La protesta es contagiosa

 

Que alegría, el pueblo protesta. En la Venezuela profunda, esa que depende de la caja Clap, que sobrevive con los bonos y pensiones decide que es insoportable la privación de los servicios públicos. La protesta se reinicia por mejores condiciones de vida que la dictadura de Nicolás niega a la mayoría.

Tengo la impresión que las razones de la protesta; aparte de la falta evidente de gasolina, agua y electricidad, servicios que permiten producir y transportar la comida; tienen íntima relación con las elecciones a ser realizadas el 6 de diciembre; que, de todas maneras, veo muy difícil que se efectúen (esto es un pálpito).

El pueblo, nosotros, sabemos que Nicolás y los militares que lo acompañan mantendrán esta situación o la empeorarán. Necesitamos dirigentes alejados del comunismo y miembros de la fuerza armada respetuosos de los derechos humanos, poca cosa. También, que las elecciones convocadas dejarán de resolver los problemas, ya que son una farsa. Con candidatos afectos a la dictadura, postulados por las directivas designadas por el gobierno por medio del Tribunal Supremo de Justicia, tendremos comicios fraudulentos con diputados vendidos al postor socialista.

Las protestas, por muy válidas y esperadas que fueran, nos tomaron, al igual que al gobierno, desprevenidos. Empezaron por pueblos del estado Yaracuy, uno de los estados más chavistas, agrícola por excelencia; y siguieron en Guárico, otro estado en el que muchos de sus habitantes trabajan la tierra. Lo inesperado se hizo posible en las narices de los militares que todo lo ven, lo oyen y saben lo que se hace y lo que se deja de hacer.

Los contingentes castrenses están concentrados en las principales ciudades, esas mismas que van a dejar desguarnecidas al trasladarlos al interior del país, bien lejos de las fuentes de abastecimiento y de negocio. En Nirgua o Chivacoa faltan dólares. Santa María de Ipire queda a más de 4 horas de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico. Controlar las protestas de ese estado conlleva movilizar unos cuantos soldados desde el Fuerte Conopoima que pueden ser necesarios en esa ciudad o en otras cercanas.

Sin embargo, para reprimir tienen que reunir las armas con las municiones, lo cual evitan hace años. Esa estrategia que debilitaba a los comandantes de batallones tendrá que ser dejada a un lado y darles poder de fuego. Lo malo es que las conclusiones de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas, ha alertado al mundo y a los ingenuos que pensaban que el alto gobierno es inocente de los abusos, torturas y desapariciones. Expresa el informe: las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad. Los muertos pesarán en los hombros de la institución militar, de aquellos que aparentan ser descendientes de los libertadores.

Hagamos lo que plantea Tarek William Saab, fiscal designado de forma ilegal por la asamblea nacional constituyente, una reestructuración, pero del alto gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, en fin, de todos los poderes públicos. Eso se logra con elecciones presidenciales limpias, con partidos políticos libres y con condiciones electorales justas llevadas a cabo por un CNE escogido conforme a la Constitución.

Intuyo que Tarek, cuando se refiere a reestructurar a los cuerpos policiales, está proponiendo despedir al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (r) Néstor Luis Reverol Torres, quien es el superior jerárquico de algunas de estas policías junto con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división Edylberto Molina, porque de otras policías es Nicolás. Los destituidos serían: el comisario jefe José Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); el mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general de división Elio Estrada Paredes; y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario general Douglas Rico. Vaya usted a saber quién es el director general de los colectivos. Casi todos militares.

Esta propuesta reconoce las atrocidades que recoge el informe de la ONU, aunque será una pérdida de tiempo en este gobierno de militares quienes se opondrán a ser los paganos de las decisiones de otros. El que puede terminar botado de su cargo es ese funcionario del Ministerio Público que pide la reestructuración.

El fiscal desconoce lo que pasa en el país. Falta que alegue locura. Todavía está leyendo el extenso informe de la ONU. Espero que pueda dormir, porque a los cómplices por omisión les cuesta conciliar el sueño.

Por lo pronto, seguiremos protestando.

