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19 agosto 2015

El socialismo se acaba en diciembre

Por: Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/socialismo-acaba-diciembre_0_685731608.html

Estamos en agosto y diciembre se ve lejos, faltan siete quincenas y media, siete sueldos para los que cobran dos veces al mes. Los ingresos económicos se verán hechos sal y agua de aquí a diciembre, pero ese mes es nuestra esperanza, y algunos ya deseamos que estuviera aquí.
A estas elecciones se presentará el ciudadano de la ranchería, el del barrio y el de la urbanización en un solo sentimiento, el de acabar lo más pronto con este martirio de las colas y la escasez, con el deseo de hacer borrón y cuenta nueva; porque no hay nada más democrático que la cola para buscar comida. El tributo que han pagado los ciudadanos a los gobernantes no ha procurado inmunidad, no ha evitado que la tierra sea estéril, no ha dado comida, medicinas, servicios ni tranquilidad.
Las elecciones permitirán cobrarle a estos gobernantes su mezquindad, de sacudirnos el yugo que nos han impuesto la jerarquía y las instituciones.
Las elecciones demostrarán algo que sabemos, que los opositores somos mayoría, y quedará en evidencia que estas hordas de bárbaros deben dejar de gobernar de la manera que lo están haciendo, que excedieron todo límite, y que el poderío del dinero no es suficiente para mantenerse en el poder.
El cambio se logrará gracias al valor de los ciudadanos que salgan a votar, no gracias al valor de los militares que han hecho y dejado hacer, de los policías o de la guardia, a quienes les quemaron sus dependencias por considerarlos parte de la corrupción.
Una consecuencia directa del cambio político es que las bandas de delincuentes se darán cuenta de que el país quiere otra cosa, que terminó la luna de miel entre la ministra y los pranes, que las ventajas y privilegios se acaban, que la impunidad llegó a su final; entonces, los forajidos tendrán que recogerse, por cuanto el costo de delinquir será mucho más alto de lo que es ahora.
Otro efecto de las elecciones es que se les cerrarán las puertas a los miembros del gobierno socialista. Al empezar el cambio los amigos del gobierno empezarán a buscar amigos nuevos, simplemente se marcharán en busca del futuro y el descalabro general será tan absoluto que la oposición verá crecer todavía más sus adeptos.
Los venezolanos deseamos finalizar esta crisis de conciencia; el bien común nos dicta que debemos luchar en contra de las leyes injustas o las interpretaciones adulantes de estas que alteran el orden natural de las cosas; y eso se logra votando.
Las elecciones son la oportunidad de rechazar la legalidad del Estado que está al servicio de los privilegiados del mismo gobierno; el exceso de legalismo siempre es sospechoso. La sociedad no puede contravenir las leyes por cuanto los magistrados del Tribunal Supremo han determinado que el gobierno tiene apariencia o ropaje democrático y no se le puede desobedecer, la represión legal la hace el juez a solicitud de un fiscal, incumpliendo el deber de conciencia ante la existencia de unos poderes separados e independiente en el papel, cuando lo cierto es que el crimen llegó al poder. La Constitución y las leyes las están utilizando como el mecanismo de represión de la sociedad, y eso se tiene que acabar.
Las leyes responden a un derecho superior y este es el derecho de la razón, el derecho de la naturaleza o el derecho divino, según se ubique el ciudadano; por ello es inadmisible pretender realizar cambios supuestamente revolucionarios sin tener en cuenta que el fin último no es el derecho sino el ser humano; en consecuencia, el Estado que no cumple con la seguridad física de los ciudadanos y con la estabilidad económica de una sociedad no lo necesitamos.
El escritor Manuel Caballero, quien siempre se consideró en la oposición política, publicó varios artículos con el título “El mundo no se acaba en diciembre”; y recordando otro de sus artículos podemos aseverar que está finalizando el desierto del socialismo del siglo XXI, que la tierra de la democracia como la de Canaán, esa tierra de leche y miel, está cercana; es inminente el cambio, tengan fe y prepárense para votar, que el socialismo se acaba en diciembre.

Posdata: A los amigos del Copei legítimo quiero pedirles que rechacen a los directivos impuestos por el Tribunal Supremo de Justicia, estos le deben gratitud al gobierno por haberles regalado la dirección de un partido sin haber ganado ninguna elección para esos cargos. Por eso la MUD suspendió a la directiva y a su representante ante la mesa, pero el sentimiento socialcristiano es de oposición y un partido de oposición no se arrodilla ante el gobierno, como lo están haciendo al pretender dividir a parte del electorado.
@rangelrachadell

04 agosto 2015

El partido patilla

Por: Jesús Rangel Rachadell
Artículo de opinión publicado en El Nacional el 4 de agosto de 2015


Después de las elecciones internas de Copei en 2002, en las que fueron electos Eduardo Fernández como presidente y César Pérez Vivas como secretario general, hubo un extenso lapso sin efectuarse elecciones como manda el estatuto de Copei.

