay quien los defienda, no existe alcaldía, tribunal ni organismo público que decida y lo proteja. Nadie trabaja y la pandemia es la actual excusa. En el supuesto que su propiedad colinde con un barrio, menos lo van a ayudar porque desconfían de los invasores. Tienen miedo a perder votos y a que les den unos golpes por tratar de poner orden. Sin embargo, la autoridad, guapa y apoyada, no teme a los sacerdotes, les cierra los templos y con suerte dejan comulgar a los católicos, pero a los invasores o a las fiestas en los barrios ni con el pétalo de una rosa. Por ejemplo, el municipio Sucre del estado Miranda.

Ese mismo Estado que perjudica a los ciudadanos al prestarle de manera deficiente los servicios públicos de electricidad, recolección de basura, agua potable y valor de la moneda, persigue a quienes deben acudir a las oficinas de ingeniería municipal a tramitar los permisos obligatorios para cualquier construcción, siempre y cuando estén ubicados en una urbanización. Los barrios son tierra de nadie, tienen una organización dependiente del matón de turno o del consejo comunal que reparte las dádivas del gobierno, inútiles para poner orden en las rencillas, la música en excesivo volumen o la recogida de los deshechos. Este desgobierno nos pone en peligro a todos, sin diferencia de grupo social o condición económica, lo que procura es que peleemos y se solaza en el conflicto de las comunidades.

Las policías municipales, a veces, atienden las denuncias de construcción del piso superior de una casa o de otra cocina (esto último define si la vivienda es unifamiliar o multifamiliar). Sin embargo, en esta época de penurias causadas por el socialismo del siglo XXI, algunos dueños de apartamentos y casas dividen su residencia para que vivan sus hijos o para evitar conflictos con otros familiares, también derriban paredes para acceder a áreas comunes y extender su espacio vital, así afecte la fachada. Desconozco el criterio de las alcaldías para decidir los casos, aunque el silencio y el abstenerse de cumplir con el mandato legal suele ser la posición oficiosa. Parece que la lástima es un elemento esencial para obviar sancionar al pobrecito con problemas. Conciben la humildad como factor fundamental para proteger al infractor frente al que obtuvo con su esfuerzo la propiedad de un terreno. Otro argumento es el provecho del bien, no importa de quien sea, si no tiene utilidad o uso directo para el dueño puede ser dispuesto por el desvalido que justifique una necesidad perentoria, sin contraprestación.

La inflación desbocada y la desesperanza de una mejora mediante un cambio de gobierno ha llevado a que las viviendas pierdan valor, esa misma que durante años fue el reflejo del ahorro del pueblo. Los venezolanos dedicamos nuestro capital a mejorar la casa, arreglamos todo lo que podemos con la esperanza de venderla para adquirir una mejor, tal vez más grande, de mayor calidad o ubicada en una zona sin violencia. Esta ilusión no es solo de los pobres, la clase media que se ha ido al extranjero no quiere vender su casa o apartamento hasta conseguir mejores precios, a menos que una emergencia los obligue. Lo malo es que enfermedades como el covid-19 exigen mucho dinero para los que no están asegurados o les tienen terror a los hospitales públicos, y la liquidación de ese bien es la única opción. Lo peor, la herencia de los que fallecen ayuda muy poco a los deudos en un país en los que los bienes valen una miseria. Para colmo de males, el Seniat mantiene los lapsos para las declaraciones sucesorales y los demás actos relacionados con los tributos, sin importar que se declare semana restringida o flexible. Cuente con su multa por incumplir el procedimiento, esa es segura.

Si cobra alquileres por su propiedad también está en riesgo, pues extendieron un nefasto decreto que difiere el pago de los cánones de arrendamiento. El gobierno debería implementar unas políticas de ayuda como las de los gringos, darle dinero a la gente para que cumpla con sus deberes, no decirles que son libres de mantenerse insolventes, invadir, cogerse lo que no es de ellos e irrespetar lo ajeno.

