Hablemos de la guerra

En la guerra civil de independencia desapareció 20% de la población, entre ellos 10.000 soldados españoles venidos del otro lado del océano Atlántico. De Venezuela se fue el mismo porcentaje del pueblo huyendo de las políticas del socialismo del siglo XXI. La recesión de la Segunda Guerra Mundial fue mayor a 15% del producto interno bruto, nuestro país perderá 70% del PIB en el gobierno de Nicolás. En toda conflagración la moneda es otra de las víctimas, pierde valor por la falta de confianza y se genera inflación. El primer peso venezolano lo hizo polvo la ausencia de respaldo, como sucede ahora.

El que nos quiera invadir enfrentará varios problemas. Si vienen de Colombia van a recorrer más de 800 kilómetros vía a Caracas, ya sea que partan desde Cúcuta o de Maicao, por carreteras destrozadas, con muchos puentes que pueden ser dinamitados y pasos por ríos profundos. Alimentar ese ejército invasor es difícil, sería con su propia comida, sin ganadería ni agricultura que sustente a los propios venezolanos poco podemos aportar a ese esfuerzo. Eso que llaman proteína de origen animal y la aportan las carnes de res o de cerdo, los huevos, la leche o el pescado, al igual que las frutas, verduras o ensaladas habrá que importarlos.

El gobierno de Nicolás aplicó la estrategia de tierra arrasada con mucha antelación, devastó la economía, esa industria que podría aportar la manutención a las propias fuerzas o a las rebeldes fue destruida. Les pasaría igual que al ejército de Napoleón en Rusia, que tenía la mala costumbre de aprovisionarse con los bienes del país que invadían, solo que en el invierno ruso les fue imposible conseguir la comida.

Los conquistadores pueden traer sus propios generadores eléctricos que los iluminen, ya que aquí la electricidad apenas alcanza a unas pocas horas y la mayor producción se encuentra en la represa del Guri. Si quieren gasolina deberán tomar las refinerías y ponerlas a funcionar. Se lo agradecemos encarecidamente, las colas son insoportables.

Los gringos, ya vengan solos o acompañados, son muy organizados, ellos transportan sus hospitales de campaña, sus tratamientos y médicos capacitados. En cambio, la resistencia socialista se conformará con algunos Médicos Integrales Comunitarios (MIC) que atenderán a los milicianos de la vanguardia del gobierno. Me refiero a esas tropas de las que desconfía el régimen por ser civiles recién vestidos, perdón: uniformados, sin disciplina ni arraigo comunista. Debe existir un inventario farmacéutico hecho en la India, Turquía e Irán, a disposición de la tropa al servicio de Nicolás.

El principal objetivo estratégico es el jaque mate al que da la cara, sin saber si es el que gobierna. Los militares están en todos los cargos, sin importar su especialidad. La presencia militar la podemos observar cobrando en dólares en una gasolinera (allí dan algo a cambio) a un ministerio u organismo de lo que sea, por ejemplo: Corpoelec.

Nadie sabe adónde vive ese pobre hombre que dice que manda, si tiene residencia conocida, o duerme en una cama diferente todos los días, al igual que otros dirigentes. Apenas visitan sus casas ubicadas en la zona montañosa cerca de Caracas. Atrapar una pieza del ajedrez es indispensable, como Chávez al intentar matar a Carlos Andrés Pérez. Hay que conquistar los símbolos del poder, solo que estos se han difuminado. En el pasado, el que se apropiase de la casa de gobierno o Miraflores era equivalente a tomar la colina, lograba el triunfo. Ahora, el chavismo ha logrado quitarle el atractivo ya que se ignora quién gobierna; puede que se encuentre en Fuerte Tiuna o en La Habana, en directo o a control remoto.

La guerra de baja intensidad que ha implantado el gobierno contra la sociedad les ha dado buenos resultados a ellos y malos a todos los demás; sin embargo, toda confrontación cuenta con la producción de las empresas nacionales. Por mucho dinero que posea una de las partes debe producir uniformes, botas, municiones, rifles, bombas, cañones. Si el interés fuera resistir el ataque necesita mantener unas guerrillas o partisanos con el apoyo del pueblo. Esto cuesta mucha plata.