@rangelrachadell

Política con obstáculos

Llama la atención todas las vías cerradas con obstáculos que no pareciera que van a levantar, que obligan a tomar desvíos, a dedicar tiempo y esfuerzo para llegar al destino previsto. Las interminables colas de llenado del tanque de gasolina de su vehículo, a las que se le dedican horas desde la madrugada y a veces iniciando la larga fila el día anterior. Todo se dificulta, conseguir el dinero, regresar al hogar en un edificio sin electricidad, cocinar sin gas o bañarse sin agua.

La estrategia militar de colocar obstáculos la han llevado al extremo de convertir el acto más sencillo en un gran esfuerzo, tener una dedicación desproporcionada al mínimo detalle, ni se diga si está relacionada con el Estado. Obtener un pasaporte puede significar apersonarse varias veces en las oficinas del Saime (extranjería), explicar que el trámite no avanza, presentar tontas cartas al director, que se apiade de usted, le permita el documento y escaparse de esta locura de país. Un documento notariado se lo pueden negar por sospechoso. Una declaración o constancia de las ilegalidades es suficiente razón para que la funcionaria le niegue su solicitud.

La idea es agotar al oponente con la esperanza de poder derrotarlo o que sus fuerzas desfallezcan en el momento cumbre de la confrontación. Esa fue la estrategia de Muhammad Ali contra George Foreman en 1974, gracias a las gestiones del dictador Mobutu Sese Seko en Zaire, en la contienda denominada “La pelea en la selva” o la mejor pelea de la historia. Alí se dedicó a bailar en el cuadrilátero durante ocho largos asaltos y su contrincante no pudo noquearlo, ya que el castigo lo aguantaba apoyado en las cuerdas. Fue suficiente un derechazo bien pegado y despejó el camino al título de campeón de los pesos pesados.

La oposición y la sociedad en general estamos agotados de esta pelea por la vida. Lo peor, sin estrategia común en la cual confiar. Sin embargo, no podemos rendirnos, entregarse no es opción, y menos el pueblo valeroso que se ha inmolado en varias guerras, desde la Guerra Civil de independencia, pasando por la Guerra Civil Federal, así como muchos otros levantamientos en búsqueda del poder. Matarnos ha sido deporte nacional, con la dificultad de que ahora las armas las tiene un solo lado.

Lo primero es que no podemos desviar el foco, el problema es Nicolás. Es posible que la oposición esté algo dividida, los partidos políticos y sus símbolos tomados por el gobierno o que las condiciones electorales sean fraudulentas, el problema es Nicolás. No se les olvide, cualquier manifestación tiene que colocar al burro por delante. No soy yo, es él el que me ha quitado todo.

Hacer política en estos tiempos es atacar la gestión del gobierno, no hay otra estrategia. Sabemos que el gobernante miente, falsifica la realidad en todo lo que informa. La enfermedad afecta a muchísimas más personas de las que anuncian, maquillando las estadísticas con otras afecciones o patologías. Ni se efectúan las pruebas que determinan el covid-19 y las clínicas y hospitales atestados. Perdieron la lucha contra la pandemia, mejor dicho, el pueblo pone los cadáveres. Esta confrontación es extensible a los gobernadores y alcaldes chavistas. Un ejemplo, el gobernador del Zulia anunció un plan de racionamiento en el que ofrece bajar de seis a cuatro horas el control que tiene sobre el servicio eléctrico, aunque la situación sigue igual. ¿Electricidad? No hay.

Buena parte de la oposición no sabe qué política implementar. Claro, apartando a los que viven por el negocio de postular a excandidatos chavistas en las planchas de los partidos progobierno. Hay que olvidarse de las elecciones y pensar en demostrar todas las trampas del gobierno, no solo las electorales, dejarlo al desnudo en todos los campos y aspectos de la vida diaria. No importa que no lo acompañen en esta idea, no se preocupe, protestar es la única que puede llevar a cabo.

Hay que organizar el próximo acto político, la marcha, el bloqueo, la sentada. El tuitazo no, eso es muy fácil. La conversación en las colas, tocar corneta cuando se incorpora a una o al terminar de llenar el tanque, cualquier manifestación de protesta es bienvenida. Debemos presionar al gobierno de alguna manera que sepa que no tiene el poder de la opinión pública, que la confrontación política es hoy, mañana y todos los días. El régimen puede poner obstáculos físicos, nosotros, en cambio, podemos colocar inmensos escrúpulos morales.

