Nicolás está feliz

La semana pasada corrió el rumor que el presidente electo de Estados Unidos de América, Joe Biden, podría suavizar las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno chavista, acusados de ladrones, asesinos, extorsionadores y defraudadores del patrimonio de la República de Venezuela. Esos mismos por los que se ofreció recompensa por su detención. El levantamiento de las medidas lo plantean a cambio de que se efectúen elecciones libres; ya veremos si son presidenciales, de diputados, gobernadores, legisladores, alcaldes y de concejales. Unos megarrecontra comicios.

Que lo llamen dictador, sátrapa o criminal le es indiferente; si el gobierno de Estados Unidos lo llama a conversar lo está legitimando. Lo reconocerán como el hombre que manda de hecho en Venezuela, sin que le importe que desconozcan la investidura obtenida mediante el fraude en las elecciones de 2018, él atenderá el teléfono y oirá lo que tengan a bien pedirle. Descarto que sea sincero en su respuesta. Esa es la política real.

La estrategia de Nicolás es transparente, hará lo de siempre: una reunión con discurso, mucha gente, bastantes medios de comunicación; que se entere el mundo entero de que él, en un acto de magnanimidad, se reunió para hablar de una democracia manchada de sangre, roja rojita. Sus negociadores se comprometerán en liberar a los presos políticos y soltarán a dos o tres de los cientos que están en las mazmorras de los distintos cuerpos de seguridad. Las conversaciones se extenderán con la excusa de que ahora si tienen una Asamblea Nacional patriótica, con unos diputados que representan al pueblo, una oposición sumisa y bien pagada que acompañará todas las manifestaciones de apoyo al levantamiento de las medidas contra los funcionarios y a las empresas del gobierno. El negocio está primero.

Por supuesto, Nicolás, para sentarse a negociar sobre posibles elecciones, pedirá que le devuelvan las joyas de la corona: Citgo Petroleum Corporation, Monómeros Colombo Venezolanos S. A., y el control de las reservas de oro guardadas en el Banco de Inglaterra. Lo más seguro es que proponga que se repitan las votaciones de diputados a la Asamblea Nacional, por lo que los recién electos se sentirán defraudados cuando sean desechados en la negociación, sin influencia en las decisiones, sin nada que alegar a su favor. El objetivo es alargar la agonía. Los comicios presidenciales deberán esperar. Este es el arduo camino de la oposición.

Es posible que en la mesa de negociaciones se sienten representantes de la verdadera oposición, alguien designado por Guaidó o por los partidos que lo respaldan y todavía persisten en funciones en la Asamblea Nacional, hasta que sea electa una nueva. Los beligerantes obtendrán reconocimiento. El diligente Tribunal Supremo de Justicia dictará sentencia para dejar sin efecto las intervenciones de las organizaciones políticas que eran opositoras y ahora son afines al gobierno. La lista es larga, empezando por Copei que fue el primero que intervinieron y le designaron varias juntas interventoras que denominaron ad-hoc.

El gobierno se opondrá a la sustitución de magistrados del TSJ, eso es su seguro de vida en el supuesto negado de que los opositores obtengan más diputados que ellos. Siempre queda el viejo truco de dejar sin efecto la elección o desconocer al órgano legislativo, de perjudicarle el resultado. El Consejo Nacional Electoral será objeto de una nueva reestructuración, saldrán los cinco rectores afectos al régimen y designarán otros. Eso sí, nada de mutuo acuerdo, de dos para cada una de las partes y un independiente pro-gobierno, serán tres de la dictadura y dos desconocidos, lo toman o lo dejan, y la oposición tendrá el mismo dilema de 2004, un CNE medio aceptable, con el argumento de quien tiene los votos todo lo puede. La experiencia dicta lo contrario, la administración chavista se aprovechará de cualquier ventaja, juegan sucio y la trampa podría estar escondida en un artículo anodino de un reglamento olvidado.

