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24 noviembre 2020

Saludos desde Anchuria

 

Anchuria es el supuesto Estado en el que se desarrollan los cuentos de O. Henry, publicados en el libro Coles y Reyes. En este se delinea, por primera vez, una república bananera que, sin tener marina de guerra, designa un almirante al que no puede pagarle el sueldo, tampoco su tripulación, ni disponer gastos para la armada constituida por una única embarcación. En definitiva, “un país inestable, empobrecido, atrasado, tercermundista y corrupto, cuya economía depende de un solo producto, gobernado por un dictador legitimado de manera fraudulenta”, sometido a la hegemonía de una empresa (Cuba, Rusia, China o Irán), mediante sobornos o el ejercicio del poder militar. Como expone el Diccionario de la lengua española: Dicho principalmente de ciertos países de Iberoamérica: tercermundistas. Salimos retratados.


Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, recientemente dijo: “Nos vamos a convertir en Venezuela”, y acusó a varios gobiernos de intervenir en el proceso electoral de Estados Unidos a favor del candidato de oposición Joe Biden. Sea cierta o no la denuncia de intervención en esos comicios, ¿qué ha hecho el gobierno venezolano para ser ejemplo de una república bananera?


Giuliani dijo que no pueden permitir que estos delincuentes (se refiere a los demócratas) le roben una elección al pueblo estadounidense. Supongo que compara a la oposición con el Consejo Nacional Electoral, de quien Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic, estimó que “la diferencia entre la cantidad anunciada (por el CNE en la constituyente de 2017) y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores”. Sospecho que se quedaron cortos en la anterior cifra. Es decir, el CNE infló los resultados y la empresa mencionada denunció la manipulación de los números. No me extraña que en el fraudulento proceso electoral programado para el 6 de diciembre declaren la mayor participación de la historia en un proceso exitoso, gracias a los partidos previamente intervenidos por el Poder Judicial. Anunciarán millones y más millones de votos.


No me imagino cómo lograron piratear las máquinas y cambiar las papeletas que favorecen a Trump por las de Joe Biden. En todo caso, sustituir los resultados finales o las boletas involucra demasiadas alteraciones cuando en algunos estados son numeradas, presentan marcas de agua y las imprentas que las producen son vigiladas; llenarlas con el otro candidato; sellarlas; ponerlas en los buzones y desaparecer las originales. No es que no lo puedan urdir, es que implica la participación de varios cientos de personas a las que hay que pagar. Vista la certificación del estado de Georgia, Biden ganó por 12.670 votos; y si confiamos en los números no oficiales, ya que faltan otras certificaciones, en Arizona la diferencia fue de 10.457 votos; en Michigan 155.629; en Pensilvania 82.813. Los votos sustituidos en la cara de los republicanos debieron ser considerables, siendo difícil que no se hayan dado cuenta de tamaña irregularidad. Solo eso justifica que aleguen que en Georgia el recuento no es necesario porque “están contando los mismos votos fraudulentos una vez más”. Los poncharon parados.


Otro argumento es que robaron los votos gracias a la tecnología desarrollada en Venezuela. Tal vez el software “diseñado expresamente para ese propósito” se creó en nuestro país, sin embargo, no se ha mostrado el código del programa ni cómo se implantó. Somos unos genios y no lo sabíamos. Tengo mis dudas de que sea cierto porque, en las elecciones de Nicolás y Capriles en 2013, se imprimía primero el Acta de Escrutinio, y luego se transmitían los datos de la máquina de votación al CNE, así que la alteración de los resultados no pudo ocurrir si los testigos tenían copia del acta. La trampa está donde siempre, en la mesa electoral en la que no hay nadie de la oposición, allí ocurre la usurpación de identidad por personas que votan más de una vez por los electores que no fueron ese día. Aderezado con una ristra de irregularidades previas al día de la elección.


En Estados Unidos no existe el voto electrónico ni las máquinas electorales están conectadas a Internet en el momento de la votación, por lo que el fraude no puede hacerse en el mismo instante. En algunos estados el aparato es un lector de boletas marcadas a mano por el votante, por lo que queda la constancia.