@rangelrachadell

Venezuela sin Constitución

El revolucionario opositor

José Brito, flamante diputado seudoopositor a la Asamblea Nacional, pidió investigar a representantes de la oposición y a sus esposas. Bajo el eufemismo de llamarlas a declarar, quiere someter a interrogatorio a las cónyuges para que respondan lo que saben de los supuestos daños patrimoniales ocasionados por sus esposos.

Aunque pueda considerar al diputado un tonto útil del gobierno cuya propuesta es una miserable

desfachatez, se debe reflexionar sobre esta cobarde petición, ya que es una manifestación de la catadura moral de la revolución que nos gobierna. Se puede especular lo que usted quiera de esa declaración, pero lo que es evidente es que, en representación del régimen, fue una gentil invitación a los opositores a que se exilien con sus respectivas esposas.

Ya Guaidó calificó la convocatoria de “terror de Estado”, siendo mejor denominar a esta acción política impura como “Terror revolucionario”. Brito, al ser diputado a sueldo, está fuera del Poder Ejecutivo, pero no de la revolución. Este hecho es muy grave, ya que es la primera vez en la historia de Venezuela que se plantea hostigar a las esposas de los opositores, otra originalidad del socialismo del siglo XXI. Después perseguirán a los hijos, las abuelas, los hermanos, los tíos, los sobrinos y los primos. Póngase en la cola.

Fíjese que no se califica la declaración como terrorismo, pues esa palabra define a un delito previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y en el Código Penal, y ambas regulaciones establecen penas distintas. Es curioso que la mencionada ley sancione con hasta treinta años de prisión al “terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas”, siendo esta la pena máxima a la que puede ser sancionada cualquiera en nuestro país, límite que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Diccionario de la Real Academia Española define al terrorismo: 1. Dominación por el terror. 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 3. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. La mencionada declaración de Brito se parece pero no es exacta, porque convocar a mujeres por su condición de esposas implica que se les considera cómplices en los supuestos delitos en los que hayan podido incurrir sus cónyuges. Esto no ocasionaría miedo a la población, solo a las afectadas.

Una de las consecuencias de provocar miedo es que este paraliza o provoca reacciones erradas, limita la libertad de pensamiento y de expresión, eso lo podrán lograr; sin embargo, estoy convencido de que la amenaza de obligarlas a comparecer es una violación de los derechos humanos de las señoras en cuestión, entre otras: la presunción de inocencia y el derecho de abstenerse de deponer en causa propia o de familiares cercanos. Así lo expresa el numeral quinto del artículo 49 de la Constitución, que expresa: Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Obligar a las esposas a comparecer para que declaren ante una comisión de la Asamblea Nacional también se puede considerar un acto de violencia psicológica para provocar miedo en las féminas por su condición de consortes. Esto último podría estar previsto en alguno de los supuestos de violencia de género contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que faltó en la declaración del legislador para considerarlo un terrorista es la actuación criminal de bandas organizadas, criterio que no cumple el Poder Legislativo ni el diputado porque son unos desorganizados.

Entendería que este personaje quiera servirse de su posición de funcionario para aprovecharse del Estado, lo que es difícil de explicar es que se preste al papel de verdugo de sus excompañeros. Eso de ser más revolucionario que los revolucionarios es como “ser más papista que el papa”. En definitiva, es extraño que habiendo otros representantes que pueden amenazar con mayor credibilidad que él, lo utilicen de muchacho de los mandados. Hace poco, una diputada del gobierno se ha divertido lanzando amenazas a diestra y siniestra, por lo que sería menos desagradable que una mujer amenace a otras mujeres, pero que lo haga un hombre es una falta de estilo o un típico comportamiento chavista de mal gusto.

