Dejemos atrás este fastidio

Por: Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/Dejemos-fastidio_0_710329117.html

Nuestra sociedad tiene algo de temor; no solo el impuesto por la inseguridad que ha propiciado el gobierno, que provoca que las calles queden vacías muy temprano. La sociedad tiene miedo de que no haya un cambio, de que el Consejo Nacional Electoral desconozca las elecciones. Este sistema de dominación socialista busca que el hombre sea sumiso, dependiente, temeroso, conformista, y se sienta solo y aislado.

Los funcionarios viven con la preocupación de ser despedidos, y ni siquiera es por manifestarse a favor de la oposición, normalmente es por no acompañar al jefe; esto genera en su comportamiento una parálisis por la que no se gobierna; y no denuncian al jefe corrupto por temor a represalias.

Observo que la sociedad tiene interés en cambiar, en vivir mejor; en ser libre del gobierno, trastocar el orden impuesto, recuperar el futuro. Si bien nuevas soluciones traen nuevos problemas, es necesario modificar la política para que se produzca el cambio social.

Chávez está muerto, no regresará; no solo para los que pensamos que hizo mucho daño, tampoco regresará para quienes creyeron que era un ángel, no podrá hacer ni daño, ni bien; se fue, no volverá. Hay quienes piensan que su pensamiento vive y que se mantendrá en el tiempo, esos están mandando, están gobernando de manera autoritaria y se comportan con un talante sádico, imponiendo el terror al perseguir a los opositores políticos, al mantener presos a jóvenes que nunca tuvieron la más mínima posibilidad de hacerle daño al orden impuesto; que amedrenta a los periodistas con procedimientos administrativos por quedarse callados ante las opiniones de sus entrevistados. La sociedad se resiste a comportarse de manera masoquista, de aceptar que se merece este castigo, de soportar la maldad del socialismo del siglo XXI.

Este comportamiento destructivo del Poder Ejecutivo es en contra de los trabajadores por su política económica que engendra inflación; es en contra de los empresarios por sus controles sobre los procesos productivos; y, en general, es en contra de los ciudadanos que se ven obligados a perder su dinero en la persecución de los bienes básicos.

Nos negamos a ser conformes con esta realidad; por eso estamos en un proceso electoral, para entretener la ansiedad y evitar la violencia que nos propone el régimen con su actuación en contra de todo lo que nos es preciado, nuestra democracia, el respeto entre los ciudadanos, el deseo de superación como consecuencia de nuestro trabajo.

Nuestro orgullo como sociedad será vencer nuevamente a una dictadura; convencidos de que la democracia es otra cosa, otra manera de ver la vida; de la certeza de que estamos haciendo lo correcto, ya que hemos identificado que este gobierno mientras más poder tiene, menos libertad nos deja a los venezolanos; por ello, trabajemos en nuestro propio interés, para ser libres fortalezcamos nuestra identidad individual, empecemos por nosotros mismos.

La primera libertad no es la de escoger qué tener, es la de decidir qué abandonar; la cultura del socialismo rojo la estamos abandonando. A este gobierno lo castigaremos con la indiferencia, dejaremos de preocuparnos de su existencia; está a punto de desaparecer, y ya no podemos encontrar un hombre honesto en este gobierno, aunque lo buscáramos con una lámpara.

Lo que nunca podemos abandonar es la educación de nuestros hijos para aumentar su capacidad crítica, esta tarea hay que hacerla en la familia, solo así seremos realmente libres.

Por último, hay que romper con la indecisión; hay que salir a hacer política, hay que votar, expresarnos, demostrarle a la autoridad que no le tenemos temor. Debemos dejar atrás este gobierno fastidioso; no tengan miedo, no se rindan, lo mejor está por llegar.

Napoleón Bonaparte dijo: “Solo hay dos palancas que mueven a los hombres: el miedo y el interés”.

@rangelrachadell

Se robaron la plata y se echaron a reír

Por: Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/robaron-plata-echaron-reir_0_701929961.html

El 29 de enero de 2004 el directorio del Banco Central de Venezuela conoció un oficio firmado por Alí Rodríguez Araque, para ese momento presidente de Pdvsa, en el cual solicitó autorización al instituto para constituir el Fondo Especial de Desarrollo (conocido también como Fondo Especial de Desarrollo Endógeno) con un aporte de hasta 2 millardos de dólares norteamericanos (US $ 2.000.000.000), los cuales serían manejados por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y el Banco de Desarrollo Social en los programas sociales y otras actividades que determinase el Ejecutivo Nacional. Este fondo fue diferente al fondo rotatorio de hasta 600 millones de dólares que disponía Pdvsa para cubrir sus gastos en el extranjero.