El Consejo Federal de enero de 2007 (instancia que reúne a la Dirección Nacional y a los presidentes y secretarios generales de los estados), designó una junta interina para dirigir a Copei, y escogió como presidente a Orlando Contreras Pulido y como secretario general a Luis Ignacio Planas; esta dirección interina debía convocar a elecciones por cuanto las autoridades electas en 2002 ya tenían su período vencido.
Atendiendo a un exhorto del Consejo Federal efectuado el 28 de abril de 2009, la Comisión Electoral Nacional acordó el 14 de mayo de 2009, fijar como fecha para escoger las autoridades del partido el 22 de noviembre de 2009; y en el diario El Nacional publicó el 7 de agosto de 2009 un aviso en el que convocaba al proceso de renovación de autoridades del partido.
Planas, con el objetivo de mantenerse en la dirección del partido y controlar sus órganos, convocó un Consejo Federal el 14 de agosto de 2009, y se procedió a destituir de sus cargos a los miembros de la Comisión Electoral Nacional.
Este es el pecado original, la destitución de la Comisión Electoral, que obligó a Edgar Parra Moreno a acudir a la Sala Electoral del TSJ; y logra una medida cautelar que lo reincorpora a su cargo de presidente y al resto de los miembros de esa comisión, por cuanto una vez convocado el proceso electoral no podían ser cambiadas las autoridades electorales ni el reglamento electoral (ver sentencia N° 148 del 11-11-2009).
El mencionado proceso concluyó con una sentencia en la que se declara con lugar el reclamo de Parra, se deja sin efecto el Consejo Federal de agosto de 2009, e interpretó que el artículo 74 de los estatutos de Copei limita la participación de la Dirección Nacional a la fijación de la fecha de los comicios previa consulta de la Comisión Electoral, no vinculante para esta última, y que la Comisión Electoral Nacional podrá “de forma autónoma, fijar todas las fases del proceso comicial” (ver sentencia N° 176 del 09-12-2009).
Planas, vista la anterior sentencia y en evidente desacato de la misma, convoca un Consejo Federal el 16 de enero de 2010, que modifica el texto del artículo 74 de los estatutos del partido, designa a otro presidente de la Comisión Electoral, reprograma el cronograma electoral, e impone otro reglamento electoral.
De nuevo Edgar Parra Moreno se presentó ante la Sala Electoral a solicitar el cumplimiento de la mencionada sentencia y denuncia los hechos que configuran el desacato; y la Sala le dio la razón y suspende los procedimientos disciplinarios iniciados en contra de él y de los ciudadanos José Gregorio Chuecos, José Hernández y Jesús Díaz, todos ellos miembros de la Comisión Electoral; deja sin efecto la orden de reestructurar el cronograma electoral, y ordena “a la Asamblea Nacional del Partido Copei y al resto de los órganos de dirección de dicha organización política, abstenerse de realizar actos que incidan en el desarrollo del proceso electoral, toda vez que son actos propios de la Comisión Electoral” (sentencia N° 10 4-02-2010).
Los copeyanos Aura Marina Oropeza, María Figueroa, Armando Morante y Daniel Orlando Jaimes Paredes, se presentaron a la Sala Electoral a denunciar un problema con el cronograma electoral y el momento en que el registro electoral debía cerrarse. La Sala Electoral decide suspender el acto de votaciones para escoger las autoridades de COPEI, previsto para el 21 de marzo de 2010, hasta tanto no se corrija el cronograma (ver sentencia N° 31 del 19-03-2010).
La Comisión Electoral dicta el cronograma, corrige el desfase que encontró la Sala Electoral, y efectúa las elecciones el 02 de mayo de 2010, es decir, cuatro años después de vencido el período de las autoridades electas en 2002. En estas elecciones es elegido presidente de Copei Roberto Enríquez.
Contra las anteriores elecciones acudieron a la Sala Electoral Luis Ignacio Planas, Alejandro Vivas Salvatierra y Rafael Contreras Millán, quienes alegaron que hubo unos problemas con el registro y el cronograma electoral; la Sala Electoral les da la razón y decide la desincorporación de sus cargos a las autoridades a escala nacional, estadal, municipal y parroquial, y que se incorporen las autoridades que se encontraban vigentes para la fecha de las elecciones. Con esta sentencia se reinstaló a Luis Ignacio Planas en la conducción del Copei (ver sentencia N° 118 del 16-11-2011).
Roberto Enríquez y la directiva electa con él ejercieron sus cargos solo por un año y medio.
Para efectuar las mencionadas elecciones se escogió a Miguel Ángel Moyetones como presidente de la Comisión Electoral, la cual procedió a realizar algunos actos reñidos con la imparcialidad que debía mantener, tales como cambiar el Reglamento Electoral; no publicó ni estuvo a disposición de nadie el Registro Electoral Preliminar, y desconoció la postulación de Roberto Enríquez, entre otras. Antes estas irregularidades, por primera vez, los dirigentes Roberto Enríquez, Jesús Alberto Barrios y Jesús Rangel Rachadell, acudieron a la Sala Electoral y lograron una medida cautelar que paralizó el cronograma electoral, lo cual implicó la suspensión de las elecciones (ver sentencia N° 26 del 16-02-2012).
La sentencia definitiva de la anterior causa dispuso varias medidas, a saber: se separó de sus cargos al Presidente, Vicepresidente y Segundo Vocal Principal de la Comisión Electoral Nacional; se ordenó que dichos cargos fueran ocupados por los vocales principales y suplentes; y se repuso el proceso electoral al estado de la conformación del Registro Electoral Nacional (ver sentencia N° 37 del 13-03-2012).
Las elecciones se efectuaron el 16 de junio de 2012, y nuevamente fue electo Roberto Enríquez como presidente de Copei; ninguna sentencia del Tribunal Supremo ha reinstalado a Enríquez, este ha ganado dos elecciones que ratifican su liderazgo dentro de Copei.
Este año 2015, la Sala Electoral dicta varias sentencias por la que se reincorporan a directivos de cuatro estados, justo antes del Consejo Federal del 28 de mayo de 2015, en el que Pedro Pablo Fernández propuso un voto de censura contra la directiva presidida por Roberto Enríquez, el cual fue negado con muchísima diferencia, y la conducción de Roberto Enríquez y de la Dirección Política Nacional fue apoyada de manera atronadora.
Los cuatro dirigentes de los estados que lograron su restitución mediante sentencias de la Sala Electoral alegando que fueron electos y que por ello no podían ser removidos, –y otros tres afiliados-, se presentaron ante la Sala Constitucional y de manera hipócrita (en el entendido que alegaron a su favor haber sido electos para que los reincorporaran, pero no se lo reconocen a la directiva nacional y al resto de los vocales, todos electos), plantearon varios chismes sin pruebas, y pidieron que los consideraran a ellos las autoridades de Copei, sin haber sido electos por nadie para esos cargos (ver sentencia N° 1.023 del 30-7-2015).
La Sala Constitucional, sin tener competencia, le otorga a estos reclamantes todo lo solicitado mediante una medida cautelar –sin oír a los afectados, violando expresas garantías constitucionales-, cambia a las autoridades por otras que no fueron electas para esas responsabilidades, les otorga la potestad de realizar una consulta que ya había sido hecha, y le entrega a estos advenedizos la facultad de postular ante el Consejo Nacional Electoral.
En definitiva, el gobierno, por medio del TSJ, interviene a Copei justo antes de un proceso de postulaciones, le otorga el control de un partido de oposición a quienes no tienen legitimidad de origen, y tanta generosidad de parte del TSJ no puede ser de gratis, algún costo tienen que pagar por este favor.
Por otra parte, hay unos personajes sospechosos y peligrosos por no haber dado la cara en el TSJ, que ahora los estamos viendo beneficiados con las actuaciones del Copei-gobierno; y advertimos a la MUD que debe tener mucho cuidado con estos espías del régimen.
Por último, hacemos un llamado a todos los copeyanos a que manifiesten su protesta ante esta descarada intervención y que rechacen a esta directiva impuesta por el TSJ, como lo han expresado Oswaldo Álvarez Paz y el Dr. Román José Duque Corredor.
Lamentablemente, la Sala Constitucional parió el partido patilla, verde por fuera y rojo por dentro.