La oposición pondrá en la mesa los temas álgidos, el hambre que pasa el pueblo y la búsqueda de comida en basureros. La emigración forzada y los muertos en la frontera, en Táchira, en Zulia o en el estado Sucre, la complicidad del gobierno de Trinidad y Tobago con los ahogados o la presencia de la FARC en nuestro territorio. La hiperinflación provocada por las medidas económicas y la falta de papel moneda para efectuar las transacciones al menudeo. La escasez de gasolina, la expoliación de los pocos dólares que tienen los venezolanos por un combustible cobrado a precio internacional con calidad de socialismo del siglo XXI. La corrupción oficial en general y la militar en particular. Las desapariciones forzadas provocadas por órganos como la FAES. El pernil que ofrecieron a cambio del voto y que nunca llegó o estaba descompuesto. La compra de la vacuna del covid-19. La violenta represión en contra de los manifestantes. De todas maneras, siempre se podrá agregar uno que otro asunto que Nicolás se niega a resolver.

De repente, todo termina, los gringos se desencantan y entienden que le siguieron el juego a la dictadura sin obtener nada a cambio, sin mejoras políticas, aunque tal vez una que otra reforma económica financiada por el imperio.

Como cantó Rubén Blades: “Esto se acabó, vida / La ilusión se fue, vieja / El tiempo es mi enemigo.

@rangelrachadell

Ahora nos toca a nosotros

El Consejo Nacional Electoral anunció –muy tarde– que ganó el chavismo, la oposición no reconoció, y todo sigue igual. Mucha hambre, misma falta de electricidad, idéntico desabastecimiento de gasolina. Queda la deuda de la comida y el pernil ofrecido a quienes trabajaron en los centros electorales, los verdaderos votantes de este proceso, aparte de los que estaban obligados a riesgo de perder su vivienda, su caja CLAP o su trabajo. Al último bono le faltó impulso para llegarle al precio del voto.

Los soldados fueron los testigos del proceso de este 6 de diciembre, ellos presenciaron la ausencia de electores en los centros de votación. Aparte de los aburridos funcionarios electorales, no detuvieron a ningún elector, tampoco las abuelitas le llevaron un pan ni una sopa. De nada les sirvió el fusil y el casco. En el transcurso de la semana observarán los anuncios oficiales que refieren miles de votantes que justificó que la jornada se extendiera hasta la noche en locales vacíos. Lo comentarán en la barraca, se lo dirán al familiar más cercano; la verdad correrá como pólvora y los tenientes, capitanes y mayores reconocerán lo que pasó. No votó nadie.

Pocos se trasnocharon esperando los resultados de las elecciones, a casi nadie le importó que le dieran medio cambur a cada partido político de Nicolás por su participación. Sin competencia real no hay baranda que mantenga la expectativa. Total, la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba leyes sin discutir o cumplir con el procedimiento constitucional, los nuevos empleados serán tan sumisos como aquellos. La jornada fue equivalente al 2 de diciembre de 1957 de Pérez Jiménez, puro funcionariado y algunos becados.

Después de las fraudulentas elecciones nadie toma en cuenta a Nicolás, y es ignorada su dignidad presidencial. Sabemos que Rusia, China, Turquía, Cuba e Irán emitirán las felicitaciones correspondientes. Las notas de estilo de las cancillerías dirán que el pueblo venezolano demostró –nuevamente– que se mantiene firme en su lucha contra el otro imperialismo y que la renovación de su Poder Legislativo fue un proceso pulcro, sin mancha, digno de ser copiado por cualquier otra dictadura. Un ejemplo de la democracia chavista para el mundo.

Desde el año pasado la cobertura internacional de lo que sucede en Venezuela ha disminuido. El tema sigue siendo los migrantes que huyen de este mar de la felicidad copia del cubano, la diáspora forzada por las políticas socialistas. Hoy, casi nadie está comentando lo que pasó en nuestro país, el guion escrito se desarrolló al pie de la letra. Los países que apoyan a Guaidó rechazaron los comicios antes de efectuarse y se pronunciaron al respecto, hasta el gobierno izquierdista de España declaró que no reconocería el resultado de las elecciones legislativas. Todo estaba preparado para que Nicolás ganase sin el menor esfuerzo. Sin novedad, sin sorpresas, sin gracia.