Esta amenaza a la dignidad y seguridad de las esposas de los opositores es un ataque directo a los partidos políticos por que busca la destrucción de la alternativa democrática y es una demostración de la falta de compromiso del gobierno con las garantías civiles y políticas de los venezolanos. Estamos en presencia de la aplicación de la teoría de Vyshinski, quien en la Unión Soviética consideró a la ley criminal como una herramienta de la lucha de clases.

@rangelrachadell

Castigar al Príncipe

Los distintos gobiernos de Estados Unidos, por el que ya han pasado tres presidentes, aplican una política que está resumida en el libro Castigar al Príncipe: una teoría de las relaciones interestatales, instituciones políticas y cambio de líder, cuyos autores son Fiona McGillivray y Alastair Smith. Nicolás se queja de las sanciones selectivas impuestas por varios países a él, a muchos de los funcionarios que lo apoyan y a algunos órganos o empresas del Estado. Mientras, el dictador sigue mandando.

El principal efecto de las sanciones es que el dictador tenga poca renta que repartir, lo cual genera que sus compinches o se conformen con menos o disminuya la cantidad de personas imprescindibles que lo apoyan. En el último caso, gracias a la reducción de los beneficiarios, los montos se mantienen. Otra solución es dar rienda libre al abuso de los distintos funcionarios para que expolien a la población. La consecuencia visible de esta política son los trabajadores de los servicios públicos. Un trabajador de Corpoelec cobra por efectuar su trabajo, poner el bombillo que usted le compró; el de Cantv le limpia el cable y mágicamente funciona el Internet ABA. Los policías y soldados obtienen su sueldo de las alcabalas. La gasolina escasa y de mala calidad la cobran a precios internacionales en las bombas administradas por algún familiar. Se repartieron el país al igual que los reyes en el Tratado de Tordesillas.

Insisto, las sanciones disminuyen el dinero para pagar a sus seguidores. Solo que, en nuestro país, el gobierno se adelantó y le quitó a la población los servicios públicos. Esto es una política suicida, ya que al reducir la cantidad de capital en la sociedad ellos tienen menos recursos que robar. En una dictadura desaparecen los bienes públicos.

Como expresa el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos: “La administración Obama impuso sanciones específicas contra personas por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones antidemocráticas. La administración Trump amplió significativamente las sanciones económicas en respuesta al creciente autoritarismo del presidente Nicolás Maduro”. Las sanciones son consecuencia de los abusos del chavismo, el desprecio de los derechos humanos y la falta de apoyo a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

En cualquier caso, aunque digan que el gobierno continúa, las sanciones consiguieron un objetivo fundamental: amargarle la vida a los que detentan el poder y dificultarles disfrutar –fuera del país– el dinero mal habido. Estas medidas son equivalentes a dejar de invitar a la fiesta al vecino que le pega a su mujer. La sanción diplomática va más allá de la moral en el circuito de las naciones. Nicolás es un apestado que nadie quiere cerca, solo le quedan como fraternales amigos otros dictadores. A Fidel la izquierda internacional lo recibía con mucho cariño, aquí patean al sumiso Partido Comunista y pocos dicen algo. Una situación de secuestro, a veces, se resuelve quitando la electricidad y el agua a los malhechores.

El gobierno de España definió las sanciones como “medidas políticas coercitivas para evitar el uso de la fuerza contra Estados o instituciones que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. Sin embargo, el gobierno venezolano se defiende alegando que las sanciones son unilaterales, aunque si fueran multilaterales, es decir, de la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima o la ONU, tampoco les agradaría. Dicen que son ilegítimas, ineficaces, ocasionan más problemas que los que resuelven, perjudican a la población en general. Argumentan, falsamente, que la situación económica que tiene al pueblo comiendo de la basura empezó con las sanciones. A todas estas, siguen sin reconocer sus errores, desmanes y corregir sus desafueros.

Este gobierno depredador dificulta la producción, el comercio y la generación de riqueza, ya que toda actividad tiende a ser un monopolio o a estar sujeto a una autorización o permiso. Sin plata de Pdvsa, préstamos de los chinos o los rusos, ni la posibilidad de ayuda exterior de ningún tipo, esta gente tendrá que trabajar de alguna manera. Se acabó el dinero fácil.