 @rangelrachadell

21 julio 2015

María Corina, el contralor se excedió

Por Jesús Rangel Rachadell

La Constitución define que son ciudadanos los venezolanos, titulares de derechos y deberes políticos, que no estén sujetos a inhabilitación política (art. 39); y en su artículo 42, que: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
Por otra parte, el artículo 65 de la Constitución declara que la inhabilitación para ejercer el derecho político de optar a un cargo de elección popular proviene de una condena con pena restrictiva de la libertad, por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público. Solo una sentencia puede restringir el acceso a cargos de elección popular; y cualquier otra vía que limite los derechos políticos es inconstitucional. Los procedimientos administrativos no pueden generar inhabilitación política, porque así no lo establece la Constitución.
El contralor está facultado para imponer inhabilitación para ocupar empleos en la administración pública, ya sea un cargo de alto nivel o de carrera, hasta por 15 años, que es el límite determinado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; como consecuencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa, y posiblemente con una multa. Sin embargo, no puede otorgarle a ese acto el mismo efecto que genera una sentencia judicial, es decir, de acuerdo con la mencionada ley, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas es una sanción administrativa accesoria que impide ocupar cargos públicos, pero no impide la postulación a cargos de elección popular. La Contraloría lleva un registro de inhabilitados, que es de consulta obligatoria antes de proceder a la “designación” de cualquier funcionario público (art. 105 mencionado); pero los diputados no son designados, son elegidos; otra razón para considerar que hay una persecución contra los candidatos de la oposición.