Tumbar un gobierno es complejo, a veces se caen solos. La situación se parece al ataque a una fortaleza, en la que el país es el castillo. En esta época moderna el asedio es virtual, se cierran las fuentes de dinero, se le impide comprar y vender en la comunidad internacional, desaparece el crédito, se ofrece recompensa por los dirigentes y se les dificulta viajar. Hasta la Edad Media, con infantería, maquinaria, recursos, tiempo, puede que demasiado, se lograba vencer la resistencia. Pero eso está pasado de moda desde que, a fuerza de cañonazos, cayó Constantinopla, por lo que todo fuerte puede ser conquistado.

El gobierno de España asevera que estamos ante una crisis multidimensional, y que la salida debe ser negociada y con elecciones libres; lo cuales es un falso resumen de la situación. La inestabilidad es producto de la mala administración chavista, y la solución es que se vayan, por las buenas, solo así se podrán organizar unos verdaderos comicios; de lo contrario, la guerra será considerada una opción.

@rangelrachadell

Todo será secreto

Sobre la Ley Antibloqueo que aprobó el chavismo en su asamblea nacional constituyente se ha dicho mucho, por lo que me concentraré en 16% del articulado que se refiere al ocultamiento de información necesaria para el control de la Administración Pública. Esos que corrompen los principios de responsabilidad y transparencia a los que se refiere la Constitución. A los militares les encanta colocar ese sello de Top secret.

Un repaso de la Constitución nos indica que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre… responsable (Artículo 6). Esto significa que indemnizará por los daños que provoquen sus actos, y las violaciones constitucionales o legales en las que incurra. Además, la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios… de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (Artículo 141). Por si acaso, la declaración de los estados de excepción no puede modificar el principio de responsabilidad del usurpador, ni la del vicepresidente ejecutivo, ni la de los ministros (Artículo 232).

Nicolás dijo que la ley era “para blindarnos”, y el primer blindaje es que averiguar las operaciones económicas relacionadas con esta normativa es prohibido, porque impide el acceso a la información. El principal argumento para ocultar los documentos son las medidas coercitivas unilaterales y otras restrictivas o punitivas dictadas por otros países, sin aclarar si se refiere a las sanciones a los funcionarios o a la recompensa ofrecida por ellos. La solución fue equiparar el supuesto bloqueo a la seguridad de la nación, en consecuencia, toda la documentación relacionada con esa ley será inaccesible.

Se oculta quienes adquieren los bienes del Estado, cuánto pagan, plazos y condiciones, garantías, excepciones de responsabilidad, procedimientos de licitación o asignación directa, los actos y registros, la jurisdicción aplicable (país en el que se podrá exigir el incumplimiento de obligaciones), causales de nulidad, métodos de interpretación, etcétera. En fin, de todo aquello que el medalaganismo pueda incluir.

Por ejemplo, puede pasar que un fulanito compre un bien o las acciones de una empresa, a precio de gallina flaca, en largos y olvidadizos plazos (recuerden la factura petrolera que debe Cuba), en condiciones favorables y sin garantías, otorgado a dedo, y que las diferencias sobre el cumplimiento sean decididas por las cortes de la República de Turquía (la ley que regirá la controversia “governing law”, o los tribunales, verbigracia, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York o los juzgados de la ciudad de Londres). Será inalcanzable conocer esa operación y sus documentos. Si piensa que esto no es posible lo invito a averiguar quién es el propietario del diario Últimas Noticias, si obtiene el nombre en el Registro Mercantil me dice para publicarlo.

Este secretismo es un régimen transitorio –que se mantendrá hasta que caiga el socialismo del siglo XXI– en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto. Se busca, según la ley, proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público, lo cual es incongruente. Si una acción del gobierno es efectiva debería ser publicitada en vez de protegerla mediante la reserva. Otro ejemplo, si venden Movilnet a una empresa china y esta mejora las comunicaciones, arregla el Internet, no eleva en exceso las tarifas; podemos esperar que el vendedor se vanaglorie de sus éxitos, diga quién compró, en cuánto y demás detalles de la operación. Nada de esto será posible.

Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada –es decir, desde una alcaldía–, por razones de interés y conveniencia nacional (definida por ellos), podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a todo expediente, documento, información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo. Si el negocio se lo dan a la novia del funcionario, al ahijado, al primo o a la esposa, nadie podrá enterarse. Ojos que no ven pecado que no se conoce.