Tampoco en Estados Unidos tienen un Poder Judicial como el nuestro, complaciente con el régimen, que promueve el incumplimiento de la Constitución, el cambio de la ley que establece el sistema electoral y sustituye a las directivas de los partidos políticos con dirigentes escogidos por el gobierno. En el país del norte respetan el llamado “principio Purcell”, doctrina derivada de un caso de 2006 en el que la Corte Suprema de Estados Unidos sugirió que los jueces federales no deberían alterar las reglas cerca de una elección, para no desorientar a los votantes y confundir las normas establecidas por funcionarios electorales estatales. En Venezuela se altera la legislación seis meses antes de los sufragios, lo cual es prohibido.


Las teorías conspirativas entretienen mucho, solo que o son imposibles de probar o requieren de la aceptación de la denuncia como acto de fe, equivalente a la que tiene que asumir el lector de ciencia ficción. Supermán vuela sin importar el proceso necesario para lograrlo. Trump debe las pruebas del fraude y el impacto de las supuestas irregularidades en el resultado de la votación.


@rangelrachadell

10 noviembre 2020

Trump, esa no es la vía


El proceso electoral en Estados Unidos ha transcurrido dentro de lo normal, aunque uno de los candidatos alegó que hubo fraude. Esta denuncia puede llevar a procesos legales en los estados y en la Corte Suprema de ese país. Como los votantes escogen a electores –sufragio indirecto o de segundo grado–, el presidente será escogido, formalmente, el 14 de diciembre. Mientras tanto, el candidato con más delegados es Biden.


En la Venezuela del socialismo del siglo XXI se ha hecho trampa antes, durante y después de culminado el proceso electoral. Confiar en los contendientes, en el organizador o en el árbitro es de una inocencia crasa. Todos poseen su interés, solo que algunos pueden influir en los escrutinios y a otros les es imposible. Un ejemplo de trampas previas es inhabilitar candidatos y rechazar su inscripción, este fue el subterfugio preferido del chavismo, como ahora es intervenir a las directivas de los partidos para que postulen a los afines a Nicolás y sus secuaces. También, cambiar las reglas sin reformar la ley, exigir requisitos inconstitucionales o irrespetar el derecho al voto son triquiñuelas comunes por estos lados.


En Estados Unidos hay 51 procesos electorales regulados por cada estado con procedimientos distintos. Es un proceso descentralizado. Solo dos de ellos establecieron un sistema cercano a la proporcionalidad entre votantes y delegados, en los demás el ganador se lo lleva todo. Las legislaturas estatales pueden limitar el derecho de los ciudadanos condenados por delitos de cualquier tipo, autorizar el voto presencial previo al día de las elecciones o por correo, o efectuar un preescrutinio (procesan, examinan y clasifican las boletas sin sumarlas). Los electores del colegio electoral se comprometen a votar por los candidatos que representan, aunque conservan su libertad de conciencia, cambiar su preferencia sería deshonesto.


Ya que estamos hablando de impugnaciones de elecciones, vale comentar que el principal principio es el respeto a la voluntad del elector, el vicio denunciado debe afectar el total de la elección, ser determinante en el escrutinio. Así, si impugnan y logran anular 150 boletas y la diferencia es de miles de votos, esa acusación carece de relevancia jurídica que afecte al ganador. Las irregularidades son consecuencia del fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del registro electoral, en las votaciones o en los escrutinios, o el incumplimiento del procedimiento. Denunciar es insuficiente, es necesaria la prueba y la incidencia en el resultado.


Los abogados de Trump pueden probar algunos hechos, por ejemplo, centros electorales constituidos de manera ilegal, sin funcionarios designados o votación en un sitio distinto al establecido; votos por correo que se emitieron antes o llegaron después de la fecha establecida por el estado; violencia hacia los votantes, ya sea por los miembros de mesa o terceros que los obligasen a abstenerse de votar o sufragar en contra de su voluntad o que sea imposible determinarla en el instrumento electoral (Florida 2000), solo que en este último caso se ordenó paralizar el reconteo al Tribunal Supremo de Florida. Nunca se ha ordenado detener un escrutinio por sospechas.