La opción, nunca descartada, de una rebelión interna de las élites militares que disfrutan del poder se demora en presentarse. Menos posibilidades les dan a movimientos populares, reprimidos a sangre y fuego; y con la limitación a la salida electoral luego del control de los partidos de oposición, que en la práctica se ha convertido en un sistema de partido único, estamos esperando el cambio de comportamiento de estos delincuentes. Anímese, Venezuela es un cuero seco, lo pisan de un lado y se levanta por otro (Antonio Guzmán Blanco), los disturbios están a la vuelta de la esquina.

Sepa que Estados Unidos aprobó en 2019 la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela (Verdad, por sus siglas en inglés), la cual establece que las sanciones no se aplicarán a transacciones para la venta de productos agrícolas, alimentos, medicamentos o dispositivos médicos, o para la prestación de asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela, y a cualquier transacción que les sea incidental o necesaria. Así que Nicolás, deje de esconderse detrás de las sanciones y cumpla con sus obligaciones de darle comida a los más necesitados y servicios públicos a toda la sociedad.

El gran logro de la revolución del socialismo del siglo XXI es que tengamos una vida solitaria, desagradable, pobre, brutal y corta (Hobbes).

@rangelrachadell

Conciliábulo de egregios

En junio de 2015 reflexionaba sobre la siguiente pregunta: ¿este desastre es solo desidia e irresponsabilidad, o es un genocidio en cámara lenta? La respuesta en esa oportunidad fue que en la gestión del gobierno hay “una intencionalidad, que todo es un engaño, un fraude, una simulación maliciosa con la intención de dañar a los más débiles”. Hoy, las ideas al respecto se han madurado.

Lo que estamos viviendo es el desarrollo esperado de todo despotismo. El sistema de dominación implementado aglutina la mayor cantidad de poder en unas pocas manos, un pequeño grupo difícil de identificar que se creen los mejores. Nicolás está acompañado de grupos de izquierda, militares y delincuentes comunes y corrientes. Esas mafias sostienen a la dictadura, cobran la represión de contado y en dólares, a algunos les entregan zonas de paz, territorios, estados completos y colecten su parte. Otros reciben carreteras y servicios públicos. Las gasolineras las adornan con flores y las protegen con soldaditos.

La diferencia entre las democracias y las dictaduras es la cantidad de personas ante quienes responde el gobernante, si son muchos los electores estos se manifiestan y controlan en elecciones libres, si depende de pocos los comicios son un fraude. Si el número de individuos a los que haya que satisfacer es muy alto, la solución se obtiene por la vía de los servicios públicos, obras de infraestructura, hospitales, acueductos, carreteras. En el supuesto que la coalición sea pequeña, el costo total de comprarlos es mucho menor y la corrupción se generaliza.

En este sistema de coalición pequeña se puede prescindir de las masas, son prescindibles. Eso sí, a los militares, a la policía y a los grupos ilegales que son su soporte debe mantenerlos contentos, cuando deje de pagarles lo abandonan y buscan quien les pague o les permita disfrutar de sus bien ganados ahorros. El truco es depender de la menor cantidad de personas y evitar que tengan medios de expresión en contra.

Estas ideas valen en Venezuela, una empresa, un club de playa o un condominio. La gente tiene que participar, exigir, manifestarse, buscar información, abandonar la comodidad, dejar de pensar que quiere vivir tranquila, de disfrutar de lo que pueda, y preocuparse por el gobierno, cualquiera que este sea. Es riesgoso entregar cheques en blanco de confianza, como las leyes habilitantes que permiten legislar sin control. La indiferencia se paga cara.