La constitución de ese Fondo Especial de Desarrollo en Pdvsa con divisas provenientes de la exportación de hidrocarburos infringió las normas y principios sobre la forma federal del Estado. Ese acuerdo entre Pdvsa y el Banco Central de Venezuela, sustrajo recursos que debieron ingresar al Tesoro Nacional, y lesionó el derecho de los estados y de los municipios de recibir la parte de Situado Constitucional correspondiente a las sumas que se aporten al Fondo, por cuanto son ganancias netas no pechadas por el impuesto sobre la renta. Como sabernos, el situado se calcula sobre la base de los ingresos ordinarios que percibe la república, y la recaudación por concepto de impuestos obre la renta es un ingreso ordinario.

La creación del Fondo Especial de Desarrollo produjo una disminución, sin fundamento constitucional, de los ingresos del Tesoro, y por lo tanto sustrajo recursos que debieran ser aportados al Fondo de Estabilización Macroeconómica, que sí tenía fundamento constitucional.

Constitucionalmente no estaba ni está prevista ninguna exención para las empresas del Estado que operan en el ámbito de los hidrocarburos, antes por el contrario, tienen un régimen de tributación más elevado que el de los particulares.

Tampoco es cierto que la creación del Fondo Especial de Desarrollo permitía lograr los objetivos sociales que contempla la Constitución. Tales objetivos se podían alcanzar perfectamente sin irrespetar las normas constitucionales que establecen la unidad del Presupuesto y la Unidad del Tesoro, la legalidad del gasto público y la soberanía presupuestaria de la Asamblea Nacional, el principio de la legalidad administrativa y el control de la administración pública.

El Fondo Especial de Desarrollo estableció una institución paralela a las contempladas en el ordenamiento administrativo y financiero del país, con la finalidad de evadir los controles existentes del Banco Central de Venezuela y de la Asamblea Nacional.

El haber creado ese fondo violó el Decreto Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que en su artículo 36 (en el pasado era el 34) contempla el principio de no afectación de ingresos, que expone: “No se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo de ingreso con el fin de atender el pago de determinados gastos, ni predeterminarse asignaciones presupuestarias para atender gastos de entes o funciones estatales específicas, salvo las afectaciones constitucionales”.

Ser responsable sugiere varias posibles acepciones. Responsable es ser competente. Entiéndase disponer por mandato legal de atribuciones o facultades.

Ser responsable es igualmente estar obligado. Obligado a hacer o a dar una determinada prestación. Ser responsable puede significar estar llamado a responder civil, administrativa, penal o políticamente de una actuación, de un deber pendiente, de acciones u omisiones, que por mandato de la Constitución y de la ley se constituyen en deberes no susceptibles, de evasión, negociación o elección.

Las personas que estuvieron involucrados en ese manejo de los recursos públicos, y que si fue delito puede que ya esté prescrita su persecución, fueron: el presidente de la república para la época, quien al diario Panorama le declaró: “Hemos decidido apartar esta primera cantidad de ese Fondo Especial de Desarrollo, que yo lo llamo Agenda Bolivariana 2006, sobre todo para créditos para la pequeña y mediana industria, especialmente orientada a la metalmecánica y al plástico”; en reconocimiento que el mencionado Fondo no se le dio el destino pautado originalmente y que él fue quien dio las instrucciones para la constitución de dicho fondo.

El directorio del Banco Central de Venezuela para la época, ciudadanos: Diego Luis Castellanos, presidente, Rafael J. Crazut, Bernardo Ferrán, Manuel Lago Rodríguez, Armando León, Domingo Felipe Maza Zavala (quien salvó el voto), Jorge Giordani en representación del Ejecutivo Nacional y Gastón Parra Luzardo en su carácter de primer vicepresidente gerente (quien tenemos entendido que votó en contra). Por haber aprobado el uso de la divisas del Estado venezolano en contravención con la Constitución.

El ciudadano Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Minas, quien reconoció que “el fondo fue, primero que todo, notificado a nuestra industria petrolera a través de la asamblea de accionistas, por una instrucción del MEM, tal como lo establecen los estatutos”, siendo factor importante en la constitución del mencionado Fondo.

El ex presidente del Bandes, Nelson Merentes, al ejecutar los recursos públicos antes mencionados.

El ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Alí Rodríguez Araque y los ex directores de la empresa, ciudadanos: Félix Rodríguez, Iván Hernández, José Rojas, Nelson Martínez, Luis Vierma, Dester Rodríguez, José Luis Prieto, Víctor Álvarez, Rafael Rosales y Nelson Núñez.

