Se supone que en Venezuela vivimos en un
Estado de Derecho; en un sistema de reglas previas que aceptamos y esperamos
que los demás cumplan y que, de ser necesario, el Estado haga cumplir. Esto es
una especulación, no sabemos cuáles son las reglas que el gobierno quiere
cumplir y cuáles cambiará a su mejor saber entender, apoyado en la
interpretación de la Constitución que le ordene hacer a los magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral.
La
Constitución actual, aprobada el 15 de diciembre de 1999, creó mucha
expectativa sobre el futuro de la sociedad venezolana, como si cambiar las
reglas escritas pudiera alterar nuestro comportamiento, mejorar la cultura,
transformar al colectivo. Quisimos creer ese cuento, fueron vanas ilusiones.
La
ley, por definición, es una camisa de fuerza para el Estado, este solo puede
hacer aquello para lo que ha sido autorizado y los ciudadanos podemos hacer
todo aquello que no esté prohibido por ley. A esto lo llaman principio de
legalidad. La ley es como el programa de computación con el que funciona la
máquina, si no existen pautas la máquina no puede actuar. Nada de lo que hace
el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, lo ejecuta sin esas
instrucciones previas escritas en la Constitución o en las leyes. La
administración pública debe actuar “con sometimiento pleno a la ley y al
derecho” (artículo 141 de la Constitución).

Uno
de los principales mandatos de la Constitución es el llamado a la participación
de los ciudadanos en la vida política, civil y comunitaria del país; en los
asuntos públicos; en la promoción y defensa de la salud; en la prevención,
seguridad ciudadana y administración de emergencias; en la formación, ejecución
y control de la gestión pública mediante la evaluación de sus resultados; y en muchos
otros ámbitos de la vida en sociedad.
Esta
participación es individual, solidaria de las familias y de la sociedad en
general, a través de las asociaciones vecinales o la elección de cargos
públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las
iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y
la asamblea de ciudadanos, la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las
cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas (artículo 70
de la Constitución).
Los
pueblos indígenas tienen un modo adicional de participación, al estar
facultados para demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de
sus tierras. Otro tipo de participación es el de las comunidades en actividades
de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de estos con la
población. Letra muerta, nada de esto se ha implementado.
Poco
de lo anterior se cumple, la vida en sociedad es insufrible. El Estado lo
decide todo, se mete en todo, he impide desarrollar “el potencial creativo de
cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad” (artículo 102 de la
Constitución).
El
Estado ha limitado los medios de participación y de control previstos en la
Constitución. Entre el CNE, la Asamblea Nacional de la época chavista y el
Poder Judicial, impidieron el referéndum revocatorio de Maduro; cambiaron la
mayoría prevista para aprobar el antejuicio de mérito del presidente de la
República (al alterar la redacción de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia de 2010, mediante una supuesta corrección por error material); crearon
una Asamblea Nacional Constituyente Comunal implementando un mecanismo para su
convocatoria distinto al previsto en la Constitución; confinaron el
funcionamiento de los partidos políticos, intervinieron algunos de los partidos
sustituyendo a sus autoridades electas, exigieron requisitos no previstos en la
ley para la renovación del registro de los seguidores y restringieron la
participación de los ciudadanos para su mantenimiento; además, disolvieron los
partidos políticos que no se sometieron a la constituyente comunal. Y la más
aborrecible de las medidas, anularon el Poder Legislativo a punta de sentencias
que incumplen la letra constitucional.
La
Constitución terminó siendo una quimera; el capítulo de los derechos humanos
una entelequia. Lo que tenemos son muertos y más muertos; presos y torturados;
enfermos sin medicinas; familias escarbando en la basura. La fábula del
socialismo del siglo XXI apenas comienza, si los dejamos dictarán otra Constitución
a su imagen y semejanza, formalizarán la dictadura del siglo XXI, de la cual
estamos disfrutando un pequeño adelanto, lo que viene será más de lo mismo, a
menos que hagamos algo.
Nuestra
carta fundamental, en la que se encuentra la organización de la sociedad, el
sistema de derechos y la regulación de la emergencia, nos da la pauta. Tenemos
que participar en el terreno que nos corresponda, no es solo salir a la calle,
es incorporarnos a cualquier manifestación de la vida en sociedad y quejarnos.
Desde la casa no hacemos nada.
@rangelrachadell