Las denuncias de un supuesto fraude parten de que la autoridad electoral del estado de Pensilvania, apoyada por su Corte Suprema, autorizó tomar en cuenta las boletas recibidas hasta el 6 de noviembre de 2020, siempre y cuando fueran emitidas (sello postal) incluso el 3 de noviembre. La legislatura del estado de Pensilvania (al igual que las de Michigan y Wisconsin) está liderada por el Partido Republicano, el proceso electoral se efectuó con sus leyes, pudieron cambiar las reglas y limitar el ejercicio del voto por correo, pero no lo intentaron. Otro ejemplo, en Carolina del Norte se recibirán las boletas enviadas por correo hasta el 12 de noviembre.


La denuncia es de tipo formal, no se alega un fraude en la emisión del voto sino en la recepción del mismo por la autoridad electoral. La manifestación de voluntad del votante se considera cierta, pero llegó fuera del lapso previsto según Trump, el día de la elección. La Corte Suprema ordenó separar esas boletas, estimadas extemporáneas por el denunciante, y esto implica contabilizarlas aparte. Si luego de contar todos los comprobantes “legales”, a criterio de los denunciantes, la diferencia cambia con las boletas “extemporáneas”, se podría revisar su legalidad. Se calculan en 4.000 los votos que se encuentran en esta circunstancia, y Biden supera al presidente por más de 40.000.


Si los abogados de Trump logran identificar otras irregularidades, todavía falta determinar si son relevantes para la escogencia de los electores, aunque otros estados le den a su contrincante los delegados que necesita.


El recuento de votos podría anular algunas boletas, ya sean de las que llegaron por correo o de las que se emitieron de manera presencial. Estos reconteos no suelen alterar el total, son porcentajes despreciables, sin incidencia, como el asunto ese de los muertos que votan (es posible, pero son muy pocos). En todos los estados la diferencia en muy amplia como para confiar en la efectividad de los recursos legales que ofrece presentar el equipo de Trump.


El expresidente George W. Bush se refirió a Biden como “presidente electo”, por lo que le auguro a Trump pocas posibilidades de alterar los resultados.


@rangelrachadell


27 octubre 2020

Hablemos de la guerra


En la guerra civil de independencia desapareció 20% de la población, entre ellos 10.000 soldados españoles venidos del otro lado del océano Atlántico. De Venezuela se fue el mismo porcentaje del pueblo huyendo de las políticas del socialismo del siglo XXI. La recesión de la Segunda Guerra Mundial fue mayor a 15% del producto interno bruto, nuestro país perderá 70% del PIB en el gobierno de Nicolás. En toda conflagración la moneda es otra de las víctimas, pierde valor por la falta de confianza y se genera inflación. El primer peso venezolano lo hizo polvo la ausencia de respaldo, como sucede ahora.


El que nos quiera invadir enfrentará varios problemas. Si vienen de Colombia van a recorrer más de 800 kilómetros vía a Caracas, ya sea que partan desde Cúcuta o de Maicao, por carreteras destrozadas, con muchos puentes que pueden ser dinamitados y pasos por ríos profundos. Alimentar ese ejército invasor es difícil, sería con su propia comida, sin ganadería ni agricultura que sustente a los propios venezolanos poco podemos aportar a ese esfuerzo. Eso que llaman proteína de origen animal y la aportan las carnes de res o de cerdo, los huevos, la leche o el pescado, al igual que las frutas, verduras o ensaladas habrá que importarlos.


El gobierno de Nicolás aplicó la estrategia de tierra arrasada con mucha antelación, devastó la economía, esa industria que podría aportar la manutención a las propias fuerzas o a las rebeldes fue destruida. Les pasaría igual que al ejército de Napoleón en Rusia, que tenía la mala costumbre de aprovisionarse con los bienes del país que invadían, solo que en el invierno ruso les fue imposible conseguir la comida.


Los conquistadores pueden traer sus propios generadores eléctricos que los iluminen, ya que aquí la electricidad apenas alcanza a unas pocas horas y la mayor producción se encuentra en la represa del Guri. Si quieren gasolina deberán tomar las refinerías y ponerlas a funcionar. Se lo agradecemos encarecidamente, las colas son insoportables.


Los gringos, ya vengan solos o acompañados, son muy organizados, ellos transportan sus hospitales de campaña, sus tratamientos y médicos capacitados. En cambio, la resistencia socialista se conformará con algunos Médicos Integrales Comunitarios (MIC) que atenderán a los milicianos de la vanguardia del gobierno. Me refiero a esas tropas de las que desconfía el régimen por ser civiles recién vestidos, perdón: uniformados, sin disciplina ni arraigo comunista. Debe existir un inventario farmacéutico hecho en la India, Turquía e Irán, a disposición de la tropa al servicio de Nicolás.