Una vez que los documentos se declaren secretos se prohibirá su acceso, y si desconoce lo que expresan tampoco podrá solicitar copia, ni simple ni certificada. En el supuesto que un funcionario le permita acceder a su contenido podrán ir presos ambos. De nada le valdrán los privilegios profesionales que gozan los periodistas o los abogados para proteger su fuente, porque todos aquellos funcionarios que presten servicio en cualquiera de los órganos del Poder Público o cualquier institución del Estado y divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado, comprometiendo la seguridad y defensa de la nación, serán penados con prisión de cinco a diez años (Artículo 55 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación).

Lo que es el colmo es que los ciudadanos quedemos sin enterarnos de la inaplicación de normas de rango legal o sublegal para que el Estado negocie sin control. Se subvierte el bloque de la legalidad que es todo el entramado de leyes, reglamentaciones y directivas dictadas por la Administración Pública en sus manifestaciones político territoriales. Patean la Constitución y las leyes y dicen que es temporal. Después no les gusta que digan que esto es una dictadura.

@rangelrachadell

La protesta es contagiosa

 

Que alegría, el pueblo protesta. En la Venezuela profunda, esa que depende de la caja Clap, que sobrevive con los bonos y pensiones decide que es insoportable la privación de los servicios públicos. La protesta se reinicia por mejores condiciones de vida que la dictadura de Nicolás niega a la mayoría.

Tengo la impresión que las razones de la protesta; aparte de la falta evidente de gasolina, agua y electricidad, servicios que permiten producir y transportar la comida; tienen íntima relación con las elecciones a ser realizadas el 6 de diciembre; que, de todas maneras, veo muy difícil que se efectúen (esto es un pálpito).

El pueblo, nosotros, sabemos que Nicolás y los militares que lo acompañan mantendrán esta situación o la empeorarán. Necesitamos dirigentes alejados del comunismo y miembros de la fuerza armada respetuosos de los derechos humanos, poca cosa. También, que las elecciones convocadas dejarán de resolver los problemas, ya que son una farsa. Con candidatos afectos a la dictadura, postulados por las directivas designadas por el gobierno por medio del Tribunal Supremo de Justicia, tendremos comicios fraudulentos con diputados vendidos al postor socialista.

Las protestas, por muy válidas y esperadas que fueran, nos tomaron, al igual que al gobierno, desprevenidos. Empezaron por pueblos del estado Yaracuy, uno de los estados más chavistas, agrícola por excelencia; y siguieron en Guárico, otro estado en el que muchos de sus habitantes trabajan la tierra. Lo inesperado se hizo posible en las narices de los militares que todo lo ven, lo oyen y saben lo que se hace y lo que se deja de hacer.

Los contingentes castrenses están concentrados en las principales ciudades, esas mismas que van a dejar desguarnecidas al trasladarlos al interior del país, bien lejos de las fuentes de abastecimiento y de negocio. En Nirgua o Chivacoa faltan dólares. Santa María de Ipire queda a más de 4 horas de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico. Controlar las protestas de ese estado conlleva movilizar unos cuantos soldados desde el Fuerte Conopoima que pueden ser necesarios en esa ciudad o en otras cercanas.

Sin embargo, para reprimir tienen que reunir las armas con las municiones, lo cual evitan hace años. Esa estrategia que debilitaba a los comandantes de batallones tendrá que ser dejada a un lado y darles poder de fuego. Lo malo es que las conclusiones de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas, ha alertado al mundo y a los ingenuos que pensaban que el alto gobierno es inocente de los abusos, torturas y desapariciones. Expresa el informe: las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad. Los muertos pesarán en los hombros de la institución militar, de aquellos que aparentan ser descendientes de los libertadores.

Hagamos lo que plantea Tarek William Saab, fiscal designado de forma ilegal por la asamblea nacional constituyente, una reestructuración, pero del alto gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, en fin, de todos los poderes públicos. Eso se logra con elecciones presidenciales limpias, con partidos políticos libres y con condiciones electorales justas llevadas a cabo por un CNE escogido conforme a la Constitución.

