Ceremonia en el hemiciclo

El presidente Maduro ha inducido a error a parte de la sociedad, le ha hecho creer que su elección y posterior juramentación ante una reunión de personas que no constituye la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, fue un acto válido.

Según la Constitución, los presidentes se juramentan ante el Poder Legislativo, no ante una instancia que no fue convocada por el pueblo. Tampoco un presidente se juramenta 8 meses antes de que se inicie el período presidencial para el que mienten que fue electo, cuando la Constitución establece que es el 10 de enero la toma de posesión del cargo.

Esta conducta, la de hacer incurrir en error, la practica el gobierno desde hace un buen tiempo, por ejemplo: el famoso diálogo, nunca hubo intención de condescender o reconocer el mal que le están haciendo a la sociedad; todo fue una farsa, reuniones se hicieron y nunca cedieron. La convocatoria a una constituyente comunal se hizo sin cumplir la exigencia de preguntarle al pueblo si quería o no una nueva Constitución; no importa, se pasaron ese requisito por alto y llamaron a votar por unos candidatos con un sistema electoral que nadie aprobó, solo fue necesaria la magnificencia de Maduro para definir las reglas del proceso constituyente. La convocatoria a elecciones de gobernadores, de legisladores o presidenciales con posibles candidatos o partidos inhabilitados, sin derecho a participar porque a la Contraloría General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo Nacional Electoral les dieron esas órdenes. Hacen unas elecciones en las que movilizan a los electores, con todo y centro de votación, sin su consentimiento, o como hicieron con la constituyente, que pusieron a votar en el Poliedro de Caracas a los centros electorales ubicados en el este de esa ciudad, sin testigos, sin dar servicio de transporte a los electores, vaya usted a saber qué fue lo que ocurrió en esa elección, si hasta Smartmatic dijo que allí no votaron todos los que anunciaron. Las mismas dudas, o peores, que se presentan con los resultados de las supuestas elecciones presidenciales.

La sociedad ha sido perjudicada, le quitaron el referéndum revocatorio, le impusieron alternativas amañadas, con los candidatos que ellos quisieron. Sorprendieron a muchos ciudadanos en su buena fe, con la esperanza de un cambio; y, para colmo, una mentira televisada a través de los medios de comunicación en la que se juró algo que no han cumplido hasta ahora.

Cumplir la Constitución y las leyes no ha sido el principal testimonio de la autoridad. El gobierno declara a su favor 6 millones de ilusiones y pocos participantes.

Esa ceremonia de juramentación en el Palacio Federal Legislativo fue como una misa en escena, una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a todos los venezolanos. Es como si Maduro entrara solemne a un ambiente en el que el silencio es roto por cánticos, vestido con una casulla, que al frente tuviera un altar, dos velas prendidas, un cristo pegado a la pared, una biblia abierta. Sabemos que Maduro no es sacerdote, que tal vez ni sea cristiano –lo cual no es relevante, en comparación a ser honesto–, pero podría hacer creer que está oficiando una misa, que él es el párroco; todo por usar los símbolos de una religión.

Todo el engaño que oficiaron en la constituyente comunal es para hacer presumir de una legitimidad que no tienen, por lo menos no en la legalidad a la que se refiere la Constitución. Fue para obtener un provecho injusto, el aferrarse al poder por unos cuantos años más, en desmedro del hambre del pueblo. La parafernalia usada con los símbolos del poder es el complemento de la actuación del Consejo Nacional Electoral y de los candidatos que se presentaron a la elección. Esta es la relación de causa-efecto entre el engaño y el beneficio obtenido.

Un dato de este sainete: el candidato Bertucci fue postulado por un grupo de electores que se identificó como Movimiento Esperanza por el Cambio, denominación muy parecida al partido de Ricardo Sánchez, Movimiento Político Alianza para el Cambio, que apoyó a Nicolás. Es extraño que el CNE aceptase esa denominación y que Sánchez no haya impugnado el uso indebido del nombre de su partido, cuando existe la obligación de adoptar una denominación diferente a la que corresponda a partidos políticos.

También, el candidato que se retiró, Luis Alejandro Ratti, se inscribió por iniciativa propia, por lo que tuvo que entregar al CNE el respaldo de firmas de electores equivalentes al 5% del registro electoral que corresponda al ámbito territorial del cargo a elección popular. En este caso debía ser de todo el registro electoral, que tiene más de 20 millones de electores, y 5% de ese registro excede el millón de electores. El candidato Ratti, después de llegarle a 1 millón de personas para que lo apoyasen decide retirarse, por lo que queda la duda de si presentó el respaldo de las firmas en esa cantidad, si el CNE verificó que existiera ese número de firmas, en el mismo papel de seguridad exigido cuando el referéndum revocatorio en contra de Maduro, y cuáles serían las razones para abandonar la carrera presidencial. En el supuesto negado de que sus firmas fueran ciertas, pudo superar al candidato Bertucci en el número de votos.