Las agencias internacionales de noticias coinciden en que en Venezuela se ha llegado a un equilibrio, el régimen ha perdido poder de maniobra, sin que lo obliguen a ceder o renunciar, y que ese contrapeso se mantendrá por varios años. Aseveran que la oposición ha desperdiciado su fuerza y que debe reagruparse, generar hechos políticos y mejorar su relación con los militares, esos mismos que hoy acompañan a Nicolás en sus desmanes. Considero que exageran, ni el gobierno ha resuelto los problemas que aquejan al venezolano, lo cual genera presión en su contra todos los días, ni los opositores se han rendido en su esfuerzo por la democracia y la libertad de nuestro país.

La incertidumbre no está en lo que hace el gobierno sino en lo que logrará la oposición en la nueva etapa política que se inicia con el intento fraudulento de sustituir la Asamblea Nacional con directivas impuestas y con seudodiputados afectos al régimen. Si los que no votamos el 6D manifestamos nuestro rechazo deberíamos encontrarnos muchos opositores en la calle; caso contrario, de ser otra reunión apática, nos merecemos la dictadura.

Los venezolanos que rechazamos la manera de vivir impuesta por el socialismo del siglo XXI, estamos llamados a manifestar nuestro rechazo al dictador, debemos participar, asistir y comprometernos con las iniciativas en contra de este gobierno, este es el objetivo principal, porque no se merecen gobernar. Protestar es insuficiente cuando le falta dirección política, así que mueva ese ánimo, tome su gorra, su bandera y nos vemos el 12 de diciembre en la consulta que convocó Juan Gerardo Guaidó.

Ahora nos toca a nosotros, a la verdadera oposición.

@rangelrachadell

Saludos desde Anchuria

 

Anchuria es el supuesto Estado en el que se desarrollan los cuentos de O. Henry, publicados en el libro Coles y Reyes. En este se delinea, por primera vez, una república bananera que, sin tener marina de guerra, designa un almirante al que no puede pagarle el sueldo, tampoco su tripulación, ni disponer gastos para la armada constituida por una única embarcación. En definitiva, “un país inestable, empobrecido, atrasado, tercermundista y corrupto, cuya economía depende de un solo producto, gobernado por un dictador legitimado de manera fraudulenta”, sometido a la hegemonía de una empresa (Cuba, Rusia, China o Irán), mediante sobornos o el ejercicio del poder militar. Como expone el Diccionario de la lengua española: Dicho principalmente de ciertos países de Iberoamérica: tercermundistas. Salimos retratados.

Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, recientemente dijo: “Nos vamos a convertir en Venezuela”, y acusó a varios gobiernos de intervenir en el proceso electoral de Estados Unidos a favor del candidato de oposición Joe Biden. Sea cierta o no la denuncia de intervención en esos comicios, ¿qué ha hecho el gobierno venezolano para ser ejemplo de una república bananera?

Giuliani dijo que no pueden permitir que estos delincuentes (se refiere a los demócratas) le roben una elección al pueblo estadounidense. Supongo que compara a la oposición con el Consejo Nacional Electoral, de quien Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic, estimó que “la diferencia entre la cantidad anunciada (por el CNE en la constituyente de 2017) y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores”. Sospecho que se quedaron cortos en la anterior cifra. Es decir, el CNE infló los resultados y la empresa mencionada denunció la manipulación de los números. No me extraña que en el fraudulento proceso electoral programado para el 6 de diciembre declaren la mayor participación de la historia en un proceso exitoso, gracias a los partidos previamente intervenidos por el Poder Judicial. Anunciarán millones y más millones de votos.

No me imagino cómo lograron piratear las máquinas y cambiar las papeletas que favorecen a Trump por las de Joe Biden. En todo caso, sustituir los resultados finales o las boletas involucra demasiadas alteraciones cuando en algunos estados son numeradas, presentan marcas de agua y las imprentas que las producen son vigiladas; llenarlas con el otro candidato; sellarlas; ponerlas en los buzones y desaparecer las originales. No es que no lo puedan urdir, es que implica la participación de varios cientos de personas a las que hay que pagar. Vista la certificación del estado de Georgia, Biden ganó por 12.670 votos; y si confiamos en los números no oficiales, ya que faltan otras certificaciones, en Arizona la diferencia fue de 10.457 votos; en Michigan 155.629; en Pensilvania 82.813. Los votos sustituidos en la cara de los republicanos debieron ser considerables, siendo difícil que no se hayan dado cuenta de tamaña irregularidad. Solo eso justifica que aleguen que en Georgia el recuento no es necesario porque “están contando los mismos votos fraudulentos una vez más”. Los poncharon parados.