El artículo 99 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción (2014), establece la inhabilitación política para quien sea condenado por alguno de los delitos previstos en esa ley y, por lo tanto, no puede optar a cargos públicos o de elección popular a partir del cumplimiento de la condena y hasta por cinco (5) años. Esta ley faculta al contralor para imponer inhabilitaciones al “funcionario o empleado público”, tales como los fiscales –que menciona el mismo artículo–. Lo cual guarda similitud con lo dispuesto en la derogada Ley de Carrera Administrativa, que en su primer artículo aclaraba que “A los efectos de la presente Ley las expresiones funcionario público, empleado público y servidor público tendrán un mismo y único significado”, y que “Los funcionarios públicos pueden ser de carrera o de libre nombramiento y remoción” (art. 2). Los funcionarios por elección nunca estuvieron incluidos en esa ley, y tampoco en la vigente Ley del Estatuto de la Función Pública, y los funcionarios al servicio del Poder Legislativo Nacional están excluidos por mandato de esa ley. Hacer extensivo el criterio de que los diputados electos por elección popular son funcionarios públicos susceptibles de ser inhabilitados por el contralor es tergiversar y adulterar el significado de la ley.
La inhabilitación a María Corina Machado, a Enzo Scarano, a César Pérez Vivas, a Pablo Pérez, a Daniel Ceballos, y posiblemente a otros dirigentes opositores son actos administrativos y no es la sentencia que podría afectar sus derechos. A los actos administrativos no puede atribuírsele los mismos efectos de una decisión emitida por la autoridad jurisdiccional. Un funcionario de un ministerio que sea declarado responsable administrativamente tras un procedimiento previo no podrá ocupar cargos en la administración pública, mientras no se venza el plazo de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas que le hubiere establecido el contralor. Personalmente no estoy de acuerdo con estas inhabilitaciones, en ningún caso, pero esa explicación rebasa el propósito de este artículo.
En la sentencia N° 1.547, de fecha 17-10-2011, mediante la cual la Sala Constitucional declaró que era inejecutable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Leopoldo López, se expuso: “… esta Sala advierte que la inhabilitación administrativa impuesta al ciudadano Leopoldo López Mendoza no le ha impedido, ni le impide ejercer los derechos políticos consagrados en la Constitución… La Sala declara que el ciudadano Leopoldo López Mendoza goza de los derechos políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tratarse solo de una inhabilitación administrativa y no política”.
A Leopoldo López no lo dejaron postularse –aunque el TSJ aseveró que no le habían afectado sus derechos políticos–, como en toda buena dictadura es lógico este tipo de fraude, el tener derechos políticos que no pueden ser ejercidos.
Esta legislación ha sido usada para perseguir a los líderes de la oposición, por ello será revisada cuando ganemos la Asamblea Nacional, con el apoyo mayoritario de los venezolanos, ya que tenemos que detener a este gobierno abusivo.

@rangelrachadell

07 julio 2015

Una celda para Dilma y otra para Lula

Por Jesús Rangel Rachadell

"Al lado de la celda de mi hijo
tendrán que construir tres más.
Para mí, para Dilma y para Lula"