La educación que se imparte es la básica, suficiente y necesaria para que los obreros aprendan a leer y escribir, la primaria es excelente, pero hasta allí; cuando se habla de los centros de estudios superiores, esos donde enseñan a pensar, se consideran peligrosos. Cerrar las universidades, disminuir las carreras humanísticas, impedir la escogencia de sus autoridades, este es el reflejo de las políticas de coalición pequeña. La gente preparada es un riesgo porque es la que puede sustituir al régimen. Tener un ministro eficiente es una amenaza si demuestra que es mejor gerente que los demás. La negligencia es característica del mencionado sistema.

Lo que sucede en los hospitales es una manifestación clara del sistema dictatorial. Los enfermos son pocos y si se mueren es imposible que voten en contra. El servicio de agua potable es mediocre porque tienen que trabajar. Lo peor es que se dificulta enterarse de lo que pasa sin medios de comunicación. Eliminaron los periódicos, las emisoras de radio, los programas de opinión, persiguen a los periodistas; y, siendo el colmo, la pandemia restringe el derecho de reunión.

El régimen tuvo la suerte de que muchos venezolanos huyeran. Disminuyeron los votantes en contra y la gente que protesta; ahora las manifestaciones, al ser menos personas, se reprimen con pocos muertos. La dictadura recurre al recurso de los grupos paramilitares, los accidentes y la delincuencia común que elimina a los opositores. O la cárcel pura y simple.

Tener una coalición pequeña permite entregar riqueza a pocos, con unos millones de dólares es suficiente. Cuando Chávez gobernaba disfrutó del favor del pueblo y, aun así, permitió que se robaran los recursos económicos del sistema eléctrico, por eso y por la desidia de Nicolás es que tenemos problemas de electricidad. Otro ejemplo, la entrega de ingentes capitales a los militares con el Plan Bolívar 2000, creó la base de su poder si lo abandonaban las masas. Ese régimen de complicidad fue el que recibió el designado como heredero el 8 de diciembre de 2012.

Claro, con petróleo es fácil financiar la estructura de represión, solo que las medidas del gobierno americano en contra de los funcionarios del régimen y algunas limitaciones comerciales restringen los recursos a repartir, aunque el oro en el estado Bolívar les ha permitido solventar en parte los pagos a los miembros del conciliábulo. Una dictadura que tiene recursos naturales se convierte en una maldición. A más dinero reciban por vías distintas al trabajo de la sociedad, menos les importa el pueblo.

El sistema actual desconoció a los políticos de oposición y decidió crear un cuerpo legislativo a su imagen y semejanza. El grito de sumisión fue “Todos somos Nicolás”, y recibieron unos mendrugos de puestos de diputados sin representación que les impide negociar mejores cuotas de beneficios. Cayeron en la trampa de oro que buscaron.

Si queremos lograr un cambio tenemos que democratizar de nuevo a la sociedad, permitir medios de comunicación libres, partidos políticos independientes del gobierno, derecho de reunión y manifestaciones públicas. Sin olvidar a instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República, que hoy por hoy son parte del sistema de dominación del socialismo del siglo XXI. Queda mucho trabajo por ejecutar.

@rangelrachadell

De librito

 El presente tema obviará a Trump y su invitación a sus seguidores el 3 de enero de 2020 a manifestarse tres días después, o cuando ofreció luchar contra el supuesto fraude electoral o que detendría el robo de su triunfo. Lo demás es historia, sin demostrar nada, ni evitar que declararan ganador a Biden, finalizando en un desorden más parecido a la entrega de bombonas de gas en El Empedrao.