Muchas coincidencias que parecen irregularidades.

@rangelrachadell

Partidos políticos

La sociedad se organiza de diferentes maneras, algunos constituyen clubes deportivos, otros se unen para hacer negocios, hay quienes prefieren fundar una República, otros instituyen entidades religiosas como las iglesias; y los que buscan dirigir a la sociedad basados en su ideología se asocian en partidos políticos.

Buscan un objeto común o fin societario, del cual dejan constancia por escrito, y plasman en contratos o estatutos. El Estado, que es una persona jurídica pública, reconoce esas confluencias de voluntades de los particulares otorgándoles personalidad jurídica de derecho privado.

Si usted tiene interés en llevar adelante un negocio puede hacerlo con una sociedad civil o una mercantil, en ambos casos tendrá que llevar un documento al Registro Público para las personas civiles y al Registro Mercantil para las personas que realizan actos de comercio. Por ejemplo: una asociación de carritos por puesto, de beisbol o de profesionales en libre ejercicio, deberá ir al Registro Público; los bancos y las compañías anónimas deben ir al Registro Mercantil.

Si tiene la intención de crear un partido, organización o asociación con fines políticos, sepa que se le exigirá –por lo menos– ser venezolano, no sujeto a inhabilitación política (la inhabilitación es una prohibición de hacer política; la Constitución exige sentencia firme que inhabilite a un ciudadano, pero el gobierno lo hace mediante decisiones administrativas) ni a interdicción civil (la interdicción es un procedimiento judicial que lleva a una sentencia declaratoria de incapacidad mental, que regresa al entredicho a la situación jurídica de un menor de edad) y ser mayor de edad. O bien, puede participar en los asuntos públicos de manera directa, por medio de sus representantes elegidos o de un partido político. Para ello deberá acudir al Consejo Nacional Electoral, que tiene la autoridad para otorgar el reconocimiento legal a los partidos políticos. El CNE lleva un registro de las asociaciones políticas y tiene un órgano de divulgación propio, como lo es la Gaceta Electoral. El Estado tiene tres órganos de divulgación públicos, obligatorios y con presunción de conocimiento de la sociedad a la fecha de su publicación; que son: la Gaceta Oficial, la Gaceta Judicial y la Gaceta Electoral.

La Constitución de 1961 no prohibía el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado, la Constitución de 1999 sí prohíbe que las organizaciones con fines políticos reciban colaboraciones, de cualquier tipo, de parte de los órganos del Estado; solo el partido de gobierno tiene financiamiento infinito.

Si el CNE le autoriza un partido político, le deseo suerte. Es más probable que le autoricen una institución del sector bancario que un partido. Los partidos políticos están sometidos a los antojos del poder, existen los que el poder quiera que existan, los que se sometan o no tengan ninguna influencia en el electorado. Así ocurrió en 2015; dos partidos, como fueron Copei y MIN Unidad, con una semana de diferencia, fueron intervenidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que impuso las autoridades que mejor le pareció, otorgándoles expresas facultades para postular candidatos. El gobierno buscó dividir a la oposición; no lo logró, aunque el daño a esos partidos se mantiene.

En 2016, la Sala Constitucional decidió que los partidos que no habían participado en las elecciones nacionales de 2015 quedaban sometidos a un proceso de renovación automática de afiliados; alteró el procedimiento de recolección de firmas, e impuso prohibiciones que limitan derechos previstos en la Constitución. La consecuencia de esos requisitos fue que algunos partidos políticos perdieron el nombre, logos, emblemas y símbolos, la identidad gráfica, fonética y legal para su legítima participación en procesos de elección popular. A estos obstáculos deben agregarse los que impuso el CNE al proceso de recolección de firmas, tales como la falta de máquinas, o los centros de recolección de firmas en localidades lejanas o muy inseguras.

La Asamblea Nacional Constituyente Comunal dispuso que los partidos políticos que no habían postulado candidatos a las elecciones de gobernadores efectuadas en 2017 quedaban inhabilitados. Una fulana del gobierno dijo: En las “democracias participativas” la asistencia a las elecciones debe ser obligatoria. Esto es falso y no es lo que dice la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones: lo que establece es que la sanción es para aquellos partidos políticos que no participen en los dos últimos eventos electorales de carácter nacional sucesivos; y las elecciones de gobernador son elecciones regionales, no se produce un acta de totalización nacional.

Si eso no fuera suficiente, en las elecciones de legisladores que se convocaron para el 20 de mayo de 2018, se impidió postular a los partidos políticos que no presentaron candidatos para presidente de la República, sin una norma que establezca la sanción que terminaron imponiendo. Maldad insolente.

Sin partidos políticos es difícil la participación, no tenemos representantes y se amenaza con una supuesta declaratoria de delito si se llama a la abstención electoral, supuesto que tampoco está regulado en ninguna ley. Vivimos una dictadura cuando el gobierno no respeta la ley y hace lo que le da la gana.