Así dijo Emilio Odebrecht, el brasileño dueño del conglomerado Odebrecht, S. A, de quien Hugo Chávez declaró públicamente ser su amigo personal, y también de su padre Norberto Odebrecht, fundador del referido grupo empresarial, quien murió en 2014. A estos amigos les otorgó, a "dedo", contratos en los sectores del petrolero y petroquímico y, sobre todo, de infraestructura civil por un total cercano a los 20 millardos de dólares, entre otros, las líneas 3 y 5 del Metro de Caracas, los teleféricos de San Agustín y de Petare, el ferrocarril Caracas-Guarenas, la terminación del sistema eléctrico de Tocoma, en Guayana, cuya presa y obras hidráulicas fueron inauguradas por el presiente Rafael Caldera en 1998; el tercer puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, la infraestructura de El Diluvio del estado Zulia, la construcción de viviendas y la ampliación del aeropuerto de Maiquetía.
Casi todas estas obras están paralizadas por falta de pago; otras ni siquiera han comenzado como, por ejemplo, el tercer puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo y la ampliación del aeropuerto de Maiquetía.
Chávez, gran amigo de los dueños de la empresa brasilera Odebrecht, en el acto de instalación del Encuentro Empresarial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil el 15 de febrero de 2005, comentó: “Una sonrisa muy pícara tiene allá Emilio Odebrecht, bienvenidos todos, Emilio y todos los empresarios del Brasil”.
Ante Eusenando Acevedo, representante de Odebrecht, S. A, dijo: “Quiero saludar a la empresa brasileña Odebrecht que ha estado liderando este trabajo, coordinándolo, impulsándolo; saludarlos y agradecerles sus esfuerzos, y decirles que seguiremos contando con ustedes para continuar construyendo la Venezuela nueva” (Aló Presidente, Programa N° 240, desde Puerto Ordaz, estado Bolívar, 20 de octubre de 2005).
Gracias a la “facilitación” que hace el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, la vinculación del socialismo del siglo XXI con Odebrecht progresa y se expande en Venezuela. Recordemos que en el año 2006, en plena campaña electoral venezolana, Lula, acompañado de Norberto y de su nieto Marcelo Odebrecht, ya presidente del grupo empresarial brasileño, descaradamente se inmiscuyó en nuestra política interna cuando en Puerto Ordaz intervino en cadena nacional al inaugurar el puente Orinoquia, que costó más de 1.000 millones de dólares, y declaró: “El mismo pueblo que me eligió a mí, que eligió a (Néstor) Kirchner en Argentina, a Daniel Ortega (en Nicaragua) y a Evo Morales (en Bolivia), sin duda te va a elegir presidente de Venezuela”.
Esta declaración cerró el impasse entre las partes por el atraso de más de un año y medio en la ejecución de las obras iniciadas y en proceso, relacionado con la falta de pago oportuno de las valuaciones de obra por parte del gobierno de Venezuela cuya solución pasó por la compra de una emisión de bonos venezolanos por parte del gobierno presidido por Lula, cuyos fondos fueron destinados principalmente al pago de deudas atrasadas con Odebrecht y, en menor cantidad, para cancelar deudas contraídas con otros exportadores brasileños. La ministra de finanzas del gobierno que perfeccionó la operación financiera fue Dilma Rousseff, actual presidente de Brasil.
No todo se lo dedicaron al difunto; también el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, el 1 de abril de 2013, apoyó abiertamente a Maduro en el marco de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo, agrupación de movimientos de izquierda e insurgentes creada en 1990 en esa ciudad de Brasil, con un mensaje grabado en video en el que ratificó la labor del comandante Chávez y reconoció el trabajo del entonces canciller Nicolás Maduro para levantar la imagen de Venezuela y el brillo de la democracia en América Latina.
Lula, en 2013, ya ex presidente de Brasil, vino a Venezuela acompañado de Marcelo Odebrecht, presidente del conglomerado, (quien está preso por la justicia brasileña desde el viernes 19 de junio de 2015) para abogar por los pagos a favor del grupo empresarial. El congreso de Brasil investiga a Lula por haber actuado como “lobista”, investigación que todavía no se ha cerrado.
Para finales de 2014, el monto de la deuda de Venezuela con el conglomerado brasileño era de aproximadamente de 2.800 millones de dólares.
Odebrecht, S. A, ha cerrado la mayoría de las obras y está trabajando al mínimo ritmo posible, debido a la falta de pago. El peligro reside, más que en lo económico financiero, en que muchas de esas obras no se han cerrado de manera técnica, con los razonables riesgos en el corto y mediano plazo, si no se continúan oportunamente. Tal es el caso del túnel de la Línea 5 del Metro de Caracas, que tiene el revestimiento provisional que se coloca luego de los trabajos de excavación de “la topa”, expuesto a filtraciones de aguas, vibraciones y movimientos de tierra.
Esta es una de las tantas investigaciones que hará la Asamblea nacional que saldrá elegida el 6 de diciembre, y gracias a su poder contralor llamará a declarar a los representantes de esta empresa, y de otras, que no han culminado los trabajos pagados. El país se enterará de las condiciones de esos contratos y cuáles beneficios se intercambiaron los intermediarios.
@rangelrachadell

Artículo de opinión publicado originalmente en El Nacional el 7 de julio de 2015

23 junio 2015

Los más débiles no son los pobres

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/debiles-pobres_0_651534994.html