El ex presidente del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), Ulises Urdaneta, quien informó que el Plan Estratégico de Inversión en Infraestructura 2004-2006 preveía en su etapa inicial la ejecución de 42.372 viviendas por un monto de 1,2 billones de bolívares provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Social Endógeno de Pdvsa, vía Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Bandes, en claro reconocimiento del uso de estos ingresos de la República, no depositados en el Banco Central de Venezuela.

Este fue uno de los tantos mecanismos que utilizó, y sigue utilizando, el gobierno para distraer los ingresos públicos y que no puedan ser controlados por las instituciones del Estado, haciendo nugatorio el principio de transparencia establecido en la Constitución.

@rangelrachadell

Pánfilo a la vista

Por: Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/Panfilo-vista_0_693530863.html#.VeXca6PHetI.twitter

Hay habilidosos que están imaginando una crisis violenta e inmediata, alimentando la esperanza de una transición, de un cambio como consecuencia de un acuerdo entre los dirigentes del socialismo del siglo XXI y los militares para abandonar el gobierno, y que otros se encarguen de poner orden en este desbarajuste. Estos personajes no están en la Mesa de la Unidad Democrática, y no pueden estar por cuanto están fomentando una opción distinta a la que persigue la oposición.

Dicen que conocen al venezolano ideal para dirigir la transición, que este personaje tiene mucha experiencia, muchos años, muchas canas, y un gran conocimiento sobre la política venezolana, nada de camisas voladoras. Lo que comentan es que poco les falta para obtener el apoyo de los militares, y lo están buscando a través de su representante político. A este representante de la logia militar le hacen carantoñas para que los deje pasar; le ofrecen inmunidad física y legal, además de total y absoluto goce del patrimonio adquirido en tantos años de gobierno; pero no solo para él, estos ofrecimientos son extensivos a toda la logia militar. Respecto a los civiles, opinan que estos no importan, que pueden ser perseguidos, que hay que darles carne a los leones para entretener al pueblo.

El argumento principal es que la situación no aguanta hasta diciembre, que las elecciones no se van a poder efectuar por la inercia de la crisis, la cual es imparable; que los dirigentes del gobierno están paralizados, que no saben qué hacer y que miran hacia los que detentan el poder a ver si se les ocurre algo. El dakazo fue una idea que dio resultado, y también produjo mucho daño, aunque no se puede comparar con los beneficios políticos de la misión Barrio Adentro o las misiones en dinero contante y sonante; pero esas ideas nuevas no aparecen, el sombrero de mago o chistera no contiene nada, no hay conejos, no hay trucos, no hay decisiones, solo vacío y más vacío.

Si la crisis llega como consecuencia de una ausencia en el poder, de la falta del hombre fuerte, los que dirigen el régimen tendrían problemas, pero esto no les es tan grave ya que se creen semidioses, estos asumen que pueden sustituir al mandamás con uno cualquiera de ellos. Otra cosa es que el desorden se instale, en ese caso hay que reprimir más de lo que ya lo están haciendo, y eso tiene costos que no quieren asumir, costos que les pueden cobrar en un tribunal internacional.

La idea que venden los aventureros es que la solución a la crisis es una transición trajinada por un tercero, un personaje que parezca de oposición aunque no lo sea realmente, pero que pueda convencer a parte de la población de que él puede controlar este país. Poco importa que este pánfilo no llegue por medio de los votos, por cuanto una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia puede justificar cualquier cambio de mando si eso permite seguir controlando los poderes, aunque eso convierta al director de la transición en un rehén de la institucionalidad. El que dirija la transición tendrá que aceptar la suspensión de las elecciones, lo obligarán a mantener todo el sistema de dominación actual, por ejemplo: la mayoría existente en la Asamblea Nacional; lo malo es que este sistema no lo obedecerá, solo lo aceptará para mantenerse en el poder mientras se calman las cosas. Tampoco es la primera vez que esto pasa, el Tribunal Supremo ha impuesto en partidos de oposición a presidentes afines al gobierno, la diferencia es que esta intervención no ha sido en una escala de poder tan grande.

Lo que verdaderamente se está planteando es una transición administrativa empleando las armas que tiene el poder. Ofrecen la transición política para más tarde, tendrá que esperar; y para esto hay quienes se prestan deseosos con tal de disfrutar de algo más que de la esencia del poder, que es lo único que les han dejado saborear.

La solución de la transición llevada por un tercero tiene un gran problema, necesita legitimidad y no la tiene; de un acto injusto solo nace un poder arbitrario. Estas ideas calenturientas provienen de unos personajes caprichosos que nunca obtendrán el poder por medios lícitos, quieren vender su alma al diablo para pasar a la historia, sin afectos y sin pasiones. Tendrá que escupir la hostia.