Intuyo que Tarek, cuando se refiere a reestructurar a los cuerpos policiales, está proponiendo despedir al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (r) Néstor Luis Reverol Torres, quien es el superior jerárquico de algunas de estas policías junto con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división Edylberto Molina, porque de otras policías es Nicolás. Los destituidos serían: el comisario jefe José Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); el mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general de división Elio Estrada Paredes; y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario general Douglas Rico. Vaya usted a saber quién es el director general de los colectivos. Casi todos militares.

Esta propuesta reconoce las atrocidades que recoge el informe de la ONU, aunque será una pérdida de tiempo en este gobierno de militares quienes se opondrán a ser los paganos de las decisiones de otros. El que puede terminar botado de su cargo es ese funcionario del Ministerio Público que pide la reestructuración.

El fiscal desconoce lo que pasa en el país. Falta que alegue locura. Todavía está leyendo el extenso informe de la ONU. Espero que pueda dormir, porque a los cómplices por omisión les cuesta conciliar el sueño.

Por lo pronto, seguiremos protestando.

@rangelrachadell

Política con obstáculos

Llama la atención todas las vías cerradas con obstáculos que no pareciera que van a levantar, que obligan a tomar desvíos, a dedicar tiempo y esfuerzo para llegar al destino previsto. Las interminables colas de llenado del tanque de gasolina de su vehículo, a las que se le dedican horas desde la madrugada y a veces iniciando la larga fila el día anterior. Todo se dificulta, conseguir el dinero, regresar al hogar en un edificio sin electricidad, cocinar sin gas o bañarse sin agua.

La estrategia militar de colocar obstáculos la han llevado al extremo de convertir el acto más sencillo en un gran esfuerzo, tener una dedicación desproporcionada al mínimo detalle, ni se diga si está relacionada con el Estado. Obtener un pasaporte puede significar apersonarse varias veces en las oficinas del Saime (extranjería), explicar que el trámite no avanza, presentar tontas cartas al director, que se apiade de usted, le permita el documento y escaparse de esta locura de país. Un documento notariado se lo pueden negar por sospechoso. Una declaración o constancia de las ilegalidades es suficiente razón para que la funcionaria le niegue su solicitud.

La idea es agotar al oponente con la esperanza de poder derrotarlo o que sus fuerzas desfallezcan en el momento cumbre de la confrontación. Esa fue la estrategia de Muhammad Ali contra George Foreman en 1974, gracias a las gestiones del dictador Mobutu Sese Seko en Zaire, en la contienda denominada “La pelea en la selva” o la mejor pelea de la historia. Alí se dedicó a bailar en el cuadrilátero durante ocho largos asaltos y su contrincante no pudo noquearlo, ya que el castigo lo aguantaba apoyado en las cuerdas. Fue suficiente un derechazo bien pegado y despejó el camino al título de campeón de los pesos pesados.

La oposición y la sociedad en general estamos agotados de esta pelea por la vida. Lo peor, sin estrategia común en la cual confiar. Sin embargo, no podemos rendirnos, entregarse no es opción, y menos el pueblo valeroso que se ha inmolado en varias guerras, desde la Guerra Civil de independencia, pasando por la Guerra Civil Federal, así como muchos otros levantamientos en búsqueda del poder. Matarnos ha sido deporte nacional, con la dificultad de que ahora las armas las tiene un solo lado.

Lo primero es que no podemos desviar el foco, el problema es Nicolás. Es posible que la oposición esté algo dividida, los partidos políticos y sus símbolos tomados por el gobierno o que las condiciones electorales sean fraudulentas, el problema es Nicolás. No se les olvide, cualquier manifestación tiene que colocar al burro por delante. No soy yo, es él el que me ha quitado todo.

Hacer política en estos tiempos es atacar la gestión del gobierno, no hay otra estrategia. Sabemos que el gobernante miente, falsifica la realidad en todo lo que informa. La enfermedad afecta a muchísimas más personas de las que anuncian, maquillando las estadísticas con otras afecciones o patologías. Ni se efectúan las pruebas que determinan el covid-19 y las clínicas y hospitales atestados. Perdieron la lucha contra la pandemia, mejor dicho, el pueblo pone los cadáveres. Esta confrontación es extensible a los gobernadores y alcaldes chavistas. Un ejemplo, el gobernador del Zulia anunció un plan de racionamiento en el que ofrece bajar de seis a cuatro horas el control que tiene sobre el servicio eléctrico, aunque la situación sigue igual. ¿Electricidad? No hay.