Otro argumento es que robaron los votos gracias a la tecnología desarrollada en Venezuela. Tal vez el software “diseñado expresamente para ese propósito” se creó en nuestro país, sin embargo, no se ha mostrado el código del programa ni cómo se implantó. Somos unos genios y no lo sabíamos. Tengo mis dudas de que sea cierto porque, en las elecciones de Nicolás y Capriles en 2013, se imprimía primero el Acta de Escrutinio, y luego se transmitían los datos de la máquina de votación al CNE, así que la alteración de los resultados no pudo ocurrir si los testigos tenían copia del acta. La trampa está donde siempre, en la mesa electoral en la que no hay nadie de la oposición, allí ocurre la usurpación de identidad por personas que votan más de una vez por los electores que no fueron ese día. Aderezado con una ristra de irregularidades previas al día de la elección.

En Estados Unidos no existe el voto electrónico ni las máquinas electorales están conectadas a Internet en el momento de la votación, por lo que el fraude no puede hacerse en el mismo instante. En algunos estados el aparato es un lector de boletas marcadas a mano por el votante, por lo que queda la constancia.

Tampoco en Estados Unidos tienen un Poder Judicial como el nuestro, complaciente con el régimen, que promueve el incumplimiento de la Constitución, el cambio de la ley que establece el sistema electoral y sustituye a las directivas de los partidos políticos con dirigentes escogidos por el gobierno. En el país del norte respetan el llamado “principio Purcell”, doctrina derivada de un caso de 2006 en el que la Corte Suprema de Estados Unidos sugirió que los jueces federales no deberían alterar las reglas cerca de una elección, para no desorientar a los votantes y confundir las normas establecidas por funcionarios electorales estatales. En Venezuela se altera la legislación seis meses antes de los sufragios, lo cual es prohibido.

Las teorías conspirativas entretienen mucho, solo que o son imposibles de probar o requieren de la aceptación de la denuncia como acto de fe, equivalente a la que tiene que asumir el lector de ciencia ficción. Supermán vuela sin importar el proceso necesario para lograrlo. Trump debe las pruebas del fraude y el impacto de las supuestas irregularidades en el resultado de la votación.

@rangelrachadell

Trump, esa no es la vía

El proceso electoral en Estados Unidos ha transcurrido dentro de lo normal, aunque uno de los candidatos alegó que hubo fraude. Esta denuncia puede llevar a procesos legales en los estados y en la Corte Suprema de ese país. Como los votantes escogen a electores –sufragio indirecto o de segundo grado–, el presidente será escogido, formalmente, el 14 de diciembre. Mientras tanto, el candidato con más delegados es Biden.

En la Venezuela del socialismo del siglo XXI se ha hecho trampa antes, durante y después de culminado el proceso electoral. Confiar en los contendientes, en el organizador o en el árbitro es de una inocencia crasa. Todos poseen su interés, solo que algunos pueden influir en los escrutinios y a otros les es imposible. Un ejemplo de trampas previas es inhabilitar candidatos y rechazar su inscripción, este fue el subterfugio preferido del chavismo, como ahora es intervenir a las directivas de los partidos para que postulen a los afines a Nicolás y sus secuaces. También, cambiar las reglas sin reformar la ley, exigir requisitos inconstitucionales o irrespetar el derecho al voto son triquiñuelas comunes por estos lados.

En Estados Unidos hay 51 procesos electorales regulados por cada estado con procedimientos distintos. Es un proceso descentralizado. Solo dos de ellos establecieron un sistema cercano a la proporcionalidad entre votantes y delegados, en los demás el ganador se lo lleva todo. Las legislaturas estatales pueden limitar el derecho de los ciudadanos condenados por delitos de cualquier tipo, autorizar el voto presencial previo al día de las elecciones o por correo, o efectuar un preescrutinio (procesan, examinan y clasifican las boletas sin sumarlas). Los electores del colegio electoral se comprometen a votar por los candidatos que representan, aunque conservan su libertad de conciencia, cambiar su preferencia sería deshonesto.