Estamos de acuerdo en que necesitamos la reconciliación entre los venezolanos, pero dejen de buscar hombres providenciales que resuelvan nuestros problemas. Esto se resolverá el día de las elecciones, cuando el país se pronuncie sobre lo que quiere, mantenernos en la opresión socialista o mirar de frente a la libertad.

@rangelrachadell

El socialismo se acaba en diciembre

Por: Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/socialismo-acaba-diciembre_0_685731608.html

Estamos en agosto y diciembre se ve lejos, faltan siete quincenas y media, siete sueldos para los que cobran dos veces al mes. Los ingresos económicos se verán hechos sal y agua de aquí a diciembre, pero ese mes es nuestra esperanza, y algunos ya deseamos que estuviera aquí.

A estas elecciones se presentará el ciudadano de la ranchería, el del barrio y el de la urbanización en un solo sentimiento, el de acabar lo más pronto con este martirio de las colas y la escasez, con el deseo de hacer borrón y cuenta nueva; porque no hay nada más democrático que la cola para buscar comida. El tributo que han pagado los ciudadanos a los gobernantes no ha procurado inmunidad, no ha evitado que la tierra sea estéril, no ha dado comida, medicinas, servicios ni tranquilidad.

Las elecciones permitirán cobrarle a estos gobernantes su mezquindad, de sacudirnos el yugo que nos han impuesto la jerarquía y las instituciones.

Las elecciones demostrarán algo que sabemos, que los opositores somos mayoría, y quedará en evidencia que estas hordas de bárbaros deben dejar de gobernar de la manera que lo están haciendo, que excedieron todo límite, y que el poderío del dinero no es suficiente para mantenerse en el poder.

El cambio se logrará gracias al valor de los ciudadanos que salgan a votar, no gracias al valor de los militares que han hecho y dejado hacer, de los policías o de la guardia, a quienes les quemaron sus dependencias por considerarlos parte de la corrupción.

Una consecuencia directa del cambio político es que las bandas de delincuentes se darán cuenta de que el país quiere otra cosa, que terminó la luna de miel entre la ministra y los pranes, que las ventajas y privilegios se acaban, que la impunidad llegó a su final; entonces, los forajidos tendrán que recogerse, por cuanto el costo de delinquir será mucho más alto de lo que es ahora.

Otro efecto de las elecciones es que se les cerrarán las puertas a los miembros del gobierno socialista. Al empezar el cambio los amigos del gobierno empezarán a buscar amigos nuevos, simplemente se marcharán en busca del futuro y el descalabro general será tan absoluto que la oposición verá crecer todavía más sus adeptos.

Los venezolanos deseamos finalizar esta crisis de conciencia; el bien común nos dicta que debemos luchar en contra de las leyes injustas o las interpretaciones adulantes de estas que alteran el orden natural de las cosas; y eso se logra votando.

Las elecciones son la oportunidad de rechazar la legalidad del Estado que está al servicio de los privilegiados del mismo gobierno; el exceso de legalismo siempre es sospechoso. La sociedad no puede contravenir las leyes por cuanto los magistrados del Tribunal Supremo han determinado que el gobierno tiene apariencia o ropaje democrático y no se le puede desobedecer, la represión legal la hace el juez a solicitud de un fiscal, incumpliendo el deber de conciencia ante la existencia de unos poderes separados e independiente en el papel, cuando lo cierto es que el crimen llegó al poder. La Constitución y las leyes las están utilizando como el mecanismo de represión de la sociedad, y eso se tiene que acabar.

Las leyes responden a un derecho superior y este es el derecho de la razón, el derecho de la naturaleza o el derecho divino, según se ubique el ciudadano; por ello es inadmisible pretender realizar cambios supuestamente revolucionarios sin tener en cuenta que el fin último no es el derecho sino el ser humano; en consecuencia, el Estado que no cumple con la seguridad física de los ciudadanos y con la estabilidad económica de una sociedad no lo necesitamos.

El escritor Manuel Caballero, quien siempre se consideró en la oposición política, publicó varios artículos con el título “El mundo no se acaba en diciembre”; y recordando otro de sus artículos podemos aseverar que está finalizando el desierto del socialismo del siglo XXI, que la tierra de la democracia como la de Canaán, esa tierra de leche y miel, está cercana; es inminente el cambio, tengan fe y prepárense para votar, que el socialismo se acaba en diciembre.

Posdata: A los amigos del Copei legítimo quiero pedirles que rechacen a los directivos impuestos por el Tribunal Supremo de Justicia, estos le deben gratitud al gobierno por haberles regalado la dirección de un partido sin haber ganado ninguna elección para esos cargos. Por eso la MUD suspendió a la directiva y a su representante ante la mesa, pero el sentimiento socialcristiano es de oposición y un partido de oposición no se arrodilla ante el gobierno, como lo están haciendo al pretender dividir a parte del electorado.