El principal objetivo estratégico es el jaque mate al que da la cara, sin saber si es el que gobierna. Los militares están en todos los cargos, sin importar su especialidad. La presencia militar la podemos observar cobrando en dólares en una gasolinera (allí dan algo a cambio) a un ministerio u organismo de lo que sea, por ejemplo: Corpoelec.


Nadie sabe adónde vive ese pobre hombre que dice que manda, si tiene residencia conocida, o duerme en una cama diferente todos los días, al igual que otros dirigentes. Apenas visitan sus casas ubicadas en la zona montañosa cerca de Caracas. Atrapar una pieza del ajedrez es indispensable, como Chávez al intentar matar a Carlos Andrés Pérez. Hay que conquistar los símbolos del poder, solo que estos se han difuminado. En el pasado, el que se apropiase de la casa de gobierno o Miraflores era equivalente a tomar la colina, lograba el triunfo. Ahora, el chavismo ha logrado quitarle el atractivo ya que se ignora quién gobierna; puede que se encuentre en Fuerte Tiuna o en La Habana, en directo o a control remoto.


La guerra de baja intensidad que ha implantado el gobierno contra la sociedad les ha dado buenos resultados a ellos y malos a todos los demás; sin embargo, toda confrontación cuenta con la producción de las empresas nacionales. Por mucho dinero que posea una de las partes debe producir uniformes, botas, municiones, rifles, bombas, cañones. Si el interés fuera resistir el ataque necesita mantener unas guerrillas o partisanos con el apoyo del pueblo. Esto cuesta mucha plata.


Tumbar un gobierno es complejo, a veces se caen solos. La situación se parece al ataque a una fortaleza, en la que el país es el castillo. En esta época moderna el asedio es virtual, se cierran las fuentes de dinero, se le impide comprar y vender en la comunidad internacional, desaparece el crédito, se ofrece recompensa por los dirigentes y se les dificulta viajar. Hasta la Edad Media, con infantería, maquinaria, recursos, tiempo, puede que demasiado, se lograba vencer la resistencia. Pero eso está pasado de moda desde que, a fuerza de cañonazos, cayó Constantinopla, por lo que todo fuerte puede ser conquistado.


El gobierno de España asevera que estamos ante una crisis multidimensional, y que la salida debe ser negociada y con elecciones libres; lo cuales es un falso resumen de la situación. La inestabilidad es producto de la mala administración chavista, y la solución es que se vayan, por las buenas, solo así se podrán organizar unos verdaderos comicios; de lo contrario, la guerra será considerada una opción.


@rangelrachadell

13 octubre 2020

Todo será secreto


Sobre la Ley Antibloqueo que aprobó el chavismo en su asamblea nacional constituyente se ha dicho mucho, por lo que me concentraré en 16% del articulado que se refiere al ocultamiento de información necesaria para el control de la Administración Pública. Esos que corrompen los principios de responsabilidad y transparencia a los que se refiere la Constitución. A los militares les encanta colocar ese sello de Top secret.


Un repaso de la Constitución nos indica que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre… responsable (Artículo 6). Esto significa que indemnizará por los daños que provoquen sus actos, y las violaciones constitucionales o legales en las que incurra. Además, la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios… de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (Artículo 141). Por si acaso, la declaración de los estados de excepción no puede modificar el principio de responsabilidad del usurpador, ni la del vicepresidente ejecutivo, ni la de los ministros (Artículo 232).


Nicolás dijo que la ley era “para blindarnos”, y el primer blindaje es que averiguar las operaciones económicas relacionadas con esta normativa es prohibido, porque impide el acceso a la información. El principal argumento para ocultar los documentos son las medidas coercitivas unilaterales y otras restrictivas o punitivas dictadas por otros países, sin aclarar si se refiere a las sanciones a los funcionarios o a la recompensa ofrecida por ellos. La solución fue equiparar el supuesto bloqueo a la seguridad de la nación, en consecuencia, toda la documentación relacionada con esa ley será inaccesible.