Calma, paciencia y tranquilidad. Las elecciones previstas el 6 de diciembre no se han efectuado, todavía se pueden emprender acciones políticas. Deje la angustia. Lo mejor es no ser predecible, existen otras formas de protesta. Epa, no me refiero a la invasión deseada, de manera impaciente, por algunos. Un amigo suele decir: puede que el caballo vuele. Otro día lo explico.

Recuerden, el gobierno juega sucio, eso nos autoriza a responderle de la misma manera. En mi experiencia como abogado, algunas veces me encontré con trampas, compra de jueces, robo de expedientes o de documentos. Por supuesto que me molestaba, pero ese comportamiento liberaba todas mis limitaciones éticas y, si me enfrentaba a un tramposo, podía acudir a sus mismas o a peores tácticas. Si mi contrincante agarra un palo, yo puedo tomar una piedra. Eso se llama legítima defensa, ayudarse con el medio necesario y suficiente para repeler la agresión.

Ya Guaidó dijo: no estamos jugando con carritos. Actuemos en consecuencia.

@rangelrachadell

Protestar es el nuevo negro

No podemos confiar en un gobierno que interpreta la Constitución de manera que se adapte a sus necesidades, ese mismo que obligó a los partidos políticos a un proceso desgastante de recolección de firmas de sus afiliados, luego los ilegaliza por una decisión de la asamblea constituyente, y suspende el referéndum revocatorio en contra de Nicolás por unas supuestas irregularidades que nunca decidieron los tribunales penales.

Gracias a las medidas de Trump, Nicolás fracasó en su pretensión de imponer la Asamblea Nacional Constituyente como sustituto de la Asamblea Nacional. Esto impidió que se aprobaran financiamientos por medio de créditos adicionales amparados en endeudamiento en divisas. Se quedaron sin plata.

Nicolás ejerce el poder y logra imponer su gobierno a sangre, prisión, mentiras, hambre y fuego; sin un ápice de legitimidad por no ser su elección clara y sin dudas. Henrique Capriles demandó por fraude en los comicios presidenciales, y en su recurso de nulidad expone: “La voluntad soberana y democrática del pueblo de Venezuela no solo fue defraudada a través de la emisión de un resultado electoral falso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 14 de abril de 2013”, y por ahí se despepita en contra de ese proceso. Henri Falcón denunció la escogencia de presidente de la República en 2018, alegando que hicieron trampa y que “esas elecciones no existieron, deben declararse nulas por los vicios, pero además por los delitos que se cometieron en pleno proceso”. Las condiciones electorales no solo no han cambiado, han empeorado.

Esa irresponsable “ética de valores absolutos” (Weber), en la que los fines justifican los medios, no se detiene en formalismos legales ni le interesa que se consideren ajustadas a derecho sus actuaciones. Entre el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE ha logrado una oposición a la medida del chavismo, sea de derecha o de izquierda, gracias a la intervención o a la compra de conciencias que ha llevado a posiciones ilógicas en la toma de decisiones. Los partidos intervenidos no asumen la unidad en las postulaciones mediante alianzas perfectas en las que las organizaciones políticas postulan al mismo candidato, cuando es la única estrategia posible de enfrentamiento contra la maquinaria del socialismo del siglo XXI en un sistema electoral que premia a las mayorías y polariza el voto, caso Claudio Fermín, quien no va en alianza porque no cree en la polarización. Cada político se suicida a su manera. La convocatoria a elecciones presenta un alto grado de manipulación y de corrupción, tan es así que han prorrogado varias veces la fecha límite para las postulaciones. Parece que les faltan candidatos.

Nos piden que confiemos en este mismo árbitro electoral que conserva mayoría del PSUV, con magistrados que cumplieron la orden de anular las elecciones de los representantes indígenas y las de diputados del estado Amazonas, en un juicio que nunca fue resuelto. Los rectores actuales no se han comprometido con la democracia ni con las libertades de las directivas de los partidos políticos que han sido intervenidas. Justifican la intervención con una supuesta justicia vengativa contra las autoridades que no renovaron su dirección, pero al partido de gobierno, que está en las mismas condiciones, no lo mencionan.

Una de las curiosidades del sistema electoral que están imponiendo es el voto cuádruple en algunas circunscripciones electorales, por ejemplo: en el Zulia se votará por candidatos de circuito y candidato en la lista cerrada y bloqueada, más el de la lista nacional y en algún momento tendrá que ir a una asamblea a votar a mano alzada por los supuestos voceros que escogerán a su vez al diputado indígena de varios estados.