@rangelrachadell

El partido patilla

Por: Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional el 4 de agosto de 2015


Después de las elecciones internas de Copei en 2002, en las que fueron electos Eduardo Fernández como presidente y César Pérez Vivas como secretario general, hubo un extenso lapso sin efectuarse elecciones como manda el estatuto de Copei.

El Consejo Federal de enero de 2007 (instancia que reúne a la Dirección Nacional y a los presidentes y secretarios generales de los estados), designó una junta interina para dirigir a Copei, y escogió como presidente a Orlando Contreras Pulido y como secretario general a Luis Ignacio Planas; esta dirección interina debía convocar a elecciones por cuanto las autoridades electas en 2002 ya tenían su período vencido.

Atendiendo a un exhorto del Consejo Federal efectuado el 28 de abril de 2009, la Comisión Electoral Nacional acordó el 14 de mayo de 2009, fijar como fecha para escoger las autoridades del partido el 22 de noviembre de 2009; y en el diario El Nacional publicó el 7 de agosto de 2009 un aviso en el que convocaba al proceso de renovación de autoridades del partido.

Planas, con el objetivo de mantenerse en la dirección del partido y controlar sus órganos, convocó un Consejo Federal el 14 de agosto de 2009, y se procedió a destituir de sus cargos a los miembros de la Comisión Electoral Nacional.

Este es el pecado original, la destitución de la Comisión Electoral, que obligó a Edgar Parra Moreno a acudir a la Sala Electoral del TSJ; y logra una medida cautelar que lo reincorpora a su cargo de presidente y al resto de los miembros de esa comisión, por cuanto una vez convocado el proceso electoral no podían ser cambiadas las autoridades electorales ni el reglamento electoral (ver sentencia N° 148 del 11-11-2009).

El mencionado proceso concluyó con una sentencia en la que se declara con lugar el reclamo de Parra, se deja sin efecto el Consejo Federal de agosto de 2009, e interpretó que el artículo 74 de los estatutos de Copei limita la participación de la Dirección Nacional a la fijación de la fecha de los comicios previa consulta de la Comisión Electoral, no vinculante para esta última, y que la Comisión Electoral Nacional podrá “de forma autónoma, fijar todas las fases del proceso comicial” (ver sentencia N° 176 del 09-12-2009).

Planas, vista la anterior sentencia y en evidente desacato de la misma, convoca un Consejo Federal el 16 de enero de 2010, que modifica el texto del artículo 74 de los estatutos del partido, designa a otro presidente de la Comisión Electoral, reprograma el cronograma electoral, e impone otro reglamento electoral.

De nuevo Edgar Parra Moreno se presentó ante la Sala Electoral a solicitar el cumplimiento de la mencionada sentencia y denuncia los hechos que configuran el desacato; y la Sala le dio la razón y suspende los procedimientos disciplinarios iniciados en contra de él y de los ciudadanos José Gregorio Chuecos, José Hernández y Jesús Díaz, todos ellos miembros de la Comisión Electoral; deja sin efecto la orden de reestructurar el cronograma electoral, y ordena “a la Asamblea Nacional del Partido Copei y al resto de los órganos de dirección de dicha organización política, abstenerse de realizar actos que incidan en el desarrollo del proceso electoral, toda vez que son actos propios de la Comisión Electoral” (sentencia N° 10 4-02-2010).

Los copeyanos Aura Marina Oropeza, María Figueroa, Armando Morante y Daniel Orlando Jaimes Paredes, se presentaron a la Sala Electoral a denunciar un problema con el cronograma electoral y el momento en que el registro electoral debía cerrarse. La Sala Electoral decide suspender el acto de votaciones para escoger las autoridades de COPEI, previsto para el 21 de marzo de 2010, hasta tanto no se corrija el cronograma (ver sentencia N° 31 del 19-03-2010).

La Comisión Electoral dicta el cronograma, corrige el desfase que encontró la Sala Electoral, y efectúa las elecciones el 02 de mayo de 2010, es decir, cuatro años después de vencido el período de las autoridades electas en 2002. En estas elecciones es elegido presidente de Copei Roberto Enríquez.

Contra las anteriores elecciones acudieron a la Sala Electoral Luis Ignacio Planas, Alejandro Vivas Salvatierra y Rafael Contreras Millán, quienes alegaron que hubo unos problemas con el registro y el cronograma electoral; la Sala Electoral les da la razón y decide la desincorporación de sus cargos a las autoridades a escala nacional, estadal, municipal y parroquial, y que se incorporen las autoridades que se encontraban vigentes para la fecha de las elecciones. Con esta sentencia se reinstaló a Luis Ignacio Planas en la conducción del Copei (ver sentencia N° 118 del 16-11-2011).