Se oculta quienes adquieren los bienes del Estado, cuánto pagan, plazos y condiciones, garantías, excepciones de responsabilidad, procedimientos de licitación o asignación directa, los actos y registros, la jurisdicción aplicable (país en el que se podrá exigir el incumplimiento de obligaciones), causales de nulidad, métodos de interpretación, etcétera. En fin, de todo aquello que el medalaganismo pueda incluir.


Por ejemplo, puede pasar que un fulanito compre un bien o las acciones de una empresa, a precio de gallina flaca, en largos y olvidadizos plazos (recuerden la factura petrolera que debe Cuba), en condiciones favorables y sin garantías, otorgado a dedo, y que las diferencias sobre el cumplimiento sean decididas por las cortes de la República de Turquía (la ley que regirá la controversia “governing law”, o los tribunales, verbigracia, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York o los juzgados de la ciudad de Londres). Será inalcanzable conocer esa operación y sus documentos. Si piensa que esto no es posible lo invito a averiguar quién es el propietario del diario Últimas Noticias, si obtiene el nombre en el Registro Mercantil me dice para publicarlo.


Este secretismo es un régimen transitorio –que se mantendrá hasta que caiga el socialismo del siglo XXI– en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto. Se busca, según la ley, proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público, lo cual es incongruente. Si una acción del gobierno es efectiva debería ser publicitada en vez de protegerla mediante la reserva. Otro ejemplo, si venden Movilnet a una empresa china y esta mejora las comunicaciones, arregla el Internet, no eleva en exceso las tarifas; podemos esperar que el vendedor se vanaglorie de sus éxitos, diga quién compró, en cuánto y demás detalles de la operación. Nada de esto será posible.


Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada –es decir, desde una alcaldía–, por razones de interés y conveniencia nacional (definida por ellos), podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a todo expediente, documento, información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo. Si el negocio se lo dan a la novia del funcionario, al ahijado, al primo o a la esposa, nadie podrá enterarse. Ojos que no ven pecado que no se conoce.


Una vez que los documentos se declaren secretos se prohibirá su acceso, y si desconoce lo que expresan tampoco podrá solicitar copia, ni simple ni certificada. En el supuesto que un funcionario le permita acceder a su contenido podrán ir presos ambos. De nada le valdrán los privilegios profesionales que gozan los periodistas o los abogados para proteger su fuente, porque todos aquellos funcionarios que presten servicio en cualquiera de los órganos del Poder Público o cualquier institución del Estado y divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado, comprometiendo la seguridad y defensa de la nación, serán penados con prisión de cinco a diez años (Artículo 55 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación).


Lo que es el colmo es que los ciudadanos quedemos sin enterarnos de la inaplicación de normas de rango legal o sublegal para que el Estado negocie sin control. Se subvierte el bloque de la legalidad que es todo el entramado de leyes, reglamentaciones y directivas dictadas por la Administración Pública en sus manifestaciones político territoriales. Patean la Constitución y las leyes y dicen que es temporal. Después no les gusta que digan que esto es una dictadura.


@rangelrachadell

29 septiembre 2020

La protesta es contagiosa

 

Que alegría, el pueblo protesta. En la Venezuela profunda, esa que depende de la caja Clap, que sobrevive con los bonos y pensiones decide que es insoportable la privación de los servicios públicos. La protesta se reinicia por mejores condiciones de vida que la dictadura de Nicolás niega a la mayoría.


Tengo la impresión que las razones de la protesta; aparte de la falta evidente de gasolina, agua y electricidad, servicios que permiten producir y transportar la comida; tienen íntima relación con las elecciones a ser realizadas el 6 de diciembre; que, de todas maneras, veo muy difícil que se efectúen (esto es un pálpito).


El pueblo, nosotros, sabemos que Nicolás y los militares que lo acompañan mantendrán esta situación o la empeorarán. Necesitamos dirigentes alejados del comunismo y miembros de la fuerza armada respetuosos de los derechos humanos, poca cosa. También, que las elecciones convocadas dejarán de resolver los problemas, ya que son una farsa. Con candidatos afectos a la dictadura, postulados por las directivas designadas por el gobierno por medio del Tribunal Supremo de Justicia, tendremos comicios fraudulentos con diputados vendidos al postor socialista.