Nuestra sociedad quiere que el conflicto del gobierno contra todos los ciudadanos se resuelva mediante unas elecciones, lo malo es que se aprovecha esa necesidad chantajeando, obligando a participar con las ilegales condiciones impuestas. Alegan que el mandato de la Asamblea Nacional está por expirar, aunque no dicen que no se pudo ejercer por la intervención del TSJ, aplicando la teoría del desacato y, por otra decisión, limitando sus poderes de control para no afectar el adecuado funcionamiento del Ejecutivo Nacional (sentencia de la Sala Constitucional N° 9 del 01-03-2016).

Sin embargo, construir oposición pasa por un rechazo constante a las medidas de la dictadura. Hay que quejarse, exigir, reclamar, llevar la contraria y no dejar pasar ninguna actuación. Debemos poner de moda la protesta, algo tendrá resultado.

@rangelrachadell

Mala época para morirse

El tratamiento que le está dando al gobierno a la pandemia es de ilusionismo, dar la impresión de que ellos trabajan y avanzan, quienes resuelven sin arreglar nada. No es más que el juego infantil del escondite. No tiene ningún sentido cerrar calles, autopistas, municipios, siempre hay un camino verde por el cual meterse, un atajo, un desvío que la autoridad no puede cubrir. Agitarse no es avanzar en superar la enfermedad. Pura bulla.

Por mayores esfuerzos que hagan los médicos, un alto empleado del gobierno o un joven universitario se pueden morir en clínicas con alta tecnología, porque no existe un tratamiento universal que ayude al restablecimiento de la salud. En el sector salud todos somos conejillos de indias, al enfermo lo compondrán con lo que haya, con esperanzas de salir airosos de la contaminación. Prometen carpas y encierros, hoteles sin comida y hospitales sin medicinas ni agua. Estas son las grandes soluciones.

Dudo de las estadísticas que la abogada o el chofer dan a conocer. No puedo dejar de alarmarme por las defunciones que están sucediendo. La muerte nos rodea, padres de mis amigos, médicos reconocidos, familiares cercanos, con estudios e imágenes claras que reflejan la patología y los síntomas evidentes de la enfermedad no entran en la estadística. Algunos pacientes tienen señales leves del covid-19, el problema son los que tienen sintomatología grave; sin embargo, no tiene por qué morir quien se enferme. Si tuviéramos un sistema sanitario, con personal muy bien pagado, suficientes camas de terapia intensiva o de cuidados intermedios, con los equipos apropiados, se podría sobrellevar esta crisis de salud con poca mortalidad, aunque no pueda evitarse que algunas personas fallezcan.

Esta pandemia nos tomó sin aviso y sin dinero. Ante una emergencia hay pocos familiares en el país, pocos pueden dar una mano, llevar a un enfermo, trasladar una muestra de sangre, buscar los documentos filiatorios, efectuar el trámite del acta de defunción, pedir al médico que firme el respectivo informe. Los que están lejos lloran la imposibilidad de acompañar a sus deudos, no hay funeral que nos permita despedirnos, los novenarios por el descanso eterno del difunto no pueden celebrarse, queda mirar por YouTube las misas. Las empresas fúnebres gestionan, los cementerios atenúan los requisitos de las cremaciones o el uso de las parcelas y la inhumación. Lo que se pueda se simplifica, la soledad nos acompaña.

Todos esperamos ese momento en que podamos reunirnos y escuchar esa palabra de aliento, el abrazo fraterno, el beso sincero. Los medios electrónicos no son suficientes, resultan fríos, impersonales, les falta el sentimiento que une los corazones. Por más que queramos no podemos desahogarnos, recordar los buenos tiempos, el pasado en común. El duelo se alarga, el dolor queda. Nos corresponde rezar por nuestros deudos y las ánimas del purgatorio.

Esta calamidad no es solo mala suerte, está acompañada con servicios públicos deficientes, desdén, ignorancia y negligencia. Años de corrupción en el sector salud nos trajeron a este desamparo, de repetición de remodelaciones en los hospitales se quedaron sin recursos, personal, equipos y el país sin gente. Haga el experimento, llame a un servicio del Estado que ofrezca ambulancias, su municipio, la gobernación, el instituto de sanidad. No hay, no habrá, ya es tarde, están ocupados; balbucearan cualquier excusa que encubra la falta de gasolina, la ausencia de cauchos, la mudanza o la función de taxi. El discurso y el afiche en gran tamaño siguen allí, recordando que la seguridad social es una obligación constitucional que no cumplen.