Roberto Enríquez y la directiva electa con él ejercieron sus cargos solo por un año y medio.

Para efectuar las mencionadas elecciones se escogió a Miguel Ángel Moyetones como presidente de la Comisión Electoral, la cual procedió a realizar algunos actos reñidos con la imparcialidad que debía mantener, tales como cambiar el Reglamento Electoral; no publicó ni estuvo a disposición de nadie el Registro Electoral Preliminar, y desconoció la postulación de Roberto Enríquez, entre otras. Antes estas irregularidades, por primera vez, los dirigentes Roberto Enríquez, Jesús Alberto Barrios y Jesús Rangel Rachadell, acudieron a la Sala Electoral y lograron una medida cautelar que paralizó el cronograma electoral, lo cual implicó la suspensión de las elecciones (ver sentencia N° 26 del 16-02-2012).

La sentencia definitiva de la anterior causa dispuso varias medidas, a saber: se separó de sus cargos al Presidente, Vicepresidente y Segundo Vocal Principal de la Comisión Electoral Nacional; se ordenó que dichos cargos fueran ocupados por los vocales principales y suplentes; y se repuso el proceso electoral al estado de la conformación del Registro Electoral Nacional (ver sentencia N° 37 del 13-03-2012).

Las elecciones se efectuaron el 16 de junio de 2012, y nuevamente fue electo Roberto Enríquez como presidente de Copei; ninguna sentencia del Tribunal Supremo ha reinstalado a Enríquez, este ha ganado dos elecciones que ratifican su liderazgo dentro de Copei.

Este año 2015, la Sala Electoral dicta varias sentencias por la que se reincorporan a directivos de cuatro estados, justo antes del Consejo Federal del 28 de mayo de 2015, en el que Pedro Pablo Fernández propuso un voto de censura contra la directiva presidida por Roberto Enríquez, el cual fue negado con muchísima diferencia, y la conducción de Roberto Enríquez y de la Dirección Política Nacional fue apoyada de manera atronadora.

Los cuatro dirigentes de los estados que lograron su restitución mediante sentencias de la Sala Electoral alegando que fueron electos y que por ello no podían ser removidos, –y otros tres afiliados-, se presentaron ante la Sala Constitucional y de manera hipócrita (en el entendido que alegaron a su favor haber sido electos para que los reincorporaran, pero no se lo reconocen a la directiva nacional y al resto de los vocales, todos electos), plantearon varios chismes sin pruebas, y pidieron que los consideraran a ellos las autoridades de Copei, sin haber sido electos por nadie para esos cargos (ver sentencia N° 1.023 del 30-7-2015).

La Sala Constitucional, sin tener competencia, le otorga a estos reclamantes todo lo solicitado mediante una medida cautelar –sin oír a los afectados, violando expresas garantías constitucionales-, cambia a las autoridades por otras que no fueron electas para esas responsabilidades, les otorga la potestad de realizar una consulta que ya había sido hecha, y le entrega a estos advenedizos la facultad de postular ante el Consejo Nacional Electoral.

En definitiva, el gobierno, por medio del TSJ, interviene a Copei justo antes de un proceso de postulaciones, le otorga el control de un partido de oposición a quienes no tienen legitimidad de origen, y tanta generosidad de parte del TSJ no puede ser de gratis, algún costo tienen que pagar por este favor.

Por otra parte, hay unos personajes sospechosos y peligrosos por no haber dado la cara en el TSJ, que ahora los estamos viendo beneficiados con las actuaciones del Copei-gobierno; y advertimos a la MUD que debe tener mucho cuidado con estos espías del régimen.

Por último, hacemos un llamado a todos los copeyanos a que manifiesten su protesta ante esta descarada intervención y que rechacen a esta directiva impuesta por el TSJ, como lo han expresado Oswaldo Álvarez Paz y el Dr. Román José Duque Corredor.

Lamentablemente, la Sala Constitucional parió el partido patilla, verde por fuera y rojo por dentro.

 @rangelrachadell

María Corina, el contralor se excedió

Por Jesús Rangel Rachadell

La Constitución define que son ciudadanos los venezolanos, titulares de derechos y deberes políticos, que no estén sujetos a inhabilitación política (art. 39); y en su artículo 42, que: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.

Por otra parte, el artículo 65 de la Constitución declara que la inhabilitación para ejercer el derecho político de optar a un cargo de elección popular proviene de una condena con pena restrictiva de la libertad, por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público. Solo una sentencia puede restringir el acceso a cargos de elección popular; y cualquier otra vía que limite los derechos políticos es inconstitucional. Los procedimientos administrativos no pueden generar inhabilitación política, porque así no lo establece la Constitución.