Las protestas, por muy válidas y esperadas que fueran, nos tomaron, al igual que al gobierno, desprevenidos. Empezaron por pueblos del estado Yaracuy, uno de los estados más chavistas, agrícola por excelencia; y siguieron en Guárico, otro estado en el que muchos de sus habitantes trabajan la tierra. Lo inesperado se hizo posible en las narices de los militares que todo lo ven, lo oyen y saben lo que se hace y lo que se deja de hacer.


Los contingentes castrenses están concentrados en las principales ciudades, esas mismas que van a dejar desguarnecidas al trasladarlos al interior del país, bien lejos de las fuentes de abastecimiento y de negocio. En Nirgua o Chivacoa faltan dólares. Santa María de Ipire queda a más de 4 horas de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico. Controlar las protestas de ese estado conlleva movilizar unos cuantos soldados desde el Fuerte Conopoima que pueden ser necesarios en esa ciudad o en otras cercanas.


Sin embargo, para reprimir tienen que reunir las armas con las municiones, lo cual evitan hace años. Esa estrategia que debilitaba a los comandantes de batallones tendrá que ser dejada a un lado y darles poder de fuego. Lo malo es que las conclusiones de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas, ha alertado al mundo y a los ingenuos que pensaban que el alto gobierno es inocente de los abusos, torturas y desapariciones. Expresa el informe: las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad. Los muertos pesarán en los hombros de la institución militar, de aquellos que aparentan ser descendientes de los libertadores.


Hagamos lo que plantea Tarek William Saab, fiscal designado de forma ilegal por la asamblea nacional constituyente, una reestructuración, pero del alto gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, en fin, de todos los poderes públicos. Eso se logra con elecciones presidenciales limpias, con partidos políticos libres y con condiciones electorales justas llevadas a cabo por un CNE escogido conforme a la Constitución.


Intuyo que Tarek, cuando se refiere a reestructurar a los cuerpos policiales, está proponiendo despedir al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (r) Néstor Luis Reverol Torres, quien es el superior jerárquico de algunas de estas policías junto con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división Edylberto Molina, porque de otras policías es Nicolás. Los destituidos serían: el comisario jefe José Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); el mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general de división Elio Estrada Paredes; y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario general Douglas Rico. Vaya usted a saber quién es el director general de los colectivos. Casi todos militares.


Esta propuesta reconoce las atrocidades que recoge el informe de la ONU, aunque será una pérdida de tiempo en este gobierno de militares quienes se opondrán a ser los paganos de las decisiones de otros. El que puede terminar botado de su cargo es ese funcionario del Ministerio Público que pide la reestructuración.


El fiscal desconoce lo que pasa en el país. Falta que alegue locura. Todavía está leyendo el extenso informe de la ONU. Espero que pueda dormir, porque a los cómplices por omisión les cuesta conciliar el sueño.


Por lo pronto, seguiremos protestando.


@rangelrachadell

15 septiembre 2020

Política con obstáculos


Llama la atención todas las vías cerradas con obstáculos que no pareciera que van a levantar, que obligan a tomar desvíos, a dedicar tiempo y esfuerzo para llegar al destino previsto. Las interminables colas de llenado del tanque de gasolina de su vehículo, a las que se le dedican horas desde la madrugada y a veces iniciando la larga fila el día anterior. Todo se dificulta, conseguir el dinero, regresar al hogar en un edificio sin electricidad, cocinar sin gas o bañarse sin agua.


La estrategia militar de colocar obstáculos la han llevado al extremo de convertir el acto más sencillo en un gran esfuerzo, tener una dedicación desproporcionada al mínimo detalle, ni se diga si está relacionada con el Estado. Obtener un pasaporte puede significar apersonarse varias veces en las oficinas del Saime (extranjería), explicar que el trámite no avanza, presentar tontas cartas al director, que se apiade de usted, le permita el documento y escaparse de esta locura de país. Un documento notariado se lo pueden negar por sospechoso. Una declaración o constancia de las ilegalidades es suficiente razón para que la funcionaria le niegue su solicitud.