Ya que estamos hablando de impugnaciones de elecciones, vale comentar que el principal principio es el respeto a la voluntad del elector, el vicio denunciado debe afectar el total de la elección, ser determinante en el escrutinio. Así, si impugnan y logran anular 150 boletas y la diferencia es de miles de votos, esa acusación carece de relevancia jurídica que afecte al ganador. Las irregularidades son consecuencia del fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del registro electoral, en las votaciones o en los escrutinios, o el incumplimiento del procedimiento. Denunciar es insuficiente, es necesaria la prueba y la incidencia en el resultado.

Los abogados de Trump pueden probar algunos hechos, por ejemplo, centros electorales constituidos de manera ilegal, sin funcionarios designados o votación en un sitio distinto al establecido; votos por correo que se emitieron antes o llegaron después de la fecha establecida por el estado; violencia hacia los votantes, ya sea por los miembros de mesa o terceros que los obligasen a abstenerse de votar o sufragar en contra de su voluntad o que sea imposible determinarla en el instrumento electoral (Florida 2000), solo que en este último caso se ordenó paralizar el reconteo al Tribunal Supremo de Florida. Nunca se ha ordenado detener un escrutinio por sospechas.

Las denuncias de un supuesto fraude parten de que la autoridad electoral del estado de Pensilvania, apoyada por su Corte Suprema, autorizó tomar en cuenta las boletas recibidas hasta el 6 de noviembre de 2020, siempre y cuando fueran emitidas (sello postal) incluso el 3 de noviembre. La legislatura del estado de Pensilvania (al igual que las de Michigan y Wisconsin) está liderada por el Partido Republicano, el proceso electoral se efectuó con sus leyes, pudieron cambiar las reglas y limitar el ejercicio del voto por correo, pero no lo intentaron. Otro ejemplo, en Carolina del Norte se recibirán las boletas enviadas por correo hasta el 12 de noviembre.

La denuncia es de tipo formal, no se alega un fraude en la emisión del voto sino en la recepción del mismo por la autoridad electoral. La manifestación de voluntad del votante se considera cierta, pero llegó fuera del lapso previsto según Trump, el día de la elección. La Corte Suprema ordenó separar esas boletas, estimadas extemporáneas por el denunciante, y esto implica contabilizarlas aparte. Si luego de contar todos los comprobantes “legales”, a criterio de los denunciantes, la diferencia cambia con las boletas “extemporáneas”, se podría revisar su legalidad. Se calculan en 4.000 los votos que se encuentran en esta circunstancia, y Biden supera al presidente por más de 40.000.

Si los abogados de Trump logran identificar otras irregularidades, todavía falta determinar si son relevantes para la escogencia de los electores, aunque otros estados le den a su contrincante los delegados que necesita.

El recuento de votos podría anular algunas boletas, ya sean de las que llegaron por correo o de las que se emitieron de manera presencial. Estos reconteos no suelen alterar el total, son porcentajes despreciables, sin incidencia, como el asunto ese de los muertos que votan (es posible, pero son muy pocos). En todos los estados la diferencia en muy amplia como para confiar en la efectividad de los recursos legales que ofrece presentar el equipo de Trump.

El expresidente George W. Bush se refirió a Biden como “presidente electo”, por lo que le auguro a Trump pocas posibilidades de alterar los resultados.

@rangelrachadell

Hablemos de la guerra

En la guerra civil de independencia desapareció 20% de la población, entre ellos 10.000 soldados españoles venidos del otro lado del océano Atlántico. De Venezuela se fue el mismo porcentaje del pueblo huyendo de las políticas del socialismo del siglo XXI. La recesión de la Segunda Guerra Mundial fue mayor a 15% del producto interno bruto, nuestro país perderá 70% del PIB en el gobierno de Nicolás. En toda conflagración la moneda es otra de las víctimas, pierde valor por la falta de confianza y se genera inflación. El primer peso venezolano lo hizo polvo la ausencia de respaldo, como sucede ahora.

El que nos quiera invadir enfrentará varios problemas. Si vienen de Colombia van a recorrer más de 800 kilómetros vía a Caracas, ya sea que partan desde Cúcuta o de Maicao, por carreteras destrozadas, con muchos puentes que pueden ser dinamitados y pasos por ríos profundos. Alimentar ese ejército invasor es difícil, sería con su propia comida, sin ganadería ni agricultura que sustente a los propios venezolanos poco podemos aportar a ese esfuerzo. Eso que llaman proteína de origen animal y la aportan las carnes de res o de cerdo, los huevos, la leche o el pescado, al igual que las frutas, verduras o ensaladas habrá que importarlos.