Mi amigo Iván me pregunta: ¿Este desastre es solo desidia e irresponsabilidad, o es un genocidio en cámara lenta?
Mi primer razonamiento es que este comportamiento del gobierno tiene que ser pura negligencia; la administración tiene un hacer descuidado de sus deberes para con los ciudadanos; sin honorabilidad por no cumplir con sus obligaciones. Luego conjeturo que hay una intencionalidad, que todo es un engaño, un fraude, una simulación maliciosa con la intención de dañar a los más débiles, que no necesariamente son los pobres; son los ancianos, los niños, los enfermos, las embarazadas y todos aquellos que tienen alguna discapacidad o imposibilidad de acceder a los bienes y servicios necesarios para vivir.
El gobierno se hace el loco; sabe que la comida que compra en el exterior –por su mala administración– no les llega a todos los venezolanos; sabe que no deja producir a las empresas venezolanas; que provoca un gran daño a quienes viven de una pensión y no tienen cómo recorrer varios automercados, abastos o comprarle a un buhonero los alimentos a precio de oro; y que ese tiempo lo deberían estar dedicando a descansar sus exiguas fuerzas.
Cuando veo en las colas a tantos ancianos bajo el sol, parados durante varias horas; pienso en mis mayores, si ellos a su vez no tuvieran familiares que les compren los alimento y las medicinas ¿cuáles serían sus opciones? ¿Podrían cumplir sus tratamientos? ¿Y si les sucede un accidente en la calle? Los más débiles no tienen fuerza para luchar contra la rapiña de los bachaqueros, contra los que –con la anuencia del gobierno– hacen un negocio con los alimentos.
Este gobierno tan arrogante ni gobierna ni huye, pero de este comportamiento no les quedará a los chavistas beneficios reales o duraderos, ya que no tienen cordura ni cálculo para sortear la pronta pérdida del gobierno, no quieren modificar su conducta que origina los perjuicios que todos conocemos; no están paralizados, el daño es a propósito.
Lo lamentable es que hagan ostentación de la Constitución, de los supuestos derechos que tutela y que no cumplen. Tener la mejor Constitución del mundo no sirve para nada, el papel en el que está impresa no sirve para comer, no alimenta.
La conjura de los ministros es para engañar al pueblo, en un entramado de corrupción; están concentrados en su pensamiento sectario que produce insustanciales meditaciones y desatinos como los gallineros verticales o sembrar las medicinas; inventando puros disparates que no aportan ningún beneficio a la sociedad; y mientras tanto todos pasamos trabajos para cubrir las necesidades, conseguir lo elemental se convierte en una proeza.
Parece mentira, lo que observamos es una matanza de la población, principalmente de inocentes. Los más afectados no son los políticos del gobierno ni sus jueces; los más afectados son los ignorados del sistema, los excluidos a los que decían representar; para ellos no hay comida, no hay Mercal, no hay hospitales, no hay electricidad ni agua; obligaciones que cumplía con normalidad cualquiera de los gobiernos de la democracia.
Estando rotos los vínculos del gobernante con el pueblo, este es un gobierno fantasmagórico que se está desvaneciendo con la misma fragilidad con la que llegó. Los seguidores que tuvo –ante el desconcierto por los errores cometidos– se están desmarcando para no ser arrollados por la oleada demoledora del deseo de cambio que tiene la sociedad. Las fuerzas del cambio le pasarán factura al gobierno por el abuso disparatado de los recursos del país, y los funcionarios públicos serán sospechosos –aunque no culpables– hasta el juicio en el que se les permita demostrar su inocencia.
La sociedad espera ansiosa la oportunidad de expresarse en las elecciones, cuando dará el gran salto sobre este abismo de barbarie. El pueblo indefenso ya está listo para dar el gran viraje hacia un futuro mejor, para quitarse de encima esta persecución del hampa, para sacarse estas calamidades, suprimir la herencia del socialismo del siglo XXI; detener la masacre que su inacción ha permitido –porque desidia es otra cosa–.
Tenemos una justa causa; debemos detener el saqueo de los recursos del Estado, contener la violencia desbordada, interrumpir el desmantelamiento de la empresa privada y el robo de nuestro futuro, entre otras innumerables correcciones que hay que hacer. Solo falta el temperamento y la firmeza de los votantes, que sin compasión depositaran su voto castigo para sentenciar la cobardía de tantos funcionarios públicos que encubrieron los devaneos de sus superiores. Falta poco.
Cuando tengamos la mayoría de la Asamblea Nacional podremos aplicar la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que en su artículo 22, contiene uno de los mecanismos para relevar a cómplices de este desgobierno, como lo son los integrantes del Consejo Moral Republicano, léase fiscal general de la República, contralor general de la República o defensor del pueblo; por cuanto estos pueden ser removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, que declare que hay mérito por, entre otras causales, el incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes.
Y si le preocupa que el Tribunal Supremo de Justicia no colabore, les puedo referir, como decía el narrador Carlitos González: “Las he visto más feas casadas”.
@rangelrachadell

09 junio 2015

¡La salud! El secreto mejor guardado

 Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional: http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/salud-secreto-mejor-guardado_0_643135938.html