Los pacientes no quieren asistir a los centros de salud por miedo a la infección, este terror supera la necesidad de la sutura, la fiebre del niño, el clavo en el pie o la quemadura producida por el tubo de escape de la moto. La manera más rápida de contagiarse es adentrarse en los pasillos del dispensario o del CDI, en el que los enfermos esperan sin orientación, sin encontrar quien los atienda y quieren salir corriendo del nosocomio. No hay médico, el lecho no tiene sábanas, es mejor que se quede en su casa. Ya las camas clínicas se agotaron, le queda improvisar soluciones, a todas estas, tampoco hay enfermeras que le ayuden con la atención o ellas viven en el mismo barrio en el que se encuentra un contagiado.

Mientras no salgamos de esta gente no tendremos solución. Lo que queda es desobedecer, en la medida de lo posible, porque sospecho que todo lo que disponen puede ser malo, falso, innecesario o perjudicial.

En memoria de mis tíos Heriberto, Carmita y José del Pilar, quienes murieron con pocos meses de diferencia en este tiempo de pandemia y no pude acompañar a la familia.

@rangelrachadell

El problema indígena

Muchas familias han dibujado su árbol genealógico, buscando su antepasado europeo que les facilite la emigración, la vía de escape. Otros, optaron por revisar sus apellidos por la posibilidad de un pariente sefardita que haya huido de la persecución de la inquisición española.

En la exploración familiar han encontrado que los tatarabuelos fueron mestizos, mulatos, cuarterones o criollos. No importa que la madre sea blanca como la leche, que la hija tenga el pelo rizado, la abuela de su abuela fue india de cabello liso. Igual que los gatos en la noche, la mayoría somos pardos.

Hablando de nuestros familiares nativos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 125, expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política, y que el Estado garantiza su representación en todos los niveles político territoriales.

En estos días, el Consejo Nacional Electoral definió en sus normas especiales que, en promedio, tendremos un diputado por cada 140.000 venezolanos. Claro, haciendo abstracción de todas las irregularidades que acompañan al proceso electoral, siendo la más grave el control de los nombres y símbolos de los partidos políticos que eran de oposición. Aparte del crecimiento de la cantidad de parlamentarios a elegir sin argumentar un criterio legal o por lo menos que fuese lógico.

Si lo que expone el último Censo es cierto, la población indígena creció, entre 2001 y 2011, 143%. Es posible que haya aumentado la autoidentificación con los indígenas o que los encuestadores inflasen los resultados, aunque dudo que tengan esa capacidad de reproducción. Un dato curioso, la disposición transitoria Séptima de la Constitución estableció tres regiones (circunscripciones electorales) en las que se puede votar por los candidatos indígenas, Occidente: estados Zulia, Mérida y Trujillo; Sur: estados Amazonas y Apure; y Oriente: estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre. En la publicación del Censo 2011 no identifican cuántos indígenas hay en Mérida, Trujillo y Anzoátegui.

El estado Zulia, con más de 60% de todos los indígenas del país, personificados por la etnia guajira, tiene derecho a que lo represente un diputado. En cambio, la región Sur, con 12% de indígenas, también escoge un parlamentario.

La Disposición Transitoria Séptima de la Constitución previó que los candidatos indígenas estarían en el tarjetón de su circunscripción y todos los electores podrán votarlos, así fue recogido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es decir, si usted vive en una región indígena, pertenezca o no a una etnia, podrá elegir al diputado, según la Constitución que impuso Chávez y que se votó en pleno desastre de Vargas. Es más, la disposición mencionada expresa que “las elecciones se realizarán de acuerdo con las normas y requisitos aquí establecidos”, no con la normativa que dicte el CNE.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas insiste en que sus representantes serán elegidos de acuerdo con la ley que regula la materia electoral (artículo 64). Ahora, el CNE, actuando como órgano legislador, cambia las reglas constitucionales y los principios desarrollados por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, al señalar que: “A la Asamblea Nacional, en el sistema de la distribución de competencias, es el único poder a quien corresponde reglamentar, de manera general y permanente, el ejercicio y protección de los derechos fundamentales”. (Sentencia N° 1309, 19/07/2001).