El gobierno de Nicolás aplicó la estrategia de tierra arrasada con mucha antelación, devastó la economía, esa industria que podría aportar la manutención a las propias fuerzas o a las rebeldes fue destruida. Les pasaría igual que al ejército de Napoleón en Rusia, que tenía la mala costumbre de aprovisionarse con los bienes del país que invadían, solo que en el invierno ruso les fue imposible conseguir la comida.

Los conquistadores pueden traer sus propios generadores eléctricos que los iluminen, ya que aquí la electricidad apenas alcanza a unas pocas horas y la mayor producción se encuentra en la represa del Guri. Si quieren gasolina deberán tomar las refinerías y ponerlas a funcionar. Se lo agradecemos encarecidamente, las colas son insoportables.

Los gringos, ya vengan solos o acompañados, son muy organizados, ellos transportan sus hospitales de campaña, sus tratamientos y médicos capacitados. En cambio, la resistencia socialista se conformará con algunos Médicos Integrales Comunitarios (MIC) que atenderán a los milicianos de la vanguardia del gobierno. Me refiero a esas tropas de las que desconfía el régimen por ser civiles recién vestidos, perdón: uniformados, sin disciplina ni arraigo comunista. Debe existir un inventario farmacéutico hecho en la India, Turquía e Irán, a disposición de la tropa al servicio de Nicolás.

El principal objetivo estratégico es el jaque mate al que da la cara, sin saber si es el que gobierna. Los militares están en todos los cargos, sin importar su especialidad. La presencia militar la podemos observar cobrando en dólares en una gasolinera (allí dan algo a cambio) a un ministerio u organismo de lo que sea, por ejemplo: Corpoelec.

Nadie sabe adónde vive ese pobre hombre que dice que manda, si tiene residencia conocida, o duerme en una cama diferente todos los días, al igual que otros dirigentes. Apenas visitan sus casas ubicadas en la zona montañosa cerca de Caracas. Atrapar una pieza del ajedrez es indispensable, como Chávez al intentar matar a Carlos Andrés Pérez. Hay que conquistar los símbolos del poder, solo que estos se han difuminado. En el pasado, el que se apropiase de la casa de gobierno o Miraflores era equivalente a tomar la colina, lograba el triunfo. Ahora, el chavismo ha logrado quitarle el atractivo ya que se ignora quién gobierna; puede que se encuentre en Fuerte Tiuna o en La Habana, en directo o a control remoto.

La guerra de baja intensidad que ha implantado el gobierno contra la sociedad les ha dado buenos resultados a ellos y malos a todos los demás; sin embargo, toda confrontación cuenta con la producción de las empresas nacionales. Por mucho dinero que posea una de las partes debe producir uniformes, botas, municiones, rifles, bombas, cañones. Si el interés fuera resistir el ataque necesita mantener unas guerrillas o partisanos con el apoyo del pueblo. Esto cuesta mucha plata.

Tumbar un gobierno es complejo, a veces se caen solos. La situación se parece al ataque a una fortaleza, en la que el país es el castillo. En esta época moderna el asedio es virtual, se cierran las fuentes de dinero, se le impide comprar y vender en la comunidad internacional, desaparece el crédito, se ofrece recompensa por los dirigentes y se les dificulta viajar. Hasta la Edad Media, con infantería, maquinaria, recursos, tiempo, puede que demasiado, se lograba vencer la resistencia. Pero eso está pasado de moda desde que, a fuerza de cañonazos, cayó Constantinopla, por lo que todo fuerte puede ser conquistado.

El gobierno de España asevera que estamos ante una crisis multidimensional, y que la salida debe ser negociada y con elecciones libres; lo cuales es un falso resumen de la situación. La inestabilidad es producto de la mala administración chavista, y la solución es que se vayan, por las buenas, solo así se podrán organizar unos verdaderos comicios; de lo contrario, la guerra será considerada una opción.