En Venezuela, cada tanto por cuanto, tenemos la costumbre de señalar que la solución a nuestros problemas es un golpe de Estado clásico, ese mismo que pone a funcionar las tanquetas, los aviones y los fusiles. La gente se enamora del desenlace que nos libera de nuestra responsabilidad al fracasar en conseguir por las buenas lo que otros logran por las malas, nuestro deus ex machina preferido (el equivalente a la caballería que llega al final de la película a resolver el entuerto en el que está metido el héroe). Razones hay de sobra, por ejemplo: los partidos intervenidos terminaron viendo utilizadas sus siglas en beneficio de la revolución, algo así como una marca Corn Flakes de Kellogg’s producida por el socialismo del siglo XXI. Podrán usar sus símbolos, pero todo el mundo sabe que no es de Kellogg’s. Las anteriores elecciones amañadas, controladas, suprimidas, alteradas impiden llamar a un nuevo proceso electoral. Sin respeto a los medios de participación es imposible convocar a una negociación; faltará la paz mientras falten las vías de expresión y los mecanismos de colaboración.

Si a alguien se le ocurriera dar un golpe de Estado o provocar un vacío de poder, tendría que llenar las formas, escribir sus justificaciones y seguir el Manual redactado dizque por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Manual práctico de Edward Luttwak o Tomando el poder de Naunihal Singh. Los golpistas del 4 de febrero de 1992, siguiendo el librito, intentaron matar a Carlos Andrés Pérez, pero se les escapó. Hay golpes sin violencia, llamados fríos, igual al que dio Nicolás en 2013, ratificó en 2018 y continuó en diciembre de 2020, tomó el control de la institucionalidad con la ayuda del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, al mejor estilo Fujimori en Perú.

En nuestra noble tierra, en 1948, la junta de gobierno, integrada por Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, disolvieron en toda la República al partido Acción Democrática, ordenaron la clausura de sus locales y suprimieron sus órganos y sus medios de publicidad y propaganda. Ni en eso Nicolás es original, sigue el librito.

La Asamblea Nacional Constituyente francesa (1789-1791) usó sus autoasignados poderes y atacó al clero católico, eliminó los diezmos, consideró que los bienes de la Iglesia estaban a disposición de la nación y procedieron a venderlos, suprimieron las órdenes religiosas y a la nobleza hereditaria; depuso al rey, el cual, en 1793, fue decapitado. Una revolución que asesine al rey es digna de tal nombre.

Los primeros decretos que los revolucionarios o aspirantes a golpista deben tener redactados versan sobre la eliminación de sus enemigos o de aquellos que puedan convertirse en su oposición. Aunque es el comportamiento esperado, a Carmona Estanga se le criticó que los decretos leídos el 12 de abril de 2002 (así lo da a entender Juan Carlos Zapata en El suicidio del poder en Venezuela) eran una torpeza, y reconocen que son réplica de los decretos de Chávez, es decir, seguían el librito de todo buen golpe de Estado. La injusta persecución a Brewer-Carías por la supuesta redacción de esa normativa –que hubiera sido transcrita sin errores si fueran de su autoría– llevó al jurista venezolano a exiliarse.

Los decretos de Chávez se referían a las siguientes disposiciones: disolución del Congreso Nacional, disolución de asambleas legislativas, disolución de cámaras edilicias, disolución de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, disolución del Consejo Supremo Electoral, elección de nuevas autoridades municipales por medio de asambleas populares y otros desafueros.

El anterior y el actual gobierno llevaron a cabo todas las medidas mencionadas y se encargó de expulsar a los políticos más conocidos, quedándose la escoria que en esos partidos fracasaron en avanzar o destacarse, y con una escoba barrió a unos hacia la supuesta oposición y a otros los incluyó en la nómina oficial, aunque todos cobran.

La denominada civilización petrolera (Ibsen Martínez) le ha costado resurgir de las cenizas en las que la postró el socialismo del siglo XXI y del black out informativo en el que estamos inmersos. Los alumnos del manual cumplieron sus objetivos, nos toca imaginar la manera de cambiar la situación.

Si tienen dudas de cuál es el talante de quien nos gobierna les aconsejo la lectura de El manual del dictador de Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith, muy entretenido y muestra que los hijos de Chávez siguen al pie de la letra esta segunda parte del golpe de Estado. Nuestra realidad parece un libro de texto.

@rangelrachadell