El verdadero problema es que el Estado no ha elaborado el registro electoral de los indígenas, por eso inventa unas elecciones asamblearias, de segundo nivel, con voto público a mano alzada, con el que pretende conformar un padrón de voceros, quienes serán los que elijan a estos diputados. La justificación para este atropello es que esos pueblos, mediante asambleas populares conforme a sus usos, tradiciones, costumbres y prácticas ancestrales podrán escoger a sus representantes, solo que ocurrirá como lo ordena el CNE.

La Sala Electoral, desde sus inicios, ha insistido en el respeto de los principios constitucionales relacionados con el voto, y ha dicho:

La concepción del voto efectivo, como hecho físico con incidencias jurídicas, determina, como señala la doctrina española, que la legislación electoral debe garantizar que los medios materiales y humanos empleados en la operación de la votación “…han de garantizar tres cualidades esenciales del voto: su libertad, su exactitud y su carácter secreto…”. (Sentencia N° 163, 18/12/2000).

Este sistema de elección de segundo grado, mediante voceros, fue declarado inconstitucional por la Sala Electoral, cuando expresó:

“La concepción del ejercicio del sufragio indirecto o de segundo grado, resulta contraria a las normas y principios que informan la materia electoral y participación política en el sistema constitucional vigente, en vista de la existencia del principio de participación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto como principio general (artículo 5 y 6), como derecho constitucional y mecanismo de expresión de soberanía (artículo 62), lo cual debe interpretarse en relación con la consagración del sufragio como derecho (artículo 63) a ejercerse en votaciones libres, universales, directas y secretas…”. (Sentencia N° 135, 28/09/2004).

La Sala Constitucional, mediante sentencia de revisión, hace hincapié en el secreto del voto, cuando declara que:

“En efecto, la elección de cargos públicos es una forma de participación y al mismo tiempo, un derecho ciudadano que la propia Carta Magna consagró de manera personalizada, libre, universal, directa y secreta (artículo 63), esto es, que cada ciudadano tiene la facultad de participar en los procesos electorales para la escogencia de cargos públicos por sí mismo, sin coacción, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos y en un escenario que garantice la confidencialidad de su voto”. (Sentencia N° 499, 27/04/2015).

Las garantías constitucionales fueron violadas por la normativa que dictó el CNE al regular la elección de diputados que representen a los indígenas, por cuanto, en el método diseñado, el voto no es libre ni es secreto, tampoco directo ni universal.

En un país sin justicia el fraude es ley.

@rangelrachadell

Carreras arregladas

Los juegos de fútbol, los de beisbol, las carreras de caballos, las de autos y las elecciones en Venezuela pueden ser objeto de algún tipo de acomodo. Usted puede ser engañado en su buena fe al pensar que los contendores participan en igualdad de circunstancias y que, con el mejor deseo de ganar, el Consejo Nacional Electoral garantiza las condiciones electorales, por lo que estamos en presencia de una elección competitiva. Nada más falso.

Un jinete puede controlar su caballo y cambiar el resultado de la carrera, al igual que los jugadores en el campo, que tienen que dar su mejor esfuerzo, no favorecer al contrincante cometiendo errores de manera consciente o los corredores acelerar y obtener el triunfo. Sabemos que los árbitros también inciden en los resultados.

Cuando el Tribunal Supremo de Justicia designó unas autoridades distintas a las electas en los partidos políticos de oposición cambió los jinetes de esas organizaciones, las cuales ahora están dirigidas por los afectos al gobierno. Los caballos correrán en estas elecciones al ritmo que le imponga el elegido por el dedo del régimen, será una simulación perfecta que disfrutarán los fanáticos.

Este acuerdo o asociación entre los magistrados, los directivos de las organizaciones con fines políticos controlados, el alto gobierno y los militares en la organización de los comicios, buscando obtener un resultado favorable al chavismo y contrario a las reglas de competencia establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, favoreciendo o perjudicando a los candidatos o a otros partidos, es injusto y ha generado un fuerte rechazo a estas elecciones como solución al conflicto que tiene la sociedad venezolana con el socialismo del siglo XXI.