La idea es agotar al oponente con la esperanza de poder derrotarlo o que sus fuerzas desfallezcan en el momento cumbre de la confrontación. Esa fue la estrategia de Muhammad Ali contra George Foreman en 1974, gracias a las gestiones del dictador Mobutu Sese Seko en Zaire, en la contienda denominada “La pelea en la selva” o la mejor pelea de la historia. Alí se dedicó a bailar en el cuadrilátero durante ocho largos asaltos y su contrincante no pudo noquearlo, ya que el castigo lo aguantaba apoyado en las cuerdas. Fue suficiente un derechazo bien pegado y despejó el camino al título de campeón de los pesos pesados.


La oposición y la sociedad en general estamos agotados de esta pelea por la vida. Lo peor, sin estrategia común en la cual confiar. Sin embargo, no podemos rendirnos, entregarse no es opción, y menos el pueblo valeroso que se ha inmolado en varias guerras, desde la Guerra Civil de independencia, pasando por la Guerra Civil Federal, así como muchos otros levantamientos en búsqueda del poder. Matarnos ha sido deporte nacional, con la dificultad de que ahora las armas las tiene un solo lado.


Lo primero es que no podemos desviar el foco, el problema es Nicolás. Es posible que la oposición esté algo dividida, los partidos políticos y sus símbolos tomados por el gobierno o que las condiciones electorales sean fraudulentas, el problema es Nicolás. No se les olvide, cualquier manifestación tiene que colocar al burro por delante. No soy yo, es él el que me ha quitado todo.


Hacer política en estos tiempos es atacar la gestión del gobierno, no hay otra estrategia. Sabemos que el gobernante miente, falsifica la realidad en todo lo que informa. La enfermedad afecta a muchísimas más personas de las que anuncian, maquillando las estadísticas con otras afecciones o patologías. Ni se efectúan las pruebas que determinan el covid-19 y las clínicas y hospitales atestados. Perdieron la lucha contra la pandemia, mejor dicho, el pueblo pone los cadáveres. Esta confrontación es extensible a los gobernadores y alcaldes chavistas. Un ejemplo, el gobernador del Zulia anunció un plan de racionamiento en el que ofrece bajar de seis a cuatro horas el control que tiene sobre el servicio eléctrico, aunque la situación sigue igual. ¿Electricidad? No hay.


Buena parte de la oposición no sabe qué política implementar. Claro, apartando a los que viven por el negocio de postular a excandidatos chavistas en las planchas de los partidos progobierno. Hay que olvidarse de las elecciones y pensar en demostrar todas las trampas del gobierno, no solo las electorales, dejarlo al desnudo en todos los campos y aspectos de la vida diaria. No importa que no lo acompañen en esta idea, no se preocupe, protestar es la única que puede llevar a cabo.


Hay que organizar el próximo acto político, la marcha, el bloqueo, la sentada. El tuitazo no, eso es muy fácil. La conversación en las colas, tocar corneta cuando se incorpora a una o al terminar de llenar el tanque, cualquier manifestación de protesta es bienvenida. Debemos presionar al gobierno de alguna manera que sepa que no tiene el poder de la opinión pública, que la confrontación política es hoy, mañana y todos los días. El régimen puede poner obstáculos físicos, nosotros, en cambio, podemos colocar inmensos escrúpulos morales.


Calma, paciencia y tranquilidad. Las elecciones previstas el 6 de diciembre no se han efectuado, todavía se pueden emprender acciones políticas. Deje la angustia. Lo mejor es no ser predecible, existen otras formas de protesta. Epa, no me refiero a la invasión deseada, de manera impaciente, por algunos. Un amigo suele decir: puede que el caballo vuele. Otro día lo explico.


Recuerden, el gobierno juega sucio, eso nos autoriza a responderle de la misma manera. En mi experiencia como abogado, algunas veces me encontré con trampas, compra de jueces, robo de expedientes o de documentos. Por supuesto que me molestaba, pero ese comportamiento liberaba todas mis limitaciones éticas y, si me enfrentaba a un tramposo, podía acudir a sus mismas o a peores tácticas. Si mi contrincante agarra un palo, yo puedo tomar una piedra. Eso se llama legítima defensa, ayudarse con el medio necesario y suficiente para repeler la agresión.


Ya Guaidó dijo: no estamos jugando con carritos. Actuemos en consecuencia.