@rangelrachadell

Todo será secreto

Sobre la Ley Antibloqueo que aprobó el chavismo en su asamblea nacional constituyente se ha dicho mucho, por lo que me concentraré en 16% del articulado que se refiere al ocultamiento de información necesaria para el control de la Administración Pública. Esos que corrompen los principios de responsabilidad y transparencia a los que se refiere la Constitución. A los militares les encanta colocar ese sello de Top secret.

Un repaso de la Constitución nos indica que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre… responsable (Artículo 6). Esto significa que indemnizará por los daños que provoquen sus actos, y las violaciones constitucionales o legales en las que incurra. Además, la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios… de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (Artículo 141). Por si acaso, la declaración de los estados de excepción no puede modificar el principio de responsabilidad del usurpador, ni la del vicepresidente ejecutivo, ni la de los ministros (Artículo 232).

Nicolás dijo que la ley era “para blindarnos”, y el primer blindaje es que averiguar las operaciones económicas relacionadas con esta normativa es prohibido, porque impide el acceso a la información. El principal argumento para ocultar los documentos son las medidas coercitivas unilaterales y otras restrictivas o punitivas dictadas por otros países, sin aclarar si se refiere a las sanciones a los funcionarios o a la recompensa ofrecida por ellos. La solución fue equiparar el supuesto bloqueo a la seguridad de la nación, en consecuencia, toda la documentación relacionada con esa ley será inaccesible.

Se oculta quienes adquieren los bienes del Estado, cuánto pagan, plazos y condiciones, garantías, excepciones de responsabilidad, procedimientos de licitación o asignación directa, los actos y registros, la jurisdicción aplicable (país en el que se podrá exigir el incumplimiento de obligaciones), causales de nulidad, métodos de interpretación, etcétera. En fin, de todo aquello que el medalaganismo pueda incluir.

Por ejemplo, puede pasar que un fulanito compre un bien o las acciones de una empresa, a precio de gallina flaca, en largos y olvidadizos plazos (recuerden la factura petrolera que debe Cuba), en condiciones favorables y sin garantías, otorgado a dedo, y que las diferencias sobre el cumplimiento sean decididas por las cortes de la República de Turquía (la ley que regirá la controversia “governing law”, o los tribunales, verbigracia, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York o los juzgados de la ciudad de Londres). Será inalcanzable conocer esa operación y sus documentos. Si piensa que esto no es posible lo invito a averiguar quién es el propietario del diario Últimas Noticias, si obtiene el nombre en el Registro Mercantil me dice para publicarlo.

Este secretismo es un régimen transitorio –que se mantendrá hasta que caiga el socialismo del siglo XXI– en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto. Se busca, según la ley, proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público, lo cual es incongruente. Si una acción del gobierno es efectiva debería ser publicitada en vez de protegerla mediante la reserva. Otro ejemplo, si venden Movilnet a una empresa china y esta mejora las comunicaciones, arregla el Internet, no eleva en exceso las tarifas; podemos esperar que el vendedor se vanaglorie de sus éxitos, diga quién compró, en cuánto y demás detalles de la operación. Nada de esto será posible.

Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada –es decir, desde una alcaldía–, por razones de interés y conveniencia nacional (definida por ellos), podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a todo expediente, documento, información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo. Si el negocio se lo dan a la novia del funcionario, al ahijado, al primo o a la esposa, nadie podrá enterarse. Ojos que no ven pecado que no se conoce.

Una vez que los documentos se declaren secretos se prohibirá su acceso, y si desconoce lo que expresan tampoco podrá solicitar copia, ni simple ni certificada. En el supuesto que un funcionario le permita acceder a su contenido podrán ir presos ambos. De nada le valdrán los privilegios profesionales que gozan los periodistas o los abogados para proteger su fuente, porque todos aquellos funcionarios que presten servicio en cualquiera de los órganos del Poder Público o cualquier institución del Estado y divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado, comprometiendo la seguridad y defensa de la nación, serán penados con prisión de cinco a diez años (Artículo 55 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación).

Lo que es el colmo es que los ciudadanos quedemos sin enterarnos de la inaplicación de normas de rango legal o sublegal para que el Estado negocie sin control. Se subvierte el bloque de la legalidad que es todo el entramado de leyes, reglamentaciones y directivas dictadas por la Administración Pública en sus manifestaciones político territoriales. Patean la Constitución y las leyes y dicen que es temporal. Después no les gusta que digan que esto es una dictadura.