En el pasado, ha sido evidente la movilización de los votantes que apoyan al gobierno. Es práctica constante el trasladado de sus electores controlados por las misiones, dádivas, bonos, bombonas de gas y bolsas CLAP, de los circuitos en los que no tienen ninguna oportunidad a los que les falta una mayoría suficiente para vencer a la oposición, más cuando esta va dividida a la confrontación. No se sabe en qué momento movilizaron tantas personas en todo el país, pero los números que acaba de publicar el CNE en las tablas de las circunscripciones electorales 2020, que determinan la cantidad de diputados a elegir de manera nominal, son las mismas que de las elecciones de 2015, aunque no concuerden con el decrecimiento poblacional. Según el órgano electoral, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que la población ha crecido –en promedio– 6% desde el fraude de 2018.

El CNE comunica que el circuito 2 del estado Miranda, conformado por los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre ha crecido, desde 2018, en 27.698 votantes, o que el total de electores de ese estado aumentó en 179.066 personas. En el estado Zulia se manejan unos números extraños. Por ejemplo, ¿me creerían si les digo que el circuito 9 conformado por el municipio San Francisco creció en 2 años 11%, con 50.910 nuevos electores, o que todo el estado en ese mismo lapso de tiempo amplió su población votante en 266.115 ciudadanos? Estos cálculos del INE pueden ser consecuencia de uno de estos dos hechos, no tienen idea de la población actual y lo que hicieron fue una proyección de los electores inscritos en el Registro Electoral o decidieron ignorar que se fueron del país 5 millones de venezolanos expulsados por las nefastas políticas de Nicolás y compañía.

Todavía falta enterarnos de los resultados de la jornada de inscripción en el RE, por lo que debería crecer algo más los ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto. Con relación a los votantes en otros países no se dice nada, cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales ordena que el reglamento determine el procedimiento de votación en el exterior (artículo 124), y el Reglamento General de 2013 estipula que los electores venezolanos que se encuentren legalmente residenciados en el extranjero podrán actualizar sus datos a través de la representación diplomática ubicada en el país de residencia, aunque la exigencia de este requisito es una exageración (artículo 26). Sin embargo, las Normas especiales para las elecciones a la Asamblea Nacional, período 2021-2026, silencian el punto.

Todo lo anterior viene a cuento porque, con el nuevo diseño de sistema electoral de manera proporcional, la lista de adjudicación nacional de 48 parlamentarios, tenemos una circunscripción nacional. En las anteriores elecciones de este tipo, se negó el derecho a los votantes de manifestar su voluntad en las elecciones parlamentarias por ser una elección regional, en cada estado se escogía a los representantes, pero al existir una lista nacional los ciudadanos que vivan en el extranjero podrían escoger a los diputados que postulen las organizaciones con fines políticos o grupos de electores nacionales. En definitiva, ya que se pusieron creativos con este invento debieron facilitar el voto a todos los venezolanos, donde sea que se encuentren.

No se puede pedir mucho a las marionetas que dirigen el CNE o los partidos seudoopositores, siguen sin respetar la legalidad, aunque los fríos números no mienten. El Registro Electoral lo inflarán todo lo que puedan para anunciar que en plena pandemia se inscribieron miles de jóvenes. Ya me van a decir que solo veo el lado malo y tramposo del chavismo, pero es que se le ven las costuras en cada decisión que toman.

@rangelrachadell

Marionetas electorales

El gobierno es como los magos, hace creer que la solución electoral está en una mano y resulta que aparece en la otra, la izquierda. El movimiento es tan complicado que ni los entendidos perciben la trampa, y si la notan no la denuncian. Quienes hemos visto los trucos aplicados en los comicios del chavismo nos es difícil identificar la ilusión, hasta que termina el proceso electoral.

En 2010, la oposición fue a elecciones de miembros de la Asamblea Nacional con un acuerdo político que consistió en postular los mismos candidatos, principales y suplentes. Eso se llama alianza perfecta, y suma los votos de las distintas tarjetas a los candidatos comunes. El sistema impuesto por el chavismo en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) de 2009, cuando dominaba el Parlamento, premia con más diputados a quien obtenga la mayoría. El resultado fue favorable al PSUV y obtuvo un número mayor de los que le correspondía. Si la adjudicación de escaños fuera justa cada organización política obtendría igual cantidad de representantes con la misma suma de sufragios que las demás. Todo este invento lo denominan sistema electoral paralelo, y dicen que es el que existe en la Lopre, lo cual, para variar, es falso.