Buena parte de la oposición no sabe qué política implementar. Claro, apartando a los que viven por el negocio de postular a excandidatos chavistas en las planchas de los partidos progobierno. Hay que olvidarse de las elecciones y pensar en demostrar todas las trampas del gobierno, no solo las electorales, dejarlo al desnudo en todos los campos y aspectos de la vida diaria. No importa que no lo acompañen en esta idea, no se preocupe, protestar es la única que puede llevar a cabo.

Hay que organizar el próximo acto político, la marcha, el bloqueo, la sentada. El tuitazo no, eso es muy fácil. La conversación en las colas, tocar corneta cuando se incorpora a una o al terminar de llenar el tanque, cualquier manifestación de protesta es bienvenida. Debemos presionar al gobierno de alguna manera que sepa que no tiene el poder de la opinión pública, que la confrontación política es hoy, mañana y todos los días. El régimen puede poner obstáculos físicos, nosotros, en cambio, podemos colocar inmensos escrúpulos morales.

Calma, paciencia y tranquilidad. Las elecciones previstas el 6 de diciembre no se han efectuado, todavía se pueden emprender acciones políticas. Deje la angustia. Lo mejor es no ser predecible, existen otras formas de protesta. Epa, no me refiero a la invasión deseada, de manera impaciente, por algunos. Un amigo suele decir: puede que el caballo vuele. Otro día lo explico.

Recuerden, el gobierno juega sucio, eso nos autoriza a responderle de la misma manera. En mi experiencia como abogado, algunas veces me encontré con trampas, compra de jueces, robo de expedientes o de documentos. Por supuesto que me molestaba, pero ese comportamiento liberaba todas mis limitaciones éticas y, si me enfrentaba a un tramposo, podía acudir a sus mismas o a peores tácticas. Si mi contrincante agarra un palo, yo puedo tomar una piedra. Eso se llama legítima defensa, ayudarse con el medio necesario y suficiente para repeler la agresión.

Ya Guaidó dijo: no estamos jugando con carritos. Actuemos en consecuencia.

@rangelrachadell

Protestar es el nuevo negro

No podemos confiar en un gobierno que interpreta la Constitución de manera que se adapte a sus necesidades, ese mismo que obligó a los partidos políticos a un proceso desgastante de recolección de firmas de sus afiliados, luego los ilegaliza por una decisión de la asamblea constituyente, y suspende el referéndum revocatorio en contra de Nicolás por unas supuestas irregularidades que nunca decidieron los tribunales penales.

Gracias a las medidas de Trump, Nicolás fracasó en su pretensión de imponer la Asamblea Nacional Constituyente como sustituto de la Asamblea Nacional. Esto impidió que se aprobaran financiamientos por medio de créditos adicionales amparados en endeudamiento en divisas. Se quedaron sin plata.

Nicolás ejerce el poder y logra imponer su gobierno a sangre, prisión, mentiras, hambre y fuego; sin un ápice de legitimidad por no ser su elección clara y sin dudas. Henrique Capriles demandó por fraude en los comicios presidenciales, y en su recurso de nulidad expone: “La voluntad soberana y democrática del pueblo de Venezuela no solo fue defraudada a través de la emisión de un resultado electoral falso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 14 de abril de 2013”, y por ahí se despepita en contra de ese proceso. Henri Falcón denunció la escogencia de presidente de la República en 2018, alegando que hicieron trampa y que “esas elecciones no existieron, deben declararse nulas por los vicios, pero además por los delitos que se cometieron en pleno proceso”. Las condiciones electorales no solo no han cambiado, han empeorado.