@rangelrachadell

La protesta es contagiosa

 

Que alegría, el pueblo protesta. En la Venezuela profunda, esa que depende de la caja Clap, que sobrevive con los bonos y pensiones decide que es insoportable la privación de los servicios públicos. La protesta se reinicia por mejores condiciones de vida que la dictadura de Nicolás niega a la mayoría.

Tengo la impresión que las razones de la protesta; aparte de la falta evidente de gasolina, agua y electricidad, servicios que permiten producir y transportar la comida; tienen íntima relación con las elecciones a ser realizadas el 6 de diciembre; que, de todas maneras, veo muy difícil que se efectúen (esto es un pálpito).

El pueblo, nosotros, sabemos que Nicolás y los militares que lo acompañan mantendrán esta situación o la empeorarán. Necesitamos dirigentes alejados del comunismo y miembros de la fuerza armada respetuosos de los derechos humanos, poca cosa. También, que las elecciones convocadas dejarán de resolver los problemas, ya que son una farsa. Con candidatos afectos a la dictadura, postulados por las directivas designadas por el gobierno por medio del Tribunal Supremo de Justicia, tendremos comicios fraudulentos con diputados vendidos al postor socialista.

Las protestas, por muy válidas y esperadas que fueran, nos tomaron, al igual que al gobierno, desprevenidos. Empezaron por pueblos del estado Yaracuy, uno de los estados más chavistas, agrícola por excelencia; y siguieron en Guárico, otro estado en el que muchos de sus habitantes trabajan la tierra. Lo inesperado se hizo posible en las narices de los militares que todo lo ven, lo oyen y saben lo que se hace y lo que se deja de hacer.

Los contingentes castrenses están concentrados en las principales ciudades, esas mismas que van a dejar desguarnecidas al trasladarlos al interior del país, bien lejos de las fuentes de abastecimiento y de negocio. En Nirgua o Chivacoa faltan dólares. Santa María de Ipire queda a más de 4 horas de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico. Controlar las protestas de ese estado conlleva movilizar unos cuantos soldados desde el Fuerte Conopoima que pueden ser necesarios en esa ciudad o en otras cercanas.

Sin embargo, para reprimir tienen que reunir las armas con las municiones, lo cual evitan hace años. Esa estrategia que debilitaba a los comandantes de batallones tendrá que ser dejada a un lado y darles poder de fuego. Lo malo es que las conclusiones de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas, ha alertado al mundo y a los ingenuos que pensaban que el alto gobierno es inocente de los abusos, torturas y desapariciones. Expresa el informe: las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad. Los muertos pesarán en los hombros de la institución militar, de aquellos que aparentan ser descendientes de los libertadores.

Hagamos lo que plantea Tarek William Saab, fiscal designado de forma ilegal por la asamblea nacional constituyente, una reestructuración, pero del alto gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, en fin, de todos los poderes públicos. Eso se logra con elecciones presidenciales limpias, con partidos políticos libres y con condiciones electorales justas llevadas a cabo por un CNE escogido conforme a la Constitución.

Intuyo que Tarek, cuando se refiere a reestructurar a los cuerpos policiales, está proponiendo despedir al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (r) Néstor Luis Reverol Torres, quien es el superior jerárquico de algunas de estas policías junto con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división Edylberto Molina, porque de otras policías es Nicolás. Los destituidos serían: el comisario jefe José Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); el mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general de división Elio Estrada Paredes; y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario general Douglas Rico. Vaya usted a saber quién es el director general de los colectivos. Casi todos militares.

Esta propuesta reconoce las atrocidades que recoge el informe de la ONU, aunque será una pérdida de tiempo en este gobierno de militares quienes se opondrán a ser los paganos de las decisiones de otros. El que puede terminar botado de su cargo es ese funcionario del Ministerio Público que pide la reestructuración.

El fiscal desconoce lo que pasa en el país. Falta que alegue locura. Todavía está leyendo el extenso informe de la ONU. Espero que pueda dormir, porque a los cómplices por omisión les cuesta conciliar el sueño.

Por lo pronto, seguiremos protestando.

@rangelrachadell