El contralor está facultado para imponer inhabilitación para ocupar empleos en la administración pública, ya sea un cargo de alto nivel o de carrera, hasta por 15 años, que es el límite determinado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; como consecuencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa, y posiblemente con una multa. Sin embargo, no puede otorgarle a ese acto el mismo efecto que genera una sentencia judicial, es decir, de acuerdo con la mencionada ley, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas es una sanción administrativa accesoria que impide ocupar cargos públicos, pero no impide la postulación a cargos de elección popular. La Contraloría lleva un registro de inhabilitados, que es de consulta obligatoria antes de proceder a la “designación” de cualquier funcionario público (art. 105 mencionado); pero los diputados no son designados, son elegidos; otra razón para considerar que hay una persecución contra los candidatos de la oposición.

El artículo 99 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción (2014), establece la inhabilitación política para quien sea condenado por alguno de los delitos previstos en esa ley y, por lo tanto, no puede optar a cargos públicos o de elección popular a partir del cumplimiento de la condena y hasta por cinco (5) años. Esta ley faculta al contralor para imponer inhabilitaciones al “funcionario o empleado público”, tales como los fiscales –que menciona el mismo artículo–. Lo cual guarda similitud con lo dispuesto en la derogada Ley de Carrera Administrativa, que en su primer artículo aclaraba que “A los efectos de la presente Ley las expresiones funcionario público, empleado público y servidor público tendrán un mismo y único significado”, y que “Los funcionarios públicos pueden ser de carrera o de libre nombramiento y remoción” (art. 2). Los funcionarios por elección nunca estuvieron incluidos en esa ley, y tampoco en la vigente Ley del Estatuto de la Función Pública, y los funcionarios al servicio del Poder Legislativo Nacional están excluidos por mandato de esa ley. Hacer extensivo el criterio de que los diputados electos por elección popular son funcionarios públicos susceptibles de ser inhabilitados por el contralor es tergiversar y adulterar el significado de la ley.

La inhabilitación a María Corina Machado, a Enzo Scarano, a César Pérez Vivas, a Pablo Pérez, a Daniel Ceballos, y posiblemente a otros dirigentes opositores son actos administrativos y no es la sentencia que podría afectar sus derechos. A los actos administrativos no puede atribuírsele los mismos efectos de una decisión emitida por la autoridad jurisdiccional. Un funcionario de un ministerio que sea declarado responsable administrativamente tras un procedimiento previo no podrá ocupar cargos en la administración pública, mientras no se venza el plazo de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas que le hubiere establecido el contralor. Personalmente no estoy de acuerdo con estas inhabilitaciones, en ningún caso, pero esa explicación rebasa el propósito de este artículo.

En la sentencia N° 1.547, de fecha 17-10-2011, mediante la cual la Sala Constitucional declaró que era inejecutable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Leopoldo López, se expuso: “… esta Sala advierte que la inhabilitación administrativa impuesta al ciudadano Leopoldo López Mendoza no le ha impedido, ni le impide ejercer los derechos políticos consagrados en la Constitución… La Sala declara que el ciudadano Leopoldo López Mendoza goza de los derechos políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tratarse solo de una inhabilitación administrativa y no política”.

A Leopoldo López no lo dejaron postularse –aunque el TSJ aseveró que no le habían afectado sus derechos políticos–, como en toda buena dictadura es lógico este tipo de fraude, el tener derechos políticos que no pueden ser ejercidos.

Esta legislación ha sido usada para perseguir a los líderes de la oposición, por ello será revisada cuando ganemos la Asamblea Nacional, con el apoyo mayoritario de los venezolanos, ya que tenemos que detener a este gobierno abusivo.

@rangelrachadell

Una celda para Dilma y otra para Lula

Por Jesús Rangel Rachadell

"Al lado de la celda de mi hijo

tendrán que construir tres más.

Para mí, para Dilma y para Lula"

Así dijo Emilio Odebrecht, el brasileño dueño del conglomerado Odebrecht, S. A, de quien Hugo Chávez declaró públicamente ser su amigo personal, y también de su padre Norberto Odebrecht, fundador del referido grupo empresarial, quien murió en 2014. A estos amigos les otorgó, a "dedo", contratos en los sectores del petrolero y petroquímico y, sobre todo, de infraestructura civil por un total cercano a los 20 millardos de dólares, entre otros, las líneas 3 y 5 del Metro de Caracas, los teleféricos de San Agustín y de Petare, el ferrocarril Caracas-Guarenas, la terminación del sistema eléctrico de Tocoma, en Guayana, cuya presa y obras hidráulicas fueron inauguradas por el presiente Rafael Caldera en 1998; el tercer puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, la infraestructura de El Diluvio del estado Zulia, la construcción de viviendas y la ampliación del aeropuerto de Maiquetía.