Esa irresponsable “ética de valores absolutos” (Weber), en la que los fines justifican los medios, no se detiene en formalismos legales ni le interesa que se consideren ajustadas a derecho sus actuaciones. Entre el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE ha logrado una oposición a la medida del chavismo, sea de derecha o de izquierda, gracias a la intervención o a la compra de conciencias que ha llevado a posiciones ilógicas en la toma de decisiones. Los partidos intervenidos no asumen la unidad en las postulaciones mediante alianzas perfectas en las que las organizaciones políticas postulan al mismo candidato, cuando es la única estrategia posible de enfrentamiento contra la maquinaria del socialismo del siglo XXI en un sistema electoral que premia a las mayorías y polariza el voto, caso Claudio Fermín, quien no va en alianza porque no cree en la polarización. Cada político se suicida a su manera. La convocatoria a elecciones presenta un alto grado de manipulación y de corrupción, tan es así que han prorrogado varias veces la fecha límite para las postulaciones. Parece que les faltan candidatos.

Nos piden que confiemos en este mismo árbitro electoral que conserva mayoría del PSUV, con magistrados que cumplieron la orden de anular las elecciones de los representantes indígenas y las de diputados del estado Amazonas, en un juicio que nunca fue resuelto. Los rectores actuales no se han comprometido con la democracia ni con las libertades de las directivas de los partidos políticos que han sido intervenidas. Justifican la intervención con una supuesta justicia vengativa contra las autoridades que no renovaron su dirección, pero al partido de gobierno, que está en las mismas condiciones, no lo mencionan.

Una de las curiosidades del sistema electoral que están imponiendo es el voto cuádruple en algunas circunscripciones electorales, por ejemplo: en el Zulia se votará por candidatos de circuito y candidato en la lista cerrada y bloqueada, más el de la lista nacional y en algún momento tendrá que ir a una asamblea a votar a mano alzada por los supuestos voceros que escogerán a su vez al diputado indígena de varios estados.

Nuestra sociedad quiere que el conflicto del gobierno contra todos los ciudadanos se resuelva mediante unas elecciones, lo malo es que se aprovecha esa necesidad chantajeando, obligando a participar con las ilegales condiciones impuestas. Alegan que el mandato de la Asamblea Nacional está por expirar, aunque no dicen que no se pudo ejercer por la intervención del TSJ, aplicando la teoría del desacato y, por otra decisión, limitando sus poderes de control para no afectar el adecuado funcionamiento del Ejecutivo Nacional (sentencia de la Sala Constitucional N° 9 del 01-03-2016).

Sin embargo, construir oposición pasa por un rechazo constante a las medidas de la dictadura. Hay que quejarse, exigir, reclamar, llevar la contraria y no dejar pasar ninguna actuación. Debemos poner de moda la protesta, algo tendrá resultado.

@rangelrachadell

Mala época para morirse

El tratamiento que le está dando al gobierno a la pandemia es de ilusionismo, dar la impresión de que ellos trabajan y avanzan, quienes resuelven sin arreglar nada. No es más que el juego infantil del escondite. No tiene ningún sentido cerrar calles, autopistas, municipios, siempre hay un camino verde por el cual meterse, un atajo, un desvío que la autoridad no puede cubrir. Agitarse no es avanzar en superar la enfermedad. Pura bulla.

Por mayores esfuerzos que hagan los médicos, un alto empleado del gobierno o un joven universitario se pueden morir en clínicas con alta tecnología, porque no existe un tratamiento universal que ayude al restablecimiento de la salud. En el sector salud todos somos conejillos de indias, al enfermo lo compondrán con lo que haya, con esperanzas de salir airosos de la contaminación. Prometen carpas y encierros, hoteles sin comida y hospitales sin medicinas ni agua. Estas son las grandes soluciones.

Dudo de las estadísticas que la abogada o el chofer dan a conocer. No puedo dejar de alarmarme por las defunciones que están sucediendo. La muerte nos rodea, padres de mis amigos, médicos reconocidos, familiares cercanos, con estudios e imágenes claras que reflejan la patología y los síntomas evidentes de la enfermedad no entran en la estadística. Algunos pacientes tienen señales leves del covid-19, el problema son los que tienen sintomatología grave; sin embargo, no tiene por qué morir quien se enferme. Si tuviéramos un sistema sanitario, con personal muy bien pagado, suficientes camas de terapia intensiva o de cuidados intermedios, con los equipos apropiados, se podría sobrellevar esta crisis de salud con poca mortalidad, aunque no pueda evitarse que algunas personas fallezcan.