María Teresa del Toro Alayza, esposa del Libertador, murió de fiebre amarilla o paludismo –de esta última tenemos actualmente una epidemia-; Simón Bolívar murió de tuberculosis; que es actualmente la segunda causa mundial de mortalidad por un agente infeccioso, después del sida, y genera la cuarta parte de las muertes a las personas infectadas por el VIH.
Hoy se puede padecer de cualquiera de las enfermedades que afligieron a la familia Bolívar hace 200 años; y si usted quisiera enterarse cómo está afectando estas u otras enfermedades a los venezolanos no podría saberlo, no hay estadísticas confiables, el Boletín Epidemiológico no se publica desde octubre de 2014, presuntamente se comunica, así lo dijo el ministro de salud, pero tampoco lo hacen.
Las enfermedades bolivarianas han regresado con fuerza gracias a la revolución y al socialismo del siglo XXI, y no están haciendo nada para evitarlo.
El Dr. José maría Vargas, si viviera hoy, le habría preguntado a El Libertador si recuerda que su madre lo haya llevado al médico, y si tiene la tarjetica o Certificado de Inmunización en la que consta que su primera vacuna fue la de la tuberculosis; también le preguntaría si estuvo en contacto con personas que sufrieran esa enfermedad, y si en su recorrido pasó por zonas endémicas de tuberculosis. El Dr. Vargas debió, luego del examen, trasmitir al ministerio de salud la denuncia obligatoria de esa enfermedad (artículo 17 de la Ley de Inmunizaciones), e inmediatamente el ministerio debía enviar una comisión para iniciar el cerco epidemiológico y vacunar a todos los que estuvieron en contacto con El Libertador, y al que se niegue a vacunarse lo pueden obligar usando la fuerza pública de ser necesario (artículo 23 de la citada ley).
El Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud le atribuye a la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas la responsabilidad de elaborar informes técnicos sobre tendencias y escenarios que sirvan de soporte para la toma de decisiones en materia de salud (artículo 6 del reglamento). Esta Oficina debe recabar la información necesaria para la producción de los indicadores de gestión en el sector salud; pero no cumple con sus obligaciones legales, no emite informes técnicos, y esto podría ser consecuencia de no recabar la información, o si esta existe puede que la engavetan.
En el ministerio existe una Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, que se encarga de definir las estrategias comunicacionales, pero la estrategia comunicacional del ministerio es no dar ninguna información en materia de enfermedades.
Al Despacho del Viceministro de Redes de Servicios de Salud le corresponde la gestión y coordinación de todo el proceso requerido para garantizar la obtención y calidad de datos e información, a los efectos de disponer de los instrumentos de vigilancia y análisis para la atención en salud.
No es por falta de organismos ni de funcionarios, como la Dirección General de Epidemiología, que no cumple con su trabajo. Este secretismo con la información de las enfermedades de nuestro país tiene que ser consecuencia de una política del Estado de ocultar la gravedad de lo que está sucediendo, aunque esto no es lo único que se encubre.
Y eso que no quiero profundizar en el desabastecimiento de insumos y medicinas; ambulatorios sin tensiómetros, termómetros, inyectadoras, vacunas; o los ambulatorios de Barrio Adentro cerrados.
El último Anuario de Natalidad es de 2005; el último boletín de Indicadores Epidemiológicos es de 2008; el último boletín de Mortalidad Materna e Infantil es de 2009; el último boletín Situacional de Tuberculosis es de 2008, aunque los datos son fundamentalmente de 2005; el Anuario Estadístico es de 2009; el último anuario de Morbilidad es de 2011; el último Anuario de Mortalidad es de septiembre de 2012; con esta dirigencia en materia de salud no avanzamos nada; y los factores que planifican estrategias de salud, tales como los laboratorios, farmacéuticas, clínicas, aseguradoras, etc; no pueden hacerlo sin conocer los padecimientos de la población.
El Plan Nacional de Salud 2014-2019, contiene estadísticas de Anuarios de Mortalidad Años 1990 - 2011 MPPS; lo que ratifica que para la preparación de ese Plan Nacional el ministerio no tenía actualizada la información ni siquiera a 2013. En este Plan no se menciona el acceso a la información epidemiológica por parte del público, lo cual ratifica la política de Estado de omitir las estadísticas relevantes para la toma de decisiones en el sector salud.
Los investigadores pueden acudir a la página Web de la Organización Mundial de la Salud, y revisar las estadísticas parciales de Venezuela hasta el año 2013 (en inglés); y no van a encontrar nada más.
En las estadísticas oficiales venezolanas no aparece el virus de chicungunya (datos oficiales a 2014), y el virus del zika está llegando, virus que lo transmite el mismo mosquito patas blancas del dengue; razón por la cual el gobierno debe implementar urgentemente las medidas de saneamiento ambiental que no practicaron con el chicungunya.
Esta gente está viviendo de la fama de Barrio Adentro, y este desinterés en la salud se mantendrá mientras sigan en el poder.
Estimado Henry, eres un ministro más, en tus manos está hacer la diferencia o pasar a la historia de la molienda de ministros de salud.
@rangelrachadell