Tengo la tendencia a votar en todas las elecciones, aunque no lo haya hecho en algunas; y quisiera decirle a Maduro que es un mal presidente, que tiene a la gente pasando hambre, que tenemos presos políticos, que sus órganos de represión matan a jóvenes indefensos y que hay gente sufriendo por falta de medicinas; y ahora, si no vamos a ir a votar en su contra, al menos protestemos.

@rangelrachadell

Participación traicionada

Se supone que en Venezuela vivimos en un Estado de Derecho; en un sistema de reglas previas que aceptamos y esperamos que los demás cumplan y que, de ser necesario, el Estado haga cumplir. Esto es una especulación, no sabemos cuáles son las reglas que el gobierno quiere cumplir y cuáles cambiará a su mejor saber entender, apoyado en la interpretación de la Constitución que le ordene hacer a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral.

La Constitución actual, aprobada el 15 de diciembre de 1999, creó mucha expectativa sobre el futuro de la sociedad venezolana, como si cambiar las reglas escritas pudiera alterar nuestro comportamiento, mejorar la cultura, transformar al colectivo. Quisimos creer ese cuento, fueron vanas ilusiones.

La ley, por definición, es una camisa de fuerza para el Estado, este solo puede hacer aquello para lo que ha sido autorizado y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por ley. A esto lo llaman principio de legalidad. La ley es como el programa de computación con el que funciona la máquina, si no existen pautas la máquina no puede actuar. Nada de lo que hace el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, lo ejecuta sin esas instrucciones previas escritas en la Constitución o en las leyes. La administración pública debe actuar “con sometimiento pleno a la ley y al derecho” (artículo 141 de la Constitución).

Hasta aquí vamos bien, el problema es que el Estado venezolano se comporta como una fantasía de ciencia ficción en el que la máquina toma el control, desconoce a su creador y lo ataca. Es el monstruo creado por el doctor Frankenstein, que toma vida y conciencia propia; o la computadora HAL 9000, en 2001, una odisea espacial, que elimina a quienes estaba programada para proteger. Hacen lo que mejor les parece, no importan los fines para los cuales fueron creadas; hay un mal funcionamiento, un conflicto entre las instrucciones y su ejecución. Con el socialismo llegamos al apocalipsis jurídico en vida, la destrucción del Estado de Derecho.

Uno de los principales mandatos de la Constitución es el llamado a la participación de los ciudadanos en la vida política, civil y comunitaria del país; en los asuntos públicos; en la promoción y defensa de la salud; en la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias; en la formación, ejecución y control de la gestión pública mediante la evaluación de sus resultados; y en muchos otros ámbitos de la vida en sociedad.

Esta participación es individual, solidaria de las familias y de la sociedad en general, a través de las asociaciones vecinales o la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas (artículo 70 de la Constitución).

Los pueblos indígenas tienen un modo adicional de participación, al estar facultados para demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. Otro tipo de participación es el de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de estos con la población. Letra muerta, nada de esto se ha implementado.

Poco de lo anterior se cumple, la vida en sociedad es insufrible. El Estado lo decide todo, se mete en todo, he impide desarrollar “el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad” (artículo 102 de la Constitución).

El Estado ha limitado los medios de participación y de control previstos en la Constitución. Entre el CNE, la Asamblea Nacional de la época chavista y el Poder Judicial, impidieron el referéndum revocatorio de Maduro; cambiaron la mayoría prevista para aprobar el antejuicio de mérito del presidente de la República (al alterar la redacción de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, mediante una supuesta corrección por error material); crearon una Asamblea Nacional Constituyente Comunal implementando un mecanismo para su convocatoria distinto al previsto en la Constitución; confinaron el funcionamiento de los partidos políticos, intervinieron algunos de los partidos sustituyendo a sus autoridades electas, exigieron requisitos no previstos en la ley para la renovación del registro de los seguidores y restringieron la participación de los ciudadanos para su mantenimiento; además, disolvieron los partidos políticos que no se sometieron a la constituyente comunal. Y la más aborrecible de las medidas, anularon el Poder Legislativo a punta de sentencias que incumplen la letra constitucional.

La Constitución terminó siendo una quimera; el capítulo de los derechos humanos una entelequia. Lo que tenemos son muertos y más muertos; presos y torturados; enfermos sin medicinas; familias escarbando en la basura. La fábula del socialismo del siglo XXI apenas comienza, si los dejamos dictarán otra Constitución a su imagen y semejanza, formalizarán la dictadura del siglo XXI, de la cual estamos disfrutando un pequeño adelanto, lo que viene será más de lo mismo, a menos que hagamos algo.

Nuestra carta fundamental, en la que se encuentra la organización de la sociedad, el sistema de derechos y la regulación de la emergencia, nos da la pauta. Tenemos que participar en el terreno que nos corresponda, no es solo salir a la calle, es incorporarnos a cualquier manifestación de la vida en sociedad y quejarnos. Desde la casa no hacemos nada.

@rangelrachadell