Esta pandemia nos tomó sin aviso y sin dinero. Ante una emergencia hay pocos familiares en el país, pocos pueden dar una mano, llevar a un enfermo, trasladar una muestra de sangre, buscar los documentos filiatorios, efectuar el trámite del acta de defunción, pedir al médico que firme el respectivo informe. Los que están lejos lloran la imposibilidad de acompañar a sus deudos, no hay funeral que nos permita despedirnos, los novenarios por el descanso eterno del difunto no pueden celebrarse, queda mirar por YouTube las misas. Las empresas fúnebres gestionan, los cementerios atenúan los requisitos de las cremaciones o el uso de las parcelas y la inhumación. Lo que se pueda se simplifica, la soledad nos acompaña.

Todos esperamos ese momento en que podamos reunirnos y escuchar esa palabra de aliento, el abrazo fraterno, el beso sincero. Los medios electrónicos no son suficientes, resultan fríos, impersonales, les falta el sentimiento que une los corazones. Por más que queramos no podemos desahogarnos, recordar los buenos tiempos, el pasado en común. El duelo se alarga, el dolor queda. Nos corresponde rezar por nuestros deudos y las ánimas del purgatorio.

Esta calamidad no es solo mala suerte, está acompañada con servicios públicos deficientes, desdén, ignorancia y negligencia. Años de corrupción en el sector salud nos trajeron a este desamparo, de repetición de remodelaciones en los hospitales se quedaron sin recursos, personal, equipos y el país sin gente. Haga el experimento, llame a un servicio del Estado que ofrezca ambulancias, su municipio, la gobernación, el instituto de sanidad. No hay, no habrá, ya es tarde, están ocupados; balbucearan cualquier excusa que encubra la falta de gasolina, la ausencia de cauchos, la mudanza o la función de taxi. El discurso y el afiche en gran tamaño siguen allí, recordando que la seguridad social es una obligación constitucional que no cumplen.

Los pacientes no quieren asistir a los centros de salud por miedo a la infección, este terror supera la necesidad de la sutura, la fiebre del niño, el clavo en el pie o la quemadura producida por el tubo de escape de la moto. La manera más rápida de contagiarse es adentrarse en los pasillos del dispensario o del CDI, en el que los enfermos esperan sin orientación, sin encontrar quien los atienda y quieren salir corriendo del nosocomio. No hay médico, el lecho no tiene sábanas, es mejor que se quede en su casa. Ya las camas clínicas se agotaron, le queda improvisar soluciones, a todas estas, tampoco hay enfermeras que le ayuden con la atención o ellas viven en el mismo barrio en el que se encuentra un contagiado.

Mientras no salgamos de esta gente no tendremos solución. Lo que queda es desobedecer, en la medida de lo posible, porque sospecho que todo lo que disponen puede ser malo, falso, innecesario o perjudicial.

En memoria de mis tíos Heriberto, Carmita y José del Pilar, quienes murieron con pocos meses de diferencia en este tiempo de pandemia y no pude acompañar a la familia.

@rangelrachadell

El problema indígena

Muchas familias han dibujado su árbol genealógico, buscando su antepasado europeo que les facilite la emigración, la vía de escape. Otros, optaron por revisar sus apellidos por la posibilidad de un pariente sefardita que haya huido de la persecución de la inquisición española.

En la exploración familiar han encontrado que los tatarabuelos fueron mestizos, mulatos, cuarterones o criollos. No importa que la madre sea blanca como la leche, que la hija tenga el pelo rizado, la abuela de su abuela fue india de cabello liso. Igual que los gatos en la noche, la mayoría somos pardos.

Hablando de nuestros familiares nativos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 125, expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política, y que el Estado garantiza su representación en todos los niveles político territoriales.

En estos días, el Consejo Nacional Electoral definió en sus normas especiales que, en promedio, tendremos un diputado por cada 140.000 venezolanos. Claro, haciendo abstracción de todas las irregularidades que acompañan al proceso electoral, siendo la más grave el control de los nombres y símbolos de los partidos políticos que eran de oposición. Aparte del crecimiento de la cantidad de parlamentarios a elegir sin argumentar un criterio legal o por lo menos que fuese lógico.