Se cambió la estrategia opositora en 2015, se postularon a los candidatos por una sola tarjeta, el llamado partido de la MUD. Ese mismo que fue denunciado por supuesto fraude en el revocatorio contra Nicolás, y al que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la recolección de firmas que permitiera la renovación de la nómina de sus afiliados (Sentencia de la Sala Constitucional N° 53, 25/01/2018). La necesidad de un solo frente al chavismo mantuvo unidos a los partidos y lograron la victoria, escamoteada luego por el TSJ con el argumento del desacato.

La anterior sentencia es otro episodio de la estrategia que impide que la oposición vaya unida en un frente común contra el chavismo. La intervención de los partidos es parte de esa ficción de democracia que nos presentan; sin embargo, no son independientes ni están dirigidos por sus muy conocidos presidentes o secretarios generales. Una AD sin Henry Ramos, Primero Justicia sin Julio Borges o Copei sin Roberto Enríquez son cascarones sin sustancia. El truco de magia sigue avanzando.

Los rectores impuestos por el TSJ en el Consejo Nacional Electoral se ufanan de dar las mayores garantías nunca otorgadas en elecciones en Venezuela. No son necesarias las anteriores trampas a las que estaba acostumbrado el socialismo del siglo XXI. Ni siquiera es porque los partidos políticos intervenidos van a escoger a los acólitos del chavismo, no es necesario. Los pocos que lleguen a diputados con la etiqueta de oposición no harán nada, no serán mayoría, tendrán unas curules que les permitirán figurar y cobrar quince y último.

La unidad ha sido y es el norte de la oposición auténtica. Si los designados por el TSJ quisieran ser una verdadera alternativa tendrían que unirse y postular en una alianza perfecta a todos los candidatos, pero eso se lo tiene prohibido el régimen, a riesgo de ir presos al igual que otros dirigentes. A los nuevos diputados los detendrá la dictadura al menor desliz, ya que al chavismo no le ha importado un comino la inmunidad parlamentaria que adquirieron los anteriores legisladores con su proclamación, y no tiene que ser diferente en las próximas amañadas elecciones. A todo evento tienen al TSJ que dicta sentencias inconstitucionales e ignoran ese privilegio. Esta garantía no le sirvió a Juan Requesens ni a Renzo Prieto, encarcelados por este gobierno. Nada impidió que apresaran a Édgar Zambrano o a Gilber Caro. No olvidemos al concejal Fernando Albán, quien murió en manos de sus captores.

El problema no es de narrativa política, es de libertad de los partidos, quienes buscan por la vía electoral las soluciones de nuestro país. La intervención de las organizaciones con fines políticos ha desmembrado su dirección y organización, siendo estos una familia, sus miembros se conocen, aceptan la preeminencia de unos dirigentes sobre otros, hay relaciones de confianza de muchos años. El TSJ les dice que deben hacerle caso al fulano que ellos imponen, y destruyen a la competencia desde adentro, inoculando el veneno de la división.

La reciente normativa especial hace referencia a una Lista Nacional con 48 diputados que permitirá que ingresen al Parlamento otros 10 partidos, aunque la representación proporcional de las minorías no es esto que redactaron. El truco es que las organizaciones con fines políticos de la supuesta oposición, cada uno yendo por separado, no podrán acumular los suficientes sufragios que permitan la repartición proporcional que refleje un equilibrio entre votos y escaños. La adjudicación de curules por el método de D’Hont les da preeminencia a las organizaciones mayoritarias en desmedro de las que obtengan menos votos (Artículo 20, Lopre). El PSUV con 20% de los votos obtendrá más representantes que los distintos partidos que dicen ser de oposición.

El registro electoral no refleja la población votante, ni tiene relación con el crecimiento estimado en el Censo de 2011. Las circunscripciones son las mismas que se manipularon en 2015, por ejemplo, en Miranda -en las zonas de oposición- se necesita que voten más electores por cada representante. Si a ver vamos, por el índice que está aplicando el CNE, le correspondería un diputado al estado Amazonas y 30 al Zulia.

No importa lo que digan, alguien está moviendo los hilos en las elecciones convocadas para diciembre, hay gato encerrado, y no está saliendo del sombrero.

@rangelrachadell