Casi todas estas obras están paralizadas por falta de pago; otras ni siquiera han comenzado como, por ejemplo, el tercer puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo y la ampliación del aeropuerto de Maiquetía.

Chávez, gran amigo de los dueños de la empresa brasilera Odebrecht, en el acto de instalación del Encuentro Empresarial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil el 15 de febrero de 2005, comentó: “Una sonrisa muy pícara tiene allá Emilio Odebrecht, bienvenidos todos, Emilio y todos los empresarios del Brasil”.

Ante Eusenando Acevedo, representante de Odebrecht, S. A, dijo: “Quiero saludar a la empresa brasileña Odebrecht que ha estado liderando este trabajo, coordinándolo, impulsándolo; saludarlos y agradecerles sus esfuerzos, y decirles que seguiremos contando con ustedes para continuar construyendo la Venezuela nueva” (Aló Presidente, Programa N° 240, desde Puerto Ordaz, estado Bolívar, 20 de octubre de 2005).

Gracias a la “facilitación” que hace el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, la vinculación del socialismo del siglo XXI con Odebrecht progresa y se expande en Venezuela. Recordemos que en el año 2006, en plena campaña electoral venezolana, Lula, acompañado de Norberto y de su nieto Marcelo Odebrecht, ya presidente del grupo empresarial brasileño, descaradamente se inmiscuyó en nuestra política interna cuando en Puerto Ordaz intervino en cadena nacional al inaugurar el puente Orinoquia, que costó más de 1.000 millones de dólares, y declaró: “El mismo pueblo que me eligió a mí, que eligió a (Néstor) Kirchner en Argentina, a Daniel Ortega (en Nicaragua) y a Evo Morales (en Bolivia), sin duda te va a elegir presidente de Venezuela”.

Esta declaración cerró el impasse entre las partes por el atraso de más de un año y medio en la ejecución de las obras iniciadas y en proceso, relacionado con la falta de pago oportuno de las valuaciones de obra por parte del gobierno de Venezuela cuya solución pasó por la compra de una emisión de bonos venezolanos por parte del gobierno presidido por Lula, cuyos fondos fueron destinados principalmente al pago de deudas atrasadas con Odebrecht y, en menor cantidad, para cancelar deudas contraídas con otros exportadores brasileños. La ministra de finanzas del gobierno que perfeccionó la operación financiera fue Dilma Rousseff, actual presidente de Brasil.

No todo se lo dedicaron al difunto; también el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, el 1 de abril de 2013, apoyó abiertamente a Maduro en el marco de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo, agrupación de movimientos de izquierda e insurgentes creada en 1990 en esa ciudad de Brasil, con un mensaje grabado en video en el que ratificó la labor del comandante Chávez y reconoció el trabajo del entonces canciller Nicolás Maduro para levantar la imagen de Venezuela y el brillo de la democracia en América Latina.

Lula, en 2013, ya ex presidente de Brasil, vino a Venezuela acompañado de Marcelo Odebrecht, presidente del conglomerado, (quien está preso por la justicia brasileña desde el viernes 19 de junio de 2015) para abogar por los pagos a favor del grupo empresarial. El congreso de Brasil investiga a Lula por haber actuado como “lobista”, investigación que todavía no se ha cerrado.

Para finales de 2014, el monto de la deuda de Venezuela con el conglomerado brasileño era de aproximadamente de 2.800 millones de dólares.

Odebrecht, S. A, ha cerrado la mayoría de las obras y está trabajando al mínimo ritmo posible, debido a la falta de pago. El peligro reside, más que en lo económico financiero, en que muchas de esas obras no se han cerrado de manera técnica, con los razonables riesgos en el corto y mediano plazo, si no se continúan oportunamente. Tal es el caso del túnel de la Línea 5 del Metro de Caracas, que tiene el revestimiento provisional que se coloca luego de los trabajos de excavación de “la topa”, expuesto a filtraciones de aguas, vibraciones y movimientos de tierra.

Esta es una de las tantas investigaciones que hará la Asamblea nacional que saldrá elegida el 6 de diciembre, y gracias a su poder contralor llamará a declarar a los representantes de esta empresa, y de otras, que no han culminado los trabajos pagados. El país se enterará de las condiciones de esos contratos y cuáles beneficios se intercambiaron los intermediarios.

@rangelrachadell

Artículo de opinión publicado originalmente en El Nacional el 7 de julio de 2015