Si lo que expone el último Censo es cierto, la población indígena creció, entre 2001 y 2011, 143%. Es posible que haya aumentado la autoidentificación con los indígenas o que los encuestadores inflasen los resultados, aunque dudo que tengan esa capacidad de reproducción. Un dato curioso, la disposición transitoria Séptima de la Constitución estableció tres regiones (circunscripciones electorales) en las que se puede votar por los candidatos indígenas, Occidente: estados Zulia, Mérida y Trujillo; Sur: estados Amazonas y Apure; y Oriente: estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre. En la publicación del Censo 2011 no identifican cuántos indígenas hay en Mérida, Trujillo y Anzoátegui.

El estado Zulia, con más de 60% de todos los indígenas del país, personificados por la etnia guajira, tiene derecho a que lo represente un diputado. En cambio, la región Sur, con 12% de indígenas, también escoge un parlamentario.

La Disposición Transitoria Séptima de la Constitución previó que los candidatos indígenas estarían en el tarjetón de su circunscripción y todos los electores podrán votarlos, así fue recogido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es decir, si usted vive en una región indígena, pertenezca o no a una etnia, podrá elegir al diputado, según la Constitución que impuso Chávez y que se votó en pleno desastre de Vargas. Es más, la disposición mencionada expresa que “las elecciones se realizarán de acuerdo con las normas y requisitos aquí establecidos”, no con la normativa que dicte el CNE.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas insiste en que sus representantes serán elegidos de acuerdo con la ley que regula la materia electoral (artículo 64). Ahora, el CNE, actuando como órgano legislador, cambia las reglas constitucionales y los principios desarrollados por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, al señalar que: “A la Asamblea Nacional, en el sistema de la distribución de competencias, es el único poder a quien corresponde reglamentar, de manera general y permanente, el ejercicio y protección de los derechos fundamentales”. (Sentencia N° 1309, 19/07/2001).

El verdadero problema es que el Estado no ha elaborado el registro electoral de los indígenas, por eso inventa unas elecciones asamblearias, de segundo nivel, con voto público a mano alzada, con el que pretende conformar un padrón de voceros, quienes serán los que elijan a estos diputados. La justificación para este atropello es que esos pueblos, mediante asambleas populares conforme a sus usos, tradiciones, costumbres y prácticas ancestrales podrán escoger a sus representantes, solo que ocurrirá como lo ordena el CNE.

La Sala Electoral, desde sus inicios, ha insistido en el respeto de los principios constitucionales relacionados con el voto, y ha dicho:

La concepción del voto efectivo, como hecho físico con incidencias jurídicas, determina, como señala la doctrina española, que la legislación electoral debe garantizar que los medios materiales y humanos empleados en la operación de la votación “…han de garantizar tres cualidades esenciales del voto: su libertad, su exactitud y su carácter secreto…”. (Sentencia N° 163, 18/12/2000).

Este sistema de elección de segundo grado, mediante voceros, fue declarado inconstitucional por la Sala Electoral, cuando expresó:

“La concepción del ejercicio del sufragio indirecto o de segundo grado, resulta contraria a las normas y principios que informan la materia electoral y participación política en el sistema constitucional vigente, en vista de la existencia del principio de participación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto como principio general (artículo 5 y 6), como derecho constitucional y mecanismo de expresión de soberanía (artículo 62), lo cual debe interpretarse en relación con la consagración del sufragio como derecho (artículo 63) a ejercerse en votaciones libres, universales, directas y secretas…”. (Sentencia N° 135, 28/09/2004).

La Sala Constitucional, mediante sentencia de revisión, hace hincapié en el secreto del voto, cuando declara que:

“En efecto, la elección de cargos públicos es una forma de participación y al mismo tiempo, un derecho ciudadano que la propia Carta Magna consagró de manera personalizada, libre, universal, directa y secreta (artículo 63), esto es, que cada ciudadano tiene la facultad de participar en los procesos electorales para la escogencia de cargos públicos por sí mismo, sin coacción, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos y en un escenario que garantice la confidencialidad de su voto”. (Sentencia N° 499, 27/04/2015).

Las garantías constitucionales fueron violadas por la normativa que dictó el CNE al regular la elección de diputados que representen a los indígenas, por cuanto, en el método diseñado, el voto no es libre ni es secreto, tampoco directo ni universal.

En un país sin justicia el fraude es ley.

@rangelrachadell