@rangelrachadell


02 septiembre 2020

Protestar es el nuevo negro


No podemos confiar en un gobierno que interpreta la Constitución de manera que se adapte a sus necesidades, ese mismo que obligó a los partidos políticos a un proceso desgastante de recolección de firmas de sus afiliados, luego los ilegaliza por una decisión de la asamblea constituyente, y suspende el referéndum revocatorio en contra de Nicolás por unas supuestas irregularidades que nunca decidieron los tribunales penales.

Gracias a las medidas de Trump, Nicolás fracasó en su pretensión de imponer la Asamblea Nacional Constituyente como sustituto de la Asamblea Nacional. Esto impidió que se aprobaran financiamientos por medio de créditos adicionales amparados en endeudamiento en divisas. Se quedaron sin plata.


Nicolás ejerce el poder y logra imponer su gobierno a sangre, prisión, mentiras, hambre y fuego; sin un ápice de legitimidad por no ser su elección clara y sin dudas. Henrique Capriles demandó por fraude en los comicios presidenciales, y en su recurso de nulidad expone: “La voluntad soberana y democrática del pueblo de Venezuela no solo fue defraudada a través de la emisión de un resultado electoral falso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 14 de abril de 2013”, y por ahí se despepita en contra de ese proceso. Henri Falcón denunció la escogencia de presidente de la República en 2018, alegando que hicieron trampa y que “esas elecciones no existieron, deben declararse nulas por los vicios, pero además por los delitos que se cometieron en pleno proceso”. Las condiciones electorales no solo no han cambiado, han empeorado.


Esa irresponsable “ética de valores absolutos” (Weber), en la que los fines justifican los medios, no se detiene en formalismos legales ni le interesa que se consideren ajustadas a derecho sus actuaciones. Entre el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE ha logrado una oposición a la medida del chavismo, sea de derecha o de izquierda, gracias a la intervención o a la compra de conciencias que ha llevado a posiciones ilógicas en la toma de decisiones. Los partidos intervenidos no asumen la unidad en las postulaciones mediante alianzas perfectas en las que las organizaciones políticas postulan al mismo candidato, cuando es la única estrategia posible de enfrentamiento contra la maquinaria del socialismo del siglo XXI en un sistema electoral que premia a las mayorías y polariza el voto, caso Claudio Fermín, quien no va en alianza porque no cree en la polarización. Cada político se suicida a su manera. La convocatoria a elecciones presenta un alto grado de manipulación y de corrupción, tan es así que han prorrogado varias veces la fecha límite para las postulaciones. Parece que les faltan candidatos.


Nos piden que confiemos en este mismo árbitro electoral que conserva mayoría del PSUV, con magistrados que cumplieron la orden de anular las elecciones de los representantes indígenas y las de diputados del estado Amazonas, en un juicio que nunca fue resuelto. Los rectores actuales no se han comprometido con la democracia ni con las libertades de las directivas de los partidos políticos que han sido intervenidas. Justifican la intervención con una supuesta justicia vengativa contra las autoridades que no renovaron su dirección, pero al partido de gobierno, que está en las mismas condiciones, no lo mencionan.


Una de las curiosidades del sistema electoral que están imponiendo es el voto cuádruple en algunas circunscripciones electorales, por ejemplo: en el Zulia se votará por candidatos de circuito y candidato en la lista cerrada y bloqueada, más el de la lista nacional y en algún momento tendrá que ir a una asamblea a votar a mano alzada por los supuestos voceros que escogerán a su vez al diputado indígena de varios estados.


Nuestra sociedad quiere que el conflicto del gobierno contra todos los ciudadanos se resuelva mediante unas elecciones, lo malo es que se aprovecha esa necesidad chantajeando, obligando a participar con las ilegales condiciones impuestas. Alegan que el mandato de la Asamblea Nacional está por expirar, aunque no dicen que no se pudo ejercer por la intervención del TSJ, aplicando la teoría del desacato y, por otra decisión, limitando sus poderes de control para no afectar el adecuado funcionamiento del Ejecutivo Nacional (sentencia de la Sala Constitucional N° 9 del 01-03-2016).


Sin embargo, construir oposición pasa por un rechazo constante a las medidas de la dictadura. Hay que quejarse, exigir, reclamar, llevar la contraria y no dejar pasar ninguna actuación. Debemos poner de moda la protesta, algo tendrá resultado.


@rangelrachadell