26 mayo 2015

La inflación, la escasez, y el principio de transparencia

Por Jesús Rangel Rachadell

Artículo de opinión publicado en El Nacional:

http://www.el-nacional.com/jesus_rangel_rachadell/inflacion-escasez-principio-transparencia_0_634736665.html


El principio de transparencia significa que los ciudadanos tienen libre acceso a la información que debe ser pública, y el ocultamiento de esa información está ligado íntimamente a la corrupción; transparencia es mostrarse como si fuera un cristal traslúcido; el secreto es como la noche y la publicidad de la información es como el día; de noche no vemos, de día lo vemos todo.
En nuestro país no hay inflación, no hay enfermedades, no hay estadísticas; y si hay funcionarios públicos bien pagados que no cumplen con sus obligaciones legales, incluyendo a la Contraloría General de la República.
La gestión del Banco Central de Venezuela, supuestamente, se guía por el principio de transparencia; lo expresa de manera general para la administración pública el artículo 141 de la Constitución, y de manera particular para el BCV el artículo 31 de la ley que regula a ese ente.
Ocultar la información estadística es negar la realidad, es una soberana irresponsabilidad, es una aberración de las obligaciones que tienen altos funcionarios del Estado; por ejemplo: la Ley del Banco Central de Venezuela lo obliga a “mantener informado, de manera oportuna y confiable al Ejecutivo Nacional y demás instancias del Estado, a los agentes económicos públicos y privados, nacionales y extranjeros y a la población acerca de la ejecución de sus políticas, las decisiones y acuerdos de su Directorio, los informes, publicaciones, investigaciones, así como de las estadísticas pertinentes de acuerdo con prácticas aceptadas por la banca central, que permitan disponer de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana” (Art 31 LBCV).
El BCV no solo debe publicar la estadística, también debe informar periódicamente a la población de sus reuniones de política monetaria y publicar las actas de dichas reuniones. Adicionalmente, tiene la obligación de “acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarías, de precios y balanza de pagos” (Art. 7); pero el BCV no informa los resultados; y todavía queda revisar la metodología con la que ha obtenido los datos que ocultan, ya que no sabemos si ha llegado al extremo de falsear la realidad; por lo pronto solo estamos seguros de que la está ocultando.
No logro identificar quién es el funcionario dentro del BCV que está obligado a llevar la estadística, ya que pueden ser varios funcionarios, o el que debe presentar la información al Directorio para que este ordene publicarla en la página web de ese ente; lo que si estoy seguro es que el sueldo que le pagan no se lo merece, es un corrupto que cobra 15 y último, que se embolsilla tranquilamente unos recursos públicos por no hacer nada; a menos que si exista la información y sean los miembros del Directorio quienes la ocultan, entonces serían estos altos funcionarios los que no cumplen con sus obligaciones.
En nuestro ordenamiento jurídico se contempla el derecho “a ser usuario de la información estadística de interés público que levante, produzca y procese el Estado” (Artículo 14 de la Ley de la Función Pública de Estadística); por eso hacemos el llamado al Instituto Nacional de Estadística, como órgano encargado de dictar la normativa que asegure la promoción, circulación y el acceso del público a la información estadística, a que no se haga cómplice del escamoteo de la información que nos pertenece a todos los venezolanos. Hasta la fecha no se ha declarado el secreto de la información del BCV, no se ha cumplido el procedimiento para esa determinación y no se ha considerado de uso privativo del Estado la información sobre la inflación y la escasez de productos; así que, como garante de la información estadística, le corresponde al INE asegurar a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho de acceso a la información estadística del Estado.
El presidente del Instituto Nacional de Estadística no acata el Plan Estadístico Nacional, ya que las estadísticas cuya realización resulte obligatoria por exigencia de convenios internacionales o por leyes especiales, quedan incluidas automáticamente en el mencionado Plan; destruye la confianza en el Sistema Estadístico Nacional, lo convierte en una farsa, en una entelequia. El Ministerio de Salud comete la misma irregularidad; pero dejemos tranquilo a este ministro, por ahora; ya que se merece un artículo para él solito.
A la Contraloría General de la República le corresponde verificar “la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control”; así como “evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión”; y puede “realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal”.
Visto que el BCV y el INE no cumplen con sus obligaciones legales en materia de publicidad de la estadística que están obligados a recopilar y publicar, la Contraloría General de la República debería iniciar una averiguación para verificar el cumplimiento de su plan de gestión; ya que los funcionarios que prestan servicios a los entes hasta ahora mencionados, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones; o es que la Contraloría también tiene interés en ocultar la información que le pertenece a los venezolanos.
Menos mal que la corrupción no prescribe.
@rangelrachadell